Medidas Covid 19

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Legislación al día COVID-19

A continuación le informamos todo lo que se publique en los Diarios y Boletines Oficiales del Estado, Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León por si pudiera ser de utilidad.

 

Legislación al día  14/01/2022

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 29/12/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 07/10/2021

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación  al día 30/09/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación  al día 16/09/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 15/09/2021

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)


 

Legislación al día 20/08/2021

Boletín Oficial Castilla y León (BOCyL)

 


 

Legislación al día 19/08/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 



Boletín Oficial de Navarra (BON)
Legislación al día 13/08/2021

 


Legislación al día 29/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 28/07/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día  23/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  20/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

ORDEN FORAL 24/2021, de 19 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

 


Legislación al día  12/07/2021

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


 

Legislación al día 09/07/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra

 


 

Legislación al día 02/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


 

Legislación al día 30/06/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al día 25/06/2021

Boletín oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 18/06/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 16/06/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 



Legislación al día 15/06/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 09/06/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 21/05/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

ORDEN FORAL 17/2021, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

 


Legislación al día 17/05/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 11/05/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 29/04/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día 23/04/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/04/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación  al día del 29/03/21 al 06/04/21

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

 


Legislación al día 26/03/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 24/03/2021

Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/03/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 15/03/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al día 25/02/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 22/01/201

Boletín Oficial de Navarra


 

Legislación al día 21/01/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)


 

Legislación al día 18/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 15/01/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 07/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 04/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de castilla y León


 

Legislación al día 23-30/12/ 2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 23/12/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 22/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día 17/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 09/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 02/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


 

Legislación al día 26/11/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 19/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


 

Legislación al día 5/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al  día 30/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 28/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 27/10/2020

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día  23/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 19/10/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 15/10/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día  14/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 13/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 08/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  30/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  24/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco


Legislación al día  21/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día  16/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día  07/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día  12-14/08/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava

 


Legislación al día 05/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 03/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día 30/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día 27/07/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 24/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 01/07/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 30/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


 

Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado


Legislación al día 25/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 24/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 23/06/2020

 Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 22/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día  19/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 17/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 16/06/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 14 y 15/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 12/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 10/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 09/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 6-8/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


 

Legislación al día 04/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día  03/06/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 02/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 01/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

 


Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 28/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al 27/05/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 26/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 25/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 22/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 21/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 20/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 19/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 16, 17 y 18/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 15/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 14/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 13/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 12/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


Legislación al día 9-10-11/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 08/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 07/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 06/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 



Legislación al día 05/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día 01,02,03 y 04/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)


Legislación al día 30/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 29/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


 

Legislación al día: 28/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 27/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día: 24/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 23/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

 


Legislación al día: 22/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 

 


Legislación al día: 21/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 18-20/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y Leon (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 17/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 16/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 15/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 11-12-13/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 09/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 08/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 07/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 04-05-06/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día: 03/04/20

 

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 02/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Vizcaya (BOV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 

 


Legislación al día: 01/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30-31/03/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día: 28/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 26-27/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 26/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día: 25/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 


Legislación al día: 24/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 22-23/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 20-21/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 19-20/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 18/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19.

 


 

Legislación al día: 17/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 15 y 16/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

 

Compliance en la ejecución de fondos Next Generation

Jorge Arellano Garísoain

Como es sabido, la Comisión Europea aprobó el día 16 de junio el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España para la ejecución de los fondos Europeos Next Generation. Con la aprobación del plan, nuestro país recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales, 72.700 millones de euros se concederán a fondo perdido y otros 67.300 se destinarán a préstamos.

Tras la aprobación del Plan, el Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó en fecha 29 de septiembre la Orden HFP 1030/2021, por la que se concretan las directrices para la correcta gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Orden tiene como misión definir, planificar, ejecutar, seguir y controlar los proyectos y subproyectos en los que se descomponen las medidas previstas por el PRTR, estableciendo directrices para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos así como de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan.

Esta norma resulta de aplicación para las entidades que integran el sector público (conforme a lo dispuesto por el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre) para el caso de que participen en la ejecución de fondos Next Generation.

Dentro de las medidas introducidas por la Orden en la ejecución de los fondos PRTR, resulta relevante destacar que las entidades que sean consideradas como decisoras y ejecutoras de fondos deberán contar con mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses (art. 6 de la Orden), para lo que se establece un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la norma (es decir, el plazo finaliza el próximo 1 de enero de 2021), o desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución de fondos públicos. Estas entidades deberán contar con un “Plan de medidas antifraude” que se estructure en el ciclo de prevención, detección y persecución y que cuente con los siguientes requerimientos mínimos:

  • Evaluación de riesgo de fraude en los principales procesos clave en la ejecución de los fondos.

  • Definición de las medidas preventivas adecuadas y proporcionadas para reducir el riesgo de fraude.

  • Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a señales de alerta.

  • Definición de medidas correctivas en el caso de detección de un caso sospechoso de fraude.

  • Creación de mecanismos de comunicación del fraude.

  • Establecimiento de procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los fondos gastados fraudulentamente.

  • Desarrollo de procedimientos de gestión de conflictos de interés, con la obligación de firma del compromiso DACI (Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses) por todas las personas que participen en los procedimientos de ejecución del PRTR.

La Orden cuenta con dos herramientas muy importantes para lograr la homogeneidad en la creación de los planes antifraude; el Anexo II.B.5 como test de autoevaluación del contenido mínimo de las medidas antifraude; y el Anexo III.C, por el que se recogen importantes medidas de prevención, detección y corrección del fraude y la correcta gestión de conflictos de interés, respecto a los intereses financieros de Unión (artículo 22 del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

Las administraciones públicas y entidades del sector público que vayan a participar en la ejecución o gestión de los fondos Next Generation, sean comunidades autónomas o entidades locales o bien entidades de su sector público, tienen el importante desafío de desarrollar planes de prevención del fraude en un plazo muy reducido de tiempo (90 días).

