Medidas Covid 19

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Actualidad laboral Nº 4

Desde el Departamento laboral, les remitimos esta newsletter a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

El Tribunal Supremo ha dictaminado, en su sentencia de 20 de mayo de 2021, que las empresas no están obligadas a realizar test para la detección del Covid-19 al no existir una previsión legal que imponga tal obligación, confirmando el criterio que anteriores sentencias dictadas en febrero y abril de este mismo año. En el caso enjuiciado, se planteaba la obligación de realizar dichas pruebas a trabajadores que prestaban servicios en empresas de transporte y asistencia de emergencias sanitarias en el País Vasco que hubieran estado en contacto directo o indirecto con pacientes Covid-19. En este sentido, si bien inicialmente la Audiencia Nacional estimó en parte la demanda interpuesta por el sindicato ELA y condenó a la empresa al cumplimiento de dicha obligación (realización de test rápidos o pruebas PCR a este colectivo), el Tribunal Supremo ha concluido que no existe tal obligación al no existir ninguna norma que así lo prevea. 

La Audiencia Nacional dictó el pasado 10 de mayo de 2021 una sentencia que da respuesta afirmativa a la anterior pregunta. En este sentido, concluye que en caso de que se produzcan desconexiones (por ejemplo, de suministro de luz o internet) que impidan la prestación de servicios y que sean ajenas a la persona trabajadora, la empresa deberá computar dicho tiempo como efectivo de trabajo, sin que sea posible exigir a la persona trabajadora que recupere ese tiempo ni tampoco sufrir descuento alguno en sus retribuciones. Para ello, la Audiencia Nacional indica que la persona trabajadora debe aportar justificación de la empresa suministradora del servicio sobre la existencia y duración de la incidencia.

El Tribunal Supremo concluye que, independientemente de que el cese sea calificado como desistimiento o como despido improcedente, la empresa estará obligada a abonar también la indemnización por preaviso siempre que la empresa opte por la rescisión indemnizada del contrato. En este contexto, el Tribunal Supremo concluye que, lo contrario, produciría una situación de evidente perjuicio para el alto directivo ya que permitiría al empleador la posibilidad de eludir el cumplimiento de su obligación contractual de preavisar mediante la imputación de una causa extintiva del contrato inexistente sin coste de preaviso.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, de fecha 11 de mayo de 2021, pronunciándose en sentido afirmativo a la anterior pregunta. En el supuesto analizado, la trabajadora fue readmitida en la empresa y solicitó el disfrute de vacaciones devengados en el periodo comprendido entre el despido y la fecha de reincorporación, denegando la empresa la petición de la trabajadora bajo el pretexto de que la norma únicamente obliga al abono de los salarios de tramitación, y alegando que, como no ha habido una prestación efectiva de servicios, no se atiende a la finalidad de descanso que tienen las vacaciones. El Tribunal Supremo, tomando como referencia pronunciamientos anteriores del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, concluye que el periodo de tramitación (periodo comprendido entre la fecha del despido y la reincorporación) debe asimilarse a un periodo de trabajo efectivo a todos los efectos, incluyendo las vacaciones. Asimismo, añade que debe tenerse en cuenta que la ausencia de disfrute de las vacaciones en estas circunstancias no ha dependido de la libre voluntad de la trabajadora. Finalmente, considerando que, en el caso enjuiciado, el periodo de vacaciones objeto de análisis correspondía a 2018, el Tribunal Supremo concluye que la empresa deberá compensar los días solicitados con una cuantía económica equivalente.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora que se negó a ponerse correctamente la mascarilla y se encaró con un cliente que le recriminó su actitud. En concreto, la trabajadora fue despedida después de que una clienta se dirigiera a la responsable de la tienda para quejarse de que la persona que estaba atendiendo en la pescadería le había respondido mal cuando la clienta le indicó que no llevara correctamente puesta la mascarilla (la llevaba por debajo de la nariz), verificando la encargada que la queja de la clienta era cierta al admitir la trabajadora los hechos. Concretamente, la trabajadora increpó a la clienta diciéndole, entre otras cosas, que “ella no era la policía para decirle lo que podía hacer”, “si no te gusta, te vas” o “si quieres lo arreglamos en la calle, sin uniforme”. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria concluye que el despido es procedente, implicando la conducta de la trabajadora una falta muy grave debido a que el uso incorrecto de la mascarilla, además de suponer una desobediencia, pone en riesgo la salud propia, de los clientes y compañeros, además de ser desconsiderada e inaceptable. Asimismo, la sentencia considera que, la conducta de la trabajadora vulnera las normas de seguridad alimentaria, así como la no utilización de equipos de protección individual. Por último, la sentencia califica como inaceptable las faltas de respeto a la clienta.

