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Actualidad fiscal: Junio 2021 (I)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

NOVEDADES NORMATIVAS

 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

GIPUZKOA

ESTATAL

 


NOVEDADES NORMATIVAS

 

  • Fiscalidad verde: Nuevos impuestos en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

El pasado día 18 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que será remitido al Congreso para su tramitación y que incorpora una nueva tasa a los residuos en vertedero y otra a los envases de plástico de un solo uso. En línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), la propuesta normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana, permitan reducir el impacto global del uso de los recursos e impulsen una economía baja en carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050. Con este avance en la fiscalidad verde se prevé recaudar 1.300 millones al año con las nuevas tasas: 861 por vertederos y otros 491 por envases plásticos.

Las medidas más destacadas de la propuesta normativa de protección del medio ambiente y la salud humana son las que se detallan a continuación:

  • La nueva tasa a envases quedará fijada en 0,45 euros por kilogramo. Quedarán sujetos productos como los vasos de plástico, tapones, recipientes destinados al consumo inmediato, etc.

  • Restricciones a los plásticos de un solo uso. Quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, vasos, todos los productos de plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm.

  • Prevención en la generación de residuos. Actuaciones contra el despilfarro de alimentos, destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos.

  • Recogida separada y reciclado. Establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización.

  • Preferencia por el agua no envasada. El sector de hostelería y restauración tendrá la obligación de ofrecer a los consumidores, clientes o usuarios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento siempre que sea apta para el consumo humano.

  • Instrumentos económicos e incentivos. Impuesto a la incineración, coincineración y eliminación de residuos en vertedero.

  • Responsabilidad ampliada del productor (RAP). Obligaciones como el sistema de depósito, devolución y retorno; partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

  • Regulación de suelos contaminados. Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados formado por registros autonómicos, procedimiento de declaración a actividades potencialmente contaminantes, así como la determinación de los sujetos responsables de contaminación.

 

Si quiere acceder al contenido completo, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

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  • Boletín Oficial del Estado: Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias.

 El día 16 de enero de 2021 entró en vigor la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras; un impuesto indirecto que grava las adquisiciones de acciones. Así, el hecho imponible del impuesto está constituido por la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

En relación con la declaración e ingreso del impuesto, en este Real Decreto se concreta el citado procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones a través de un depositario central de valores establecido en territorio español.  Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario, mediante el cual el depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.  De esta manera la gestión del impuesto por parte de la Administración tributaria será más eficaz, por cuanto que le permitirá relacionarse con un único interlocutor en lugar de con múltiples sujetos pasivos, sin perjuicio de las obligaciones tributarias de estos y del ejercicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Administración tributaria.

Si desea acceder al contenido completo el RD 366/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea información acerca del Impuesto sobre las Transacciones financieras, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 


 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

 

  • Hacienda de Gipuzkoa: documento de preguntas frecuentes (FAQ) a cerca de TicketBAI

La Hacienda de Gipuzkoa recientemente ha publicado un documento de preguntas frecuentes a cerca de la implantación y envío de ficheros de TicketBAI (en adelante TBAI). TBAI es un proyecto compartido entre las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco que tiene como objetivo establecer una serie de obligaciones legales y técnicas, de modo que, a partir de la entrada en vigor de TBAI, todas las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica deberán utilizar un software de facturación que cumpla los requisitos técnicos que se publiquen. El nuevo sistema permitirá a las haciendas forales controlar los ingresos de las actividades económicas de las personas contribuyentes y, en particular, de aquellas actividades enmarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a las y los consumidores finales, cobrados en gran medida en efectivo. Asimismo, dicha información se utilizará para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Si bien el sistema TBAI es en sus fundamentos común a las tres Haciendas Forales, está regulado a través de disposiciones normativas propias de cada institución foral y presenta además algunas singularidades territoriales.  Cada Administración tributaria vasca establecerá la fecha a partir de la cual será exigible TBAI. En particular, en Gipuzkoa, el sistema TBAI puede cumplirse de forma voluntaria a partir del 1 de enero de 2021, y de forma obligatoria deberá cumplirse a partir del 1 de enero de 2022, por todas las personas físicas que desarrollen una actividad económica, así como por todas las personas contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

Si quiere acceder al documento FAQ TicketBAI, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si quiere acceder al contenido completo de la Normativa del TicketBAI en Gipuzkoa, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

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  • Agencia Tributaria: Informe del conflicto nº 2. Impuestos sobre Sociedades. No deducibilidad de pérdidas derivadas de ampliación de capital de una filial

La Agencia Tributaria ha publicado el 25 de mayo de 2021 una copia del informe de la Comisión Consultiva sobre el conflicto en la aplicación de la norma en relación con la “Recapitalización de filial e inmediata dilución de la participación a favor de su matriz”.