Sin perjuicio de la posible dificultad en la implementación de estos planes en un plazo de tiempo tan reducido, consideramos que la introducción de procedimientos de lucha contra el fraude supone un hito de gran importancia en la implementación de medidas de prevención y detección que aseguren que los fondos europeos se destinen a los fondos previstos y no sean malgastados. Estas medidas deberían ser de aplicación no sólo en la gestión de fondos de la Unión, sino también para asegurar el buen uso de cualquier fondo público

A modo de conclusión, la publicación de la Orden HFP 1030/2021 supone un paso más en la introducción y desarrollo de sistemas de gestión Compliance en las Administraciones y entidades del sector público, lo que supone una apuesta por la integridad, transparencia y prevención en la lucha contra la corrupción.

 

Jorge Arellano es el Responsable de Corporate Compliance y Blanqueo de Capitales de ARPA Abogados Consultores.

 

 

Actualidad de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial- Dic. 21

PROTECCIÓN DE DATOS

1/ Grabación de llamadas como prueba del despido de trabajadores

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional analiza si el incumplimiento por responsable de su compromiso de no emplear las grabaciones de las llamadas de su personal de call center, de las que el empleado era conocedor, con fines sancionadores supone una vulneración del artículo 18.4 de la Constitución. El Tribunal Constitucional señala que de los hechos probados se concluye que inicialmente el responsable empleó las grabaciones con la finalidad de calidad informada y solo ante la negativa del trabajador a corregir su conducta empleó las mismas con fines sancionadores, algo que a juicio del Tribunal Constitucional no supone una vulneración del artículo 18.4 de la Constitución.

¿Por qué es importante? Debe tenerse en cuenta que esta sentencia no analiza la constitucionalidad o no de la medida de control consistente en la grabación de las llamadas limitándose a valorar la compatibilidad del compromiso adquirido por el responsable en cuanto a la finalidad del tratamiento y el uso posterior con fines sancionadores.  

 Más información: La Sentencia completa en el siguiente enlace.

 

2/ Biometría en el entorno laboral

En la resolución 10/2021 la Agencia Española de Protección de datos (AEPD) concluye que, atendiendo a la información aportada por la empresa, la finalidad de seguridad alegada por ésta no justifica la implementación de un sistema de toma de huellas en los accesos a los vestuarios/aseos. Entiende la AEPD que “Se acredita la inidoneidad y desproporcionalidad y no pertinencia ni adecuación del sistema de toma de huellas para acceder a vestuarios/aseos con la finalidad implantada de seguridad de acceso de personas a dichos espacios, por su insuficiente motivación, y generalidad, existiendo sin lugar a dudas métodos para que terceros ajenos a la empresa no accedan a esos espacios menos intrusivos que la toma de la huella en todas y cada ocasión que el empleado o empleada acuda por necesidades a dichos espacios

¿Por qué es importante? A través de esta y otras resoluciones, la AEPD viene aportando claridad al uso de los dispositivos de toma de huella en los entornos laborales permitiendo una mayor seguridad jurídica en relación con los análisis de la proporcionalidad, idoneidad y pertinencia del tratamiento que debe realizarse con motivo de las evaluaciones de impacto previas al inicio de estos tratamientos.

 Más información: Puede consultarse la Resolución completa en el siguiente enlace.

 

3/ Transferencias internacionales de datos

Este año está siendo especialmente intenso en lo que respecta a las transferencias internacionales de datos. Al margen de los problemas prácticos que está teniendo la aplicación de la conocida sentencia del caso Schrems, el Brexit y otras decisiones de adecuación, el Comité Europeo de Protección de Datos saca a consulta unas guidelines sobre cuándo debe entenderse que existe una transferencia internacional de datos

Aspectos prácticos: se clarifican varios supuestos que pueden generar dudas como, por ejemplo, las transferencias de datos que se dan entre los grupos de empresas con organizaciones ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo o los trabajadores en movilidad en el extranjero o expatriados.

Más información: Puede consultar las Guidelines en el siguiente enlace.
 

 

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1/ Cuándo se puede imitar un producto de la competencia

El Tribunal Supremo determina que las diferencias que rodean la comercialización y la estética alejada del entorno farmacéutico de Molagominola impiden que la imitación por ésta de los botes y el estilo de las etiquetas de Happy Pills sean idóneas para generar asociación en el consumidor sobre el origen empresarial. Así las cosas, confirma las resoluciones de la Audiencia Provincial y el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona al determinar que la conducta no constituye un acto de competencia desleal

¿Por qué es importante? Lo relevante de esta sentencia, como apunta el propio Tribunal Supremo, es que el asunto planteado estaba en la frontera entre los actos de imitación idóneos para generar asociación en el consumidor (art. 11 LCD) y los actos que generan riesgo de confusión (art. 6 LCD) pudiendo alcanzarse conclusiones distintas con la aplicación de un precepto u otro. Así en el primer caso, se analiza si la venta de golosinas en botes similares a los de Happy Pills supone una imitación idónea para generar asociación en el consumidor y en el segundo supuesto se analiza si la forma empleada por Molagominola en la presentación de los botes (signos distintivos, ambientación, envoltorios) es susceptible de generar confusión en el consumidor.

El Tribunal Supremo finalmente opta por realizar el análisis desde la perspectiva del artículo 11 LCD concluyendo que, aunque los botes y el estilo de los mensajes pudieran constituir una singularidad competitiva no hay riesgo de asociación debido a las diferencias en la presentación de los productos.  

Más información: La Sentencia completa en el siguiente enlace.

 

Actualidad laboral nº 8

Desde el departamento laboral, le remitimos el boletín de actualidad de agosto a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral. 

