Medidas Covid 19

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Legislación al día COVID-19

A continuación le informamos todo lo que se publique en los Diarios y Boletines Oficiales del Estado, Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León por si pudiera ser de utilidad.

 

Legislación al día 26/11/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 19/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


 

Legislación al día 5/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al  día 30/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 28/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 27/10/2020

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día  23/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 19/10/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 15/10/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día  14/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 13/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 08/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  30/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  24/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco


Legislación al día  21/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día  16/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día  07/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día  12-14/08/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava

 


Legislación al día 05/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 03/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día 30/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día 27/07/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 24/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 01/07/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 30/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


 

Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado


Legislación al día 25/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 24/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 23/06/2020

 Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 22/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día  19/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 17/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 16/06/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 14 y 15/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 12/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 10/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 09/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 6-8/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


 

Legislación al día 04/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día  03/06/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 02/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 01/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

 


Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 28/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al 27/05/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 26/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 25/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 22/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 21/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 20/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 19/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 16, 17 y 18/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 15/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 14/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 13/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 12/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


Legislación al día 9-10-11/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 08/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 07/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 06/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 



Legislación al día 05/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día 01,02,03 y 04/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)


Legislación al día 30/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 29/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


 

Legislación al día: 28/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 27/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día: 24/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 23/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

 


Legislación al día: 22/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 

 


Legislación al día: 21/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 18-20/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y Leon (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 17/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 16/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 15/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 11-12-13/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 09/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 08/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 07/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 04-05-06/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día: 03/04/20

 

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 02/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Vizcaya (BOV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 

 


Legislación al día: 01/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30-31/03/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día: 28/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 26-27/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 26/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día: 25/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 


Legislación al día: 24/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 22-23/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 20-21/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 19-20/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 18/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19.

 


 

Legislación al día: 17/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 15 y 16/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

 

Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias

A continuación, les resumimos las principales medidas contenidas en el proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias de 4 de noviembre, remitido al Parlamento y que, pese a no estar publicado todavía, ya se ha puesto a disposición de los contribuyentes en el portal de la Hacienda Tributaria de Navarra

Quedamos a su disposición para profundizar en cualquiera de las mismas que pudiera resultar de su interés.

A) PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS

IRPF

  1. Se declara la exención de las siguientes rentas con efectos 1-1-2021:
    • Prestaciones percibidas de entidades de previsión social voluntaria por las personas socias trabajadoras de las cooperativas (se equipara el tratamiento fiscal al de las prestaciones de la Seguridad Social o de las mutualidades de previsión social por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez).

    • Mínimo vital, para que tenga el mismo tratamiento que la renta garantizada.

    • Becas, ayudas al transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación.

  1. Rendimientos de trabajo:

    • Se especifica que determinadas retribuciones en especie lo son, pero se declaran exentas. No supone cambio en la tributación, únicamente en la calificación.

  2. Rendimientos de actividades económicas: con efectos desde 1-1-2021

    1. Se suprime el régimen de estimación objetiva en la determinación del rendimiento de las actividades empresariales y profesionales, sustituyéndose por un régimen de estimación directa especial.

    2. Características del régimen de estimación directa especial:

      1. Se aplicará si el importe de la cifra de negocios no supera:

        • Actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras: 300.000€

        • Resto actividades que apliquen recargo de equivalencia o régimen simplificado del IVA: 150.000€

      2. Se minorarán los ingresos con los gastos, pero no serán deducibles provisiones, amortizaciones, gastos de arrendamiento y cesión de elementos de transporte y maquinaria agrícola.

      3. Podrán deducir el rendimiento neto en:

        • 10% con carácter general

        • 35% en actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras

        • 45% en actividades de transporte de mercancías por carretera

      4. Será obligatorio llevar un libro de registro de ventas e ingresos y de compras y gastos.

      5. El régimen de renuncias y revocaciones será el mismo que para la estimación directa simplificada.

  3. Transmisión de empresa familiar: con efectos 1-1-2020, el requisito del mantenimiento del plazo de 5 años por parte del adquirente no se va a considerar incumplido, además de en el caso de fallecimiento (ya previsto actualmente), en el caso de que al adquirente se le reconozca una situación de invalidez absoluta o gran invalidez.

  4. Transparencia Fiscal internacional: imputación al socio de una serie de categorías de rentas obtenidas y no distribuidas por la filial extranjera controlada: rentas obtenidas por establecimientos permanentes en el extranjero, rentas derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras.

  5. Límites máximos de reducciones de la base imponible por aportaciones y contribuciones empresariales a planes de previsión social: con efectos 1-1-2021 se reduce a 2.000€ el límite general y a 5.000€ el límite para mayores de 50 años. Se eleva a 5.000€ el límite propio e independiente establecido para las contribuciones empresariales que hayan sido imputadas a partícipes.

  6. Cooperativas: obligación de que informen sobre las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de las aportaciones sociales.

  7. Nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales:

    1. Obligación de suministro de información sobre los saldos (tenencia) que mantienen los titulares de monedas virtuales: declaración de las entidades que prestan un servicio de custodia de dichas monedas virtuales a sus propietarios:

      • La obligación recaerá sobre personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombres de terceros, así como mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

      • La información que deba ser objeto de suministro se referirá a la totalidad de las monedas virtuales, comprendiendo los saldos en cada moneda virtual diferente y en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

    2. Obligación de suministrar información acerca de las operaciones con monedas virtuales: adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.

      • Además de los sujetos obligados a la anterior obligación, afectará también a quienes proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones.

      • También a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales (ICO), respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

  1. Porcentajes de reducción del rendimiento neto en estimación directa especial superiores para el año 2021:

      • 50% (en lugar del 45%) para las actividades de transporte de mercancías por carretera.

      • 20% (en lugar del 10%) para las actividades de hostelería y restauración.

  1. Plazo extraordinario de renuncia al régimen de estimación directa especial: 31-3-2021.

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  1. Impuesto de salida: cuando una entidad residente en territorio español cambia de residencia, debe integrar la renta asociada a las plusvalías tácitas incorporadas a los elementos de los que sea titular, para ser gravadas en territorio español. Hasta ahora se preveía la posibilidad de que, si el cambio de residencia se efectuaba a otro Estado miembro o un país que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el contribuyente podía solicitar aplazamiento del pago del impuesto de salida hasta la fecha de transmisión a terceros de los elementos patrimoniales aceptados.