En cualquier caso, antes de implementar un despido por causas similares, deberá analizarse el caso concreto.

El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ha dictado una sentencia, de fecha 6 de mayo de 2021, en la que concluye que la Tesorería General de la Seguridad Social puede, por sí misma, determinar la actividad principal de una empresa para fijar su código CNAE ya que ello tiene un impacto a efectos de cotización por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). La sentencia concluye que, por supuesto, a efectos de determinar esta actividad principal, la Tesorería General de la Seguridad Social deberá atenerse al criterio legal de la actividad económica principal existente en la empresa en cuestión.

El Tribunal Supremo analiza, en sentencia dictada el pasado 20 de abril de 2021, el caso de una trabajadora que se hizo un esguince durante una pausa. La sentencia concluye que el hecho de que el esguince se produjera durante la pausa evidencia una relación directa y necesaria entre la situación en la que se encontraba la trabajadora y el tiempo y lugar de trabajo. Por tanto, entiende el Tribunal Supremo que queda acreditado que el accidente se produjo con ocasión de la prestación de servicios para la empresa y que, por tanto, debe considerarse como accidente de trabajo.

 

ACTUALIDAD

  • Reforma laboral: El Gobierno continúa debatiendo con los agentes sociales el proyecto de reforma laboral que prevé aprobar antes del 31 de diciembre de este año. Uno de los puntos que se plantea es el endurecimiento de los despidos de los trabajadores temporales. En concreto, el Gobierno propone incluir una nueva causa de despido nulo (con la consecuente obligación de reincorporación y abono de salarios de tramitación) en caso de que la contratación temporal se haya realizado sin causas justificativas de temporalidad.

  • Contratación temporal: La tasa de temporalidad en España, superior al 25%, es una de las mayores de toda Europa.

  • ¿Han aumentado las demandas por despido debido a la Covid-19? ¿Y las de cantidad? El pasado 7 de junio de 2021, el Consejo General del Poder Judicial publicó un informe estadístico analizando estas cuestiones. En dicho informe se concluye que, en el primer trimestre del 2021, se presentaron un total de 31.461 demanda por despido en España. Es decir, un 12,6% más que las presentadas en el primer trimestre de 2020. En lo referente a las demandas de reclamación de cantidad, en el primer trimestre de 2021 se presentaron un total de 34.356 demandas de esta materia, aumentando en un 6% las presentadas en el primer trimestre de 2020.

  • La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado un nuevo boletín de noticias RED en el que explica cómo beneficiarse de las exoneraciones en los nuevos ERTEs por impedimento y limitación tras el RDL 11/2021. Enlace.

  • Gastos de teletrabajo: la Seguridad Social ha habilitado en el Sistema RED un concepto retributivo específico para comunicar los gastos de teletrabajo. Para que esta compensación de gastos de teletrabajo se comunique en los ficheros CRA, se ha creado el concepto 0062 “Gastos de teletrabajo”, que llevará asociado en el indicativo inclusión BBCC el valor “E” al ser un gasto excluido de la base de cotización de la Seguridad Social.

 

 

Actualidad laboral nº 3

Desde el Departamento laboral, le remitimos el boletín de actualidad de mayo a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

 