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria se regula en el artículo 15.1 de la LGT, en su redacción vigente en el periodo afectado, en los siguientes términos:

“1. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:

    1. que, individualmente o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido;
    2. que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto es necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva que establece el artículo 159 de la LGT.»

En este caso, el informe publicado en la AEAT declara que concurren las circunstancias establecidas en el mencionado artículo 15.1 de la LGT en relación con las pérdidas afloradas como consecuencia de determinadas operaciones de ampliación de capital, reducción de capital y nueva ampliación de capital sucesivas en una filial, ya que considera que las operaciones, consideradas en su conjunto, son artificiosas, y que no concurren efectos jurídicos o económicos relevantes al margen del ahorro fiscal derivado de las operaciones analizadas.

Si quiere acceder al contenido completo del Informe del conflicto nº 2, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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  • TEAC cambia el criterio del concepto de “requerimiento previo”. Resolución de 20 de abril de 2021

Con base a un procedimiento inspector se incrementaron las bases imponibles de IVA declaradas por el contribuyente puesto que incluían los gastos financieros en la base imponible de las operaciones de arrendamiento de vehículos y se aplica por la AEAT los recargos que regula el artículo 27 de la LGT 58/2003 de la LGT al presentar autoliquidaciones complementarias extemporáneas por ejercicios posteriores.

La doctrina en la STS, de 23 de noviembre de 2020 pretende la matización del concepto estricto de “requerimiento previo”. En el recurso de casación se acepta que hay un requerimiento previo cuando se han desarrollado actuaciones de comprobación respecto de periodos previos, pero siempre que se cumplan los requisitos. El criterio de “requerimiento previo” no es estricto, sino que se trata más bien de un criterio amplio pero sujeto a determinados límites.

La presentación de autoliquidaciones complementarias extemporáneas fue previa a la fecha de suscripción del Acta de inspección, pero pese a que falte el requerimiento previo, dicha presentación de autoliquidación complementaria extemporánea puede haber sido inducida por la propia Administración con su actuar previo, al haber puesto de manifiesto con él la interpretación que entiende predicable de la norma que corresponda a la actuación del contribuyente. Con el argumento anterior, la inaplicabilidad de los recargos que regula el artículo 27 de la LGT se extiende a supuestos inducidos o impulsados por el concomimiento por parte de los obligados tributarios de datos relevantes para el establecimiento de la deuda tributaria dados a conocer en un procedimiento cuyo objeto era la regularización de un periodo anterior, con hechos sustancialmente coincidentes.

Si quiere acceder al contenido completo de la Resolución del TEAC, de 20 de abril de 2021, RG 3281/2018, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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  • Consulta Vinculante V0694-21, exención del artículo 7 .p) de la LIRPF para rendimientos percibidos en el extranjero durante la pandemia

En esta consulta se analiza la aplicación de la exención a un trabajador que no ha podido desplazarse al extranjero como consecuencia de la pandemia, pero ha realizado su trabajo para empresas extranjeras mediante teletrabajo, sin desplazarse al extranjero.

En este sentido, la norma exige para la aplicación de la exención el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 p) de la Ley de IRPF y en el artículo 6 del Reglamento de IRPF (artículo 7 n) y artículo 5, respectivamente, en la normativa navarra), es decir, debe tratarse de un rendimiento derivado de un trabajo realizado para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, y por ello, se requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territorio español, como que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma temporal, fuera de España.

A pesar de la pandemia, en este supuesto no sería de aplicación la exención al no cumplirse parte de los requisitos establecidos en la norma.

Si desea acceder al contenido completo de la consulta, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

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  • Sentencia nº154/2020 TSJ Navarra. La indemnización por ERE está exenta, aunque el empleado se adhiera voluntariamente

La existencia de un acuerdo entre empresario y trabajador para que éste se adscriba al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no cambia el origen de la extinción laboral, que sigue siendo la causa económica, organizativa o productiva en la que se basa el despido colectivo. Por ello, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido que la indemnización percibida por el empleado incluido en el ERE, aunque sea de forma voluntaria, quede exenta en el IRPF, al igual que cualquier otra indemnización en casos de despido colectivo. La exención objeto de debate está contemplada en el artículo 7 c) de la LF del IRPF.

