Medidas Covid 19

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Actualidad laboral nº 3

Desde el Departamento laboral, le remitimos el boletín de actualidad de mayo a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

 

El Tribunal Supremo analiza el alcance de la duración de un permiso retribuido por intervención quirúrgica de familiar mejorado por convenio colectivo cuando su disfrute coincide con días de descanso semanal. En concreto, se analiza si la ampliación por convenio colectivo (sin limitarla a días naturales o laborales) de la duración legalmente prevista para un permiso por intervención quirúrgica de familiares, debe computarse en días hábiles o naturales. En este contexto, el Tribunal Supremo concluye que los días de permiso retribuido por operación de familiar de primer grado han de ser necesariamente días hábiles porque, si no fuera así, no sería necesario ausentarse del trabajo. Por tanto, concluye que, en aquellos casos en los que el disfrute coincida con el descanso semanal, debe concederse permiso los días siguientes al descanso semanal hasta cumplir los 4 días hábiles convenidos (equiparándolo a cuando el hecho causante se produce en día festivo, en cuyo caso el permiso se comienza a disfrutar el primer día hábil).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado procedente el despido por faltas injustificadas de una persona trabajadora que no se reincorporó a su puesto de trabajo tras un ERTE por fuerza mayor. Asimismo, y siendo que el despido es declarado procedente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desestima que se haya producido un incumplimiento de la cláusula de salvaguarda de empleo, argumentando que la propia cláusula excluye las situaciones de despido declarado procedente, como sucede en el supuesto enjuiciado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una interesante sentencia en la que desestima la declaración de nulidad de un despido de una persona trabajadora que solicitó una reducción de jornada por guarda legal al tener conocimiento de que la empresa iba a proceder a su despido. La persona trabajadora había sido convocada a una reunión en las oficinas y conocía que iba a ser despedida. Por tanto, y con el objetivo de blindarse ante el despido, evitó la comunicación del cese ese día para anticiparse y notificar a la empresa una solicitud de reducción de jornada. Tras la práctica de la prueba realizada en juicio, siendo que le empresa llevaba días preparando la tramitación del despido y que la posibilidad de despido ya se había comentado con la persona trabajadora, habiéndole concedido la empresa dos meses para que se produjera un cambio en su rendimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que, en el caso analizado, no cabe aplicar la protección especial frente al despido por reducción de jornada.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado improcedente el despido de una persona trabajadora por negarse a realizar un viaje encomendado por la empresa. En el caso enjuiciado, la empresa comunicó a la persona trabajadora que tenía que realizar un viaje a Inglaterra, quien se negó a realizar el viaje sin explicación alguna e inició, ese mismo día, situación de baja médica. Considerando lo anterior, la empresa procedió a despedir al trabajador por desobediencia. Con posterioridad al despido, la empresa conoció que la persona trabajadora era paciente de riesgo por COVID 19, y presentaba una patología diagnosticada. La empresa argumenta que desconocía la patología y que la decisión se tomó, exclusivamente, considerando la desobediencia. La sentencia argumenta que la desobediencia ha existido, pero se ha visto desvirtuada debido a que era paciente de riesgo ante el COVID 19 (cuestión que la persona trabajadora omitió para justificar la negativa). Considerando las circunstancias y analizando los requisitos propios de la desobediencia (grave, injustificada y trascendente) el TSJ de Galicia declara el despido improcedente.

La Audiencia Nacional ha concluido que es válido que la empresa exija la previa autorización del responsable para que una persona trabajadora pueda prestar servicios más allá de su jornada ordinaria. A pesar de que los sindicatos alegaban que la cláusula no era válida porque lo que la empresa buscaba era no computar ese tiempo como hora extraordinaria, la Audiencia Nacional concluyó que es posible que la jornada se prolongue sin necesidad de que se produzcan horas extraordinarias, que únicamente se producirán en caso de que se supere la jornada máxima anual. Por tanto, la Audiencia Nacional concluye que la cláusula es válida.

La Dirección General de Trabajo ha dictado Oficio en el que concluye que corresponde a la empresa de trabajo temporal la obligación legal de registro retributivo y auditoría retributiva de las personas trabajadoras que tenga contratadas (con independencia de la forma de contratación y centro de trabajo). Por tanto, la empresa de trabajo temporal deberá llevar el registro retributivo de toda su plantilla, tanto del personal de estructura como de su personal contratado para ser puesto a disposición de empresas usuarias. Como consecuencia, las empresas usuarias no tendrán que incluir al personal puesto a su disposición por empresas de trabajo temporal en su registro retributivo.

 El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analiza si el infarto de miocardio sufrido por una persona trabajadora en su domicilio mientras teletrabajaba debe considerarse como contingencia común o profesional.  En concreto, el horario de trabajo de la empresa era de 8:00 horas a 17:00 horas, sufriendo la persona trabajadora el infarto de miocardio a la 8:30 horas. Como consecuencia, y al tratarse de un hecho súbito que se desencadena en tiempo y lugar de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluye que el infarto de miocardio debe considerarse como accidente de trabajo.