Para acomodar el tratamiento a lo que prevé la normativa comunitaria, con efectos 1-1-2020 se sustituye el aplazamiento por un fraccionamiento del impuesto en cinco años.

Además, se prevé que cuando el traslado de activos haya sido objeto de imposición de salida en un Estado Miembro de la Unión Europea, el valor determinado por ese Estado sea aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

  1. Producciones cinematográficas y series audiovisuales que se inicien a partir de 1-1-2021:

    • Se modifica la base de la deducción: estará constituida por el coste de la obra audiovisual determinado de acuerdo con la Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, por la que se regula el reconocimiento del coste de una película y la inversión del productor.

Entre otros, formarán parte de la base de deducción, además de los incurridos por la productora hasta la obtención de la copia estándar o master digital, determinados gastos financieros y los gastos de publicidad y promoción hasta el límite del 40% del coste de realización.

    • Se aumenta el límite de la deducción a 5 millones de euros.

    • Se establecen dos procedimientos que se desarrollarán por la persona titular del departamento competente en materia tributaria:

      1. De validación previa para aplicar la deducción

      2. De justificación posterior de los costes incurridos a efectos de determinar la base de la deducción.

    • Una vez terminada la película, en base a la resolución de reconocimiento del coste emitida por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y a los gastos realizados en territorio navarro, la Dirección General de Cultura dictará una Resolución en la que se determinará el importe de la base de la deducción.

    • Si la deducción aplicada es superior a la que hubiera correspondido de acuerdo con la base de deducción reconocida en la Resolución, el contribuyente deberá regularizar la deducción en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que reciba la notificación de la Resolución de cultura.

  1. Deducción por creación de empleo: con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2020, se elimina el requisito del mantenimiento de las plantillas para consolidar la deducción, con la finalidad de simplificar la deducción. 

En la disposición adicional vigésima se elimina también este requisito durante los doce meses de 2021, para las deducciones generadas en 2019.

  1. Deducción cuotas IAE: se suprime a partir de 1-1- 2021 la consideración de pago a cuenta de las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas por los contribuyentes que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, dado que ha sido declarada su exención.

  2. Transparencia fiscal internacional: se modifica el régimen con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1-1-2020 para incluir como susceptibles de transparencia fiscal internacional las rentas obtenidas por establecimientos permanentes en el extranjero, así como las rentas derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras, lo que permitirá adaptar plenamente la normativa específica foral navarra a la Directiva (UE) 2016/1164, en relación con el método de imputación de determinadas rentas.

  3. Entidades parcialmente exentas: se aclara que las inversiones que realicen estas entidades solamente darán derecho a deducción en la cuota en la medida en que estén vinculadas con actividades sujetas y no exentas.

  4. Industria automoción: con el fin de incentivar la innovación en los procesos de producción de la industria de la automoción, la deducción por innovación tecnológica en los periodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021 será del 25% en lugar del 15%.

 

LEY GENERAL TRIBUTARIA

  1. Se prorrogan para el año 2021 las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años 2017 a 2020.

  2. Se introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero en el modelo 720 y la correspondiente sanción por su incumplimiento consistente en 5.000€ por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada con un mínimo de 10.000€.

  3. Se introduce como sujeto infractor a la entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

  4. Se establece como medida de control tributario la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legalidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros y se establece un régimen sancionador específico derivado de la mera producción de estos sistemas o programas o de la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.

 

B) OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS

  • Igualmente está prevista la modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, para incluir, entre otras medidas, la exención del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para quienes tengan una cifra de negocio inferior a un millón de euros. Se estima que la medida afectaría a más de 31.000 trabajadores autónomos y 7.000 pymes.
  • La AEAT ha publicado un nuevo portal “Declaraciones informativas 2020”, que reúne la información y las novedades referidas a las formas y plazos de presentación. En todo caso, las novedades incluidas en este portal quedan supeditadas a la aprobación de la normativa que se encuentra actualmente en tramitación.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/informativas.shtml

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Declaraciones_informativas_e_IVA/2020/Novedades/Novedades_Informativas_2020.pdf

 

C) RECORDATORIOS

  • Les recordamos que el próximo día 30 finaliza el plazo para la presentación del modelo 232 relativo a las operaciones con entidades vinculadas. Quedamos a su disposición para cualquier ayuda que puedan necesitar.

  • El próximo día 20 se hará frente al pago del segundo plazo de las declaraciones sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Patrimonio del año 2019.

 

 

ORDEN FORAL 17/2020, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a autónomos.

En el día de hoy, jueves 21 de mayo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra la ORDEN FORAL 17/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 

De esta Orden Foral, merecen destacarse las siguientes cuestiones: 

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de esta Orden Foral es favorecer la recuperación económica y, para ello, a través de esta, se ha desarrollado el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos de Navarra reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Estas ayudas, previstas en el referido Decreto-ley Foral, son de dos tipos:

  • Ayuda de 2.200 euros a quienes les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19). 

  • Ayuda de 700 euros a quienes, sin haber obtenido la referida prestación extraordinaria por cese de actividad, hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria en, al menos, un 30% en los periodos que se detallan en el apartado 2 del artículo 2, correspondiente a los requisitos específicos de las ayudas.

No obstante, esta ayuda podrá ascender a 800 euros en función de la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante.

 

Artículo 2.- Beneficiarias.

  • Ayuda de 2.200 euros, podrán solicitarla las siguientes personas físicas:
    •  Las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

    • Las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.  

  • Las trabajadoras y trabajadores autónomos podrán solicitar tanto la ayuda de 2.200 euros como la ayuda de 700 euros.

Dependiendo del tipo de ayuda – 2.200 euros o 700 euros-, existen unos requisitos específicos que las personas beneficiarias deberán reunir en el momento de solicitar la misma:  

  • Requisitos específicos para solicitar la ayuda de 2.200 euros:

    • Tener reconocida la prestación extraordinaria prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

A la solicitud de la ayuda se adjuntará la resolución que reconozca el derecho a la citada prestación.

    • Comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

Este compromiso se recogerá en la declaración responsable a presentar junto con la solicitud de la ayuda.