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analiza un supuesto en que una trabajadora venía prestando servicios como gerocultora en un centro residencial desde el inicio de su relación laboral. En el centro existía turno de mañana y otro turno de tarde, siendo que la trabajadora venía prestando servicios desde el año 2013 en el turno de mañana, de 8:00 horas a 15:00 horas. La empresa remitió un correo a toda la plantilla en el que comunicaba que se estaban elaborando los calendarios de 2021 y que se había alcanzado un acuerdo con el comité de empresa para conocer si el personal estaba de acuerdo con el cambio de turnos fijos a rotatorios. En concreto, se realizó la siguiente consulta, instándose a la totalidad de la plantilla a que diera respuesta a la misma: ¿Está de acuerdo en volver a turnos rotatorios? De la totalidad de la plantilla (99 personas) votaron 87 (46 votos a favor del cambio y 41 votos en contra del sistema de turnos rotatorios). Considerando dichos resultados, la empresa tomó la decisión de cambiar los turnos, notificando a la actora un calendario para el año 2021 en el que pasaría a trabajar en turnos de mañana y tarde. Como consecuencia de lo anterior, la actora impugnó la decisión empresarial solicitando que se declare la nulidad de la modificación sustancial implementada por la empresa, al no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido al efecto.

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco concluye que, si la empresa pretende realizar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo siguiendo los trámites establecidos en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, la sentencia recuerda que la negociación y el período de consultas no es un simple trámite que se cumpla con intercambios de comunicaciones, sino que requiere propuestas y contrapropuestas, con un diálogo real y participativo entre las partes. Por tanto, y siendo que, en el caso enjuiciado, la empresa ha omitido el procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los trabajadores, no quedando acreditado que el mismo se haya producido ni se haya documentado u oficializado tal negociación, el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco concluye que la decisión empresarial debe declararse nula.

El Tribunal Supremo dictó una unificando doctrina sobre sobre cuál es el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de las faltas en un despido, así como la posible incidencia en el cómputo cuando el trabajador reconoce los hechos, estimando el recurso interpuesto por la empresa.

En el caso analizado: (i) la empresa tuvo conocimiento en fechas no determinadas pero muy anteriores al 17 de febrero de 2017, (ii) las operaciones sospechosas fueron llevadas a cabo por el trabajador en los años 2015 y 2016, (iii) la empresa remitió un cuestionario al trabajador que este respondió extensamente y se entregó el 17 de febrero de 2017, (iv) en la respuesta el trabajador reconoció parte de los hechos imputados finalmente en la carta de despido, (v) en fecha 28 de febrero de 2017, se emite informe por parte del Directo de UCR dirigido al comité de irregularidades, (vi) la toma de decisión de despido se produjo por parte de dicho comité en fecha 4 de abril de 2017 y (vii) la empresa notifica el despido el 20 de abril de 2017 por operativa irregular bancaria.

El Tribunal Supremo, a la vista de los antecedentes existentes, concluye que: (i) en los casos de transgresión de la buena fe contractual, la fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción no es aquella en la que la empresa tiene un conocimiento superficial o genérico, sino la fecha en la que se tenga un conocimiento cabal, pleno y exacto de los hechos, (ii) este conocimiento cabal se tiene desde el momento en que los hechos se ponen en conocimiento de un órgano que tenga facultades sancionadoras, (iii) ese conocimiento tiene que ser efectivo, real y cierto, no bastando la posibilidad de que el empresario pudiera llegar a conocer, (iv) en los casos de ocultación, se estaría analizando una falta continua de lealtad que impide, mientras perdure, que se inicie el cómputo, (v) el reconocimiento de los hechos por parte del trabajador no constituye el momento en que la empresa tiene un adecuado conocimiento de los hechos imputados puesto que el reconocimiento por parte del trabajador se realizó, sin perjuicio de posteriores comprobaciones por parte de la empresa, siendo que, además, el trabajador únicamente reconoció parte de los hechos imputados en la carta por parte de la empresa después de realizar la oportuna investigación.

Considerando lo anterior, el Tribunal Supremo concluye que, las faltas imputadas en la carta de despido no se encontraban prescritas.

En cualquier caso, deberá valorarse el caso concreto a efectos de determinar el plazo de prescripción.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que califica que, a igual situación de teletrabajo, misma compensación de gastos. Todo ello, con independencia del acuerdo o decisión empresarial que justifique la situación de teletrabajo.

En el caso enjuiciado, existen dos colectivos afectados por el teletrabajo. El primer colectivo es aquel que accedió al teletrabajo desde marzo de 2020, no estando sujeto a ningún acuerdo específico de teletrabajo (internamente denominado “trabajo flexible”). El segundo colectivo es aquel que accedió al teletrabajo con condiciones de un acuerdo alcanzado con el comité en fecha 30 de julio de 2020 que establece el derecho a las personas que teletrabajen a una cantidad de 50 euros brutos mensuales en concepto de posibles gastos de suministros extras que puedan ocasionarse por el teletrabajo desde julio de 2020.

En la demanda se solicita que las personas que teletrabajen por acuerdo de teletrabajo flexible también perciban la compensación de 50 euros brutos mensuales alegando que la situación de teletrabajo es la misma y que la empresa está dando un trato diferenciado a supuestos idénticos sin una justificación suficiente, fundada y razonable.