Empresa que establece unilateralmente un sistema de incentivos (no pactado ni individual ni colectivamente con la plantilla) que ha ido variando a lo largo de los años, no habiéndose fijado como inmodificable o consolidado a favor de las personas trabajadoras. Tres años después de su implantación, la empleadora modifica los requisitos para el devengo del bonus, incrementando al alza el número de puntos que deben cumplirse. Tras analizar el caso concreto, el Tribunal Supremo concluye que no es posible calificar el cambio implementado por la empresa como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ya que la alteración es plena competencia de la empresa, puesto que no ha implementado un sistema invariable o consolidable. Además, el Tribunal Supremo determina que el cambio implementado por la empresa no tiene el carácter de sustancial al ser un cambio mínimo, no habiéndose acreditado que tenga una repercusión negativa en la cuantificación de los resultados.

En cualquier caso, deberá analizarse el caso concreto para concluir si una modificación en la política de bonus puede ser considerada o no como modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

El Tribunal Supremo analiza que el Estatuto de los Trabajadores no regula plazo de preaviso en caso de dimisión de las personas trabajadoras, estableciendo expresamente que los convenios colectivos pueden determinar el preaviso, sin disponer ninguna limitación para el convenio. Por tanto, el Tribunal Supremo concluye que el preaviso de 5 meses establecido en el convenio de controladores aéreos que deben respetar las personas trabajadoras en caso de dimisión es válido puesto que el Estatuto de los Trabajadores no fija ninguna limitación, avalando la sentencia también la penalización establecida en caso de incumplimiento del preaviso.

El Tribunal Supremo ha determinado que la empresa principal no responde solidariamente de las deudas contraídas por el subcontratista con anterioridad a la subcontrata. Asimismo, el Tribunal Supremo añade que la emisión por parte de la empresa subcontratada de los certificados de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social, no exonera a la empresa principal de la responsabilidad solidaria, salvo que pueda acreditarse que, en el momento de emitir el certificado, la Tesorería General de la Seguridad Social estuviera en condiciones de ofrecer una información conforme a la realidad de los descubiertos en Seguridad Social de la empresa subcontratada.

El Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia en la que analiza este supuesto. En concreto, lo analiza en el marco del despido disciplinario de una persona trabajadora que dedicaba en torno a un 30 por ciento de su jornada laboral a cuestiones profesionales, empleando el 70 de la jornada restante a solventar asuntos relativos a su esfera personal, habiendo constatado la empresa estos hechos mediante la monitorización de su ordenador y habiéndose declarado el despido improcedente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras analizar el caso enjuiciado, el Tribunal Constitucional concluye que el despido se produjo a partir de una patente y grave vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ya que su empresa monitorizó el ordenador de la persona trabajadora para controlar su rendimiento laboral, sin informarle previamente de ello, y, a partir de esa actuación, procedió a su despido disciplinario. En este contexto, el Tribunal Constitucional concluye que no existe un derecho fundamental a la calificación del despido laboral como nulo, concluyendo que, en el caso enjuiciado, la calificación que debe darse al despido es de improcedente, sin perjuicio de la posible indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales a la que, en su caso, pueda tener derecho la persona trabajadora.

 

 

ACTUALIDAD

 

  •  ERTES: La prórroga actual de los ERTE finaliza el próximo 31 de mayo. El Gobierno ha planteado a los sindicatos y empresarios una nueva prórroga hasta el 30 de septiembre que está pendiente de consenso y aprobación.

  •  Según los últimos datos de la Seguridad Social, datos del 29 de abril y publicados el pasado jueves 6 de mayo, el número de personas trabajadoras que permanecen en situación de ERTE es de 638.283 personas.

  •  La tasa de paro ascendió al 15,98% en el primer trimestre de 2021, según los datos presentados por el INE en fecha 29 de abril de 2021.

 

 

 

Legislación al día COVID-19

A continuación le informamos todo lo que se publique en los Diarios y Boletines Oficiales del Estado, Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León por si pudiera ser de utilidad.

 

Legislación al día 11/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 29/04/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día 23/04/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/04/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación  al día del 29/03/21 al 06/04/21

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

 


Legislación al día 26/03/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 24/03/2021

Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/03/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 15/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al día 25/02/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 22/01/201

Boletín Oficial de Navarra


 

Legislación al día 21/01/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)


 

Legislación al día 18/01/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 15/01/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 07/01/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 04/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de castilla y León


 

Legislación al día 23-30/12/ 2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 23/12/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 22/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día 17/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 09/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 02/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


 

Legislación al día 26/11/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 19/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


 

Legislación al día 5/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al  día 30/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 28/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 27/10/2020

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día  23/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 19/10/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 15/10/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día  14/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 13/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 08/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  30/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  24/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco


Legislación al día  21/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día  16/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día  07/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día  12-14/08/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava

 


Legislación al día 05/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 03/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día 30/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día 27/07/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 24/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 01/07/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 30/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


 

Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado


Legislación al día 25/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 24/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 23/06/2020

 Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 22/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día  19/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 17/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 16/06/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 14 y 15/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 12/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 10/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 09/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 6-8/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


 

Legislación al día 04/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día  03/06/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 02/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 01/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

 


Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 28/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al 27/05/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 26/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 25/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 22/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 21/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 20/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 19/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 16, 17 y 18/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 15/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 14/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 13/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 12/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


Legislación al día 9-10-11/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 08/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 07/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 06/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 



Legislación al día 05/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día 01,02,03 y 04/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)


Legislación al día 30/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 29/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


 

Legislación al día: 28/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 27/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día: 24/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 23/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

 


Legislación al día: 22/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 

 


Legislación al día: 21/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 18-20/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y Leon (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 17/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 16/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 15/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 11-12-13/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 09/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 08/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 07/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 04-05-06/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día: 03/04/20

 

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 02/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Vizcaya (BOV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 

 


Legislación al día: 01/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30-31/03/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día: 28/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 26-27/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 26/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día: 25/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 


Legislación al día: 24/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 22-23/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 20-21/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 19-20/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 18/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19.