El Tribunal Supremo analiza el alcance de la duración de un permiso retribuido por intervención quirúrgica de familiar mejorado por convenio colectivo cuando su disfrute coincide con días de descanso semanal. En concreto, se analiza si la ampliación por convenio colectivo (sin limitarla a días naturales o laborales) de la duración legalmente prevista para un permiso por intervención quirúrgica de familiares, debe computarse en días hábiles o naturales. En este contexto, el Tribunal Supremo concluye que los días de permiso retribuido por operación de familiar de primer grado han de ser necesariamente días hábiles porque, si no fuera así, no sería necesario ausentarse del trabajo. Por tanto, concluye que, en aquellos casos en los que el disfrute coincida con el descanso semanal, debe concederse permiso los días siguientes al descanso semanal hasta cumplir los 4 días hábiles convenidos (equiparándolo a cuando el hecho causante se produce en día festivo, en cuyo caso el permiso se comienza a disfrutar el primer día hábil).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado procedente el despido por faltas injustificadas de una persona trabajadora que no se reincorporó a su puesto de trabajo tras un ERTE por fuerza mayor. Asimismo, y siendo que el despido es declarado procedente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, desestima que se haya producido un incumplimiento de la cláusula de salvaguarda de empleo, argumentando que la propia cláusula excluye las situaciones de despido declarado procedente, como sucede en el supuesto enjuiciado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una interesante sentencia en la que desestima la declaración de nulidad de un despido de una persona trabajadora que solicitó una reducción de jornada por guarda legal al tener conocimiento de que la empresa iba a proceder a su despido. La persona trabajadora había sido convocada a una reunión en las oficinas y conocía que iba a ser despedida. Por tanto, y con el objetivo de blindarse ante el despido, evitó la comunicación del cese ese día para anticiparse y notificar a la empresa una solicitud de reducción de jornada. Tras la práctica de la prueba realizada en juicio, siendo que le empresa llevaba días preparando la tramitación del despido y que la posibilidad de despido ya se había comentado con la persona trabajadora, habiéndole concedido la empresa dos meses para que se produjera un cambio en su rendimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que, en el caso analizado, no cabe aplicar la protección especial frente al despido por reducción de jornada.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha declarado improcedente el despido de una persona trabajadora por negarse a realizar un viaje encomendado por la empresa. En el caso enjuiciado, la empresa comunicó a la persona trabajadora que tenía que realizar un viaje a Inglaterra, quien se negó a realizar el viaje sin explicación alguna e inició, ese mismo día, situación de baja médica. Considerando lo anterior, la empresa procedió a despedir al trabajador por desobediencia. Con posterioridad al despido, la empresa conoció que la persona trabajadora era paciente de riesgo por COVID 19, y presentaba una patología diagnosticada. La empresa argumenta que desconocía la patología y que la decisión se tomó, exclusivamente, considerando la desobediencia. La sentencia argumenta que la desobediencia ha existido, pero se ha visto desvirtuada debido a que era paciente de riesgo ante el COVID 19 (cuestión que la persona trabajadora omitió para justificar la negativa). Considerando las circunstancias y analizando los requisitos propios de la desobediencia (grave, injustificada y trascendente) el TSJ de Galicia declara el despido improcedente.

La Audiencia Nacional ha concluido que es válido que la empresa exija la previa autorización del responsable para que una persona trabajadora pueda prestar servicios más allá de su jornada ordinaria. A pesar de que los sindicatos alegaban que la cláusula no era válida porque lo que la empresa buscaba era no computar ese tiempo como hora extraordinaria, la Audiencia Nacional concluyó que es posible que la jornada se prolongue sin necesidad de que se produzcan horas extraordinarias, que únicamente se producirán en caso de que se supere la jornada máxima anual. Por tanto, la Audiencia Nacional concluye que la cláusula es válida.

La Dirección General de Trabajo ha dictado Oficio en el que concluye que corresponde a la empresa de trabajo temporal la obligación legal de registro retributivo y auditoría retributiva de las personas trabajadoras que tenga contratadas (con independencia de la forma de contratación y centro de trabajo). Por tanto, la empresa de trabajo temporal deberá llevar el registro retributivo de toda su plantilla, tanto del personal de estructura como de su personal contratado para ser puesto a disposición de empresas usuarias. Como consecuencia, las empresas usuarias no tendrán que incluir al personal puesto a su disposición por empresas de trabajo temporal en su registro retributivo.

 El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco analiza si el infarto de miocardio sufrido por una persona trabajadora en su domicilio mientras teletrabajaba debe considerarse como contingencia común o profesional.  En concreto, el horario de trabajo de la empresa era de 8:00 horas a 17:00 horas, sufriendo la persona trabajadora el infarto de miocardio a la 8:30 horas. Como consecuencia, y al tratarse de un hecho súbito que se desencadena en tiempo y lugar de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluye que el infarto de miocardio debe considerarse como accidente de trabajo.

