Medidas Covid 19

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Guía práctica para empresas y autónomos sobre la crisis del coronavirus.

En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 desde ARPA Abogados Consultores, hemos considerado útil elaborar una lista de preguntas frecuentes relativas al efecto que las medidas adoptadas pueden tener en los siguiente ámbitos a raíz de la declaración del estado de alarma:

Este artículo se irá actualizando y modificando en función de las medidas que vayan adoptando las diferentes autoridades competentes.

 

 

Asimismo, les recordamos que tienen a su disposición un REPOSITORIO con la información actualizada sobre el COVID en el siguiente enlace y que estamos a su disposición para cualquier duda que se les pudiera plantear.

 

 

Decreto-Ley Foral 4/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por el coronavirus

Con objeto de responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), el Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Navarra hoy, 4 de mayo de 2020, fecha de su entrada en vigor, viene a implementar un cuarto paquete medidas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

 

1.- Novedades tributarias en el ámbito foral navarro: 

  • Impuesto sobre Sociedades 
    • Se amplía un año el plazo de materialización establecido en la Ley Foral del Impuesto respecto a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en el periodo impositivo 2020.
    • Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva especial para inversiones, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
    • Se elimina el requisito de mantenimiento de los promedios de plantilla en el periodo impositivo 2020 para la aplicación en 2018 y en 2019 de la deducción por creación de empleo regulada en el Impuesto sobre Sociedades. De este modo no se exigirá la regularización de la deducción generada en 2018 y/o en 2019 si no se ha mantenido el empleo en 2020 debido a la crisis económica generada por el coronavirus.

 

  • Impuesto sobre el Valor Añadido
    • Se establece un tipo impositivo del IVA del 0% aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes sanitarios (se recoge un anexo con el listado de productos a los que resulta de aplicación) cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, hasta el 31 de julio de 2020, y todo ello de cara a permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva. Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos pasivos, estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.
    • Se reduce al 4 % el tipo impositivo del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico, todo ello para facilitar el acceso a los mismos dado que el confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos. 

 

  • Otras modificaciones tributarias:
    • Se excluye el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 a efectos del cómputo del plazo para acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
    • En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se excluye del cómputo a efectos de los plazos de presentación e ingreso de ambos impuestos, el periodo de tiempo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
    • Se reduce la cuota tributaria del Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales correspondiente al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al tiempo en que, debido a la declaración del estado de alarma, el establecimiento comercial permanezca cerrado.
    • Se reduce la cuota fija, de manera proporcional al tiempo de cierre obligado, de determinados tributos sobre el juego por la explotación de máquinas recreativas a causa del cierre de los establecimientos en los que estén instaladas.
    • En el ámbito de los procedimientos tributarios, se amplía hasta el 30 de mayo de 2020 el periodo que no computa a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. Asimismo, el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de los plazos de prescripción o de caducidad.
    • Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia tributaria para establecer los plazos de declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, cuyo deber de declaración haya nacido entre el 25 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
  •  

 

2. Ayudas extraordinarias a autónomos agrarios y culturales 

  • Se permite el acceso a las ayudas previstas en el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, a las y los trabajadores autónomos que realicen en territorio navarro actividades no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas (agrícolas, forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio), siempre que cumplan el resto de requisitos exigidos.
  • Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, tendrán derecho a la ayuda recogida en el apartado primero del artículo 2 del Decreto-Ley Foral 3/2020, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los autónomos societarios, trabajadores en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.
  • Se incluye a los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el sector cultural incluidas en los códigos de la CNAE 2009 que se relacionan a continuación: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos. En estos casos, deberá haberse producido una reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 30 % en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.

Las actividades afectadas son las siguientes:

5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.

5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.

5916: actividades de producciones de programas de TV.

5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.

9001: artes escénicas

9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.

9003: creación artística y literaria.

9004: gestión de salas de espectáculos.

 

3.- Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas regulado en el artículo 51 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

  • Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.

A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

  • A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

A estos efectos, durante la vigencia del estado de alarma o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación y Promoción en los términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.

Asimismo, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado conforme a lo anterior, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa, ni dará lugar a la perdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

 

 

 

R.D.-Ley 15/2020: Modificaciones tributarias en el ámbito de la A.E.A.T.

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones de índole tributario que inciden en el ámbito de la AEAT, que las resumimos y sistematizamos en las siguientes líneas:

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

Modificación:

  • Para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva, se establece hasta el 31 de julio de 2020, un tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido del cero por ciento aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios

Precisión:

    • Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
    • La aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

 

  • Dado que la actual situación de confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos, para facilitar el acceso a los libros, periódicos y revistas digitales, a través de una disposición final se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a los mismos, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico.

 

PAGOS FRACCIONADOS EN EL IS, IRPF E IVA

Impuesto sobre Sociedades

Es sabido que, respecto al cálculo de los pagos fraccionados del IS, se reconocen dos modalidades de cálculo. A saber:

Modalidad 1:

A esta modalidad se acogen automáticamente, salvo renuncia, los sujetos pasivos del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios no hubiera superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

Dentro de los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre  y diciembre, las entidades sujetas a esta Modalidad 1, deben efectuar un pago fraccionado del 18% de la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día uno de los citados meses sin perjuicio de que puedan ser descontadas las deducciones para evitar la doble imposición; las bonificaciones; las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a ese período impositivo.

Modalidad 2

Según esta segunda modalidad, el importe de los pagos se determina, resumidamente, aplicando un determinado porcentaje a la parte de base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural por lo que es un sistema que, a diferencia de la Modalidad 1, resulta ser más “sensible” a la efectiva marcha, buena o mala, de la actividad del sujeto pasivo en el ejercicio en curso

El ejercicio de la opción por esta Modalidad 2, para aquellos contribuyentes a los que resulte de aplicación automática la Modalidad 1 y pretendan renuncia a la misma, requiere que sea efectuado por la entidad a través de la correspondiente declaración censal (modelo 036), dentro del mes de febrero del año natural en que deba surtir efectos.

Sentado lo anterior, la novedad aprobada en el Real Decreto-Ley radica en que,

  • Se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación, hasta el próximo 20 de mayo, del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad 2 de forma que:
    • Se establece un sistema más flexible de renuncia a la modalidad 1 y acogimiento a la modalidad 2.
    • Se permite adaptar la cuota derivada del pago fraccionado, mediante el acogimiento a la modalidad 2, al verdadero impacto que la actual crisis pueda provocar en la actividad económica desarrollada por el contribuyente.
  • Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el 2019 se haya situado entre 600.000,01 € y no supere los 6.000.000 € se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.
  • Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

IRPF e IVA

Por otra parte, se adaptan temporalmente las cuantías de los pagos fraccionados e ingresos a cuenta de estos impuestos en cuanto se determinen con arreglo a signos, índices o módulos, al ver su actividad igualmente alterada por la emergencia sanitaria que padecemos.

Para ello se adapta de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que, al estar calculados sobre signos, índices o módulos, previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de sus ingresos actuales si se no se ponderase el período contemplado para el devengo del pago fraccionado con la paralización o minoración de actividad existente durante los días en los que ha estado vigente el estado de alarma.