    •  Que la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:
      • Con carácter general, el límite de cuatro veces el IPREM.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 

A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

  • Requisitos específicos para solicitar la ayuda de 700 euros: 
    • No haber cesado en su actividad y permanecer de alta como autónoma o autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, así como en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) y la de solicitud de la ayuda. 

Este requisito se acreditará mediante los recibos correspondientes o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.  

    • Acreditar que han visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria en, al menos, un 30%:

      •  En el mes natural anterior al que se solicita la ayuda teniendo en cuenta el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.

      • En los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la ayuda en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior, en el caso de las y los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

      • En el mes natural anterior al que se solicita la ayuda en relación con la efectuada en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma, en el caso de las y los trabajadores autónomos que desarrollan actividades en los siguientes códigos de la CNAE 2009:

        • 5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.
        • 5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
        • 5916: actividades de producciones de programas de TV.
        • 5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.
        • 9001: artes escénicas.
        • 9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.
        • 9003: creación artística y literaria.
        • 9004: gestión de salas de espectáculos.

A efectos del cumplimiento de este requisito, en la declaración responsable se detallará la facturación de cada uno de los periodos a que se ha hecho referencia, y se acompañara copia de los libros o registros donde se soporte dicha información contable.

    • Que la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:
      • Con carácter general, el límite de cuatro veces el IPREM.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 

 A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

Además, con independencia del tipo de ayuda – 2.200 euros o 700 euros-, los beneficiarios, en el momento de solicitar la misma, deberán reunir los siguientes requisitos generales:

  1. Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del IRPF y hallarse de alta en el IAE también en la Comunidad Foral, en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2000 (el 14 de marzo de 2020). Están exentas del requisito relativo al IAE las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y quienes desarrollen actividades no sujetas en Navarra al Impuesto sobre Actividades Económicas (actividades agrícolas o forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio).

  2.  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

  3.  No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.

  4.  No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género o, en su caso, no estar pendiente de cumplimiento de sanción o sentencia impuesta por dichos motivos.

  

Artículo 3.- Importe de las ayudas.

El importe de las ayudas será de 2.200 euros o de 700 euros, según los requisitos específicos que reúnan las personas beneficiarias en el momento de solicitar la misma, y que han sido detallados en el anterior apartado.

No obstante, la ayuda de 700 euros podrá ascender a 800 euros cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:

  • Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM.

  • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

  • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

  • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo.

A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar.

 

Artículo 4.- Entidades colaboradoras: requisitos y procedimiento de adhesión.

Para ser una entidad colaboradora en la gestión de estas ayudas, hay que cumplir con los requisitos y obligaciones que se recogen en la declaración responsable que se adjunta como anexo a la Orden Foral. Además, se establece que podrán serlo las siguientes personas, físicas o jurídicas, que ejerzan sus actividades en un establecimiento abierto en Navarra:

  • Las dedicadas al asesoramiento a empresas.

  • Las organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, asociaciones y colegios profesionales.

  • Las cooperativas.

  • Las organizaciones y sindicatos del sector agrario y ganadero.

  • Las entidades financieras.

  • Los Grupos de acción local seleccionados en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y agencias de desarrollo comarcales.

El plazo para solicitar actuar como entidad colaboradora comenzará el día siguiente al de la publicación de esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, el 22 de mayo de 2020.

El órgano competente, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para ser entidad colaboradora, notificará a la interesada que su solicitud ha sido aceptada, asignándole un código de identificación que le habilitará para tramitar las solicitudes de ayuda.

Las entidades colaboradoras se encargarán de:

  • Tramitar las solicitudes de ayudas.

  • Comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos y aportan la documentación exigida en caso contrario no presentarán la solicitud.

  • Tramitar el procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en caso, de que en cualquier momento posterior al pago de las ayudas se constata que la beneficiaria no reúne los requisitos.

Estas entidades colaboradoras no podrán cobrar ninguna cantidad por la tramitación de la solicitud de la ayuda, ni condicionar su actuación a la contratación de ningún tipo de servicio.

 

Artículo 5.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

El Plazo de presentación de las solicitudes de estas ayudas comenzará transcurridos 7 días hábiles a contar desde el día 22 de mayo de 2020 (día siguiente a la publicación de esta Orden Foral en el BON) y finalizará el último día del mes siguiente al que se produzca la finalización del estado de alarma.

Forma de presentación de las solicitudes de estas ayudas:

  • Vía telemática a través de las entidades colaboradoras referidas en el apartado anterior.

  • Los documentos que hay que presentar para solicitar son los siguientes:

    • Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.

    • La resolución que reconozca el derecho a la prestación la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) o el justificante de haber solicitado la prestación extraordinaria, quedando la concesión de la ayuda condicionada a la presentación de la resolución.

    • La información contable que acredite la reducción de la facturación exigida para la obtención de la ayuda de 700 euros.

    • Los demás documentos referidos en la Orden Foral (art.2)

 

Artículo 6.- Concesión y pago de las ayudas.

El órgano gestor de las ayudas deberá comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos exigidos y elevará propuestas de resolución de concesión y pago de las ayudas a la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de presentación de las solicitudes y se publicarán en la ficha de la ayuda del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra.

La solicitud de la ayuda podrá entenderse desestimada por silencio administrativo cuando el plazo máximo de tres meses, no se hubiera dictado y publicado la resolución expresa.

Con posterioridad al pago de las ayudas, el órgano gestor se reserva la posibilidad de realizar cuantas comprobaciones resulten pertinentes en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos para su obtención.

 

Artículo 7.- Obligaciones y efectos de su incumplimiento.

Las obligaciones que deben cumplir los solicitantes de estas ayudas son las siguientes:

  1. Facilitar a la entidad colaboradora la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas y la información necesaria para realizar la solicitud.

  2. Quienes obtengan la ayuda de 2.200 euros deberán permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020).

  3. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

El incumplimiento de alguno de los requisitos u obligaciones exigidos dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas conforme a las reglas establecidas en esta Orden Foral.

 

Artículo 8.- Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

En materia de protección de datos de carácter personal, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 

Artículo 9.- Compatibilidad de las ayudas.

Se establece la compatibilidad de estas ayudas con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

 

Artículo 10. – Ayudas de minimis.

Se otorga a estas ayudas el carácter de ayudas de minimis conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre del 2013.