En la sentencia analizada, la Audiencia Nacional estima la demanda y, en virtud del principio de igualdad, declara el derecho de todas las personas trabajadoras a percibir la citada compensación de 50 euros brutos mensuales puesto que, en la práctica, no existía una diferencia de tratamiento entre ambos colectivos que justificara la aplicación de condiciones distintas. Ello por cuanto todas las personas afectadas realizan sus cometidos desde su domicilio a tiempo completo durante la totalidad de su jornada de trabajo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia, de fecha 28 de octubre de 2021 (Asunto C-909/19), que, en la línea de la sentencia dictada por el mismo Tribunal en fecha 9 de marzo de 2021, considera que el tiempo empleado en formación por iniciativa de la empresa debe ser considerado tiempo de trabajo y, por tanto, debe ser retribuido. Todo ello, con independencia de que la actividad llevada a cabo en la formación sea totalmente distinta a la ejercitada en las funciones habituales del trabajador y en un lugar distinto al centro de trabajo. Debe destacarse que todo ello está justificado por el hecho de que, durante la formación, el trabajador está bajo las instrucciones del empresario.

En cualquier caso, se recomienda analizar el caso concreto.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado una sentencia en la que analiza el caso de una demanda por despido interpuesta por un trabajador en el que solicita la nulidad de la finalización de su contrato de prácticas en la fecha prevista de finalización, puesto que el trabajador se había presentado recientemente como candidato en un proceso de elecciones sindicales.

Ante la falta de indicios que permita concluir la existencia de vulneración de derechos fundamentales, la sentencia analizada desestima la demanda de despido indicando que no procede la declaración de nulidad ni de improcedencia del despido. Ello por cuanto el hecho de que una persona trabajadora contratada con este tipo de contrato se haya presentado a elecciones por un sindicato no implica no poder extinguir el contrato en la fecha convenida. En este contexto, resulta importante destacar que la sentencia también razona que, en el caso enjuiciado, el contrato de prácticas no fue realizado en fraude de ley ya que, tanto en su formalización como en el desarrollo de la relación laboral, se cumplieron las exigencias propias de este tipo de contrato.

En cualquier caso, se recomienda analizar el caso concreto para determinar las posibles implicaciones existentes.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reitera su doctrina en relación con esta cuestión. En concreto, el Alto Tribunal ha concluido que el cálculo de la antigüedad debe considerar el periodo total de prestación de servicios y no únicamente el tiempo de prestación efectiva de servicios. En este sentido, la sentencia razona que la exclusión de los periodos no trabajados por los fijos discontinuos para adquirir el derecho a un trienio es contrario a la normativa europea, sin que exista una razón objetiva para realizar un tratamiento distinto en el caso enjuiciado puesto que el convenio colectivo de aplicación se indica que, a efectos del cálculo de los trienios del personal fijo discontinuo, se reconocerán los servicios previos prestados, sin que de lo anterior pueda entenderse que queden excluidos los periodos en los que no existe actividad.

 

ACTUALIDAD

  • El mes de octubre finalizó con nuevo mínimo de 190.718 personas en ERTE. Suponen 48.512 personas menos que al final de septiembre si se mide por fecha de notificación. Se han activado el 94,7% de los empleos que llegaron protegidos por un ERTE en la fase más aguda de la pandemia (datos facilitados por La Moncloa el pasado 3 de noviembre de 2021).

  • El pasado 16 de noviembre de 2021 se publicó el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 cuyas principales medidas contemplan (i) la creación de una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, (ii) la creación de una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, (iii) el impulso de las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de actuaciones inspectoras y (iv) el refuerzo de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los despidos colectivos, en las suspensiones y reducciones de contratos (ERTEs), en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y en las inaplicaciones de convenios colectivos.

 

ARPA entre los 100 Mejores Bufetes de Abogados en España y en el puesto 18 en el área Fiscal

En su primer año, CincoDías ha publicado la Lista de Los Mejores Bufetes de Abogados de España 2022, basada en las recomendaciones de abogados en distintos ámbitos del derecho.

ARPA Abogados Consultores se encuentra en la Lista de los Mejores Bufetes de Abogados en España 2022, basada en una amplia investigación, así como en una extensa encuesta elaborada por CincoDías, en colaboración con Statista. El objetivo es elaborar una clasificación con los expertos más fiables y reputados del ámbito jurídico.

Las listas de los Mejores Bufetes en España 2022 se han identificado en función del número de recomendaciones recibidas de los abogados que trabajan en despacho y de los clientes (abogados que trabajan en departamentos jurídicos de las empresas privadas o públicas) en 21 diferentes categorías legales. La encuesta se realizó entre mayo y junio de 2021 y Statista registró más de 6.500 recomendaciones de bufetes de abogados en distintos ámbitos del derecho.

ARPA Abogados Consultores está además especialmente recomendado en el área de derecho tributario donde se sitúa en el puesto 18 de la lista.

ARPA Abogados Consultores es un despacho con más de 30 años de experiencia y sedes en Pamplona, Madrid, San Sebastián y Valladolid. Asimismo, forma parte de las redes Latiam y Eurojuris International para ofrecer cobertura jurídica en más de 60 países. El despacho navarro cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 90 profesionales para acompañar a las empresas en sus proyectos, ofreciendo un asesoramiento integral, jurídico, económico y fiscal, aportando valor, confianza, compromiso y seguridad a sus clientes.

 

Actualidad de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial- Nov. 2021

PROPIEDAD INTELECTUAL

 

Decreto Ley Real Decreto-ley 24/2021

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto Ley 24/2021 por el cual, entre otras normas transpone Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión.

Aspectos prácticos: La norma aborda de forma específica los usos digitales de las obras de propiedad intelectual estableciendo nuevas reglas y clarificando el alcance de determinados límites a los derechos de propiedad intelectual. La idea es adaptar las nuevas formas de consumo de las obras de propiedad intelectual a la normativa intentando equilibrar el mercado permitiendo una mejor remuneración y un mayor control a los creadores. Esto puede suponer la necesidad de renegociar determinados aspectos de los contratos de cesión de derechos de propiedad intelectual.

Más información: Puede consultar el contenido completo del Real Decreto Ley 24/2021 a través del siguiente enlace e información institucional del ministerio de cultura aquí.