Además, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, se elimina la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación.

 

OTRAS MEDIDAS FISCALES

Extensión de plazos

Se extiende hasta el 30 de mayo la vigencia temporal de determinadas medidas tributarias contenidas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que tenían como límite temporal el día 30 de abril de 2020, o, en su caso, el día 20 de mayo de 2020, a fin de garantizar la adaptación de dichas medidas a la evolución de la crisis cuyos efectos pretenden mitigar.

Aplazamientos de deudas tributarias

Como tuvimos la oportunidad de informarle en Boletines anteriores, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, estableció, como medida de apoyo financiero transitorio, la flexibilización en materia de aplazamiento de deudas tributarias, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de tributos a pymes y autónomos, previa solicitud del sujeto pasivo, limitada a solicitudes de aplazamiento inferiores a 30.000 € y exentas de la obligación de aportar garantía alguna.

Como complemento a dicha posibilidad, se arbitra a través del presente Real Decreto-Ley la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.

De esta forma, el sujeto pasivo no entrará en mora con la administración si cumple con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  • Que el contribuyente haya solicitado la financiación avalada por el Estado, regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para el pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones siempre que éstas se hayan presentado dentro del plazo establecido para la liquidación de cada impuesto.
  • Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria, hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
  • Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.
  • Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.

 

COVID-19 e incertidumbre en la empresa: cuestiones de actualidad en materia fiscal, de contratación, económico-financiera y laboral.

En los tiempos de incertidumbre, son muchas las dudas que surgen a empresarios y trabajadores relacionadas con diversas materias empresariales. Por ello, el próximo 7 de mayo de 9.30 a 11.00 horas, nuestros compañeros Jorge Santos, Fernando Armendáriz, Sergio Irurre y Patricia Granados impartirán un webinar organizado por la Asociación de la Industria Navarra (AIN) donde tratarán de sintetizar diversas cuestiones que les han ido planteando en materias tanto fiscales como relacionadas con la contratación o internacionalización, así como en materia económico-financiera o bien sobre cuestiones laborales, todas relacionadas con la especial situación de incertidumbre derivada del COVID-19.

Una vez que finalicen las 4 intervenciones, los distintos ponentes responderán las dudas que puedan tener los asistentes, que bien se tratarán en el momento o bien se intentará dar respuesta tras la sesión.

Se trata de un evento 100% financiado por Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria de Subvenciones dirigidas al desarrollo de perfiles profesionales estratégicos y a la incorporación de perfiles profesionales en las pymes de Navarra, así como para la realización de acciones de sensibilización empresarial, durante el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Se ruega a los participantes con plaza confirmada que accedan con puntualidad a la webinar y permanezcan en línea hasta su finalización.

Contenidos:

  • Cuestiones fiscales. Jorge Santos (Socio- director Departamento Fiscal)- 15 minutos

  • Cuestiones sobre contratación e internacionalización de la empresa. Fernando Armendáriz (Socio-director del Departamento de Contratación e Internacional)- 15 minutos

  • Cuestiones económicas. Sergio Irurre (Director del Departamento Económico) -15 minutos

  • Cuestiones laborales. Patricia Granados (Subdirectora del Departamento Laboral)-15 minutos

  • Turno de preguntas. 30 minutos

  • Cierre.

(Los tiempos de realización son aproximados)

 

Si desea pre-inscribirse, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

El Gobierno de Navarra aprueba un tercer paquete de medidas para responder al impacto generado por el COVID-19.

Hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, aprobado ayer por el Gobierno de Navarra, que recoge un nuevo paquete de medidas para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19.

En este decreto-ley foral se recogen, entre otras medidas, ayudas directas al colectivo de autónomos, la financiación de la investigación científica y técnica, la financiación de los servicios sociales o la coordinación ejecutiva de la salud laboral en las empresas por parte del Gobierno de Navarra.

A continuación, recogemos algunas de esas medidas, que consideramos especialmente relevantes, agrupadas por las diferentes temáticas mencionadas:

 

Ayudas directas para el colectivo de autónomos.

  • Tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros los trabajadores autónomos a los que les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y siempre que cumplan los siguientes requisitos para causar derecho a la misma:
    • Tener su residencia habitual en territorio navarro y estar en alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

    • No haber solicitado ayudas por promoción de empleo autónomo en el año 2020.

    • No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.

    • Que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio trabajador autónomo) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:

      1. Con carácter general, el límite de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

      2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

      3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

    • Permanecer en alta como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra durante 12 meses a partir de la finalización de la referida prestación prevista en el Real Decreto-ley 8/2020. Si se incumple dicha obligación de permanencia en alta, el perceptor deberá reintegrar la parte proporcional de la ayuda correspondiente al período de tiempo incumplido.
  • Los trabajadores autónomos que no se hubieran acogido a la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una ayuda directa extraordinaria de 700 euros siempre que, además de cumplir los establecidos en los 5 primeros  requisitos señalados anteriormente, cumplan los siguientes requisitos:
    1. Permanecer en alta en todo momento como autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en la Comunidad Foral de Navarra.
    2. No haber cesado en su actividad, pero acreditar que su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la ayuda se haya visto reducida en al menos un 30 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.

La ayuda directa de 700 euros señalada anteriormente podrá ser ampliada hasta un importe total de 800 euros siempre que la suma de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (incluidos los del propio solicitante de la ayuda) a la que pertenezca la persona autónoma no supere, mientras dure el estado de alarma, los siguientes importes:

      1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
      2. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
      3. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
      4. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  • Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la ayuda directa extraordinaria de 2.200 euros, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los autónomos societarios, trabajadores en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

 

Procedimiento. El reconocimiento de las ayudas directas extraordinarias reguladas en este apartado podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Dicha solicitud deberá presentarse telemáticamente. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, de acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho, en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud. Con posterioridad, se procederá a revisar las resoluciones provisionales adoptadas y el cumplimiento de los requisitos exigidos. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho a la totalidad o parte de la ayuda, se tramitará la correspondiente reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.

Acreditación de la reducción de la facturación. La acreditación de la reducción de la facturación a que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior, se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 30% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

La acreditación del cumplimiento del resto de requisitos exigidos en los apartados anteriores deberá realizarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

Compatibilidad con otras ayudas. Finalmente señalar que las ayudas directas extraordinarias previstas anteriormente serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite de intensidad fijado en el artículo 16.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones o en último término la facturación mensual media del solicitante en el año 2019.

 

Financiación de la investigación científica y técnica.

El Gobierno de Navarra autorizará la financiación o cofinanciación, en su caso, las propuestas que habiendo recibido una valoración favorable por parte del Comité-Científico responsable de la evaluación de propuestas de investigación en COVID19 y SARS-CoV-2, no hayan recibido financiación o la hayan recibido de forma parcial por parte del Instituto de Salud Carlos III en las ayudas convocadas para la financiación de proyectos de investigación con cargo al FONDO – COVID19.

Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto, que permitan una implementación y puesta en marcha inmediata en el Sistema Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.

 

Coordinación Ejecutiva de todos los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de Navarra.

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ejercerá la coordinación ejecutiva de todos los servicios de Prevención, propios y ajenos, de Navarra, en relación con el COVID 19.

Así mismo, las empresas y personas que desarrollan trabajo autónomo que no dispongan de Servicio de Prevención contarán con el asesoramiento del personal técnico del Servicio de Salud Laboral (ISPLN) y de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

 

Otras medidas urgentes

  • Modificación del apartado 5 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril que pasa a señalar lo siguiente:

Los expedientes de contratación relativos a suministros de aprovisionamiento y compra de equipamiento derivados del COVID-19 que deban tramitarse por el procedimiento de emergencia establecido en el artículo 140 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, estarán exentos de intervención previa, incluyéndose las órdenes de pago a justificar, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del número 1 del citado precepto que deberá cumplirse y del control financiero permanente al que, con carácter general, se hallan sometidos los actos a los que no se haya extendido la función interventora, conforme a lo establecido en los artículos 104 y siguientes de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

Idéntico régimen se aplicará a cualquier otro expediente de contratación motivado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, conexo o no con los contemplados en el párrafo anterior, que deba tramitarse por el procedimiento de emergencia.

 

  • Modificación del artículo 2 de la Ley Foral 7/2020, que pasa a señalar lo siguiente:

1.- Los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Con independencia de que un contrato de los citados en el párrafo anterior se halle suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

2.- En los contratos públicos que tengan por objeto servicios y suministros distintos de los referidos en el punto anterior, vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia de la crisis del COVID-19.

3.- En los contratos públicos que tengan por objeto obras, vigentes a la entrada en vigor de este Decreto-ley Foral, que celebren las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el mismo podrá suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

En los supuestos recogidos en los párrafos 1 a 3 anteriores no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato. Además, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo segundo de este punto, serán indemnizables los siguientes conceptos:

1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. A estos efectos, debe entenderse que los gastos salariales incluyen todas las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondan.

En los contratos de servicios o suministros a que se refiere el párrafo segundo de este apartado, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, IVA incluido.

En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude.

2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos.

4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este apartado únicamente tendrá lugar cuando el contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020.
  • Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.

La aplicación de lo dispuesto en este punto solo procederá cuando el órgano de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados, como consecuencia de la situación descrita en los párrafos 1 a 3 de este apartado. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato, así como la realidad, efectividad y cuantía de dichos gastos, y el mantenimiento del empleo adscrito a la ejecución del contrato durante todo el periodo objeto de la solicitud. En caso de que entre el personal citado en la solicitud se encuentren personas afectadas por el permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono de los gastos salariales de dichas personas no tendrá carácter de indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de recuperación conforme a lo previsto en el artículo tres del mismo, que se tendrán en cuenta en la liquidación final del contrato.

Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a la entrada en vigor de esta ley foral, celebrados por las entidades sometidas a la normativa de contratación pública vigente en la Comunidad Foral de Navarra en el momento de la adjudicación de cada contrato, la situación de hecho o de derecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de servicios durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por parte del concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.

La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo.

Lo previsto en los párrafos 1 y 2 de este apartado no será de aplicación en ningún caso a los siguientes contratos:

  1. De servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

  2. De mantenimiento de sistemas informáticos.

  3. De servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

El régimen previsto en este apartado se entiende sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como autoridad delegada competente designada en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para garantizar las prestaciones necesarias en orden a la protección de personas, bienes y lugares. Dichas medidas podrán implicar, entre otras, una modificación de los supuestos en los que procede la suspensión de los contratos.

En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista. Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

En estos mismos supuestos, cuando la modificación suponga la reducción del número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

Las medidas previstas en los apartados anteriores serán de aplicación también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales, a los encargos a entes instrumentales y a los casos de contratos públicos finalizados, en los que, en la fecha de declaración del estado de alarma y a requerimiento de la Administración, por razones de interés público, el contratista continuara prestando los servicios o suministros objeto del contrato ya finalizado, o los prestara por renuncia del contratista inicial.

 

  • Modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, se añade un párrafo al Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que señala lo siguiente:

Quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siempre que tengan su fundamento en los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

  • Medidas en materia de subvenciones.

Las convocatorias y concesiones de subvenciones anteriores al momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras.

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma, así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.

En el supuesto de subvención con anticipo de pago realizados efectivamente sobre la subvención concedida, cuando estén expresamente previstos en las correspondientes bases reguladoras, y que por motivos relacionados con el COVID-19 no se puedan realizar por imposibilidad sobrevenida, en el procedimiento de reintegro no se exigirá los costes por demora.

La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y no afecta a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la mencionada disposición adicional.

Se añade el siguiente apartado 5 al artículo 3 de la Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), que señala lo siguiente:

Cuando las subvenciones con cargo a partidas nominativas previstas en los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2020 no hayan sido concedidas en la fecha de la declaración del estado de alarma, y como consecuencia del mismo la actividad que se preveía subvencionar haya devenido en todo o en parte de imposible cumplimiento, se contemplará en la concesión de la subvención la posibilidad de subvencionar los conceptos relacionados en el apartado 3 del artículo 3 al que nos hemos referido, siempre que se justifiquen en el expediente los extremos señalados en el apartado 4.

 

Como siempre, esperamos que les haya sido de utilidad esta información, y quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas hayan podido suscitarse.

 

 

Extensión de determinados plazos para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones (AEAT)

En el día de hoy, 15 de abril de 2020, se ha publicado en el B.O.E. el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Las características de la extensión del plazo referida son las que seguidamente le detallamos:

  • ¿Quién se puede acoger al nuevo plazo? Se podrán acoger aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

  • ¿Hay entidades excluidas de la posibilidad de acogerse a esta extensión del plazo de presentación de las declaraciones y los correspondientes ingresos?: Sí. El Real Decreto-Ley establece que esta medida no puede ser de aplicación por parte de

    • o las entidades integrantes de grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios,

    • o los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.

  • Para las entidades que cumplen con los requisitos exigidos, ¿qué declaraciones y, en su caso, ingresos de la cuota tributaria resultante pueden acogerse a la extensión?: se podrá extender el plazo respecto de todas aquellas declaraciones e ingresos cuyo plazo de presentación, en condiciones normales, comprendiera el período transcurrido entre el 15 de abril y el próximo 20 de mayo.

  • ¿Qué plazo se ha establecido para la presentación de las declaraciones y, en su caso, ingreso de la cuota tributaria resultante?: El plazo de la presentación e ingreso de las declaraciones se extiende, precisamente, hasta el próximo 20 de mayo sin perjuicio de que el ingreso se extienda hasta el 15 de mayo si se opta por la domiciliación de la correspondiente autoliquidación.

Dietario de medidas de índole tributario

Les informamos que tienen a su disposición todas las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho dietario contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. 

Para descargar, puede hacer clic aquí.

 

Aspectos fiscales del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aspectos fiscales.