La prejubilación del trabajador, tal y como se argumenta en la resolución, es fruto de un ERE con causa económica, organizativa o productiva y, por tanto, involuntario, con independencia de que hubiera pactado con el empresario unas condiciones particulares para formar parte del ERE. Resuelto el fondo del asunto, será aplicable la exención en los mismos términos a los compañeros del recurrente en base a lo expuesto en la Consulta Vinculante V1357/2014, de 21 de mayo, en la que se admite la aplicación de la exención a la indemnización percibida por otro trabajador en la misma situación que el demandante. Con todo lo expuesto, en adelante los magistrados deberán admitir la aplicación de la exención contemplada en el IRPF para las indemnizaciones percibidas por ERE aunque el empleado se adhiera por un pacto, ya que responde a una extinción involuntaria del contrato de trabajo. Si desea acceder al contenido completo de la sentencia STSJ NA 536/2020, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

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Actualidad fiscal: mayo 2021 (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

NOVEDADES NORMATIVAS

NAVARRA

CASTILLA Y LEÓN

 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

 


 

NOVEDADES NORMATIVAS

NAVARRA

  • Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en Navarra.

Aunque aún se encuentra pendiente de publicación en el BON, se ha puesto a disposición de los contribuyentes en la web de Hacienda Foral de Navarra la ORDEN FORAL 69 /2021, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan las condiciones y requisitos para aplicar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales regulada en el artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada.

Esta Orden Foral tiene por objeto desarrollar las condiciones y requisitos para aplicar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en Navarra. En este sentido:

  • Se determinan los gastos que pueden formar parte de la base de deducción.
  • Se establecen los criterios en virtud de los cuales los gastos se entienden realizados en territorio navarro.
  • Se regula la documentación a aportar para solicitar el informe previo a la aplicación de la deducción, así como el procedimiento para que la Dirección General de Cultura emita la correspondiente Resolución en la que se determine la base de la deducción.

Si desea acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 69/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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CASTILLA Y LEÓN

  • Castilla y León establece una bonificación del 99% en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD)  

El pasado día 8 de mayo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Ley 3/2021, de 3 de mayo, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto cedido lo que significa que las Comunidades Autónomas están facultadas para aprobar reducciones en la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y los coeficientes del patrimonio preexistente, y las deducciones y bonificaciones en la cuota tributaria.

En la modalidad de sucesiones, se añade un nuevo artículo 17.bis en el texto refundido para recoger una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes. Se mantiene la actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible para no perjudicar las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía, pues si se suprimiera pasarían de no tributar a hacerlo al 1 por 100. En la modalidad de donaciones, se añade un nuevo artículo 20.bis en el texto refundido para recoger una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes.

Estas bonificaciones se aplicarán a los hechos imponibles acontecidos desde el 9 de mayo de 2021, fecha de entrada en vigor de la ley.

Si desea acceder al contenido completo de la Ley 3/2021 del Boletín Oficial de Castilla y León, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

  • Consulta Vinculante V0767-21, de 31 de marzo de 2021. Los rendimientos percibidos por los trabajadores en el extranjero durante la cuarentena obligatoria están exentos.

La cuestión objeto de consulta del pasado día 31 de marzo de 2021 fue la aplicación de la exención regulada en el artículo 7 p) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para conocer si el tiempo que el trabajador permanece en el país de destino cumpliendo la cuarentena impuesta por las autoridades de dicho país computa como días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el extranjero a los efectos de calcular la retribución exenta.

El Tribunal Supremo, en la sentencia 274/2021, de 25 de febrero de 2021 (recurso de casación núm.1990/2019), se pronunció en el fundamento tercero sobre los criterios interpretativos: «Por tanto, el criterio que fijamos es que en la expresión «rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero» contenida en el artículo 7.p) LIRPF deben entenderse comprendidos los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España.» Empleando el razonamiento del Tribunal Supremo por el que resuelve que los días de desplazamiento al país de destino deben computarse para calcular los rendimientos exentos, el tiempo que el trabajador permanece en el país de destino cumpliendo la cuarentena impuesta computará igualmente a efectos de determinar los días de desplazamiento en el extranjero para calcular los rendimientos que estarán exentos.

 

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  • Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 2021: Derecho a compensar una mayor base imponible negativa en el Impuesto sobre Sociedades siempre dentro de los límites legales cuantitativos de aplicación

 En esta sentencia se evalúa un supuesto en el que un contribuyente, en el marco de una regularización tributaria, pretende aplicar bases imponibles negativas pendientes en el ejercicio que le regularizan, a lo que la Agencia Tributaria se opone, ya que considera que dichas BINS ya fueron objeto de compensación en ejercicios posteriores, y en el momento de la regularización la base efectiva pendiente de compensar es inferior.