En consecuencia, las personas solicitantes al solicitar las ayudas deberán declarar las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, a excepción de:

  • Las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

  • Las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

 

Artículo 11.- Publicidad de las ayudas concedidas.

El Servicio de Trabajo publicará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda las ayudas concedidas, haciendo constar los siguientes aspectos:

  • El crédito presupuesto al que se imputa.

  • Las beneficiarias.

  • El importe concedido.

 

Disposición adicional única. –Financiación.

La concesión de estas ayudas se financiará con cargo a la partida 810012 81500 4709 494103 “COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020” del Presupuesto de Gastos de 2020.

 

Disposición final única. – Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, esto es, el 22 de mayo de 2020.

 

 

Webinar: Normativa empresarial generada durante la crisis Covid-19

La crisis de la COVID-19 ha generado mucha normativa que afecta a todos los ámbitos empresariales: laboral, económico, fiscal y de contratación. Con el fin de dar respuestas a todas las dudas que han surgido a raíz de la aplicación de estas novedades legislativas la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra  ha organizado en colaboración con ARPA Abogados Consultores dos webinars gratuitos, especialmente dirigidos a autónomos y pymes el próximo miércoles 22 de abril y el jueves 23 de abril de 9:30 a 11:00 horas.

Ambas sesiones estarán moderadas por Cristina Oroz, directora de Desarrollo de la Cámara de Comercio de Navarra.

Cabe señalar que el aforo es limitado por lo que recomendamos que en caso de estar interesados, se inscriban lo antes posible utilizando los enlaces que aparecen debajo de cada webinar.

Como método telemático se utilizará Microsoft Teams. Una vez realizada la inscripción, el usuario recibirá un correo electrónico que contendrá un enlace con el que acceder a la plataforma Teams a la fecha y hora indicadas, y donde deberá pulsar en el botón «Unirse ahora». No es necesario instalar ningún software adicional.

Webinar sobre el ámbito laboral y económico

Fecha: Miércoles 22 de abril, de 9:30 a 11:00 horas

Ponentes:

  • Patricia Granados Abardía:  Subdirectora del Departamento de Derecho Laboral y Responsable de RRHH.
  • Oliva Vallejos García. Área de Nóminas y Laboral. Responsable Desarrollo de Negocio.
  • Sergio Irurre Pérez, Director de Departamento Económico.
  • Eva Fontecha, Área de Formación, emprendimiento y empleo de la Cámara de Comercio.

Acceso a la inscripción


Webinar del ámbito fiscal y de contratos

Fecha: Jueves 23 de abril, de 9:30 a 11:00 horas.

Ponentes:

  • Jose Miguel Sainz Goñi, Responsable de ARPA Accounting.
  • Ramiro Pérez Esparza, Responsable del Área Fiscal y Contable.
  • Marta Butragueño Ureta, Departamento de Derecho Internacional y Contratación
  • Eva Fontecha, Área de Formación, emprendimiento y empleo de la Cámara de Comercio.

Acceso a la inscripción

Ambas sesiones estarán moderas por Cristina Oroz, directora de Desarrollo de la Cámara de Comercio de Navarra.

Nuevas medidas tributarias aprobadas en Navarra para responder al impacto generado por el COVID-19 en virtud del Decreto-ley Foral 2/2020

Nuevas medidas tributarias aprobadas en Navarra para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19 en virtud del Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo de 2020.

 

Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinche aquí para descargarlo)

Además de las medidas contenidas en el Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, en virtud del presente Decreto-Ley Foral 2/2020 (el Decreto, en adelante) se establecen nuevas medidas que atañen a diversos ámbitos de la realidad de la CF de Navarra y que se ha considerado conveniente aprobar dadas las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que estamos viviendo a día de hoy. En los siguientes puntos desarrollamos aquellas medidas de interés que, respecto del ámbito tributario, se contienen en el Decreto y redundan en un favorecimiento de la liquidez, tanto de autónomos como empresas.

 
Ampliación de determinados plazos en el ámbito tributario

  • Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se establecen las siguientes medidas:
    • Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter trimestral: el plazo correspondiente a las declaraciones del primer trimestre de 2020 quedan prorrogadas hasta el próximo 1 de junio de 2020 (Mod.  F-69, 715, 716, 759, 773, 774…).
    • Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter mensual (Alta en REDEME, volumen de operaciones superior a 6.010.121,42 €):
      • el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, se amplía hasta el 30 de abril.
      • el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo queda inalterado (30 de abril).
  • Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación de declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en los meses de marzo o abril, el plazo se amplía hasta el 30 de abril (por ejemplo, el modelo 349 o modelo 720).
  • En general, los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
  • Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
  • Además, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.
  • Respecto de los Sujetos contribuyentes de IRPF:
    • Pagos fraccionados: Los contribuyentes sometidos a este impuesto y que desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
  • El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. Hasta la publicación del presente Decreto, la renuncia tácita se entendía producida mediante la presentación en plazo de la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general a la liquidación del IVA.
  • Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. En condiciones normales el plazo para la renuncia está establecido entre el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto y el 31 de marzo del año por lo que, esta última fecha, se amplía hasta el citado 1 de junio de 2020.
  • Por el contrario, el Decreto no contiene ninguna mención a la suspensión o prórroga de plazo alguno relacionado con el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII)
 
Aplazamiento excepcional de deudas tributarias
  • El Decreto prevé el aplazamiento de determinadas deudas tributarias generadas por personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas y que cumplan los siguientes requisitos:
    • Que su volumen de operaciones no haya superado, en el 2019, 6.010.121,24 euros,
    • Que la deuda a aplazar provenga de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020,
  • Cumplidos estos parámetros, las deudas podrán ser aplazadas, en las siguientes condiciones ventajosas:
    • No tiene que realizarse pago a cuenta inicial alguno,
    • No existe obligación de prestar garantía,
    • No se devengarán intereses de demora,
    • Eso sí, el solicitante debe quedar al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo.
  • Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado en virtud de lo dispuesto en el Decreto y anteriormente destacado.
  • Se prevé que este aplazamiento excepcional sea de aplicación, incluso, a la deuda tributaria procedente de la retención de rendimientos de trabajo y las derivadas de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar para las que, aplazamientos que, hasta el momento de la entrada en vigor del Decreto, exigían aval bancario como garantía del mismo.
  • Período de carencia: El Decreto prevé, además, que el ingreso de las deudas aplazadas ii.  se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.
  • Desde un punto de vista práctico, estas medidas suponen que, por ejemplo, una empresa que viniera cumpliendo con sus obligaciones trimestrales de IVA tenga la posibilidad:
    • De diferir el pago de la cantidad resultante de la liquidación, hasta el 1 de junio.
    • Además, y en su caso, solicitar el aplazamiento total o parcial de la referida cuota hasta el 1 de septiembre (3 meses).
    • A partir de esa fecha, poder ingresar la cuota resultante del IVA en cuatro mensualidades de igual importe (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).
    • Todo ello sin necesidad de aportar garantías ni devengo de intereses.
  • La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
 
Otras modificaciones
  • El Decreto prevé la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  • Se aclara que el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas (aunque si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite) y que durante dicho periodo se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.