 

En el día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El real decreto-ley presenta un nuevo paquete de medidas que pretenden reforzar, complementar y amplía las anteriormente adoptadas. Entre estas medidas, que se dividen en diferentes secciones dependiendo a quién van destinadas, destacamos seguidamente aquellas propias del ámbito fiscal de la AEAT cabe destacar las siguientes:

 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (Artículo 44).

  •  Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
  • En este sentido, se exime a las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.

 

Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras (Artículo 52). 

  • En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
  • Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se liquiden conforme a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera y su concesión se notificará en la forma prevista para la notificación de la deuda aduanera, de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 58/2003, la garantía aportada para la obtención del levante de la mercancía será válida para la obtención del aplazamiento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria correspondiente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
  • Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
    • El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
    •  No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales (Artículo 53).

  • Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
  • Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (Disposición transitoria quinta).

 

Ampliación del plazo para recurrir (Disposición adicional octava).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos (Disposición adicional novena).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
  • Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disposición adicional vigésima).

  • Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
    • Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

    • Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

  • El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
    • Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado 1.c).

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

  • En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
  • Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el punto primero para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Modificación de la exención del AJD introducida en el Real Decreto-ley 8/2020 (Disposición Final Primera. Diecinueve). 

  • Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 (es decir, 18 de marzo de 2020), se modifica la disposición final primera de dicho Real Decreto- ley, que estableció la exención de la cuota gradual del AJD para las escrituras que formalicen novaciones de préstamos y créditos hipotecarios que se realicen al amparo de ese Rea Decreto-ley, con el siguiente objetivo:
    • Corregir el número del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD en el que se introduce dicha exención, debiendo ser el número 28, en lugar del 23 como se estableció inicialmente.
    • Precisar que la exención se limita a los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

Hasta aquí el resumen de los elementos más destacados en el ámbito fiscal del real decreto-ley, esperamos que os sea de ayuda y, desde ARPA Abogados Consultores, quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas puedan suscitarse.

 

 

 

 

FAQS: Fiscalidad

 

A) TERRITORIO COMÚN/AEAT

Sí, salvo que el contribuyente pueda acogerse a la ampliación de plazos prevista en el Real Decreto-ley 14/2020 en virtud del cual se ha ampliado, hasta el día 20 de mayo, el plazo de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo de presentación o de presentación y pago finalice entre los días 15 de abril y 20 de mayo, a excepción de las declaraciones aduaneras.

Únicamente aquellos contribuyentes que subjetivamente cumplan las condiciones previstas en dicha norma podrán presentar e ingresar todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo de presentación, en condiciones normales, comprendiera el periodo transcurrido entre el 15 de abril de 2020 y el 20 de mayo de 2020, hasta el próximo 20 de mayo (si bien el último día para domiciliar el pago sea el 15 de mayo).

No. Únicamente resulta aplicable a aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del IVA.

Además, no resulta de aplicación a:

  • Entidades que forman parte de un grupo de consolidación fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades, con independencia del importe neto de la cifra de negocios.
  • Entidades que forman parte de un grupo de entidades a efectos del IVA, con independencia del volumen de operaciones.

No, a pesar de no alcanzar los 600.000 euros de volumen de operaciones en el ejercicio 2019, al formar parte de un grupo de entidades a efectos de IVA no le resulta de aplicación la ampliación de plazo prevista en el Real Decreto-ley 14/2020.

No, únicamente resulta aplicable a aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que no formen parte de un grupo de consolidación fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades o de un grupo de entidades a efectos de IVA.

Que el importe de la cuota no se cargará hasta el día 20 de mayo, siempre que resulte de aplicación la ampliación del plazo prevista en dicho Real Decreto-ley.

Si, por el contrario, no les resulta de aplicación la ampliación de plazo, el importe de la cuota se cargará el día 20 de abril.

Sí. El Real Decreto-Ley 7/2020 permite el aplazamiento de las deudas derivadas de todas las declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo finalice entre los días 13 de marzo y 30 de mayo de 2020.

No. Están previstos únicamente para personas o entidades cuyo volumen de operaciones en 2019, no hubiera superado el importe de 6.010.121,04 euros.

Aquellas deudas cuyo aplazamiento está permitido por la Ley General Tributaria y además, las siguientes:

  • Las que deban cumplir los retenedores o los obligados a realizar ingresos a cuenta.

  • Las derivadas de los tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas han sido efectivamente pagadas.

  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Solo se pueden aplazar las deudas cuyo importe -en su conjunto- no supere los 30.000 euros.

El aplazamiento se podrá solicitar por un máximo de seis meses, no devengándose intereses de demora durante los tres primeros meses del aplazamiento.

El aplazamiento de estas deudas comenzará a computarse a partir del día 21 de mayo de 2020, no habiendo obligación de satisfacer intereses de demora hasta el día 21 de julio de 2020, incluido éste.

Telemáticamente. En la página web de la AEAT se han publicado unas instrucciones indicando los pasos a seguir para solicitar el aplazamiento. El trámite se realizará telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/, concretamente, por medio de la opción “Aplazamiento y fraccionamiento de deudas» que se encuentra en el apartado “Trámites destacados”.

Si. De acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020, el cómputo de duración máxima de los procedimientos tributarios, cuyas actuaciones se hubieran visto interrumpidas a 18 de marzo de 2020, volverá a reanudarse, que no a reiniciarse, el día 30 de abril de 2020.

De conformidad con la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 15, de 21 de abril, se amplían hasta el día 30 de mayo tanto los plazos cuyo cómputo no hubiera concluido a 18 de marzo de 2020, como aquellos otros cuyo cómputo se hubiera iniciado después del día 18 de marzo de 2020 (salvo que el plazo otorgado por la norma general fuera posterior a dicha fecha de 30 de mayo).

No. Únicamente los siguientes:

  • Los plazos para el pago de la deuda tributaria, tanto en período voluntario de ingreso (art. 62.2, LGT) como en periodo ejecutivo (art. 62.5, LGT).

  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento concedidos.

  • Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación).

  • Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria.

  • Los plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

  • El plazo para atender los requerimientos y las solicitudes de información emitidas por la Dirección General del Catastro.

Si. La ampliación de los plazos está prevista para las actuaciones, trámites y procedimientos realizados o tramitados por la Administración Estatal, por las Comunidades Autónomas o por las Corporaciones locales.

Se aplicará por defecto, sin perjuicio de que el interesado pueda decidir voluntariamente no agotar los plazos.

Por supuesto. La Administración considerará cumplido el trámite a todos los efectos, en la fecha de presentación.

En ambos casos, el plazo de un mes para recurrir en vía administrativa o interponer reclamación económico administrativa, se volverá a iniciar el día 30 de mayo de 2020, salvo, claro está, que la notificación sea posterior a esa fecha.

No obstante, no existe inconveniente en que el contribuyente presente su recurso o reclamación dentro del plazo establecido originalmente.

No. Mediante Acuerdo de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid declaró inhábiles los días comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020 (14 días); y la ORDEN de 26 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, amplió los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de todos los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, en un mes con respecto al que corresponde a cada tributo según su normativa en vigor. 