 


 

PROTECCIÓN DE DATOS

 

1/ El consentimiento como base legal del tratamiento

Nueva sanción de la Agencia Española de Protección de datos a Caixabank por no haber obtenido el consentimiento de los interesados de manera conforme al Reglamento General de Protección de datos para el tratamiento de perfilado.

Aspectos prácticos: Recuerda la importancia de que el consentimiento que se obtenga de los interesados sea previo, informado, expreso y autónomo poniendo especial énfasis es la importancia de que la información sea inteligible para el receptor de la misma y facilite suficiente detalle como para que éste último pueda comprender el tratamiento que está consintiendo.
Asimismo, aclara la importancia de evitar consentimientos agrupados que no permitan al interesado tomar decisiones autónomas.

Más información:
Puede consultar la resolución completa a través del siguiente enlace.

Nuestra compañera Candela Martínez elaboró un pequeño análisis de la resolución que puede consultarse en nuestro sitio web.

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2/ Evaluaciones de impacto y biometría

La Agencia Española de Protección de datos ha sancionado con 20.000 euros a una empresa por no haber realizado una evaluación de impacto del tratamiento de biometría que había desplegado en sus instalaciones para el control de horario y entrada de sus trabajadores.

Aspectos prácticos: En el pasado la Agencia había manifestado la licitud del uso de determinadas soluciones de biometría para los tratamientos de control de jornada y entrada, pero con esta resolución viene a recordar la obligación de los responsables de mantener la responsabilidad proactiva y analizar las soluciones y los tratamientos antes de desplegarlos. Asimismo, señala la importancia de realizar evaluaciones de impacto de aquellos tratamientos que entrañen un mayor riesgo para los derechos y libertades de los interesados, entre los que coloca determinadas soluciones de biometría.

Más información:
Puede consultar la resolución completa a través del siguiente enlace.

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3/ Videovigilancia y despidos

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo valida desde el punto de vista social la grabación de la conducta del conductor por el sistema de videovigilancia ubicado en un autobús como prueba justificativa de su despido disciplinario a pesar de que la finalidad declarada del sistema de videovigilancia era garantizar la seguridad de los conductores y no la finalidad sancionadora o de control laboral. 

Aspectos prácticos: El propio Tribunal supremo señala que el hecho de que la prueba pueda ser válida en el ámbito social no implica que no suponga una infracción de protección de datos.
Debe tenerse en cuenta que los hechos enjuiciados son anteriores a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales y a su artículo 89 que establece la obligación de informar de forma previa y expresa de este tipo de sistemas, por lo que a futuro el uso de este tipo de sistemas con finalidad sancionadora deberá analizarse con cautela.

Más información: La Sentencia completa en el siguiente enlace.

 

 

 

 

Normativa de etiquetado de alimentos

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) en colaboración con el Gobierno de Navarra han organizado un curso formativo con el objetivo de dar a conocer más a fondo el nuevo reglamento que regula la información alimentaria que se debe facilitar a los consumidores en las etiquetas.

El curso será impartido por nuestra compañera Candela Martínez Arellano (Abogado especialista en el Sector Agroalimentario) y tendrá una duración de 25 horas.  

Durante el mismo, se abordarán las siguientes cuestiones:

  1. Normativa general: (10 horas)
    1. El derecho alimentario: fuentes del derecho.
    2. Reglamento 1169/2011 sobre información alimentaria facilitada al consumidor
      • Información obligatoria.
      • Indicación del Origen del ingrediente primario
      • Aplicación del principio de la declaración cuantitativa de los ingredientes (QUID)
    3. Productos de calidad diferenciada.
      • DOP e IGP
      • Características y obligaciones vinculadas a las mismas.
      • Normativa marcaria.
  1. Etiquetado facultativo y comunicación publicitaria: (15 horas)
    1. Tamaño de la letra y disposición de elementos.
    2. Alegaciones Nutricionales y Propiedades Saludables.
    3. Códigos de conducta.
    4. Límites a la construcción de alegaciones publicitarias.
    5. Declaraciones vinculadas a la sostenibilidad.
    6. Venta a distancia de productos alimentarios: requisitos legales.

 

DATOS DEL CURSO

  • Fecha de las clases: 9, 11, 16 y 18 de noviembre
  • Fecha de las sesiones de trabajo individual:10, 12 y 17 de noviembre
  • El horario será de 9:00 a 13:00 excepto el 17 de noviembre que será de 1 hora)

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

  • Abordar de forma práctica el cumplimiento normativo ligado al etiquetado y su convivencia con otras normas transversales.
  • Revisar la normativa básica que resulta de aplicación y tratar aspectos vinculados a la indicación cuantitativa de los ingredientes, la indicación del origen del ingrediente primario.
  • Tratar la regulación aplicable a los productos de calidad diferenciada y su compatibilidad y convivencia con otras menciones y normativas.
  • Analizar el etiquetado como una pieza más de la estrategia de comunicación vinculada al producto facilitando las claves para una construcción publicitaria conforme a la normativa vigente e ilustrando los límites con ejemplos sencillos.
  • Abordar  las menciones vinculadas a la sostenibilidad del producto, las alegaciones “funcionales”, la disposición de elementos y tamaños de letra y las menciones vinculadas a la venta online del producto.

 

Plazas  limitadas. Si está interesado en inscribirse, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

 

Actualidad laboral nº7

Desde el departamento laboral, le remitimos el boletín de actualidad de agosto a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral. 