 


 

Legislación al día: 17/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 15 y 16/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

 

Medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras el estado de alarma

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 

En el día de hoy, 5 de mayo de 2021, se ha publicado una nueva normativa que tiene una doble finalidad. Por un lado, prorrogar la eficacia temporal de algunas de medidas que se han tomado durante la vigencia del estado de alarma y por otro, adaptar determinadas situaciones jurídicas que se verán afectadas por la finalización del mismo.

En la propia normativa se alude a que hoy en día no existen “causas que justifiquen la pervivencia de un régimen excepcional como lo es el estado de alarma”. Sin embargo, se expone que “la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 no sólo ha sido causa de una crisis sanitaria, sino que ha provocado una profunda crisis global, económica y social” y basa la necesidad de estas medidas en “paliar sus efectos negativos sobre el tejido económico y social”.

Entre ellas, destacamos las siguientes:

 

Ante la finalización del estado de alarma y en relación con la aplicación de medidas restrictivas de derechos fundamentales, se ha realizado una reforma procesal con la que se persigue que el Tribunal Supremo pueda resolver las dudas y divergencias que se puedan generar en los procedimientos de autorización y ratificación judicial de este tipo de medidas sanitarias.

Además de la toma de temperatura y un control visual sobre el pasajero que puede dar lugar a la realización de una prueba diagnóstica de infección activa, se requiere la obligatoriedad de cumplimentar un formulario de control sanitario, disponible en el portal web Spain Travel Health o mediante la aplicación para dispositivos móviles SpTh-Spain Travel Health.

La obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades sujetas al régimen de propiedad horizontal se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021, así como las obligaciones de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto anual. Durante este período, hasta que se celebre la Junta, el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los órganos de gobierno serán prorrogados.

Excepcionalmente, si es necesaria la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de diciembre de 2021, se permite la celebración de la junta de propietarios por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y la adopción de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática.

Se establece la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de seis meses de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuyo vencimiento estuviese establecido entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021.

Además, se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 le eficacia de una serie de medidas que ya habían sido aprobadas con anterioridad:

  • Garantía de determinados suministros.
  • Derecho a la percepción del bono social por parte de consumidores y determinados colectivos vulnerables.
  • Suspensión de los procedimientos y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad.
  • Posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.

Por último, se amplía el plazo en el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria, podrán presentar la solicitud de compensación hasta el 9 de septiembre de 2021.

En relación con las sociedades laborales, la normativa contempla un plazo de 36 meses para que las sociedades constituidas inicialmente por dos socios trabajadores, en la que tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al cincuenta por ciento, cumplan con el requisito de que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social.  Con esta normativa, ese plazo inicial de 36 meses se prorroga por 24 meses más, con la finalidad de que ello “no obstaculice la continuidad y consolidación de las sociedades laborales como fórmula empresarial clave de la economía social y de la generación de empleo, minimizando los riesgos de su pérdida de calificación y su desaparición”.

En esta misma línea, hasta el 31 de diciembre de 2021, se flexibiliza el uso de los Fondo de educación y promoción de las cooperativas que se podrá destinar “a cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas”.

Por último, con el fin de garantizar la incorporación del personal sanitario jubilado a los servicios de salud, se permite la compatibilidad de la jubilación y el desarrollo de profesiones sanitarias, sin que se vea mermada la cuantía de la pensión a percibir.

 

El Real Decreto-ley entrará en vigor el día 9 de mayo de 2021.

 

Actualidad fiscal: mayo 2021 (I)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

  1. Aprobación del modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

  2. Normativa Gipuzkoa. Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021.

  3. Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales.

 

 

  1. Aprobación del modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

El pasado día 27 de abril de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) las ORDENES FORALES 45/2021 y 46/2021 de la Consejera de Economía y Hacienda, por las que se aprueban los modelos: S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

 

ORDEN FORAL 45/2021, de 12 de abril. Modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades conforme a los dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley Foral 26/2016, deben de presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la deuda tributaria correspondiente en lugar y forma determinados, junto con la presentación de documentos y justificantes. Gracias al Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, se facilita el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra con el objetivo de facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es por este motivo que la vía electrónica es el único sistema de presentación del modelo S90 conforme al procedimiento previsto en los artículos 4 y 5. El plazo de presentación de la declaración es desde el día 1 de mayo hasta el 25 de julio.

A continuación, se detallan los temas a los que afectan las modificaciones más significativas que afectan a la liquidación del Impuesto:

    • Modificación de los gastos fiscalmente deducibles.
    • Exención por reinversión de beneficios extraordinarios.
    • Determinación del importe de la tributación mínima.
    • Deducciones por incentivos.
    • Régimen de transparencia fiscal internacional.
    • Deducción por creación de empleo.
    • Deducción por la realización de actividades de innovación tecnológica.
    • Transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico.
    • Deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables.

ORDEN FORAL 46/2021, de 12 de abril. Modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal.