De acuerdo con lo anterior, para el cómputo de los 6 meses no se tendría en cuenta el período comprendido entre el día 13 de marzo y el 26 de abril, que sería lo mismo que añadir al 16 de julio, un mes entero y 14 días más, de manera que la fecha tope para la presentación de la liquidación de Impuesto sobre Sucesiones sería el 30 de agosto de 2020.

En territorio común no se ha modificado el calendario de la campaña de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, motivo por el que habiéndose abierto el plazo para la presentación de las mismas el pasado 1 de abril, podrá hacerse hasta el 25 de junio para los resultados a ingresar con domiciliación, y hasta el día 30 de junio en el resto de supuestos.

La AEAT ha puesto en marcha el “Plan le llamamos” a través del que la AEAT se pone en contacto telefónico con los contribuyentes que así lo hayan solicitado entre los días 5 de mayo y 29 de junio 2020, para presentar su declaración por teléfono. La AEAT comenzará a realizar estas llamadas a partir del día 7 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020. La solicitud puede formularse a través de los teléfonos 901 12 12 24 o 91 535 73 26.

 Además de ello, está prevista la atención personal en las oficinas de la AEAT, entre los días 13 de mayo y 30 de junio de 2020, siendo imprescindible la solicitud de cita previa, a través de los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71, que funcionarán de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

 

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B) NAVARRA

Conforme al Decreto-Ley Foral 2/2020 se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al 5 de abril de 2020 y, en consecuencia, se retrasa un mes cada uno de los vencimientos posteriores, sin que esto suponga liquidación de nuevos intereses en ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.

Sí, en el caso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones de IVA, Retenciones a cuenta del IRPF, a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y a cuenta del IRNR del primer trimestre, el plazo de presentación e ingreso se amplía hasta el 1 de junio de 2020.

El Decreto-Ley Foral prevé que las correspondientes al mes de febrero, puedan presentarse e ingresarse en un plazo que se extiende hasta el 30 de abril de 2020, si bien, hasta la fecha, no hay ampliación prevista para las correspondientes al mes de marzo.

Se ha aprobado una ampliación del plazo de presentación para las declaraciones informativas cuyo plazo inicial de presentación finalizase en marzo o en abril, nuevo plazo que se extiende hasta el 30 de abril, entre las que se incluye el modelo 349.

El periodo comprendido desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, no computa a efectos del transcurso de los plazos para presentar alegaciones, contestar a requerimientos o interponer recursos o Reclamaciones Económico Administrativas. Por tanto, será a partir del 30 de abril cuando comience a computarse el plazo de un mes para interponer el recurso pertinente.

No obstante, si el obligado atiende el requerimiento o presenta sus alegaciones, se entenderá evacuado el trámite.

El Decreto-Ley Foral 2/2020 prevé dos situaciones diferentes:

  • Si el plazo de pago de la deuda previsto en la norma tributaria no había concluido antes del 14 de marzo de 2020, el plazo para el pago se amplía hasta el 30 de abril de 2020.
  • Si el plazo de pago corresponde a notificaciones practicadas a partir del 14 de marzo de 2020, el plazo para el pago se amplía hasta el 1 de junio de 2020 (salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor).

 

Sí, pero no cualquier obligado tributario puede acogerse a esta medida. En concreto, podrán solicitar el aplazamiento las personas (físicas y jurídicas) y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas con volumen de operaciones en 2019 igual o inferior a 6.010.121,24 € (incluye pequeña empresa en REDEME).

Además de lo anterior, el obligado tributario debe quedar al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, y, esta situación debe mantenerse durante la vigencia del aplazamiento. 

Las deudas susceptibles de aplazamiento son:

  • las correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio (IVA, Retenciones, tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar).
  • Las correspondientes a notificaciones cuyo plazo voluntario de pago haya sido ampliado de conformidad con lo regulado en el apartado 3 del art. 12 hasta el 30 de abril (por ejemplo: propuestas de liquidación o liquidaciones provisionales notificadas por HFN a partir del 14 de Marzo de 2020 sobre impuestos previamente presentados).

Por tanto, este aplazamiento excepcional no es aplicable a deudas que se encuentren ya en periodo ejecutivo.

Esta medida implica la suspensión del ingreso durante 3 meses, contados desde la finalización del periodo voluntario de ingreso, a partir de los cuales, la deuda aplazada se ingresará en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.

¿Hay una limitación del importe a aplazar? ¿se exigen garantías y pago de intereses?

Se realizará a través del modelo oficial (CAT06), que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, consignando como periodicidad del pago “Mensual” y como número de periodos “4” para que sea identificada como aplazamiento excepcional contemplado en el Decreto-Ley Foral 2/2020.

¿Cómo se solicita este aplazamiento?

Se realizará a través del modelo oficial (CAT06), que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, consignando como periodicidad del pago “Mensual” y como número de periodos “4” para que sea identificada como aplazamiento excepcional contemplado en el Decreto-Ley Foral 2/2020.

 

Ejemplo: Una SL solicita el aplazamiento de la deuda correspondiente a las retenciones a cuenta del IRPF del primer trimestre, cuyo plazo de presentación e ingreso se ha ampliado hasta el 1 de junio de 2020 (vid. FAQ 2).

Esta SL tendrá la posibilidad:

    • De solicitar el aplazamiento total o parcial de la referida cuota hasta el 1 de septiembre (3 meses).
    • A partir de esa fecha, poder ingresar la cuota resultante de las retenciones en cuatro mensualidades de igual importe (1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre).
    • Todo ello sin necesidad de aportar garantías ni devengo de intereses.

Los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas, no tendrán la obligación de autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

No, el sistema tecnológico de Hacienda Foral de Navarra no admite, a diferencia de la AEAT, la utilización de certificados caducados. Si se encuentra en tal situación, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a buscar una solución.

Sí, las obligaciones de comunicación del SII no se han visto alteradas por la declaración del estado de alarma.

No, no se ha previsto ninguna suspensión o prórroga de plazos para las autoliquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No obstante, sí que se ha habilitado la posibilidad de que toda la documentación que haya de presentarse en relación con las autoliquidaciones presentadas por vía telemática, se presente también por esa vía, con independencia de que se trate de documentos públicos o privados.

El periodo transcurrido entre el 14/03/2020 y el 30/04/2020 no a efectos de: (i) duración máxima (aunque la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles); (ii) prescripción y (iii) caducidad.

 

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C) ÁLAVA

Sí. El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente, deba realizarse de oficio, se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020, en aquellos supuestos cuyo comienzo debiera producirse a partir del 14 de marzo de 2020.

Por otra parte, el inicio de los plazos para la interposición de recursos o reclamaciones administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a instancia del contribuyente, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

En el caso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, el plazo se extenderá durante los 12 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.

En cuanto a las correspondientes al mes de marzo, el plazo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.

Sí, El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 14 de marzo de 2020, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

Sí. Se establece un régimen excepcional para el fraccionamiento de deudas tributarias aplicable únicamente a las personas físicas que realicen actividades económicas, microempresas y pequeñas empresas definidas en art.13 NF del IS.