Nota informativa de la Junta Consultiva de contratación pública del Estado en relación con la suspensión de las licitaciones públicas.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha publicado una nota informativa relativa a la interpretación de la suspensión e interrupción de plazos administrativos prevista en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.

Señala a este respecto que se ha producido “la suspensión automática de todos los procedimientos de las entidades del sector público desde la entrada en vigor de la norma, cualquiera que sea su naturaleza y, en consecuencia, también de los propios de la contratación pública”, alcanzando esta suspensión a “todas las licitaciones en curso que estén desarrollando las entidades que forman parte del sector público.”

Sin embargo, la Junta contempla las siguientes excepciones

  • El órgano de contratación puede acordar motivadamente la adopción de medidas de ordenación e instrucción del procedimiento siempre que sean “estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad.” Conforme a esta regla cabe entender que, si los derechos e intereses del licitador o de los licitadores se pudieran afectar de algún modo grave, el órgano de contratación debería pedirles su conformidad y, una vez obtenida, continuar la tramitación ordinaria del procedimiento.
  •  Aunque no se afecten de modo grave los derechos e intereses de los licitadores, el órgano de contratación también puede dirigirse a ellos para obtener su consentimiento para continuar el procedimiento y podrá hacerlo si lo prestan (D.A 3º apartado tercero). 
  • Por pura congruencia con la finalidad esencial del Real Decreto 463/2020, que es el establecimiento de medidas adecuadas para la gestión de la situación de crisis del COVID-19, el órgano de contratación podrá acordar motivadamente la continuación de los procedimientos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, esto es, de todas las licitaciones que se refieran a prestaciones dirigidas a la lucha contra el COVID-19 (D.A 3º apartado cuarto). 
  • La satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales, elemento que es connatural a los contratos públicos, permite que también en este caso pueda acordarse por el órgano de contratación, y siempre de forma motivada, la continuación de los procedimientos.

Finalmente, señalar que la Junta recuerda la posibilidad prevista en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, relativa a la utilización del trámite de emergencia para contratos necesarios dirigidos a proteger a las personas y otras necesidades destinadas a paliar y luchar con la situación generada por el Covid-19.

Si desea consultar  la Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, en relación con las licitaciones de los contratos públicos, puede hacer clic aquí.

 

 

 

Campaña de la Renta 2017

El martes 10 de abril comenzó en Navarra la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2017, aprobada en la Orden Foral 40/2018, de 16 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2017, se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos. 

El periodo voluntario para presentar las declaraciones en formato físico se establece entre los días 17 de abril y 22 de junio de 2018, ambos inclusive, en las oficinas de Hacienda habilitadas para ello.  No obstante, podrá presentarse la declaración a partir del día 10 de abril sólo en los casos en que se utilice la vía telemática (programas informáticos y la aplicación “Renta” de Hacienda Tributaria de Navarra).  Se ha habilitado una nueva web: “Gracias a ti”, “Zuri esker”

Para la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el plazo voluntario para realizar la presentación es el mismo, desde el día 10 de abril hasta el 22 de junio, ambos inclusive.

La normativa aplicable será el D.F.L. 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la L.F. 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 Los criterios aplicables para la obligación de hacer la declaración no se han modificado en comparación con la campaña de 2016.  Los contribuyentes obligados son aquellos que tengan:

  • rendimientos del trabajo de 11.250 euros brutos o más.
  • rendimientos de capital mobiliario e incrementos del patrimonio, sujetos a retención de 1.600 euros brutos o más y aquellos que perciban otras rentas (empresarios y profesionales, arrendadores…) independientemente de su cuantía.

Dicha ley sufrió modificaciones en diciembre de 2017, siendo algunas de ellas aplicables a partir del 1 de enero de 2017 y, por tanto, que afectan a la declaración que se presentará en esta campaña. Por citar algunas novedades más relevantes:

  • Sobre rentas exentas del artículo 7, se reorganiza su estructura.
  • Sobre rendimientos del trabajo, para aquellos trabajadores que tengan planes de pensiones o planes de previsión asegurados, se aplicará la reducción del 40% sobre la cantidad percibida, pero descontando las aportaciones efectuadas en el año anterior a la fecha en que se perciba la prestación; el resto no se verá afectada por esta limitación.
  • Sobre rendimientos de actividades empresariales, aquellos contribuyentes que realicen actividades recogidas en la Orden Foral 11/2017, de 2 de febrero, que determinen su rendimiento neto del ejercicio 2017 por el régimen de estimación objetiva del IRPF, lo reducirán en un 5%.
  • Sobre incrementos y disminuciones de patrimonio, la exención por transmisión de la vivienda habitual era aplicable a para mayores de 65 años, para este ejercicio es para mayores de 70 años.
  • Sobre la base liquidable general, se minora el límite máximo de aportaciones a sistemas de previsión social, de 5.000 a 3.500 euros con carácter general, y de 7.000 a 6.000 euros en el supuesto de partícipe mayor de 50 años.
  • Sobre deducciones de la cuota, respecto a donaciones, los sujetos pasivos de IRPF tendrán derecho a una deducción de la cuota del 80% de los primeros 150 euros de las cantidades donadas, por sujeto pasivo y por cada periodo impositivo. Los importes superiores a 150 euros tendrán derecho a una deducción del 35%.
  • Respecto a inversiones en instalaciones de energía renovable, únicamente serán deducibles aquellos gastos por inversiones en instalaciones de generación de energía destinadas al autoconsumo, y se amplía al 15%. Se aplica también esta deducción a la adquisición de vehículos eléctricos nuevos, y como novedad, se crea la deducción por inversión en sistemas de recarga de vehículos eléctricos, por el mismo tipo pero con límites en la base.  Estas dos últimas deducciones quedan sujetas al límite conjunto del 25% de la base liquidable del sujeto pasivo.
  • Respecto a la deducción por pensiones de viudedad, se elimina la referencia al SMI y se establece un importe fijo de 9.906,40 euros, que para poder ser aplicados el sujeto pasivo no debe tener obligación de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Debemos mencionar el tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las “cláusulas suelo”, ya que no se integrarán en la base imponible del IRPF junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios en función del tratamiento que se les haya dado en ejercicios anteriores.

Entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos del sector público. Novedades

El próximo viernes, 9 de marzo, entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que deroga el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Se trata de una ley amplia y compleja que introduce numerosas novedades. Entre las cuestiones más relevantes para las empresas licitadoras podemos destacar, muy brevemente, las siguientes:

  • Delimitación de los tipos contractuales

 Los modelos contractuales típicos son el contrato de obra, de servicios, de suministro y las concesiones de obras públicas y de servicios. Desaparecen los contratos de gestión de servicios públicos y los de colaboración público-privada.

  • Obligación de dividir los contratos en lotes

 Se convierte en regla general la división de los contratos en lotes, de tal forma que las Administraciones deberán justificar en los pliegos por qué, en su caso, no lo hacen, salvo en los casos de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios Con ello, se pretende favorecer la incorporación de las PYMES. Los poderes adjudicadores podrán decidir el tamaño y objeto de los lotes, siempre bajo la condición de que cada lote tenga independencia funcional operativa. Los poderes adjudicadores también podrán limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a un solo licitador (artículo 99).

  • Recurso especial en materia de contratación pública

 Se amplían las posibilidades de interposición de este recurso (anteriormente limitadas a contratos sujetos a regulación armonizada). Así, son susceptibles de recurso los contratos de obra con valor estimado superior a 3.000.000 de euros; los contratos de suministro y servicio con valor estimado superior a 100.000 euros y las concesiones de obras o servicios con valor estimado superior a 3.000.000 de euros. También se admite, entre otras cosas, la posibilidad de recurrir modificaciones previstas o no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares cuando pueda entenderse que debieron ser objeto de una nueva adjudicación.

  • Procedimiento y notificaciones electrónicas

La ley exige que las notificaciones sean realizadas por comparecencia electrónica o a una dirección de correo electrónico habilitada. De la misma forma, se establece la obligatoriedad general, aunque con excepciones, de que la presentación de proposiciones se realice electrónicamente (Disposición Adicional decimoquinta).

  • Contratos menores

 Se rebajan los umbrales, puesto que ahora se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen las cifras señaladas. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.

  • Regulación de la “vida” de una UTE

Habida cuenta la casuística existente, el artículo 69 regula qué ocurre en los casos de modificaciones de una UTE durante la tramitación de un procedimiento de contratación y tras su adjudicación y formalización, ya sea por modificación de sus componentes; alteración de la participación; prohibiciones de contratar sobrevenidas; sucesiones empresariales; o declaraciones de concurso.

  • Consultas preliminares de mercado

 Los poderes adjudicadores podrán realizar consultas públicas y transparentes en el mercado y entre los diferentes operadores económicos al objeto de preparar una licitación y conocer características, necesidades, mejoras, errores anteriores, plazos, etc. El resultado de las consultas debe concretarse en características genéricas, exigencias generales o fórmulas abstractas. Las consultas deben hacerse de manera que en todo momento se respeten la competencia y los principios de no discriminación y transparencia. Durante el proceso de consultas se establece el carácter secreto de la información que suministren los operadores económicos. La participación en la consulta no impide la posterior participación en el procedimiento de licitación. Las consultas han de publicarse en el Perfil del Contratante (artículo 115).

  •  Modificaciones de los pliegos

 Sólo pueden ser modificados tras su publicación por errores materiales, de hecho o aritméticos. En otro caso, la modificación del pliego conlleva la retroacción de actuaciones o ampliación de plazos en el caso de modificaciones significativas (artículos 122 y 136).

  • Publicidad y Perfil del Contratante

 La LCSP introduce una nueva regulación de la figura del perfil de contratante, más exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada entidad, vinculado a la Plataforma de Contratación del Estado. Además de todos los anuncios de licitación (salvo en el procedimiento negociado sin publicidad), han de publicarse en el mismo, entre otros, los anuncios de consultas preliminares (artículo 115), los anuncios de formalización de los contratos (artículo 154.1 ), los de modificación (artículo 207.3) y, trimestralmente, los contratos menores (artículo 63.4).

  • Presentación de proposiciones

 La documentación relativa a personalidad, capacidad, solvencia, etc., únicamente se requerirá a quien resulte propuesto adjudicatario. El Sobre tradicionalmente denominado “A” o “1” pasa a estar integrado por una declaración responsable ajustada al Documento Único Europeo de Contratación (DUEC), sin perjuicio de que el órgano de contratación puede solicitar en cualquier momento la entrega de toda la documentación acreditativa de la declaración.

  • La “Mejor relación calidad-precio” como criterio de adjudicación

 Este concepto sustituye al de “oferta económica más ventajosa”. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Entre los primeros, el precio y el cálculo del ciclo de vida. Entre los segundos, criterios medioambientales y sociales, la experiencia del personal, la calidad y valor técnico de las ofertas, características funcionales y estéticas, accesibilidad, comercialización, servicios postventa, etc., siempre que estén vinculados al objeto del contrato (artículo 145).

Desaparece el precio como criterio que siempre debe aparecer. En este sentido, el artículo 146.1 dispone que, cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida.

  • Preponderancia de criterios cuantificables con fórmulas matemáticas

 Como en la ley anterior, se señala que los poderes adjudicadores aprobarán preferentemente criterios de adjudicación cuantificables por fórmulas matemáticas. Sin embargo, “En los contratos de servicios del Anexo IV, así como en los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas” (artículo 145.4).