El régimen de consolidación fiscal se encuentra regulado en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o aquella entidad del grupo fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los requisitos para tener la condición de dominante. Los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de contribuyentes del Impuesto y el grupo fiscal estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales en plazo y forma. Al igual que el modelo descrito anterior, la vía electrónica es el único sistema de presentación del modelo 220. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la entidad representante.

 

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  1. Normativa Gipuzkoa. Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado, con fecha 15 de abril de 2021 (BOG 21/04/2021), la Norma Foral por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021. La presente Norma Foral tiene un ámbito de aplicación extenso afectando a once normas del sistema tributario de Gipuzkoa:

    1. Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

    2. Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades.

    3. Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    4. Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

    5. Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

    6. Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

    7. Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas.

    8. Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

    9. Norma Foral 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

    10. Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

    11. Decreto Foral 70/1997, de 21 de octubre, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en lo referente al Impuesto sobre las Primas de Seguros.

 

A continuación, se destacarán las principales novedades que han afectado a las normativas anteriormente detalladas:

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Con efectos a partir del 01/01/2019:

      • En relación al incentivo fiscal para la participación de los trabajadores en el accionariado de sus empresas, se introducen modificaciones en el caso de que se formalice la entrada a través de una entidad íntegramente participada por los trabajadores. El objetivo es facilitar que personas trabajadoras ya jubiladas puedan participar en estas entidades apoyando su liquidez.

      • En relación al incentivo fiscal para la participación de los trabajadores en el accionariado de sus empresas, se introducen modificaciones en el caso de que se formalice la entrada a través de una entidad íntegramente participada por los trabajadores. El objetivo es facilitar que personas trabajadoras ya jubiladas puedan participar en estas entidades apoyando su liquidez.

      • En el supuesto en que se prevé la no existencia de ganancia o pérdida patrimonial con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones a favor de personas trabajadoras, cuando la adquirente sea una entidad se introduce la novedad de permitir la presencia de personas trabajadoras ya jubiladas en el accionariado de la entidad participada por los trabajadores.

      • Se prevé la misma circunstancia para la deducción por participación de las personas trabajadoras en su entidad empleadora.

Con efectos a partir del 01/01/2020:

      • Se introduce una aclaración relacionada con la naturaleza de rendimiento de capital mobiliario de las cantidades percibidas por la materialización de derechos económicos de carácter especial que provengan directa o indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo.
      • Se introduce una modificación respecto ganancias patrimoniales no justificadas reguladas cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero (Mod. 720).

Con efectos a partir del 01/01/2021:

A las entidades innovadoras de nueva creación: la diferencia positiva entre el valor normal de mercado y el valor de adquisición de acciones y participaciones por parte de las personas trabajadoras, que se ponga de manifiesto con ocasión del ejercicio de opciones sobre acciones o participaciones de este tipo de entidades, no tenga la consideración de rendimiento de trabajo en especie. Además, se permite compensar en un plazo de 10 años (siendo 4 el plazo general) las pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión onerosa de acciones o participaciones de entidades innovadoras. Por último, se amplía el plazo para considerar a una entidad «de nueva creación», de manera que este plazo pasa de ser de 5 a 7 años desde su constitución.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos a partir del 01/01/2020:

      • En sociedades patrimoniales, en cuanto al cumplimiento del requisito de que la mitad del activo de la sociedad esté constituido por valores para su consideración como sociedad patrimonial. Dentro de los valores excluidos se comprenden los que que articulan la participación indirecta de personas físicas en sociedades y fondos de capital riesgo que cumplen una serie de condiciones. Entre dicho condicionado se encuentra el de que los derechos económicos de carácter especial se perciban, directa o indirectamente, por personas que ostenten o hayan ostentado la condición de trabajadora o alta directiva en una sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado o bien en una sociedad de capital riesgo, cuando la misma actúe como sociedad gestora.

      • Regulación de la provisión por insolvencia. Se prevé aplicar esta deducción cuando se reúnan las circunstancias antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación.

      • Al igual que en el IRPF, Se introduce una modificación respecto ganancias patrimoniales no justificadas reguladas cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero (Mod. 720). 

Con efectos a partir del 01/01/2021:

      • Se extiende a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes lo dispuesto con relación al régimen fiscal del canje de valores, tributación de los socios en operaciones de fusión, absorción y escisión total o parcial y en las aportaciones no dinerarias.

      • En relación con la compensación para fomentar la capitalización empresarial, se ajustan las correcciones que afectan al patrimonio neto a efectos fiscales, con el fin de eliminar obstáculos y facilitar la aplicación de la capitalización de las empresas.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben una bonificación de hasta el 50 % aplicable a inmuebles que tengan instalados sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. También para otros sistemas de energías renovables.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben una bonificación de hasta el 95 % aplicable a construcciones, instalaciones y obras que incorporen la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. También para otros sistemas de energías renovables.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas.

Se establece expresamente la obligatoriedad de comunicar anualmente a Hacienda la cifra neta de negocios, cuando se trate de contribuyentes que no declaren en Gipuzkoa por los impuestos sobre la renta de las personas físicas, por el impuesto de sociedades o por el de la renta de no residentes, a los efectos de la exención referente al importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

 

    • Modificaciones respecto a la Norma General Tributaria.
      • Se reduce el recargo de apremio reducido, pasando del 15 % al 5%.