                ¿Qué deudas pueden acogerse a este fraccionamiento?

    • Deudas tributarias resultantes de autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
    • Deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración tributaria cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
    • Las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego (se entiende que en este caso se aplica a cualquier contribuyente).

            ¿Hay alguna limitación del importe a aplazar? ¿se exigen garantías y pago de  intereses?

 No. No existe limitación de cuantía, ni se exigirá la prestación de garantía ni se  devengarán intereses de demora. No obstante, deberá tenerse en cuenta que la deuda se hará efectiva con posterioridad al 1 de junio de 2020, fraccionada en 6 cuotas mensuales de idéntico importe, venciendo el primer plazo en el mes de julio.

            ¿Cómo se solicita este aplazamiento?

            La solicitud de este fraccionamiento deberá realizarse en función del tipo de deuda:

    • En caso de deudas resultantes de autoliquidaciones: en el momento de la presentación de la autoliquidación, en la Hacienda Foral de Álava, a través de los mecanismos que a tal efecto se establezcan.
    • En caso de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración: antes del 1 de junio de 2020 a través de los mecanismos que se establezcan.

Se retrasa un mes el pago del vencimiento del mes de abril y, en consecuencia, se retrasa un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que esto suponga liquidación de nuevos intereses.

Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primero y segundo trimestre de 2020 (regla general), al primer semestre de 2020 (sector agricultor y ganadero) y al primer, segundo y tercer bimestre de 2020 (aquellos que presenten pagos cada dos meses).

En base al sistema de presentación de la declaración del IRPF que usemos: “rentafácil”; “rentared” o “rent@raba”, los plazos de presentación serán los siguientes:

  1. “rentafácil”: La declaración podrá realizarse del 15 de abril al 28 de octubre de 2020.

  2. “rent@raba”:

    1. Si se realiza a través de las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava se podrá efectuar del 15 de abril al 30 de octubre de 2020.

    2. Si se realiza en las oficinas de la Hacienda Foral, se dispondrá desde el 8 de septiembre al 28 de octubre de 2020.

  3. “rentared”: La declaración podrá realizarse desde el 15 de abril al 30 de octubre de 2020.

El plazo de pago en período voluntario del importe resultante de la autoliquidación del IRPF se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2020

 

El plazo de presentación es el comprendido entre el 15 de abril y el 25 de junio de 2020.

El importe resultante de la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio deberá ingresarse en su totalidad hasta el 25 de junio de 2020 (hasta el 16 de junio para domiciliar el pago).

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D) BIZKAIA

El 4 de mayo de 2020 es la fecha de inicio del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación correspondiente al ejercicio 2019 del IRPF. Si bien no se ha concretado una fecha exacta de finalización de plazo en periodo voluntario, sí que ésta coincidirá con la finalización del plazo de dos meses a partir del momento en que las oficinas de Hacienda Foral de Bizkaia y oficinas colaboradoras puedan prestar los servicios de atención presencial para la confección de autoliquidaciones.

Se inicia el 4 de mayo de 2020 y, en consonancia con la campaña del IRPF, no se ha establecido la fecha de finalización de la campaña (se establecerá por Orden Foral).

 

Sí, el plazo se extiende hasta el 1 de junio de 2020 (incluido) cuando el plazo para el pago de las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio.

Se ha eliminado la obligación de autoliquidación e ingreso por parte de las personas físicas que realizan actividades económicas de los pagos fraccionados del IRPF correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

Sí, hasta el 1 de junio de 2020 (inclusive), pero únicamente para las personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y pequeñas empresas respecto a aquellas autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo voluntario de presentación finalice entre el 16 de marzo y 1 de junio.

Tal ampliación de plazo es aplicable también a las entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades económicas salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas.

Se ha previsto un aplazamiento excepcional de las deudas tributarias de trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas cuyo plazo voluntario de presentación e ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020.

Asimismo, también podrán acogerse a este aplazamiento excepcional los autónomos y pequeñas empresas y microempresas respecto a las deudas tributarias liquidadas por la Administración y cuyo plazo voluntario de ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020.

¿Cómo funciona dicho aplazamiento excepcional?

Se pueden aplazar las deudas sin prestar ningún tipo de garantía y sin devengo de intereses de demora.

El pago de estas deudas se suspenderá durante un periodo de tres meses desde la finalización del periodo voluntario, y se ingresará a partir de entonces en seis cuotas mensuales de igual importe.

El plazo para la contestación de requerimientos individualizados de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria se suspende durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y 1 de junio de 2020.

Se aplaza hasta el próximo 1 de junio la fecha de inicio de los procedimientos tributarios que deban realizarse de oficio, en aquellos supuestos cuyo comienzo deba producirse a partir del 16 de marzo de 2020, si bien, entre otros supuestos, este aplazamiento no afectará a los procedimientos sancionadores, a las compensaciones de oficio, a los embargos, ni a las propuestas de liquidación del IRPF.

Por otro lado, se extiende hasta el 1 de junio el inicio del plazo para cualquier actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a instancia del contribuyente, siempre que la presentación telemática no sea obligatoria.

 

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E) GIPUZKOA

El plazo para presentar ambas autoliquidaciones finaliza el 29 de julio de 2020. Los cargos en cuenta de las domiciliaciones se efectuarán el 30 de julio de 2020.

No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Además, dicho periodo no computará a efectos de los plazos de prescripción y caducidad.

Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero:

  1. Colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: Nuevo plazo hasta el 27 de abril produciéndose la domiciliación en esa fecha.

  2. Colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.

Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo:

  1. Colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: hasta el 27 de abril produciéndose la domiciliación en esa fecha.

  2. Colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.

Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de abril:

  1. Colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: hasta el 25 de mayo.

  2. Colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.

Se amplía, únicamente para determinados obligados tributarios, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas.

¿A quién resulta aplicable esta ampliación de plazo?

  • Personas físicas.

  • Entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades económicas (salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas).

  • Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.

  • Las herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio.

  • Las microempresas y a las pequeñas empresas (art. 13.1 y 2 NF 2/2014).

  • Las entidades parcialmente exentas (art. 13.2 NF 2/2014).

  • Las sociedades patrimoniales (art. 14 NF 2/2014).

  • Las entidades sin fines lucrativos que tributen en virtud del régimen especial previsto en la N.F. 3/2004).

 

Así, para dichos contribuyentes, se amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo de presentación y, en su caso, de ingreso de las siguientes autoliquidaciones y declaraciones:

  1. Las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 cuyo plazo de presentación finaliza el 27 de abril de 2020.

  2. Las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

  3. Las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

  4. Las autoliquidaciones y las declaraciones no periódicas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

Para las microempresas, pequeñas empresas y entidades sin fines lucrativos mencionadas, se tomará en cuenta la autoliquidación del impuesto sobre sociedades correspondiente al último período impositivo.

En caso de entidades de nueva creación, los plazos previstos para estas declaraciones se ampliarán, en todo caso, hasta el 1 de junio de 2020.