El tribunal da la razón al contribuyente, permitiendo la compensación ante su nueva situación tributaria,  citando la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 1786/2017, de 22 noviembre de 2017, en la que se afirma lo siguiente: “Este Tribunal ha acogido el principio de la íntegra regularización de la situación tributaria, (…) «la regularización ha de ser íntegra, alcanzando tanto a los aspectos positivos como a los negativos para el obligado tributario (F. de D. Segundo)»; se ha considerado que cuando un contribuyente se ve sometido a una comprobación y se procede a la regularización mediante la oportuna liquidación procede atender a todos los componentes, y ello por elementales principios que inspiran un sistema tributario que aspira a responder al principio de justicia. Principio de íntegra regularización que no encuentra limitación según estemos ante actuaciones generales o parciales, pero que, claro está, debe aplicarse dentro de cada marco concreto en el que debe ponderarse, y no puede obviarse que estamos en este caso ante una comprobación de carácter parcial.

Por lo tanto, habrá de atenderse a todos los componentes que conforman el ámbito material sobre el que se desarrolla la actuación inspectora de carácter parcial».

Y lo segundo a señalar es que lo anterior, trasladado al actual caso litigioso, impone que la regularización plasmada en la liquidación litigiosa debe conllevar para el contribuyente al que va dirigida (la entidad recurrente) todos los derechos que son inherentes a la nueva situación tributaria que para él resulta de dicha liquidación practicada como consecuencia de una actividad inspectora».

 

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  • Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de febrero de 2021: Donación a efectos del Impuesto sobre Sociedades en el supuesto de no existir precio cierto en una operación de compraventa.

En esta sentencia, se evalúa un supuesto en el que una sociedad adquiere un inmueble de uno de sus socios e Inspección considera que se trata de una entrega a título lucrativo, es decir, una donación, ya que no se tiene constancia del pago del precio – la operación se realizó en efectivo en oficina bancaria –, además de ser una operación realizada por una persona que tiene relación con la sociedad que, casualmente, sólo ha generado pérdidas desde su constitución.

Se demostró que el valor de mercado del inmueble era superior al de la transmisión, por lo que la entidad debería tributar en el Impuesto sobre Sociedades realizando un ajuste positivo al resultado contable dado que “fiscalmente el ingreso por donación es ingreso del ejercicio, y contablemente este beneficio se va imputando al resultado a lo largo de la vida útil del bien”.

Según el criterio de la Inspección, que emite acuerdo sancionador por el que regulariza la transmisión del inmueble en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, al no haber constancia fehaciente de la transmisión del dinero, ya que al entregarse en efectivo “no se acredita que el dinero fuese efectivamente recibido por el vendedor” y a su vez, este importe no aparece ni en sus cuentas bancarias ni en su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, entiende que se trata de una donación de inmueble a la sociedad, ya que “la donación es un acto de liberalidad por el que cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta”.

 

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  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de enero de 2021: liquidación del IIVTNU (plusvalía) respecto a una finca rústica como acto arbitrario y contrario a los principios de buena Administración y justa tributación .

La cuestión planteada es sobre una finca cuya transmisión se sujetó a gravamen en concepto de IIVTNU como urbana y no como rústica, tal y como defiende el recurrente. Actualmente la jurisprudencia sostiene que los suelos urbanizables carentes de ordenación detallada no merecen la conceptualización de urbanos.

El escenario parte de una radicalmente incorrecta clasificación catastral del suelo. Sin aprobarse figura alguna de planeamiento derivado, se sujetó a liquidación por IIVTNU la transmisión de la finca que nos ocupa, con una cuota tributaria que supera el valor mismo asignado al suelo por el propio Catastro tres años después de la transmisión. Catastro que, en esta última fecha (2017), asigna a la finca la condición de rústica, y la valora en una cifra más de diez veces inferior al valor catastral en base al cual se practicó la liquidación aquí cuestionada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la liquidación del IIVTNU respecto a una finca rústica que carece de toda actuación urbanística es un acto contrario a los principios de buena Administración y justa tributación. Es por eso que no ha habido ninguna plusvalía en la transmisión del terreno de naturaleza urbana, ni siquiera el mismo reunía tal condición, ni se conoce actuación urbanística alguna.

 

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