      • Se modifica el régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de información de bienes y derechos situados en el extranjero, de tal forma que, por los bienes y derechos situados en territorio comunitario, se les aplique el régimen sancionador común de la Norma Foral General Tributaria.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Se modifica la exención relativa a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus matrices residentes en otros Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los establecimientos permanentes de estos últimos situados en el Espacio Económico Europeo, suprimiéndose la posibilidad de que se acceda a la exención cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, quedando como requisito la exigencia de una participación directa e indirecta, de al menos el 5%.

Si desea acceder al contenido completo, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

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  1. Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales.

El pasado miércoles 28 de abril de 2021, se publicó en el Boletín Oficial el Estado el Real Decreto- Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (en adelante, RDL 7/2021).A partir del 1 de julio de 2021 entra en vigor un nuevo régimen fiscal aplicable a efectos del IVA en relación con las operaciones ecommerce. El objetivo del nuevo régimen fiscal es adaptar el comercio electrónico a las necesidades comunitarias como consecuencia del crecimiento exponencial manifestado por este sector.

En el siguiente artículo profundizamos más en el análisis de estas modificaciones.

Si desea acceder al texto completo del RDL 7/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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ARPA en el Ránking de Despachos de Abogados 2020 de Diario Expansión

Gracias a la confianza que, año tras año, siguen depositando en nosotros nuestros clientes y al trabajo, compromiso y dedicación de todo el equipo, ARPA Abogados Consultores vuelve a estar presente entre las principales firmas de Abogados del Ránking de Expansión de este año.

Los bufetes españoles no han sido inmunes a los efectos de la Covid-19. A nivel global, la facturación del sector jurídico en 2020 creció un 1,9%, un porcentaje similar al registrado hace una década durante la anterior crisis económica.  En el caso de ARPA, ha crecido un 2,6 % con respecto a 2019 lo que la sitúa en el puesto 32 en el ranking de los principales despachos nacionales clasificados por volumen de negocio global.

La cifra es positiva para un sector que se encuentra ahora con el difícil reto de adaptar sus modelos de negocio y la definición de nuevas formas de trabajo

 

En cuanto a la facturación por profesional, ARPA presenta una media de 80.372 euros, situándose en el puesto 84.

 

 

Por último, durante el año 2020, aunque varios despachos se vieron obligados a realizar ERTE en sus plantillas en los meses más duros de la crisis sanitaria, el 54 % de las firmas han sido capaz de generar empleo y aumentar el número de profesionales con respecto a 2019. En esta clasificación por incremento de profesionales, ARPA aparece en el puesto 44.  Durante 2020, ARPA incrementó su plantilla de letrados en un 1.3 % y un 2.2% si tomamos como referencia el número total de empleados.

 

 

ARPA Abogados Consultores tiene como misión ayudar a sus clientes a alcanzar su éxito empresarial aportando valor, confianza y seguridad mediante un asesoramiento integral; jurídico, económico y fiscal y fomentando la creación de valor y relaciones; y estas cifras son muestra de ese compromiso que nos obliga a seguir creciendo y mejorando para ofrecer siempre un servicio de la mejor calidad posible a nuestros clientes.

 

 

 

 

Webinar: La certificación en compliance penal

Las organizaciones certificadas conforme a UNE 19601:2017 trasladan a sus grupos de interés la plena confianza respecto a la implementación y aplicación de su sistema de gestión de prevención de delitos.

Para tratar estos temas con el máximo rigor técnico, el miércoles 12 de mayo de 9:30 a 11:00 h, ARPA Abogados Consultores organiza con la colaboración de Bureau Veritas,  un webinar gratuito titulado «Implantación y certificación de sistemas de gestión en compliance penal» en el que nuestro compañero Jorge Arellano (Responsable del Área de Corporate Compliance) y  Rafael Olaso (Responsable Técnico y Auditor Jefe de Compliance en Bureau Veritas) abordarán durante una sesión de hora y media los siguientes puntos:

                

PROGRAMA

  • Presentación.
  • Delitos más significativos para la empresa.
  • Estándares de Compliance y su implantación: UNE 19601:2017 e ISO 37001.
  • Procesos de certificación.
  • La certificación acreditada de ENAC, para marcar la diferencia en los procesos de licitación.
  • Turno de preguntas.

 

Si está interesado en inscribirse, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

Modificaciones a la Ley 10/2010 de 28 de abril en el ámbito societario.

En el día de ayer se produjo la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para establecer un nuevo requisito legal para las sociedades mercantiles, consistente en la obligación de obtener, conservar y actualizar toda la información relativa al titular o los titulares reales de la Sociedad por un plazo de diez años a contar desde el cese de la condición del Titular Real.

Así, teniendo en consideración la nueva normativa, cuando un Titular Real de una compañía deje de ostentar dicha condición, la sociedad tendrá que custodiar durante el referido plazo de diez años sus datos personales y la documentación que los acredite.

A estos efectos, recordamos que tienen la consideración de Titular Real de una sociedad mercantil las siguientes personas:

  • La\s persona\s físicas que en último término posean o controlen directa o indirectamente, a través de cadena de control, un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25,00%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica.

  • Cuando no exista una persona física que posea o controle directamente o indirectamente dicho porcentaje del veinticinco por ciento (25,00%), se considerará que ejerce este control el administrador o administradores de la sociedad. En el supuesto de que el administrador fuere una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física representante que haya sido designada por esta.

Por otro lado, el legislador ha previsto en la disposición adicional tercera en la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo la creación por el Ministerio de Justicia de un Registro de Titularidad Real, que será de acceso público.