Empresa que establece unilateralmente un sistema de incentivos (no pactado ni individual ni colectivamente con la plantilla) que ha ido variando a lo largo de los años, no habiéndose fijado como inmodificable o consolidado a favor de las personas trabajadoras. Tres años después de su implantación, la empleadora modifica los requisitos para el devengo del bonus, incrementando al alza el número de puntos que deben cumplirse. Tras analizar el caso concreto, el Tribunal Supremo concluye que no es posible calificar el cambio implementado por la empresa como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo ya que la alteración es plena competencia de la empresa, puesto que no ha implementado un sistema invariable o consolidable. Además, el Tribunal Supremo determina que el cambio implementado por la empresa no tiene el carácter de sustancial al ser un cambio mínimo, no habiéndose acreditado que tenga una repercusión negativa en la cuantificación de los resultados.

En cualquier caso, deberá analizarse el caso concreto para concluir si una modificación en la política de bonus puede ser considerada o no como modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

El Tribunal Supremo analiza que el Estatuto de los Trabajadores no regula plazo de preaviso en caso de dimisión de las personas trabajadoras, estableciendo expresamente que los convenios colectivos pueden determinar el preaviso, sin disponer ninguna limitación para el convenio. Por tanto, el Tribunal Supremo concluye que el preaviso de 5 meses establecido en el convenio de controladores aéreos que deben respetar las personas trabajadoras en caso de dimisión es válido puesto que el Estatuto de los Trabajadores no fija ninguna limitación, avalando la sentencia también la penalización establecida en caso de incumplimiento del preaviso.

El Tribunal Supremo ha determinado que la empresa principal no responde solidariamente de las deudas contraídas por el subcontratista con anterioridad a la subcontrata. Asimismo, el Tribunal Supremo añade que la emisión por parte de la empresa subcontratada de los certificados de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social, no exonera a la empresa principal de la responsabilidad solidaria, salvo que pueda acreditarse que, en el momento de emitir el certificado, la Tesorería General de la Seguridad Social estuviera en condiciones de ofrecer una información conforme a la realidad de los descubiertos en Seguridad Social de la empresa subcontratada.

El Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia en la que analiza este supuesto. En concreto, lo analiza en el marco del despido disciplinario de una persona trabajadora que dedicaba en torno a un 30 por ciento de su jornada laboral a cuestiones profesionales, empleando el 70 de la jornada restante a solventar asuntos relativos a su esfera personal, habiendo constatado la empresa estos hechos mediante la monitorización de su ordenador y habiéndose declarado el despido improcedente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras analizar el caso enjuiciado, el Tribunal Constitucional concluye que el despido se produjo a partir de una patente y grave vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ya que su empresa monitorizó el ordenador de la persona trabajadora para controlar su rendimiento laboral, sin informarle previamente de ello, y, a partir de esa actuación, procedió a su despido disciplinario. En este contexto, el Tribunal Constitucional concluye que no existe un derecho fundamental a la calificación del despido laboral como nulo, concluyendo que, en el caso enjuiciado, la calificación que debe darse al despido es de improcedente, sin perjuicio de la posible indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales a la que, en su caso, pueda tener derecho la persona trabajadora.

 

 

ACTUALIDAD

 

  •  ERTES: La prórroga actual de los ERTE finaliza el próximo 31 de mayo. El Gobierno ha planteado a los sindicatos y empresarios una nueva prórroga hasta el 30 de septiembre que está pendiente de consenso y aprobación.

  •  Según los últimos datos de la Seguridad Social, datos del 29 de abril y publicados el pasado jueves 6 de mayo, el número de personas trabajadoras que permanecen en situación de ERTE es de 638.283 personas.

  •  La tasa de paro ascendió al 15,98% en el primer trimestre de 2021, según los datos presentados por el INE en fecha 29 de abril de 2021.

 

 

 

Moratoria de seguros sociales

Hoy ha sido publicada la orden ministerial ISM/371/2020

 El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, estableció medidas encaminadas a apoyar a empresas y autónomos, entre las que se encontraba la establecida en el artículo 34 la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. El citado artículo prevé que los requisitos y condiciones para acogerse a la citada moratoria se   establecerán por Orden Ministerial. Hoy se ha publicado la orden ministerial ISM/371/2020 la cual desarrolla el citado artículo 34 limitando el ámbito de aplicación de la moratoria a determinados sectores de actividad.

 

 ¿En qué consiste exactamente esta medida?

La Tesorería General de la Seguridad Social puede otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones establecidos a través de la Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

La moratoria concedida afectará al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo sea:

  • En el caso de las empresas: esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020.
  • En el caso de los trabajadores por cuenta propia: esté comprendido entre mayo y julio de 2020.

Siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo.

 

 ¿Cuáles son esos requisitos y condiciones establecidos a través de Orden Ministerial?

La Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, ha determinado las actividades económicas que podrán acogerse a esta moratoria en el pago de cotizaciones sociales, de acuerdo con la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).

Así pues, esta medida resultará de aplicación a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia, cuya actividad económica, entre aquellas que no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma, esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009):

  • Otros cultivos no perennes.
  • Otros cultivos perennes.
  • Otras actividades de impresión y artes gráficas.
  • Fabricación de carpintería metálica.
  • Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado.
  • Instalación de carpintería
  • Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco.
  • Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.
  • Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
  • Agencias de publicidad.
  • Actividades odontológicas.
  • Peluquería y otros tratamientos de belleza.

 

¿Cómo habrá de presentarse esta solicitud de moratoria?

  • En el caso de empresas: a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED).

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

  • En el caso de los trabajadores por cuenta propia: a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).

En todo caso, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud.

A estos efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de ésta.

 

¿En qué plazo debo presentar la solicitud de la moratoria a la TGSS?

Deberá comunicarse dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.

 

¿Cuándo sabré si me han concedido la moratoria?

En el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud, a través de los medios anteriormente señalados. No obstante, se considerará aprobada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.

 

¿Existe algún límite para la aplicación de esta moratoria?

Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.

 

¿Me pueden sancionar ante una falsedad o incorrección en los datos facilitados con la solicitud?

Efectivamente, de conformidad con el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Se considerará falsedad o incorrección haber comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social en la solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos establecidos a través de la Orden Ministerial referida anteriormente.

El reconocimiento indebido de moratorias dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses.

 

¿Si no puedo acogerme a la moratoria puedo aplazar los seguros sociales?

Si se pueden aplazar los seguros sociales si no nos encontramos dentro del listado de sectores afectos a la moratoria.

 

¿Quiénes pueden solicitar el aplazamiento del pago de deudas?

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED).

 

¿Qué requisito es indispensable para solicitar el aplazamiento?

Es necesario que la empresa:

  • No tenga deudas con la seguridad social por periodos de liquidación anteriores a marzo, abril o mayo.
  • No tenga concedido un aplazamiento previo que continúe en vigor por no haber sido cancelado aún en su totalidad, en el momento de la nueva solicitud.

 

¿Respecto a qué deudas se puede solicitar el aplazamiento?

Se podrá solicitar el aplazamiento de los periodos de liquidación de marzo, abril y mayo, a ingresar respectivamente en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

 

¿Cuándo debe presentarse la solicitud de aplazamiento?

La solicitud de aplazamiento de cada periodo de liquidación debe efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso. Por lo que:

  • El aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de abril se podrá solicitar entre el 1 y el 10 de mayo.
  • El aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de mayo se podrá solicitar entre el 1 y el 10 de junio.

 

¿Será de aplicación algún tipo de interés?

Se aplicará un interés del 0,5%. No obstante, se trata de un interés menor del habitual, interés de demora el cual es el 3,75%.

 

¿Durante el periodo comprendido desde la solicitud del aplazamiento hasta su resolución en que situación se encuentra la empresa o el trabajador autónomo?

Se produce la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el aplazamiento y el deudor se considera al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

 

 ¿Cómo se amortiza la deuda?

Se amortizará mediante pagos mensuales con un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

 

En caso de tener alguna pregunta no duden en ponerse en contacto con el departamento laboral, donde quedamos a su disposición

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (artículo 35 del RDL 11/2020).

 

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, viene a reforzar, complementar y ampliar las medidas previstas hasta ahora, con el objetivo de seguir salvaguardando y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar el impacto y de facilitar la pronta recuperación de la actividad económica una vez empiece a remitir esta situación extraordinaria que estamos atravesando como consecuencia del COVID-19.

Este nuevo Real Decreto-ley, entre otras cuestiones, contiene un conjunto de medidas encaminadas a apoyar a empresas y autónomos, entre las que se encuentra la establecida en el artículo 35, a través de la cual, el Gobierno ha habilitado a la Seguridad Social para que autorice un aplazamiento de pago de las deudas a las empresas y autónomos.

 

¿Quiénes pueden solicitar el aplazamiento del pago de deudas?

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED).

 

¿Qué requisito es indispensable para solicitar el aplazamiento?

Es necesario que la empresa:

  • No tenga deudas con la seguridad social por periodos de liquidación anteriores a marzo, abril o mayo.
  • No tenga concedido un aplazamiento previo que continúe en vigor por no haber sido cancelado aún en su totalidad, en el momento de la nueva solicitud.