  • Los medios humanos como criterio de adjudicación

 Los poderes adjudicadores pueden fijar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, siempre que la participación del personal puede afectar de manera significativa a su mejor ejecución.

  • Asociación para la Innovación

Se trata de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos. Tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes. Está pensado básicamente para el desarrollo de productos o servicios innovadores no disponibles en el mercado. Tras la convocatoria de licitación, el órgano de contratación selecciona a los candidatos que pueden formular ofertas. Después, el órgano de contratación crea una asociación con uno o varios socios que realicen por separado actividades de investigación y desarrollo.

  • Procedimiento negociado sin publicidad con cuantía

 Únicamente señalar que este tipo de procedimiento es eliminado en la nueva ley.

  • Procedimiento abierto simplificado y súper simplificado

 El procedimiento abierto simplificado resulta de aplicación a los contratos de obras por cuantía igual o inferior a 2 millones de euros y de suministros y servicios por cuantía igual o inferior a 200.000 euros. No puede incluir criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor o, de hacerlo, su valoración no supere determinados porcentajes según el tipo de contrato. Su efecto práctico consiste en la reducción de plazos, la documentación se presenta en un solo sobre (salvo que existan criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor), no se exige garantía provisional, la Mesa actúa en unidad de acto y los licitadores deben estar inscritos en el correspondiente Registro de Licitadores (esta última exigencia entra en vigor el próximo 9 de agosto).

El procedimiento súper simplificado acorta aún más los plazos y no exige la aportación de garantía definitiva ni de solvencia. Es aplicable a contratos de obras de menos de 80.000 euros y de servicios y suministro de menos de 35.000.

  • Incorporación de criterios medioambientales y sociales

 Los poderes adjudicadores pueden incorporarlos en los criterios de adjudicación, y también como condiciones especiales de ejecución. Los artículos 145 y 202 enumeran, sin ánimo de exhaustividad, un numeroso elenco de características de este tipo que pueden empezar a ser exigidas o valoradas.

  • Modificaciones del contrato

 Se mantiene la diferenciación entre aquellas previstas en los pliegos y las no previstas. Respecto a las primeras, no pueden implicar una modificación superior al 20% del precio inicial del contrato. Tampoco pueden suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos ni la alteración global del contrato inicial.

En lo que se refiere a las no previstas o a aquellas que superen a la previstas, podrán darse en los siguientes casos:

  1. Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación, y siempre que la modificación no exceda, aislada o conjuntamente, con otras modificaciones no previstas del 50% del precio inicial.

  2. Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato , siempre y cuando se cumplan tres condiciones : Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever; Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato; y que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones no previstas, del 50 por ciento de su precio inicial.

  3. Cuando las modificaciones no sean sustanciales. Se considerará que una modificación es sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente distinta al celebrado inicialmente o siempre que introduzca condiciones que de haber sido conocidas hubieran permitido elegir otro licitador o hubieran atraído a más licitadores; altere el equilibrio económico en beneficio del contratista de una manera que no estuviera prevista en el contrato; o amplíe de forma importante el ámbito del contrato, lo que se considerará que ocurre cuando el precio se modifica en más de un 15 % si se trata de un contrato de obras o de un 10 % en los demás contratos.

  • Cesión y subcontratación del contrato

 En cuanto a las cesiones contractuales, y al margen de supuestos de sucesión empresarial, etc., sólo cabrá la cesión contractual si el pliego lo contempla de forma inequívoca. La cesión deberá ser autorizada por el órgano de contratación, bien de forma expresa, bien por silencio positivo en el caso de que no responda a la solicitud de cesión en un plazo de dos meses. Los requisitos para que se pueda producir se recogen en el artículo 214 de la ley.

Y en lo que hace referencia a la subcontratación, se mantiene en general el régimen anterior, aunque se elimina el mínimo porcentual previsto con anterioridad. Habrá de estarse a lo que señalen al respecto los pliegos. Además, se establece la irrenunciabilidad de los derechos de cobro del subcontratista y la posibilidad de que los poderes adjudicadores puedan comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios hacen a sus subcontratistas.

  • Aplicabilidad en Navarra

 La Ley no es aplicable en la Comunidad Foral de Navarra, cuya ley foral está actualmente en trámite parlamentario

Modificaciones para 2018

 

Con la llegada del fin de año, en la última semana de diciembre se han aprobado nuevas modificaciones:

 

1.- LEY DE HACIENDAS LOCALES

Ley Foral 19/2017, de 27 de diciembre (BON N.º 249, de 30 de diciembre de 2017 – EXTRAORDINARIO).

El objetivo de esta modificación es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional número 72/2017, del 5 de junio de 2017, en respuesta al cumplimiento del abono del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o también llamado plusvalía municipal.

Según la citada sentencia, declara inconstitucionales los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en cuanto a que someten a tributación supuestos como la transmisión de terrenos en los que no existe aumento de valor de terrenos, sino que existe pérdida.

En concreto, se establece que, para hechos imponibles producidos a partir del 15 de julio de 2017, se les aplicará el supuesto de no sujeción regulado en el nuevo apartado 4 añadido al artículo 172:

“4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana, respecto de las cuales el sujeto pasivo acredite la inexistencia de incremento de valor, por diferencia entre los valores reales de transmisión y de adquisición del terreno. (…)”

Con ello quiere decirse que a los hechos imponibles que se hayan producido entre el 15 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, una vez acreditado que en la trasmisión se produjo un incremento de valor, se les aplicará íntegramente la normativa vigente en esas fechas (incluidas las tablas y reglas del cuadro del anterior artículo 175.2). Por el contrario, a los hechos imponibles que se hayan producido a partir de 1 de enero de 2018, una vez acreditado que en la trasmisión se produjo un incremento de valor, se les aplicará la normativa vigente a partir de esa fecha (con unos coeficientes y unas reglas diferentes que se encuentran en el nuevo artículo 175.2).

Se establece también un régimen transitorio aplicable a liquidaciones del impuesto correspondientes a hechos imponibles producidos con anterioridad al 15 de julio de 2017, por el cual, en estos casos no resultará de aplicación lo dispuesto en esta ley y tampoco procederá la devolución de ingresos indebidos.  Asimismo, continuarán hasta su completa terminación los procedimientos recaudatorios derivados de las mencionadas liquidaciones y se exigirán íntegramente las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas.