En este sentido, conviene tener presente que desde el ejercicio 2017 las sociedades están obligadas a declarar y hacer constar en el depósito de sus cuentas anuales cualquier modificación en la Titularidad Real de la sociedad que se haya producido.

 

 

Modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

En fecha 28 de abril se ha publicado el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, a través del cual se modifica, entre otras normas, la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con la finalidad de transponer la quinta directiva europea en esta materia (Directiva UE 2018/843).

El Real Decreto ha introducido importantes modificaciones en la Ley 10/2010 de 28 de abril, entre las que podemos destacar las siguientes:

  • El artículo primero de la Ley incluye ahora la definición de moneda virtual, cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y proveedores de servicios de custodia de monederos electrónico.
  • Se modifican varios sujetos obligados previstos por el artículo 2.1 de la norma y se crea como nueva categoría de sujeto obligado a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
  • Se introduce a través del nuevo artículo 4 bis la obligación de recabación, conservación y actualización de documentación sobre titulares reales para las personas jurídicas obligadas a declaración de titularidad real. Se deberá conservar la documentación durante un periodo de 10 años desde que se pierda la condición de titular real.
  • Se incluyen dentro de la definición de Personas de Responsabilidad Pública (art. 14) a los cargos de dirección de partidos políticos y a personas que desempeñen funciones públicas importantes en organizaciones internacionales acreditadas.
  • Los sujetos obligados de la Ley deberán realizar un análisis de impacto en materia de protección de datos sobre el tratamiento de estos datos realizado en cumplimiento de las obligaciones de diligencia con la finalidad de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales (art. 32 bis).
  • Se modifica parte de la regulación sobre declaración y control de medios de pago (arts. 34 y 35), incluyendo la obligación declaración con una antelación de 30 días de medios de pago no acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador.
  • Se introduce la disposición adicional segunda a través de la cual se crea el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y custodia de monederos electrónicos.
  • Se crea la disposición adicional tercera de la Ley, la cual establece la creación por el Ministerio de Justicia de un Registro de Titularidad Real, el cual será de acceso público.

Puede acceder al contenido completo del Real Decreto 7/2021 a través del siguiente enlace

 

 

 

El concepto de fonograma y su relación con la obra audiovisual

La comunicación pública de las obras fonográficas preexistentes, como parte de la obra audiovisual

La normativa de propiedad intelectual establece una serie de remuneraciones y previsiones encaminadas a proteger al creador, así como al resto de agentes que participan de y en la creación, todo ello con el objetivo de establecer una protección jurídica que asegure el equilibrio entre los intereses de todos los agentes.

Así, por ejemplo, se impone a los usuarios que empleen un fonograma publicado con fines comerciales, o de reproducciones de dicho fonograma para cualquier forma de comunicación pública la obligación de abonar una remuneración equitativa en favor de los productores de fonogramas, artistas intérpretes y ejecutantes.

Sobre dicha obligación dos entidades de gestión (AIE y AISGE) reclamaron a una cadena de televisión el abono de la mencionada remuneración en favor del colectivo al que representaban (productores de fonogramas, artistas intérpretes y ejecutantes) ya que entendían que la comunicación pública de fonogramas se había producido con la comunicación pública de las obras audiovisuales en las que los fonogramas estaban sincronizados.

Por el contrario, la cadena televisiva consideraba que no se había producido la reclamada comunicación pública de fonogramas en la medida en que dicho derecho decaía al incorporar la obra fonográfica a la obra audiovisual.

Ante el desacuerdo de las partes, se inició un procedimiento judicial que desembocó en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, el cual previamente a emitir una sentencia elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciara sobre si la comunicación pública de fonogramas como parte de una obra audiovisual genera o no derechos de remuneración por comunicación pública en favor de los artistas e intérpretes y de los productores de fonogramas. 

En respuesta a la cuestión planteada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en base al derecho comunitario y a la definición de “fonograma” establecida en diversas fuentes concluyó que, en la medida en que un fonograma está compuesto exclusivamente por sonidos “una fijación de sonidos incorporada en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual no está comprendida, a efectos de dicha disposición, en el concepto de «fonograma» y por lo tanto su comunicación pública como parte de la obra audiovisual no genera el derechos de remuneración por comunicación pública en favor de los artistas e intérpretes y de los productores de fonogramas. 

Esta sentencia es importante en la medida en que acota no solo el derecho a reclamar la remuneración equitativa de los artistas e intérpretes y de los productores de fonogramas, sino del concepto en sí mismo de obra fonográfica.

Adicionalmente, resalta la importancia del contrato como instrumento esencial de protección de los intereses de las partes. Así, aunque decaiga la remuneración obligatoria en relación a la comunicación pública de fonogramas preexistentes que forman parte de una obra audiovisual, recuerda que nada impide que se acuerde una previsión que recoja de forma expresa la remuneración de los derechos afines sobre los fonogramas.

Resulta por tanto esencial que la negociación de los contratos sea bilateral y refleje los intereses de todas las partes involucradas, al mismo tiempo que se asegure que el acuerdo final refleja los intereses acordados.

En este sentido siempre es recomendable acudir a dichas negociaciones con un asesoramiento especializado en la materia que sepa revisar y reflejar correctamente los intereses de las partes, para ello en ARPA disponemos de un equipo de abogados expertos en derecho del entretenimiento con amplia experiencia en el mundo de la música que podrán asesorar y acompañarte en el proceso.

