Protección de datos y seguridad de la información
Cumplimiento normativo
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La AIPI aporta claves sobre la designación del responsable del sistema interno de información.
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Prisión y multa de 300.000 euros por fraude en subvenciones públicas.
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El órgano notarial contra el blanqueo resuelve 400.000 peticiones de las autoridades.
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La OCDE actualiza sus Directrices para frenar la colusión en contrataciones públicas.
PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Caso Bosco -Transparencia algorítmica: el Tribunal Supremo reconoce el derecho a conocer el código fuente de los algoritmos públicos
En una importante e histórica Sentencia, el Tribunal Supremo reconoce a Fundación Civio el derecho de acceso al código fuente y la documentación del algoritmo BOSCO, encargado de decidir la concesión del bono social eléctrico. En el caso analizado, la Sala pondera los intereses en conflicto y concluye que “el mero riesgo de eventuales perjuicios para el derecho de propiedad intelectual de las Administración pública, con motivo de su uso o explotación no autorizada, como consecuencia del acceso al código fuente, por sí solo, no puede constituir causa de exclusión del derecho de acceso”. Indica que los eventuales perjuicios para la Administración pueden mitigarse “sometiendo el acceso a determinadas cautelas, como, por ejemplo, (…) la imposición de un deber de reserva o confidencialidad respecto de la información consultada”.
Para quien esté interesado, al margen de la Sentencia recomendamos la visualización de la grabación de la vista pública del recurso de casación.
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Data Act. Actualización de las FAQ.
El mismo día de la entrada en aplicación de la Ley de Datos o Data Act, la comisión publico una actualización del documento de preguntas frecuentes, importante referencia para entender el alcance, derechos y obligaciones de la nueva norma.
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IA – Nueva Consulta Pública sobre incidentes graves.
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública hasta el 7 de noviembre de 2025 sobre el borrador de guía y plantilla de notificación para incidentes graves relativos a sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, con el fin de implementar el nuevo deber de reporte previsto en el artículo 73 del Proyecto de Reglamento de IA que entrará en vigor en agosto de 2026.
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Ha sido presentado en el congreso el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
La AIPI aporta claves sobre la designación del responsable del sistema interno de información
El presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), Manuel Villoria, ha ofrecido recientemente una entrevista en la que aborda las principales cuestiones relacionadas con la entrada en funcionamiento de este organismo. Entre ellas, subrayó la obligación de las empresas de designar y comunicar a la AIPI al responsable de su sistema interno de información, cuyo plazo se ha fijado inicialmente hasta el 1 de noviembre de 2025, aunque adelantó que previsiblemente se concederá una prórroga de uno o dos meses. A este respecto, recomendó esperar a que el registro electrónico de la AIPI esté operativo en la web antes de formalizar la notificación.
Asimismo, indicó que la principal prioridad de la Autoridad será la protección de los informantes, y recalcó la importancia de garantizar la confidencialidad y la protección de datos en los canales de denuncia. En este sentido, advirtió que el uso del correo electrónico como canal de comunicaciones no permite asegurar el anonimato de los denunciantes ni ofrece garantías suficientes de confidencialidad, de conformidad con las exigencias de la Ley 2/2023.
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Prisión y multa de 300.000 euros por fraude en subvenciones públicas
La Audiencia Provincial de Cáceres, en su Sentencia de 10 de junio de 2025 (SAP CC 663/2025), ha confirmado la condena a un empresario agrícola y a su mercantil por un delito de fraude de subvenciones, tras destinar de forma indebida parte de una ayuda pública. La subvención, de 389.229 euros y destinada a la modernización de una planta extractora de orujo, no fue justificada en su totalidad, quedando acreditado que 194.708 euros se aplicaron a finalidades distintas de las previstas.
El tribunal ratifica la pena de un año y nueve meses de prisión y una multa de 300.000 euros para el empresario, así como la misma sanción económica para la sociedad, quedando ambos inhabilitados durante cuatro años para acceder a ayudas públicas y beneficios fiscales.
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El órgano notarial contra el blanqueo resuelve 400.000 peticiones de las autoridades
El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado español ha atendido desde su creación en 2005 más de 400.000 requerimientos de información por parte de las autoridades, consolidándose como una herramienta clave en la detección y reporte de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. Este sistema, que se nutre del Índice Único Informatizado Notarial, ha permitido consolidar una de las bases de datos más completas del país, facilitando a jueces, fiscales y al SEPBLAC información clave para la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
Según destacó la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio del Olmo, el 80% de las comunicaciones que el OCP remite al SEPBLAC terminan en procesos judiciales. Además, el OCP ha desarrollado bases de datos especializadas, como la de Titularidad Real, que permiten conocer en tiempo real la propiedad de sociedades y dificultar el anonimato en transacciones con riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
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La OCDE actualiza sus Directrices para frenar la colusión en contrataciones públicas
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la actualización 2025 de sus Directrices para combatir la colusión en contrataciones públicas, un documento que busca reforzar la transparencia, la eficiencia y la competencia en las licitaciones de gobiernos y organismos públicos. La organización advierte que estas prácticas generan sobrecostos para el Estado, reduce la calidad de los bienes y servicios adquiridos, restringe la oferta y, en última instancia, perjudica a los contribuyentes.
La nueva guía incluye recomendaciones para blindar las contrataciones públicas frente a la colusión: diseñar licitaciones más competitivas — con un mayor conocimiento del mercado, la atracción de varios oferentes, criterios objetivos y plataformas electrónicas — y advertir con claridad sobre sanciones. También incorpora una lista de señales de alerta para detectar posibles acuerdos ilícitos, como precios inusuales o coincidencias sospechosas entre propuestas, y promueve la cooperación entre autoridades de competencia, contratación pública y fiscalías. La OCDE insta a los países miembros a adaptar sus marcos normativos y de control para proteger un sector que representa en torno al 12% del PIB en las economías de la organización.
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