Además de estas modificaciones, añade una actualización de las tarifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, siguiendo el criterio de la aplicación del incremento que se fija anualmente para el Fondo de Participación de las Hacienda Locales en los tributos de Navarra, en su vertiente de transferencias corrientes.

Para ello, se toma en cuenta el aumento porcentual del IPC en Navarra considerado de junio a junio incrementado en 2 puntos porcentuales.  Dado que la variación producida en el IPC del periodo considerado desde junio de 2016 hasta junio de 2017 ha sido del 1,1 por ciento, la variación general neta contemplada para la cuantía del fondo de transferencias corrientes es del 3,1 por ciento, siendo este el porcentaje de actualización propuesto para aplicar a las tarifas del impuesto con efectos a partir de 1 de enero de 2018.

 

2.- NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

  • ORDEN FORAL 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifican los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos, en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.
  • ORDEN FORAL 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

Publicados en el BON N.º 246, de 27 de diciembre de 2017, las citadas órdenes forales regulan el tema de la notificación electrónica en cuanto a los obligados a realizarla como la regulación de la prestación de este servicio.

Por un lado, la Orden Foral 147/2017, de 18 de diciembre, hace referencia al artículo 99 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Navarra, y a leyes de desarrollo posteriores, que actualizan la obligación de determinadas entidades a enviar y recibir notificaciones por medios telemáticos.

Debemos decir que, ya en el año 2006 se aprobó el Decreto Foral 50/2006, por el que se regula las condiciones generales para la utilización de medios electrónicos con el fin de notificar comunicaciones a través del sistema de notificación en dirección electrónica habilitada.  En 2014 y 2015 se añaden modificaciones en esta materia con el fin de impulsar el uso de la notificación electrónica.

La reciente modificación es referente a las entidades que están obligadas a recibir notificaciones a través de medios telemáticos, haciendo que estas coincidan con aquellas entidades obligadas a presentar liquidaciones por este medio, facilitando así la colaboración social.  Con efectos 1 de enero de 2018, estarán obligadas a recibir por estos medios las notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus competencias les dirija la Hacienda Tributaria de Navarra las entidades que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

  1. Que sean personas jurídicas, incluidas las Entidades Locales de Navarra y organismos públicos dependientes de ellas.

  2. Que sean entidades sin personalidad jurídica.

  3. Que sean entidades cuyo número de identificación fiscal comience con las claves N o W.

  4. Que sean entidades que se encuentren autorizadas para realizar en nombre de terceras personas la presentación de declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones y declaraciones informativas en virtud de su adhesión al acuerdo de colaboración externa aprobado por el Departamento de Hacienda y Política Financiera.

Debemos mencionar que se deja al Reglamento la regulación de la notificación electrónica a personas físicas (artículo 99.5 segundo párrafo Ley – Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria).

Por otro lado, la Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, regula la prestación del servicio de notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.

 En esta Orden se regula concretamente la forma en que se realizará la prestación del servicio de notificación electrónica de Hacienda Navarra, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Foral General Tributaria y en el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra.

En concreto, y a pesar de que la Ley Foral General Tributaria establece que los medios de notificación podrá ser la dirección electrónica habilitada (DEH), también un sistema de correo electrónico con acuse de recibo que deje constancia de su recepción y además  otros medios que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción por el interesado en el plazo y en las condiciones que se establezcan en su regulación específica, el medio elegido por la Hacienda Tributaria de Navarra será el sistema de notificación en dirección electrónica habilitada

La prestación del servicio de dirección electrónica habilitada implica que cualquier persona o entidad puede disponer de una dirección electrónica para la recepción de las notificaciones administrativas practicadas por vía electrónica. Este servicio, que tiene carácter gratuito para el receptor de notificaciones y que cumple con las máximas garantías de confidencialidad y autenticidad, es con enorme diferencia el más utilizado actualmente en la práctica de las notificaciones electrónicas.

En la presente Orden Foral se regulan las características de la prestación de este servicio de notificación electrónica, así como los criterios técnicos de su funcionamiento, además de las reglas por las que los obligados tributarios puedan señalar unos determinados días en los que no se puedan realizar notificaciones electrónicas.  Está dividida en dos capítulos y consta de catorce artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final.

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta, son los siguientes:

  • Las notificaciones electrónicas se practicarán por medio de la plataforma Notific@ a través del sistema de Dirección Electrónica Habilitada y de la Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado.
  • Tanto la solicitud voluntaria como la inclusión obligatoria en el sistema de la notificación electrónica implicará que las notificaciones electrónicas que se practiquen por este sistema comprenderán la totalidad de las notificaciones que hayan de efectuar los órganos de la Hacienda Tributaria de Navarra al obligado tributario en cualesquiera actuaciones y procedimientos tributarios.
  • En el caso de solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, el interesado deberá contar con una Dirección Electrónica Habilitada y suscribirse al procedimiento.
  • En el supuesto de que el obligado tributario esté incluido en el sistema de notificaciones electrónicas obligatorias, la Dirección Electrónica Habilitada será asignada de oficio, salvo que el interesado ya la tuviera asignada con anterioridad y se encontrara vigente.
  • Tanto en los casos en que la notificación electrónica haya sido establecida con carácter obligatorio como en los supuestos de solicitud voluntaria de inclusión en el sistema de notificación electrónica, los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante para la recepción de notificaciones electrónicas.
  • El prestador del servicio de la plataforma Notific@, además de identificar el acto o resolución notificado y su destinatario, emitirá certificación, por cada notificación electrónica practicada, de determinados extremos.
  • Respecto al señalamiento de días en los que no se podrá practicar notificación, cada obligado tributario podrá señalar un máximo de 30 días naturales por año, a su libre elección y sin que sea necesario agrupar un número mínimo de días.

 

 3.- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

Decreto Foral 114/2017, de 20 de diciembre.  (BON N.º 2, del 3 de enero de 2018).

La actualización de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades obliga a que su Reglamento de desarrollo, aprobado en el Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, se actualice.  Es por ello que se publica el citado Decreto Foral, por el que se aprueba el nuevo texto del Reglamento, que consta de 55 artículos, distribuidos en 4 títulos, una disposición adicional y tres disposiciones transitorias, y se deroga el texto anterior.

 

 

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