Medidas Covid 19

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Dos primeras sentencias en Navarra confirman el régimen sancionador por quebrantar el confinamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha informado sobre dos sentencias dictadas por los Juzgados nº 1 y nº 2 de lo contencioso-administrativo de Pamplona confirmando el régimen jurídico y el procedimiento aplicado por las autoridades por incumplir el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaraba el estado de alarma e imponía el confinamiento obligatorio de la población mediante la limitación a la libertad de movimientos.

Independientemente de la casuística de cada sentencia, cuyas circunstancias, según constatan los jueces van a estudiarse caso por caso atendiendo a las “particulares circunstancias concurrentes”. De tal modo que, en uno de los supuestos se ha estimado el recurso de un ciudadano que fue multado por pasear a su perro a más de un kilómetro de distancia de su domicilio, extremo que no quedó acreditado, por otro lado, se ha mantenido la sanción a un ciudadano que paseaba sin causa justificada.

Ambos jueces avalan el procedimiento sancionador seguido y la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC). Así, es destacable el precedente judicial que se deja en relación a la aplicación del artículo 36.6 de la LOPSC, ya que ese precepto ha resultado ser el más utilizado por los agentes de policía durante el estado de alarma ante incumplimientos del confinamiento, al regular la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

El problema aplicativo del artículo 36.6 de la LOPSC, era determinar quién era la autoridad en el estado de alarma y, sí como afirmaba la doctrina en el orden penal y administrativo sancionador, era necesario e imprescindible un previo requerimiento expreso por la autoridad pertinente para constatar la desobediencia o la resistencia a la misma. Así lo entendió, la Abogacía General del Estado en su Informe de 2 de abril de 2020, el cual señalaba, entre otros términos, que “Así las cosas, el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015. Dicha infracción concurrirá cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad, y el particular desatienda dicho requerimiento.”

Pues bien, la postura del Juzgado de lo contencioso-administrativo entiende que no es necesario dicho requerimiento, ya que al constituirse el Gobierno como la autoridad competente (art.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) las medidas limitativas de la libertad de circulación contenidas en dicho Real Decreto, constituyen órdenes del Gobierno, directas y expresamente dirigidas a los ciudadanos que son adoptadas por la autoridad competente, esto es, por el Gobierno y aplicadas por los agentes de policía en virtud del artículo 5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En este sentido, señala la sentencia que “El argumento de la parte recurrente parte de una premisa errónea al no distinguir entre la autoridad y sus agentes. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinó, en el artículo 4, la autoridad competente”.

Por ello, considera que “las conductas contrarias a lo dispuesto en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma suponían desobediencia a la autoridad, sin resultar necesario un previo requerimiento”.

En consecuencia, los juzgados y tribunales se van pronunciando sobre las medidas limitativas excepcionales del estado de alarma con posturas que obligan estar muy atentos a la interpretación y aplicación que los mismos, en ejercicio de su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, realizan sobre las órdenes, actos, acuerdos y medidas de las autoridades administrativas en el estado de alarma.

 

 

Situación laboral tras la aprobación del Real Decreto 463/2020.

Situación laboral tras la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En la presente nota informativa se analizan las cuestiones laborales derivadas de la aprobación del Real Decreto. Como toda nueva norma y todavía más en la nueva situación generada a la que nunca nos hemos enfrentado, no se conocerá la interpretación jurídica de la misma hasta que los Tribunales tengan ocasión de pronunciarse, o hasta que la administración aclare algunas cuestiones vía criterio interpretativo. No obstante, se pueden dar una serie de pautas acerca de las consecuencias que tiene esta norma, teniendo en cuenta que el próximo martes han sido anunciadas una serie de medidas en varios ámbitos, y especialmente en el laboral.
Tras la aprobación del Real Decreto respecto de la situación generada se derivan diferentes situaciones laborales que deben abordarse:  

1) En primer lugar, existe obligación de acudir a trabajar. Para ello no se regula limitación en la circulación para acudir al puesto de trabajo, ni se impone la obligación de teletrabajar a ninguna de las partes.

 
Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.:

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • Retorno al lugar de residencia habitual.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Se aconseja por tanto dotar a las personas trabajadoras del correspondiente certificado que justifique la movilidad de ellas por las vías públicas. Se adjuntan modelos de certificados para el supuesto de trabajador/a que presta servicios en las instalaciones de la empresa y para aquellos o aquellas que sus servicios se desarrollan en instalaciones del cliente.(Pinche aquí para descargar los modelos)

2)  En segundo lugar se suspende la actividad de determinadas actividades
 
Artículo 9. Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.

  • Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.
  • Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

  • Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.
  • La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.
  • Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.
  • Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
  • Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares

No conocemos todavía la interpretación que de estos artículos hará la autoridad laboral, si bien, la redacción dada debiera habilitar la tramitación de un Expediente de regulación de empleo de suspensión de contrato por fuerza mayor (ERTE).

Se debe observar que las administraciones públicas están o estarán saturadas, y que la resolución administrativa que debe constatar la existencia de fuerza mayor del ERTE, puede ser positiva o negativa. Por ello deberá tenerse especial cuidado con la utilización de esta causa de suspensión de contratos, so pena de verse obligadas las empresas a abonar salarios sin recibir producción a cambio.

Tal como explicó en rueda de prensa el presidente del Gobierno, el martes se espera que sean aprobadas normas de flexibilidad interna para facilitar el mantenimiento del empleo y apoyo a la empresa entre las cuales podrían estar los ERTE tramitados como consecuencia directa de la crisis de coronavirus para los que se contemple la exoneración de cotización a las empresas y la reposición de las prestación por desempleo consumida por los trabajadores durante esta situación. Estos extremos habrá que esperar en su caso a que se confirmen.

Como avanzábamos en nuestras anteriores publicaciones las adecuaciones necesarias pueden llevarse a cabo con otras medidas menos agresivas que se expondrán posteriormente o con un ERTE por causa productiva que con acuerdo pudiera otorgar mayor seguridad jurídica a la situación y acortar los plazos de aplicación, ya que, en este caso concluido el procedimiento habilita a la empresa a su aplicación.
 

3) En tercer lugar, mención específica requiere el sector del transporte de viajeros en el que no se suspende la actividad si bien se limita debiendo en este caso ser especialmente cuidadosos con la causa utilizada para tomar las medidas colectivas como un ERTE

Artículo 14. Medidas en materia de transportes.
2. Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior:

  • En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto.
  • Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes: i. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %. ii. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %. iii. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %. iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %. v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %. Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán modificar los porcentajes de reducción de los servicios referidos anteriormente y establecer condiciones específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario
  • Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte. El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos. Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
  1. Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir con los porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente posible entre los distintos servicios que prestan y podrán plantear al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuantas cuestiones requieran interpretación o aclaración. Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los porcentajes establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más rápido posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días.

    4. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.

    En estos supuestos en los que se produce una reducción del servicio, puede contemplarse la tramitación de un ERTE tanto de suspensión como de reducción de la jornada de trabajo, analizando en estos casos la modalidad que organizativamente resulte más óptima para el servicio.
     

4) En cuarto lugar, salvo en los sectores anteriormente mencionados nuestro criterio es el mantenimiento de las recomendaciones dadas hasta la fecha por este despacho:

  1. Se recomienda TELETRABAJO si es posible, se requiere acuerdo con el trabajador o adhesión a la medida, pese a que en el borrador filtrado el sábado hablaba de su obligatoriedad.
  2. PERMISO RETRIBUIDO O NO: En caso de permiso no retribuido, requiere solicitud de la persona trabajadora, continúa de alta en la empresa y se mantiene la obligación de cotizar por la base mínima de cotización
  3. BOLSA DE HORAS: Acuerdo con el trabajador o acuerdo de empresa en el que el trabajador se comprometa a recuperar las horas dejadas de trabajar en otro momento (definir cuando se produce la recuperación)
  4. CONSUMO DE VACACIONES: Puede dar lugar a problemas si existe limitación de movimiento.
  5. Utilización de los DÍAS DE EXCESO DE CALENDARIO (el descanso compensatorio del número por las horas adicionales a la jornada establecida en convenio colectivo): En este caso debe existir acuerdo con la representación legal de los trabajadores o en su defecto con los trabajadores o trabajadoras.
  6. SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO DE MUTUO: suspensión de la obligación de trabajar y de retribuir el trabajo durante el periodo que dure la cuarentena como regla general no subsiste la obligación de cotizar.
  7. Excedencias o reducciones de jornada por cuidado de hijo o hija menor de 12 años o personas dependientes. En estos casos se dejar de percibir salario si bien a efectos de la mayoría de prestaciones se considera dicho periodo como cotizado o en el caso de reducción incrementado hasta el 100% de la jornada que tuviese la persona trabajadora.
  8. Adaptaciones de jornada (establecimiento de turnos, cambios horarios… etc)  bien por acuerdo con el trabajador o a solicitud del trabajador /a al amparo del artículo 34.8 del E.T.
  9. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Por causa productiva y organizativa, debiéndose analizar las causas por la que se debe interrumpir el servicio y seguirse los trámites normales de un expediente de regulación de empleo de suspensión de contratos, mientras estos no sean modificados a lo que habrá que esperar como mínimo al próximo martes.