 

 

 

Propiedad intelectual y la aventura de emplear elementos de terceros

Una cuestión recurrente con la que suelen enfrentarse los creadores de propiedad intelectual es la posibilidad de emplear obras preexistentes y las limitaciones o consecuencias que dicho uso puede tener en la explotación de su obra final.

En relación con este tema, hace un tiempo saltó la polémica en Twitch al silenciarse la música de los videojuegos cuyas partidas grabadas se compartían a través de dicha red social. Pues bien, la polémica parece haber vuelto a resurgir ya que varios usuarios han visto como un tramo de audio de sus videos en el que aparece una pista de audio, a primera vista común (sonidos de pájaros, sonidos de sirenas de policía…) es silenciado por la plataforma porque los titulares de derechos sobre las mismas han puesto de manifiesto que el usuario no dispone de licencia suficiente para el uso de dichos audios.

Debe recordarse que los derechos de propiedad intelectual nacen en cabeza del autor por el mero hecho de la creación de la obra, esto es, cuando se plasman en un soporte tangible. Así, pues las “creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro” serán susceptibles de protección por la normativa de propiedad intelectual, aunque a primera vista podamos entender al emplear dicho elemento, que éste no es digno de dicha protección tal y como les está ocurriendo a algunos usuarios de Twitch.

Esta situación resulta especialmente relevante en el caso de creaciones que incluyan o puedan incluir diversas obras o elementos preexistentes y/o de terceros tales como por ejemplo un software, una obra audiovisual o un mashup de varios fragmentos de canciones ya que, a la hora de explotar, ceder o licenciar la obra final se deberá poder asegurar que se dispone de los derechos suficiente para hacer uso de la misma o, en el caso de no disponer de los mismos, estar en disposición de advertir de las distintas licencias bajo las cuales se liberan los elementos que no son titularidad del autor de la obra final.

Para poder obtener claridad, es preciso realizar una labor analítica y en ocasiones arqueológica sobre los elementos que la componen y las condiciones bajo las que dichos elementos se han accedido por el creador y se facilitan al usuario final. Este ejercicio aporta un gran valor al proyecto final y es una herramienta valiosa de cara a la eventual explotación comercial de la obra final ya que el nivel de garantía y transparencia que se otorga al inversor, cliente o usuario es muy elevado permitiéndole conocer de antemano las eventuales limitaciones con las que se puede encontrar evitando así una controversia futura.

Esta labor analítica y eventualmente de obtención de derechos debe realizarse de forma ordenada, siguiendo una metodología y un proceso estructurado de forma que sea repetible en el caso de incorporarse nuevos elementos a la obra final que exijan la realización de un nuevo análisis. Asimismo, resulta esencial que el proceso quede documentado y accesible de manera que pueda ser fácilmente revisado por terceros en el caso de resultar necesario.

Contar con asesoramiento especializado en la materia puede simplificar el proceso de análisis de la obra final, determinando y coordinando la obtención de derechos, al mismo tiempo que puede contribuir, si se introduce en fases tempranas de la creación, a reducir eventuales costes futuros derivados de la necesidad de obtener licencias de terceros.

En ARPA contamos con profesionales especializados en materia de propiedad intelectual con amplia experiencia en la auditoría de obras de propiedad intelectual y en el análisis de la compatibilidad entre licencias.

 

 

Medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

En el día de hoy, 18 de noviembre de 2020, se  han publicado nuevas medidas ante “la situación que afronta nuestro país por la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la segunda declaración de estado de alarma, y prórroga del mismo”. Entre ellas, dentro del ámbito financiero y concursal, destacamos las siguientes:

 

  • Créditos ICO

En primer lugar, se extiende la posibilidad de solicitar este tipo de financiación hasta el hasta el 30 de junio de 2021.

Además, las empresas y personas que ya hayan formalizado este tipo de financiación, podrán solicitar:

    • Una ampliación del plazo de amortización de tres años, hasta alcanzar un máximo de ocho años.
    • Una ampliación del plazo de carencia de doce meses. Por lo tanto, el máximo se sitúa en veinticuatro meses. Para ello, se deberá tener en cuenta en el plazo de carencia inicial.

Las entidades dispondrán de un máximo de 30 días naturales para resolver la solicitud del deudor, que deberá cumplir con una serie de requisitos para que ésta sea aprobada. En concreto la normativa establece ocho condiciones, entre ellas, que el deudor no se encuentre sujeto a un procedimiento concursal, que la operación no se esté impagada más de 90 días o que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

Es muy importante tener presente que la solicitud de ampliación del plazo de amortización o el plazo de carencia, no se realice más tarde del 15 de mayo de 2021.

Por último, se establece una bonificación de hasta el 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos de vencimiento y carencia.

 

  • Concursos

Se prorroga la suspensión de la obligación de solicitar la declaración de concurso del deudor que se encuentre en estado de insolvencia. Si bien, inicialmente, se fijó en el 31 de diciembre de 2020 con esta nueva regulación, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021. Asimismo, también se retrasa hasta esa fecha la obligación del juez de admitirlo a trámite, si se solicita por los acreedores.

Además, aunque el juez dará traslado al deudor de las solicitudes de declaración de incumplimiento de convenios y acuerdos de refinanciación presentados entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, no se admitirán a trámite hasta que transcurra, tres meses desde el 31 de enero de 2021 en el caso de los convenios, y un mes desde esa última fecha en el caso de los acuerdos de refinanciación.