Asimismo, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los tributos sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos automáticos, se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.

Sí, los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extienden hasta el 27 de abril de 2020.

Se incrementa hasta 300.000 € el importe total de deuda que se puede aplazar con dispensa de garantías (los denominados aplazamientos automáticos).  

Asimismo, el fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de dos años.

Además, el ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo solicitado o de 60.000 € si el importe total solicitado va a superar los 300.000 €, de forma que la cantidad a fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 €.

En los aplazamientos y fraccionamientos vigentes, se retrasa un mes el pago de los vencimientos del 25 de marzo y 10 de abril de 2020. En consecuencia, también se retrasa un mes el resto de los vencimientos posteriores si los hubiera. Esta medida será también de aplicación a los acuerdos sobre condiciones singulares de pago.

Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico- administrativas frente a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.

Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con posterioridad a dicha fecha.

No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

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Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinche aquí para descargarlo)

 

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Nuevas medidas tributarias aprobadas en Navarra para responder al impacto generado por el COVID-19 en virtud del Decreto-ley Foral 2/2020

Nuevas medidas tributarias aprobadas en Navarra para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19 en virtud del Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo de 2020.

 

Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinche aquí para descargarlo)

Además de las medidas contenidas en el Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, en virtud del presente Decreto-Ley Foral 2/2020 (el Decreto, en adelante) se establecen nuevas medidas que atañen a diversos ámbitos de la realidad de la CF de Navarra y que se ha considerado conveniente aprobar dadas las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que estamos viviendo a día de hoy. En los siguientes puntos desarrollamos aquellas medidas de interés que, respecto del ámbito tributario, se contienen en el Decreto y redundan en un favorecimiento de la liquidez, tanto de autónomos como empresas.

 
Ampliación de determinados plazos en el ámbito tributario

  • Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se establecen las siguientes medidas:
    • Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter trimestral: el plazo correspondiente a las declaraciones del primer trimestre de 2020 quedan prorrogadas hasta el próximo 1 de junio de 2020 (Mod.  F-69, 715, 716, 759, 773, 774…).
    • Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter mensual (Alta en REDEME, volumen de operaciones superior a 6.010.121,42 €):
      • el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, se amplía hasta el 30 de abril.
      • el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo queda inalterado (30 de abril).
  • Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación de declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en los meses de marzo o abril, el plazo se amplía hasta el 30 de abril (por ejemplo, el modelo 349 o modelo 720).
  • En general, los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
  • Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
  • Además, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.
  • Respecto de los Sujetos contribuyentes de IRPF:
    • Pagos fraccionados: Los contribuyentes sometidos a este impuesto y que desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
  • El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. Hasta la publicación del presente Decreto, la renuncia tácita se entendía producida mediante la presentación en plazo de la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general a la liquidación del IVA.
  • Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. En condiciones normales el plazo para la renuncia está establecido entre el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto y el 31 de marzo del año por lo que, esta última fecha, se amplía hasta el citado 1 de junio de 2020.
  • Por el contrario, el Decreto no contiene ninguna mención a la suspensión o prórroga de plazo alguno relacionado con el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII)
 
Aplazamiento excepcional de deudas tributarias
  • El Decreto prevé el aplazamiento de determinadas deudas tributarias generadas por personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas y que cumplan los siguientes requisitos:
    • Que su volumen de operaciones no haya superado, en el 2019, 6.010.121,24 euros,
    • Que la deuda a aplazar provenga de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020,
  • Cumplidos estos parámetros, las deudas podrán ser aplazadas, en las siguientes condiciones ventajosas:
    • No tiene que realizarse pago a cuenta inicial alguno,
    • No existe obligación de prestar garantía,
    • No se devengarán intereses de demora,
    • Eso sí, el solicitante debe quedar al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo.
  • Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado en virtud de lo dispuesto en el Decreto y anteriormente destacado.
  • Se prevé que este aplazamiento excepcional sea de aplicación, incluso, a la deuda tributaria procedente de la retención de rendimientos de trabajo y las derivadas de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar para las que, aplazamientos que, hasta el momento de la entrada en vigor del Decreto, exigían aval bancario como garantía del mismo.
  • Período de carencia: El Decreto prevé, además, que el ingreso de las deudas aplazadas ii.  se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.
  • Desde un punto de vista práctico, estas medidas suponen que, por ejemplo, una empresa que viniera cumpliendo con sus obligaciones trimestrales de IVA tenga la posibilidad:
    • De diferir el pago de la cantidad resultante de la liquidación, hasta el 1 de junio.
    • Además, y en su caso, solicitar el aplazamiento total o parcial de la referida cuota hasta el 1 de septiembre (3 meses).
    • A partir de esa fecha, poder ingresar la cuota resultante del IVA en cuatro mensualidades de igual importe (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).
    • Todo ello sin necesidad de aportar garantías ni devengo de intereses.
  • La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
 
Otras modificaciones
  • El Decreto prevé la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  • Se aclara que el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas (aunque si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite) y que durante dicho periodo se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.

Aprobación de medidas de índole tributario en Gipuzkoa

Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (pinchar aquí para descargar)

En el Consejo de Diputados celebrado en fecha 24 de marzo, y ante la situación excepcional provocada por el coronavirus (COVID19), se ha aprobado un Decreto Foral-Norma 1/2020 (el Decreto, en adelante) en aras a solventar las dificultades en las que se pueden encontrar los obligados tributarios en el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria.

Suspensión o prórroga del inicio de procedimientos

  • El Decreto afirma expresamente que los términos y plazos tributarios quedan fuera del ámbito de aplicación del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Gobierno Foral adoptado el 17 de marzo de 2020, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de 18 de marzo de 2020 (vid. Apartado anterior del Dietario) en el que, como norma general, se establecía la suspensión, con efectos de 14 de marzo de 2020, de los plazos para la tramitación de los procedimientos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, además, se afirmaba que el cómputo de los plazos suspendidos se reanudará en el momento que determinen las autoridades competentes.
  • Pues bien, en el concreto ámbito tributario, son de aplicación los siguientes parámetros relativos a la suspensión o prórroga de los procedimientos tributarios:
    • No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
    • El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos para la prescripción ni a efectos de los plazos de caducidad.
    • En los procedimientos iniciados a instancia de parte sujetos a plazo, cuando el plazo para iniciarlo venza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, éste se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación para los procedimientos iniciados como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones, a los que se les aplicará la normativa tributaria general con las especialidades que seguidamente destacamos.