En estos casos, como siempre se recomienda acudir con acuerdo escrito a fin de evitar en la medida de lo posible riesgos judiciales y acortar los plazos.
 
Asimismo, informamos que ha sido dictada la ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus, (COVID-19) la cual reproduce las acordadas en el Decreto de declaración de estado de Alarma.

Por último, mencionar que ha sido emitido un comunicado por CEOE / CEPYME en el que se expresa la necesidad de que por el Gobierno de España se adopten  medidas urgentes de índole laboral, entre otras: la simplificación y agilización de los ERTEs con efecto retroactivo y su reconocimiento de concurrencia de fuerza mayor, la suspensión de la obligación de pago de cotizaciones de la empresa y el acceso a la protección por desempleo a las personas trabajadoras sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio de futuras prestaciones por desempleo.
 
En resumen, la situación de estado de alarma declarada para los próximos 15 días probablemente sea superior en el tiempo y sea prorrogada hasta que la situación sanitaria remita. Por ello se recomienda establecer la fórmula que mejor se adapte a cada situación.

Para ello, desde Arpa Abogados Consultores ponemos a su entera disposición todos nuestros servicios, a través de todos nuestros profesionales, por medio del teléfono 948210112 y del correo electrónico que figuran al pie de esta nota. Hoy domingo y los fines de semana envíen un correo con su nombre y teléfono y nos pondremos en contacto a la mayor celeridad. Y en todos los aspectos laborales, todo el equipo del departamento laboral está a su disposición, a través de los siguientes correos electrónicos Olivier Izal, Patricia Granados, Marta Hernández y Marta Montes (en nuestra sede de Pamplona), Fermín Huarte (en ARPA Accounting ) y Amaia Guridi (en nuestra sede de San Sebastián) .

 

 

Declaración del estado de alarma: resumen de las medidas aprobadas

Con ocasión de la grave crisis sanitaria que padecemos, ayer sábado día 14 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En el mismo se adoptan medidas que se encuadran en la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, en la contención de la progresión de la enfermedad, y en el reforzamiento del sistema de seguridad pública, con el objetivo de mitigar el impacto sanitario, social y económico de la crisis. Dichas medidas son de inmediata aplicación, por cuanto se ha dispuesto que la entrada en vigor del Real Decreto sea en el momento de su publicación.

Así, cabe destacar la adopción de las siguientes medidas:
 
Autoridad competente.
A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.

Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en el Real Decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio.

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.
 
Colaboración con las autoridades competentes delegadas.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el Real Decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
 
Limitación de la libertad de circulación de las personas.
Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

  • Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
  • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • Retorno al lugar de residencia habitual.
  • Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
 
Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el Real Decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales.
En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines del Real Decreto.
 
Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.
Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de: los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura este autorizada debe ser la estrictamente necesaria para adquirir productos de alimentos y productos de primera necesidad quedando suspendida el consumo de otros productos.
 
Se suspende la apertura al público de museos, archivos bibliotecas, y locales con espectáculos, actividades deportivas y ocio.
 
Se contempla un anexo con la relación de equipamientos y actividades cuya apertura queda suspendida.
 
Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:

  • Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
  • Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.
  • Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria. 

Medidas en materia de transportes.
Con carácter general, los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo, reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50%.
 
Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.
Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar:

  • El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados.
  • Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.

Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el presente artículo.
 
Operadores críticos de servicios esenciales.
Los operadores críticos de servicios esenciales adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.
Dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.
 
Medidas en cuanto a la suspensión de plazos.

  • Plazos procesales.

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

Se establecen excepciones a la suspensión para la jurisdicción penal y el resto de jurisdicciones.

No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.
 

  • Plazos administrativos.

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma. Aunque la interpretación más lógica nos llevaría a concluir que los procedimientos tributarios también se verían afectados por esta suspensión, por razones de prudencia habrá que esperar a que la administración tributaria lo aclare y especifique procedimientos y plazos.
 

  • Plazos de prescripción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Cabe hacer aquí la misma advertencia anterior respecto de los procedimientos tributarios
 
 Estas medidas afectan a todo el territorio nacional, y su duración es de quince días, si bien el Congreso de los Diputados puede autorizar una prórroga

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