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

El Tribunal Supremo dictó Sentencia de fecha 21 de julio de 2021 en la que matiza su doctrina respecto a uso de las imágenes del sistema de videovigilancia. En concreto el Tribunal Supremo declara que para que dicha prueba sea admitida, no es preciso que la persona trabajadora sea informada sobre la finalidad exacta asignada al control, sino que es suficiente con que conozca la instalación de las cámaras. En concreto, en el supuesto analizado, la empresa había tenido conocimiento de que se habían producido irregularidades por parte del vigilante de seguridad. Como consecuencia, se procedió a revisar las cámaras de videovigilancia y, al constatar el incumplimiento, la empresa procedió a despedir a la persona trabajadora. En el acto de juicio, se impugnó por parte de la defensa del trabajador la admisibilidad de la prueba obtenida por la empresa.


Considerando los anteriores antecedentes, tanto en instancia como en fase de suplicación, se había declarado la improcedencia del despido al considerar que la prueba del despido (grabaciones de las cámaras de videovigilancia) era nula. A pesar de lo anterior, el Tribunal Supremo concluyó que la prueba obtenida a través de las cámaras de videovigilancia era válida ya que el trabajador en cuestión conocía la instalación de dichas cámaras.

El Tribunal Constitucional ha dictado una Sentencia analizando esta cuestión. En concreto, tras solicitar y acordar con la empresa una reducción de jornada para posibilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de la trabajadora, la empresa tomó la decisión de cambiar el puesto de trabajo a la trabajadora a otro servicio con la misma categoría con el objetivo de garantizar la correcta asistencia de los pacientes. El Tribunal Constitucional concluye que la trabajadora no ha sido discriminada por razón de sexo ya que, objetivamente, la decisión empresarial no puede calificarse como algo peyorativo, una degradación o un retroceso en su carrera profesional, sino que tiene una fundamentación puramente organizativa, como es, garantizar la correcta asistencia de los pacientes, siendo que ello justifica la legitimidad de la medida adoptada.

En cualquier caso, deberá analizarse el caso concreto para poder concluir si, considerando las circunstancias concretas, este tipo de actuaciones podrían llegar a considerarse como discriminatorias.

En el caso enjuiciado, la empresa aplicaba un convenio colectivo que preveía que la regla general es que la empresa cuente con un servicio de comedor ya sea en el centro de trabajo o en las inmediaciones (efectuando la prestación en especie) o que, de manera excepcional, abone en metálico las cantidades que se contemplan en el propio convenio. Como consecuencia de lo anterior, lo Audiencia Nacional concluye que, del contenido del convenio colectivo se desprende que la compensación por comida contemplada en el convenio colectivo está prevista para la jornada partida en régimen de trabajo presencial y no en régimen de teletrabajo, supuesto en el que se deduce que la persona trabajadora no tendrá un mayor gasto como consecuencia de la prestación de servicios en régimen de jornada partida. En este contexto, la Audiencia Nacional, recuerda que la compensación por comida es un concepto indemnizatorio y no salarial ya que no compensa el trabajo sino un mayor gasto que se produce como consecuencia de la prestación de servicios en régimen de jornada partida en los que la persona trabajadora debe desplazarse a su domicilio y volver al trabajo para comer o verse obligado a realizar la comida fuera de su domicilio.

En cualquier caso, se recomienda analizar el caso concreto a efectos de considerar los riesgos existentes.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado recientemente una sentencia en la que declara la procedencia del despido de una trabajadora. En concreto, la empresa despidió a la trabajadora por abuso de confianza y transgresión de la buena fe contractual al constatar, a través de la red social Facebook, que la trabajadora, que se encontraba en situación de incapacidad temporal por aislamiento preventivo por riesgo a contraer coronavirus debido a sus patologías previas, había acudido a actos sociales con no convivientes y sin mascarilla. En concreto, la dirección de la empresa comprobó través de la cuenta de Facebook del marido de la trabajadora que la misma había convivido durante dos días con personas no convivientes, apareciendo en las fotografías de la red social sin mascarilla y acudiendo a actos sociales. La sentencia declara la procedencia del despido ya que medió un abuso de confianza y transgresión de la buena fe contrafactual ya que el aislamiento preventivo que había dado origen a la baja médica era incompatible con las actividades realizadas por la trabajadora.

El Tribunal Supremo ha analizado un supuesto en el que la empresa, en virtud de acuerdo, procede al abono del importe correspondiente a los tickets restaurante (125 euros mensuales), reflejándolo en nómina bajo el concepto “compensación derechos tickets restaurante”. El Tribunal Supremo comienza recordando que los tickets restaurantes no tienen naturaleza salarial sino indemnizatoria. En este contexto, en la sentencia analizada el Alto Tribunal concluye que el hecho de que, en el supuesto enjuiciado, se abone en metálico en lugar de en especie como venía realizándose hasta la fecha no varía la naturaleza de la percepción, aclarándose que no toda percepción económica tiene que tener naturaleza salarial, sino que, en el caso enjuiciado, se continúa manteniendo la naturaleza salarial. El Tribunal Supremo concluye lo anterior ya que, en el acuerdo alcanzado entre la empresa y la representación legal de los trabajadores para modificar la forma de compensación (de especie a metálico) se indica que la “compensación derechos tickets restaurante” continúa teniendo las mismas reglas y condiciones que venía aplicando la empresa cuando se abonaban en especie.; que el importe de los tickets restaurante (ni antes ni después) se ha tenido en cuenta para actualizaciones salariales ni para el cálculo de la retribución variable; únicamente lo perciben aquellas categorías cuya jornada es partida y que ya venían percibiendo dicho concepto con anterioridad a la modificación de la forma de compensación. Por otro lado, la Sentencia concluye que, teniendo en cuenta su naturaleza indemnizatoria, el citado importe no debe incluirse en el complemento de Incapacidad Temporal ya que dicho complemento únicamente incluye las percepciones salariales.

En cualquier caso, se recomienda analizar el caso concreto a efectos de considerar los riesgos existentes.