Ampliación de plazos autoliquidaciones, declaraciones y otros

  • Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero que, inicialmente, tenían un plazo de declaración e ingreso hasta el 25 de marzo (330, 320, 111, 044, IVA, Retenciones, juego, IIEE…) se establece un nuevo calendario:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: Nuevo plazo hasta el 27 de abril produciéndose la domiciliación en esa fecha.
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.
  • Respecto de las declaraciones informativas y recapitulativas (720, 189, 349 …), cuyo plazo inicial de presentación finalizaba entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020, se establecen las nuevas fechas:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática (p.e.:720): nuevo plazo hasta el 27 de abril.
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y posibilidad de presentar en papel de ese modelo: nuevo plazo hasta el 1 de junio.
  • Respecto al Suministro Inmediato de Información (SII), los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extienden hasta el 27 de abril de 2020.
  • Autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo y trimestrales del primer trimestre que, en principio, tenían hasta el 25 de abril para su presentación (330, 320, 111, 044, 300, 110, IVA, Retenciones, juego, IIEE…) se establece un nuevo calendario:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: plazo hasta el 27 de abril (no varía).
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y posibilidad de presentar en papel de ese modelo: nuevo plazo hasta el 1 de junio.
  • Autoliquidaciones correspondientes al mes de abril que, inicialmente tenían de plazo hasta el 25 de mayo para su presentación (330, 320, 111, 044, IVA, Retenciones, juego, IIEE, …), se establece el siguiente calendario:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: el plazo se mantiene inalterado dado que se mantiene el 25 de mayo como fin del plazo voluntario.
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y posibilidad de presentar en papel de ese modelo: el plazo se amplía hasta el 1 de junio.
  • Autoliquidaciones no periódicas (ITP, Sucesiones y donaciones…)
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática, el plazo abarca hasta el 25 de abril.
    • Respecto de los colectivos
      • no obligados a presentar telemáticamente y tengan abierta la posibilidad de presentar en papel el modelo correspondiente,
      • todas aquellas autoliquidaciones que no tengan abierta la posibilidad de presentación telemática (Impuesto sobre sucesiones y donaciones, por ejemplo) 

El plazo de presentación e ingreso de las correspondientes autoliquidaciones, cuyo vencimiento inicial se produzca a partir del 14 de marzo, ven incrementado el mismo hasta 1 de junio de 2020.

  • Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.Por lo tanto, se exime a estos obligados tributarios de presentar la autoliquidación ni se remitirá domiciliación alguna (modelo 130).
  • IBI: El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria correspondiente al año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará desde el 1 de agosto al 15 de septiembre de 2020.
  • Liquidaciones que estaban realizadas y pendientes de pago y para las nuevas notificaciones, plazo para pago 1 de junio, independientemente de la fecha de notificación.
  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes: se retrasa un mes el pago de los vencimientos del 25 de marzo y 10 de abril de 2020 determinándose, además, que también se retrasan el resto de los vencimientos posteriores si los hubiera.

Otras medidas tributarias

  • Aplazamientos:
    • Se incrementa hasta 300.000 € el importe total de deuda que se puede aplazar con dispensa de garantías (los denominados aplazamientos automáticos).
    • El fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de dos años.
    • El ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo solicitado o de 60.000 € si el importe total solicitado va a superar los 300.000 €, de forma que la cantidad a fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 €.
  • En el seno del procedimiento administrativo de apremio no  se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
  • Recursos de reposición y reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral.
    • En el recurso de reposición y en las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
    • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico- administrativas frente a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.
    • Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con posterioridad a dicha fecha.
    • No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

 

Actualidad tributaria 

Antes de nada, queremos aprovechar la oportunidad para recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinchar aquí para descargar)

A continuación, le detallamos las principales novedades tributarias en el ámbito de la A.E.A.T. y la Diputación Foral de Álava: 

A.E.A.T.:

Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del I.R.P.F., ejercicio 2019

  • Lo más destacable de esta Orden es que, a pesar de la crisis provocada por el COVID-19 y de las restricciones para evitar su expansión, la AEAT ha decidido mantener su calendario para la campaña del IRPF y del impuesto de patrimonio, de forma que comenzará el día 1 de abril y debe concluir el 30 de junio.
  • La Agencia Tributaria defiende que, con esta decisión, los contribuyentes –muchos de ellos afectados por el parón de la economía– podrán recibir la devolución del IRPF del ejercicio del 2019 a partir del día 3 de abril.
  • Les informaremos en caso de que, el devenir de los acontecimientos, provoque algún cambio respecto de una posible ampliación de la “campaña IRPF 2019” en el ámbito estatal.

 
D.F. DE ÁLAVA
 
Medidas tributarias del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, Del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOTHA. de 20-III-2020, entrada en vigor el 14-III-2020)

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado, en fecha de 18 de marzo de 2020 pero con carácter retroactivo con efectos al 14 de marzo de 2020, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal que recoge las medidas tributarias urgentes destinadas a garantizar la liquidez del tejido económico alavés, y a minimizar los perjuicios económicos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 (el Decreto, en adelante). 

Caben destacar las siguientes medidas tributarias:

  • Suspensión o prórroga del inicio de los plazos en procedimientos tributarios: 
    • Procedimientos de oficio: El inicio de oficio de los procedimientos tributarios se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Procedimientos a instancia de parte: El inicio de los plazos para interponer, por parte del contribuyente, recursos y reclamaciones administrativas, o de cualquier otra actuación que deba comenzar a instancia del contribuyente, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020. 
  • Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las liquidaciones y de determinadas autoliquidaciones:
    • Respecto de las Autoliquidaciones mensuales del mes de febrero (a presentar en marzo): El plazo se extenderá durante los 12 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.
    • Respecto de las Autoliquidaciones mensuales del mes de marzo (a presentar en abril): El plazo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes al momento en que cese el estado de alarma.
    • Respecto de las Autoliquidaciones del primer trimestre de 2020 (a presentar en abril): El plazo se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Ingreso de liquidaciones: El plazo de ingreso de las liquidaciones con vencimiento a partir del 14 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.   
  • Suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios.
    • La suspensión de los plazos no causa la caducidad de los procedimientos en curso. Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se califican como interrupción justificada o dilación por causa no imputable a la Administración. Ello implica que no se produce la caducidad de los procedimientos por el periodo transcurrido durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
    • Contestación a requerimientos de la Administración: El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.
    • No devengo de intereses de demora en determinados procedimientos: No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e investigación ni en los de comprobación restringida, durante el periodo transcurrido entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.  
  • Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias.
    • Ámbito del fraccionamiento especial: 
      • Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 
      • Las deudas tributarias de los señalados anteriormente procedentes de liquidaciones practicadas por la Administración cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.  
    • Características del fraccionamiento: Se fraccionarán sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora. 
    • Regla general para estas deudas: Su ingreso se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Solicitud de fraccionamiento: Los obligados citados anteriormente podrán, a partir del 1 de junio de 2020, solicitar un fraccionamiento de 6 cuotas mensuales de idéntico importe, siendo el primer vencimiento el mes de julio de 2020
    • Fraccionamiento de las deudas de juego: Podrán ser objeto de este fraccionamiento las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego.  
  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes.
    •  Aplazamientos: Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril (próximo pago a vencer) de los aplazamientos concedidos retrasándose en consecuencia un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de demora. 
  • Pagos fraccionados.
    • Se anulan los pagos fraccionados de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ejerzan actividades económicas, es decir:
      • No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primero y segundo trimestre de 2020 (regla general).
      • No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer semestre de 2020 contribuyentes pertenecientes al sector agricultor y ganadero.