 

  • Celebración de Juntas Generales o Asambleas por vía telemática

Aunque no esté previsto en sus estatutos, se amplía el plazo de vigencia durante el ejercicio 2021 para que las juntas generales o las asambleas de socios, puedan celebrarse por medios electrónicos.

Ello, concierne no solo a sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, sino al resto de personas jurídicas de Derecho privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas). También se podrán celebrar de esta manera las reuniones del patronato de las fundaciones.

 

 

El nuevo «valor de referencia» como base imponible del tributo.

El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 y de modificación de diversas normas tributarias, publicado el pasado 23 de octubre de 2020 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (pendiente por tanto de aprobación definitiva), y en un pretendido objetivo de dotar de seguridad jurídica al contribuyente y de evitar una abundante litigiosidad en el caso de la valoración de los bienes inmuebles, prevé la implantación (ya anunciada hace dos años) de la determinación de la base imponible con el “valor de referencia” que se determinará en la normativa reguladora del Catastro.

¿Qué significa exactamente “valor de referencia”? Teóricamente, se refiere al precio más probable por el cual podría venderse el inmueble. Es decir, se tendrán en cuenta todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario”. Esto significa que se calculará a partir de los precios de las transacciones de los inmuebles y que sean facilitados por los notarios y los registradores. ¿Cómo se llevará a cabo la determinación del nuevo “valor de referencia”? En palabras del Proyecto de Ley, su cálculo se determinará a partir de ciertas reglas técnicas que serán puestas en conocimiento de todos los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, dando trámite de audiencia colectiva.

Afectará a los siguientes Impuestos:

  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en que la base imponible será el valor de referencia, salvo el declarado o precio/contraprestación pactada si cualquiera de ellos es superior. Si no existe valor de referencia o no se puede certificar por el Catastro, la base imponible será el mayor del valor declarado, el precio/contraprestación, o el valor de mercado.

  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: La base imponible será el valor de referencia, salvo el declarado si es superior. Si no existe valor de referencia o no puede ser certificado por el Catastro, la base imponible será el mayor del valor declarado o el valor de mercado.

  • En el Impuesto sobre el Patrimonio, de momento, se añade esta posibilidad al determinar la base imponible como el mayor de: Catastral, determinado / comprobado por la Administración a efetos de otros tributos, o el precio/contraprestación/valor de la adquisición.

La medida no afectará sin embargo a tributos que tengan en consideración para la determinación de la base imponible el valor catastral, tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

Se dota así al valor de referencia de presunción iuris tantum de veracidad que admite prueba en contrario, pero trasladando la carga de la prueba al administrado. Será él quien deba desvirtuar la veracidad de dicho valor determinado por la Administración. Muchas dudas se suscitan sobre la determinación y aplicación del nuevo “valor de referencia”:

  1. Las ciertas reglas técnicas que serán puestas en conocimiento de todos los interesados mediante publicación en el BOE, dando trámite de audiencia colectiva, para el común de los contribuyentes no tiene virtualidad práctica; los contribuyentes afectados por los tributos mencionados no son los lectores preferentes del BOE para este tipo de cuestiones.

  2. La determinación del valor con referencia a otras transacciones nunca va a tener en cuenta las características propias del inmueble, y nunca va a poder personalizar de forma efectiva las individuales circunstancias del mismo en el momento del devengo del tributo, tanto en positivo (inmuebles rehabilitados o reformados) como en negativo (inmuebles con deficiente estado de conservación), que es lo que precisamente ha venido requiriendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, salvo honrosas excepciones, las Comunidades Autónomas han venido ignorando en las valoraciones que de los inmuebles realizan en los procedimientos de comprobación de valores.

Cierto es que es que las Comunidades Autónomas apoyan de forma unánime la norma y están por la labor de suscribir convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia, pero también lo es que este consenso es entre las Administraciones Públicas, que son precisamente las hasta ahora obligadas a realizar la comprobación del valor individualizada de cada inmueble, lo que excluye al contribuyente, quien va a ver cómo se le aplica un nuevo “valor de referencia·” frente al que, si no está de acuerdo, tendrá la carga de la prueba para desvirtuarlo.

De lo que no parece quedar dudas, es que las modificaciones van a suponer un aumento impositivo en muchos casos por el aumento en la valoración de los bienes, por ejemplo, para quienes sean propietarios de inmuebles con un valor de adquisición o catastral muy bajos.

Por tanto, el valor de referencia, del que aún se desconocen las reglas “técnicas, justas y transparentes” que lo determinarán, no puede ser sino uno más de los criterios a tener en cuenta en la valoración de un bien inmueble en el momento de la determinación de la base imponible. Lo que hasta ahora ha sido la toma de testigos en las valoraciones de los peritos es una parte más de la determinación del valor concreto del inmueble que se trate en el momento del devengo del tributo, que siempre y en todo caso ha de ser individualizado.

El Proyecto de Ley citado afecta a normativa de régimen común, y de momento en Navarra el Proyecto de Ley Foral de Modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias para 2021 no contempla la introducción de este nuevo “valor de referencia”, si bien la determinación de la base imponible de los distintos tributos es semejante y podría tomarse de aquí en adelante alguna medida similar en su propia normativa foral.

 

Sonia Olóriz: Asesora fiscal del Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores

 

 

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