 

¿Respecto a qué deudas se puede solicitar el aplazamiento?

Se podrá solicitar el aplazamiento de los periodos de liquidación de marzo, abril y mayo, a ingresar respectivamente en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

 

¿Cuándo debe presentarse la solicitud de aplazamiento?

La solicitud de aplazamiento de cada periodo de liquidación debe efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso. Por lo que:

  • El aplazamiento de las deudas correspondientes al periodo de liquidación de marzo se podrá solicitar entre el 1 y el 10 de abril.
  • El aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de abril se podrá solicitar entre el 1 y el 10 de mayo.
  • El aplazamiento de las cuotas correspondientes al periodo de liquidación de mayo se podrá solicitar entre el 1 y el 10 de junio.

 

¿Será de aplicación algún tipo de interés?

Se aplicará un interés del 0,5%. No obstante, se trata de un interés menor del habitual,  interés de demora el cual es el 3,75%.

 

Para más información, dejamos a su disposición el enlace al Boletín Noticias Red 

 

 

 

 

Una nueva orden obliga a todos los autónomos a incorporarse al Sistema RED

(Sistema de Remisión Electrónica de Datos en la Seguridad Social)

 

 PLAZO PARA DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA RED

 La Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, da un plazo máximo de seis meses, hasta el 31 de agosto, para que los autónomos fuera del sistema RED se den de alta en el mismo.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR EN LA TGSS

 En ese plazo, los autónomos fuera del sistema RED tendrán que presentar en la Tesorería General:

  • una fotocopia del DNI,
  • la documentación que acredite que está dado de alta como autónomo, y
  • una solicitud de autorización para acceder al sistema, caso de no tener habilitado el certificado digital.

 

POSIBILIDAD DE REPRESENTACIÓN

 Las actuaciones administrativas, para el intercambio de datos o documentos en el Sistema RED, podrán llevarse a cabo por los sujetos responsables del cumplimiento de las obligaciones enumerados, bien en nombre propio o bien por medio de un representante.

Es decir, el autónomo podrá delegar su representación a través del modelo FR.103 a un representante legal para acceder a todos sus datos.

 

TRAMITES A GESTIONAR A TRAVÉS DEL SISTEMA RED

 El sistema RED es un servicio gestionado por la TGSS para el intercambio electrónico de datos o documentos, así como para la comunicación de actuaciones administrativas entre ésta y los autorizados para ello, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social por parte de los sujetos responsables en las siguientes materias (art.1.1, en la redacción de la OM ESS/214/2018, 1 marzo):

  • Inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, cotización y recaudación de empresas y trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social en los términos y condiciones previstos en cada momento por la normativa aplicable en estas materias.
  • Comunicación de partes médicos de baja, de confirmación de la baja y del alta correspondiente a procesos de incapacidad temporal cuya gestión esté encomendada a la entidad gestora o a la MCSS, en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.
  • Tramitación de las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, tramitación de la prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, de las que sean beneficiarios los trabajadores por cuenta propia.

 

La entrada en vigor de esta Orden se aplaza hasta el 1 de abril de 2018.

Seminario sobre las Novedades de interés para autónomos y emprendedores

El próximo martes 19 de diciembre tendrá lugar el Seminario sobre las Novedades de interés para autónomos y emprendedores en horario de 9:15 a 10:45 h

Oliva Vallejos , Responsable de Desarrollo de Negocio de ARPA Accounting, analizará en detalle las medidas más importantes establecidas en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo destinadas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora y hacer más atractivo el empleo autónomo. La Ley responde a las múltiples demandas que se venían haciendo desde las Asociaciones de Autónomos para intentar conseguir una mayor estabilidad y permanencia de los más de tres millones de autónomos y dotar de alternativa al escaso crecimiento del empleo por cuenta ajena.

Aunque la entrada en vigor se establece con efectos del día 25 de octubre, el grueso de las medidas lo harán de manera efectiva a partir de enero de 2018.

El programa de la jornada será el siguiente:

  • Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y su ámbito de aplicación
  • Novedades en el ámbito de la Seguridad Social
  • Novedades en el ámbito Fiscal
  • Medidas pendientes de desarrollo reglamentario
  • Medidas pendientes

Si desea inscribirse o necesita más información, puede hacerlo pinchando aquí.

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