 

 

ACTUALIDAD

  • El mes de septiembre finalizó con nuevo mínimo de 239.230 personas en ERTE (datos facilitados por La Moncloa el pasado 4 de octubre de 2021). Más del 93% de los trabajadores que llegaron a estar en ERTE en la fase más aguda de la pandemia ya se han activado. Uno de cada tres trabajadores en ERTE está en suspensión parcial.

  • El pasado 29 de septiembre de 2021 se publicó el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo cuya principal medida es la prórroga de los ERTEs relacionados con el coronavirus hasta el 28 de febrero de 2022.

  • El pasado 29 de septiembre de 2021 se publicó el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021 que establece, con efectos del 1 de septiembre de 2021, el nuevo salario mínimo interprofesional a abonar a las personas trabajadoras

  • El pasado 1 de octubre de 2021 entró en vigor la Disposición Final 1.ª de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia que modifica el art. 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, implicando una subida del 20% en la mayoría de las multas por infracciones impuestas por la Inspección de Trabajo.

  • Ampliación baja maternidad y paternidad hasta los 6 meses: los presupuestos generales del Estado para el año 2022 no han incluido la ampliación hasta los 6 meses de los permisos de maternidad y paternidad solicitada por Unidas Podemos. Por tanto, parece que, por el momento, la duración de dichos permisos no se ampliará en 2022.

 

ARTÍCULO WEB

 

 

El hoy y el mañana en la empresa familiar

ADEGI en colaboración con OPE Consultores y ARPA Abogados Consultores organiza el próximo jueves 25 de noviembre de 9:30 a 11:00 horas en su sede una charla sobre el hoy y el mañana de la empresa familiar.

Las empresas familiares representan una gran proporción del total de nuestras empresas privadas, del empleo y la generación de riqueza, que además de los retos de cualquiera de ellas (demanda, tecnología, competitividad, financiación, etc) afronta otros retos propios de su carácter familiar, como son su gobierno y su sucesión.

Algunos datos señalan que apenas un tercio de las empresas familiares llegan a la segunda generación; solo el 10% accede a la tercera y las que aún sobreviven a una cuarta representan alrededor del 5%. El conflicto familiar y la falta de sucesión explican dos terceras partes de los casos de mortalidad de este tipo de empresas.

En el contexto actual, la empresa familiar precisa más que nunca afrontar y resolver estos grandes desafíos para asegurar su continuidad y sostenibilidad futura.

La jornada será impartida por Cristina Roncal Iriarte, consultora especialista en desarrollo organizativo y transformación cultural en Empresas Familiares de OPE Consultores y nuestra compañera Sonia Olóriz Mateo, asesora fiscal y coordinadora del equipo de Empresa Familiar de ARPA Abogados Consultores.

Durante la misma, se abordarán los siguientes puntos:

  • ¿Somos realmente una Empresa Familiar?

  • Profesionalización de la Empresa Familiar: Toma de decisiones y control de gestión.

  • Planificación de la sucesión en la empresa familiar: Anticiparse es atraer el éxito en el relevo

 

Si está interesado en inscribirse, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

El consentimiento como base legal del tratamiento

      Candela Martínez Arellano

A raíz de la reciente resolución (PS/00500/2020) publicada el 21 de octubre de 2021 por la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante la Agencia), frente a un tratamiento realizado por CAIXABANK, CONSUMER FINANCE, EFC (en adelante Caixabank) sobre la base del consentimiento, se vuelve a poner el foco en la importancia de recabar correctamente el consentimiento de los interesados.

Para que un tratamiento se entienda correctamente consentido por el interesado el mismo debe haberse consentido de forma libre, específica, informada e inequívoca. Si bien estos adjetivos parecen sencillos de cumplir, se está viendo que en la práctica su cumplimiento resulta complejo, en la medida en que deben conjugarse diversos elementos.

Así, por ejemplo, no se entiende que las casillas premarcadas, o la inacción puedan entenderse como un consentimiento válidamente prestado toda vez que no se entiende como una aceptación expresa e inequívoca del tratamiento. Del mismo modo, debe observarse la exigencia de especificidad del consentimiento lo que implica que se tiene que articular con la granularidad que sea necesaria dependiendo del número de finalidades, no siendo posible agrupar varios tratamientos distintos en un solo consentimiento. Finalmente, con respecto a la necesidad de que el consentimiento sea “informado” nos deberemos asegurar de que el interesado entienda el tratamiento para el cual le estamos pidiendo el consentimiento para lo cual “deberá emplearse una formulación inteligible y de fácil acceso, que emplee un leguaje claro y sencillo y que no contenga cláusulas abusivas”.  

En la resolución frente a Caixabank se analizan en detalle dos de las mencionadas características, la obligación de que el consentimiento sea informado y que se otorgue de forma específica.

Empezando por el deber de obtener un consentimiento informado, la Agencia tras analizar la información que se facilita al interesado sobre el tratamiento objeto de controversia – la realización de perfilados por parte de Caixabank a sus clientes en el contexto de su actividad comercial – concluye que la misma “no aporta al interesado suficiente información como para que este pueda conocer el alcance de los tratamientos de perfilado que se llevan a cabo”

En este sentido resulta interesante señalar que Caixabank manifiesta que ha realizado un estudio de comprensión de las cláusulas con sus clientes, aunque al no aportar informes o resultados sobre el mismo dicha prueba no es objeto de análisis por la Agencia. Sin embargo, de la lectura de la resolución no parece rechazarse este medio de prueba lo que puede resultar útil a la hora de redactar cláusulas cuya complejidad exija un testeo previo.

Por otro lado, la Agencia entiende que no se permite al interesado configurar correctamente su consentimiento en la medida en que los tratamientos están agrupados y no se facilita la posibilidad de consentir unas finalidades sí y otras no.

Este requisito suele ser el más vulnerado en la medida en que resulta habitual que se agrupen distintos tratamientos con el ánimo, en ocasiones, de enmascarar aquellos que pueden generar rechazo en el interesado por diversas razones.

