Medidas Covid 19

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Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19 (artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020)

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, ha previsto en su artículo 24 una serie de medidas extraordinarias en materia de cotización de las empresas para hacer frente a la situación coyuntural derivada del COVID-19 que estamos viviendo, y que se aplicará a los expedientes de suspensión de contrato y reducción de jornada por fuerza mayor.

 

¿En qué consiste la referida medida adoptada en materia de cotización de las empresas?,

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

 

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir?

  • Haya sido autorizado un expediente de regulación empleo de suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor.
  • Compromiso de mantenimiento de empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad (disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo)

A este respecto, el Real Decreto Ley 11/2020 en su exposición motivos establece que en cuanto al compromiso fijado en la Disposición Adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 este debe entenderse como la voluntad de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en el COVID-19. Dicho compromiso, tal y como se recoge en una disposición final, deberá cumplirse y verificarse teniendo en cuenta las características y circunstancias de la empresa o del sector correspondiente, atendiendo en especial a la estacionalidad o variabilidad del empleo, así como su correspondencia con eventos concretos, acontecimientos u otras especificidades sectoriales como las de, por ejemplo, las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual. Igualmente deberá tenerse en cuenta la normativa laboral aplicable. Así, el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En el caso de contratos temporales, el compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Ha de reseñarse que estas consideraciones no han sido transpuestas al articulado del Real Decreto Ley a excepción de la Disposición Adicional decimocuarta relativa a las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual.

 

¿Se trata de una exoneración total?

La medida de exoneración de las cuotas adoptada en materia de cotización de las empresas variará en función del número de trabajadores. Por lo tanto:

  • Se exonerará el 100% de la aportación empresarial y conceptos de recaudación conjunta si la empresa a 29 de febrero de 2020 tuviera menos de 50 trabajadores, en situación de alta en la Seguridad Social.
  • Se exonerará el 75% de la aportación empresarial y conceptos de recaudación conjunta si la empresa a 29 de febrero de 2020 tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social.

 

¿Tiene efectos la exoneración de las cuotas sobre la persona trabajadora?

La exoneración a la empresa de las cuotas no tiene efectos para la persona trabajadora, y, por consiguiente, para los empleados de la empresa se mantendrá la consideración de dicho periodo como efectivamente cotizado a todos los efectos.

 

¿Quién aplica la exoneración de las cuotas y quién la solicita?

La exoneración de cuotas no es una exención automática, sino que se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

Para la aplicación de la exención será suficiente la verificación por la Tesorería General de la Seguridad Social de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el periodo de que se trate.

Para más información,  le facilitamos el enlace al Boletín de noticias RED 2020/6 de 30 de marzo de 2020,  donde el sistema red hace referencia al calculo de cuotas y generación de DCL y Recibos.

 

¿Cuál es el mecanismo de control?

La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesario para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación con los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo por el periodo que se trae.

 

¿Cuál es el periodo de aplicación de la exoneración de cuotas?

La exoneración de las cuotas se aplicará mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a la fuerza mayor vinculada del COVID-19. Es decir, en principio, la medida estará vigente durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que se puede prorrogar su duración por parte del Gobierno, mediante Real Decreto-ley.

Además, cabe decir que, Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, ha señalado que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones previstas en el artículo 24 se aplicarán a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Aspectos laborales del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aspectos laborales.

 

En el día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El real decreto-ley presenta un nuevo paquete de medidas que pretenden reforzar, complementar y amplía las anteriormente adoptadas. Entre estas medidas, que se dividen en diferentes secciones dependiendo a quién van destinadas, en el ámbito laboral, cabe destacar las siguientes:

 

Medidas de apoyo a los autónomos

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (Artículo 34).

  • Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

A estos efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta.

  • Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.
  • La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado segundo de este artículo. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.
  • Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.
  • En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social en la solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos a los que se refiere el apartado primero.

El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

 

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (Artículo 35).

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

 

Flexibilización en materia de suministros

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas (Artículo 42).

  • Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.
    • Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.

En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distribuidores.

  • Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación.

En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas dicha solicitud.

  • Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
    • los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,
    • los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
    • en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En la aplicación, en su caso, de los pagos anteriormente citados se estará a lo previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 83.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro de electricidad y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, sobre la revisión de las instalaciones de más de veinte años.

 

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural (Artículo 43).

  • Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él.
    • El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las siguientes medidas:
      • El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y distribución;
      • La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva modificación;
      • La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
    • Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del punto de suministro.
  • Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última modificación. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
  • Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.

 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (Artículo 44).

  • Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.

En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).

  • En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa.

Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.

  • Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar el término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura completa.

Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.

  • Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
  • Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha regularización.
  • Las comercializadoras de electricidad y gas natural, y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, cuyos ingresos se vean reducidos como consecuencia de las medidas incluidas en el apartado 1 podrán solicitar los avales definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 o cualquier otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos, teniendo en cuenta las exenciones recogidas en el punto 2 para las comercializadoras de electricidad y en el punto 3 para las comercializadoras de gas natural.
  • Las distribuidoras de electricidad y las distribuidoras y transportistas de gas natural, cuyos ingresos provisionales por recaudación de peajes se vean reducidos como consecuencia de las medidas incluidas en el apartado 2 podrán solicitar los avales definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos.

 

Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables

Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 (Artículo 28). 

  • Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

  • Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el apartado anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior:
    • a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
    • a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
    • a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

  • La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.

  • Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la siguiente documentación acreditativa:
    • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
    • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
    • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
    • Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

 

Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social (Artículo 30).

 

  • Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
    • Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
    • Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el artículo 49.1.k del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los términos previstos en el artículo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
  • La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

 

Cuantía del subsidio (Artículo 31).

  • La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje determinado en este apartado.
  • La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30.

Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse.

  • La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por ciento a la base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora.

Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la suma de las cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el porcentaje del setenta por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo límite previsto en el apartado anterior. En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o alguno de los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente.

  • Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho. A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de nacimiento del derecho aquella identificada en la declaración responsable referida en el apartado anterior cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.

 

Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario (Artículo 32).

  • El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.
  • El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

 

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal (Artículo 33). 

  • Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo.

  • El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
  • El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente.
  • La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

 

Otras medidas destacadas

 

Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total (Disposición adicional vigesimoprimera).

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.

 

Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma (Disposición adicional vigesimosegunda).

 

  • Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.

Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que, como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir.

  • A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación temporal de empleo.

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.

 

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (Disposición final primera).

 Cabe destacar las siguientes modificaciones, en las que se subraya aquellos aspectos novedosos:

  1. Se modifica el enunciado del apartado 1 del artículo 17 que queda redactado como sigue (Ocho): 
  • «Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
    • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
    • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
    • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.»

Se adicionan tres nuevos apartados 7, 8 y 9:

  • «En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  • El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.
  • La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.»

 

  1. Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (Trece).

 

  1. Se modifica la disposición final décima, que queda redactada de la siguiente manera (Diecisiete):

«Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.»

 

  1. Se modifica el apartado segundo de la disposición transitoria primera, que queda redactado en los siguientes términos (Dieciocho):

«Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y en los apartados 1 a 5 del artículo 25, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID- 19.

La medida prevista en el artículo 25.6 será de aplicación a los trabajadores que hayan visto suspendida su relación laboral con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto-ley, siempre que dicha suspensión sea consecuencia directa del COVID-19»

Por último, cabe mencionar que el Real Decreto-Ley 11/2020 también aborda las siguientes cuestiones que pudieran ser de interés:

  • Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (Artículo 50).
  • Fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación profesional para el empleo para el año 2020. (Disposición adicional séptima).
  • Aplicación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, a las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual. (Disposición adicional decimocuarta).
  • Previsiones en materia de concursos de acreedores (relacionado con artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020) (Disposición transitoria cuarta).

 

Vigencia del Real Decreto-ley 11/2020

Las medidas previstas en el Real Decreto-ley 11/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en el real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.

 

Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley 11/2020 entrará vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, mañana día 2 de abril de 2020.

 

Hasta aquí el resumen de los elementos más destacados en el ámbito laboral del real decreto-ley, esperamos que os sea de ayuda y, desde ARPA Abogados Consultores, quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas puedan suscitarse.

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del R.D.-ley 10/2020

Después de la publicación, en el BOE del pasado 29 de marzo de 2020, del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se ha publicado esta nueva Orden que puede consultar en el siguiente enlace y de la que cabe destacar lo siguiente:

 

  1. Se establece expresamente que el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena. A contrario sensu, cabe establecer que las personas trabajadoras por cuenta propia quedan fuera de su ámbito de aplicación y que, en consecuencia, no les resulta de aplicación a los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el resto de normas que lo desarrollan. En definitiva, dentro de este ámbito de actividad, los autónomos pueden continuar prestando sus servicios normalmente.

  2. Se reconoce que las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.

  3. Por último, en el Anexo de la Orden se contiene un Modelo de Declaración Responsable, a expedir por la empresa o entidad empleadora, en favor de los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 por desempeñar su labor en actividades esenciales, así como en favor de aquellas personas que ejerzan la actividad de representación sindical o empresarial. El objetivo de la citada declaración es que la persona trabajadora portadora del mismo pueda continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.

 

La recomendación que le trasladamos desde ARPA Abogados  Consultores es que la Declaración siga el Modelo publicado en el Anexo de la Orden y que seguidamente transcribimos para su comodidad:

 

ANEXO

 

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020

 

D/D.ª _________________________________________, con DNI ____________________, actuando como representante de la empresa/empleador ___________________________ (NIF:_____________).