La lectura que debe sacarse de la resolución es la necesidad por una parte de analizar la efectiva concurrencia del consentimiento como base legal y por otra la necesidad de que el mismo se ajuste a los requisitos que marca la normativa. En este sentido se recomienda huir de redacciones genéricas y apostar por realizar aproximaciones transparentes que den confort al responsable en relación con los tratamientos y que garanticen registros de mayor calidad.

En caso de duda sobre la corrección legal de tus fórmulas de consentimiento ponemos a tu disposición a nuestros profesionales en materia de protección de datos quienes analizarán tus tratamientos y te propondrán las fórmulas que mejor se ajusten a la legislación vigente y a tus necesidades.

 

 

 

Jornada: “El control del dato sensible”

¿Y si tus datos fueran de nube en nube? ¿Y si se convirtieran en lluvia?

El próximo jueves 28 de octubre, nuestro compañero Álvaro Abáigar (asociado y director del Dpto. de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial) junto con otros expertos en la materia de ATECNA dialogarán sobre los datos sensibles que se manejan en la era digital.

La jornada tendrá lugar en la sede de ATECNA en horario de 9:00 a 11:00 h y se abordarán las siguientes cuestiones.

  • Ubicación y transferencia internacional de datos.
  • Periodos de conservación.
  • Protocolos ante incidentes de seguridad.
  • Datos biométricos. Estado legal.

 

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Novedades en materia laboral: BOE de 29 de septiembre de 2021

En el día de hoy, 29 de septiembre de 2021 se han publicado en el Boletín Oficial del Estado tres nuevas normas aprobadas en fecha 28 de septiembre de 2021 que contienen novedades en materia laboral.

A través de las siguientes líneas trataremos de sintetizar el contenido de dichos textos normativos:

 

 

Si tienen cualquier duda sobre la normativa, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento laboral.

 


 

  • Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo (en adelante, Real Decreto-ley 18/2021)

El Real Decreto-ley 18/2021, entra en vigor en el día de hoy, 29 de septiembre de 2021, y recoge el contenido del VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo cuyo objeto es preservar las medidas necesarias para paliar los efectos del Covid-19 sobre el tejido empresarial y el mercado de trabajo.

En este sentido, el Real Decreto-ley 18/2021 presenta una vocación de continuidad del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos, siendo sus principales novedades las siguientes:

    • Se prorrogan los ERTEs relacionados con el coronavirus hasta el 28 de febrero de 2022.

A tal efecto, las empresas deberán presentar una solicitud de prórroga entre el 1 y el 15 de octubre de 2021 ante la autoridad laboral que autorizó el expediente. A dicha solicitud, deberá acompañarse de una relación de las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos a cada uno de las personas trabajadoras durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

En este contexto, analizada la solicitud de prórroga, la Autoridad Laboral dará traslado a la Inspección de Trabajo para que realice las comprobaciones oportunas.

En caso de no presentarse dicha solicitud y documentación en el mencionado plazo, el ERTE se dará automáticamente por finalizado y no será aplicable desde el 1 de noviembre de 2021.

    • El Real Decreto-ley 18/2021, contempla la posibilidad de presentar nuevos ERTEs limitativos e impeditivos. Estos tendrán que estar vinculados a las medidas de restricción y contención vinculadas al Covid-19 que aprueben las autoridades competentes entre 1 de noviembre de 2021 y 28 de febrero de 2022.

    • Se establecen nuevos beneficios en la cotización para las empresas afectadas por un ERTE vinculado a la situación de pandemia relacionada con el coronavirus. A tal efecto, debe cumplirse el requisito de que se realicen acciones formativas para las personas trabajadoras afectadas.

    • Se amplía hasta el 28 de febrero de 2022 la prohibición de despedir relacionados con el coronavirus.
    • Continúa previéndose la interrupción del cómputo de los contratos temporales de las personas trabajadoras afectadas por ERTEs.
    • Se prevén exenciones en la cotización para aquellas personas autónomas que perciben la prestación por cese de actividad.
    • Por último, se establecen medidas extraordinarias para empresas, personas trabajadoras y autónomos afectadas por la erupción volcánica en La Palma.

 

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  • Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021 (en adelante, Real Decreto 817/2021)

 

El Real Decreto 817/2021, qué entra en vigor con efectos desde el 1 de septiembre de 2021 establece el nuevo salario mínimo interprofesional a abonar a las personas trabajadoras. Considerando la fecha de entrada en vigor, este nuevo SMI deberá aplicarse también en las nóminas de este mes.

Se contempla una subida de 15 euros mensuales respecto al anterior SMI. Por tanto, el salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de las personas trabajadoras, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.

En el caso de las personas trabajadoras que presten servicios con contrato eventual, así como las temporeras y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días percibirán, conjuntamente con el salario mínimo diario mencionado anteriormente, la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad. Asimismo, estos colectivos percibirán, junto con el SMI, la parte proporcional de este correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato.

Por último, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para la determinación del salario mínimo de las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el fijado para las personas trabajadoras eventuales y temporeras y que incluye todos los conceptos retributivos, el salario mínimo de dichas empleadas y empleados de hogar será de 7,55 euros por hora efectivamente trabajada.

 

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  • Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

 

Asimismo, en el día de hoy, 29 de septiembre de 2021, se ha publicado la Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales. En concreto, se han modificado los siguientes artículos del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre:

“Uno. Se introduce una nueva letra d) en el artículo 64.4, con la siguiente redacción:

«d) Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.»

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional vigesimotercera, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional vigesimotercera. Presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

Por aplicación de lo establecido en el artículo 8.1, se presume incluida en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital.

Esta presunción no afecta a lo previsto en el artículo 1.3 de la presente norma.»”

 

 

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