 

Datos de contacto de la empresa/empleador:

 

– Domicilio: _______________________________________

– Teléfono: _______________________________________

– Correo electrónico: _______________________________

 

Declara responsablemente:

 

Que D/D. ª ___________________________________ ,con DNI ________________________, es trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020.

 

Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo.

 

En ________________________, a ____de ____________de 2020.

 

FDO: ________________________

 

Para su mayor comodidad, puede descargarse este modelo en formato word a través del siguiente enlace.

Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable.

Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales

 

Una vez que finalmente ya se ha publicado el Real Decreto Ley 10/2020, les acompañamos a continuación una serie de comentarios y explicaciones acerca del contenido del mismo.

No obstante lo anterior, y a efectos de ser prácticos, previamente a dichos comentarios y explicaciones queremos trasladarle las siguientes recomendaciones:

 

Recomendaciones en materia laboral:

Ante el permiso retribuido establecido por el Real Decreto Ley 10/2020, las empresas deben proceder a realizar el siguiente análisis:

  • ¿Es la actividad de mi empresa esencial (incluidas las actividades conexas a una actividad esencial, tal y como se estable en el citado Real Decreto Ley) a los efectos de la citada norma?

Para la realización de dicho análisis, puede estudiar el texto de la citada norma (a la que puede acceder a través del siguiente enlace), así como la presente circular.

Así mismo, en caso de que tras dicho análisis tenga dudas acerca de si la actividad es o no esencial, le recomendamos que dirija una consulta a la Delegación de Gobierno de su Comunidad Autónoma detallando su actividad y remitiendo cualquier información y documentación que sea necesaria o conveniente para poder resolver dicha consulta. Puede localizar el correo electrónico al que dirigir dicha consulta a través del siguiente enlace.

  • Si la actividad que realiza es esencial, le recomendamos que proporcione a sus trabajadores, para que lo lleven consigo en todos sus desplazamientos, un certificado empresarial en el que se explique la naturaleza de la actividad de la empresa y se acredite, entre otros aspectos, la pertenencia de dicho trabajador a la empresa y su puesto de trabajo.

Se adjunta a tales efectos un modelo general de certificado para la circulación de los trabajadores de empresas que realizan actividades esenciales.

  • Si, por el contrario, la actividad que realiza su empresa no es esencial, es preciso que analice si a sus trabajadores le es de aplicación alguna de las excepciones a la aplicación del permiso retribuido (aplicación de un ERTE, realización de teletrabajo, situaciones de incapacidad temporal, etc.) que se contienen en el Real Decreto Ley y se explicarán a continuación.

  • Por último, en caso de que la actividad de su empresa no tenga la consideración de esencial y de que a sus empleados no le sea de aplicación ninguna de las excepciones a las que se refiere el apartado (iii) anterior, le será de aplicación la obligación de aplicar un permiso retribuido recuperable a sus trabajadores.

En dicho caso, en la presente circular podrá encontrar los términos reguladores de dicho permiso retribuido, así como las condiciones en las que debe negociarse la recuperación de las horas de trabajo correspondientes a dicho permiso.

 

Recomendaciones en materia de contratos privados:

Si como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 10/2020 no pueden cumplir sus obligaciones contractuales con sus clientes, proveedores u otros terceros, les recomendamos que procedan a comunicar a los mismos la suspensión de dichos contratos.

Para realizar dichas comunicaciones pueden utilizar las plantillas que hemos preparado al efecto:

  • En el supuesto de que en alguno de sus contratos hubiera alguna cláusula o apartado que regulase esta situación (por ejemplo, mediante una cláusula de Fuerza Mayor), pueden utilizar esta comunicación .

  • Si, por el contrario, sus contratos no contuvieran ninguna previsión al respecto (o si la relación no estuviera regulada mediante un contrato escrito), pueden utilizar esta comunicación.

En todo caso, si consideran que dichas plantillas no se ajustan a alguno de sus contratos, por favor no duden en contactarnos para que podamos ayudarles a preparar sus comunicaciones.

Tras dichas recomendaciones, procedemos a continuación al análisis del Real Decreto Ley 10/2020, confiando en que el mismo pueda serle de utilidad y recordándoles que nos encontramos a su entera disposición para cualquier duda o cuestión que pueda surgirles, ya sea con respecto a dicha norma, ya sea con respecto a cualquier otra materia:

El Real Decreto Ley 10/2020 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, y tendrá efectos desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive.

Según la exposición de motivos de la norma su objetivo consiste en reforzar la limitación de la movilidad de las personas, atendiendo a la realidad referente de otros Estados de nuestro entorno y a las consideraciones de las personas expertas en el ámbito epidemiológico, con el fin de garantizar que los sacrificios y esfuerzos de toda la población tengan una mayor repercusión en la lucha contra el COVID-19.

De este modo, procede a regularse el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, cuyo contenido de forma resumida extractaremos a continuación:

 

¿A quiénes se aplicará este permiso retribuido recuperable y durante cuánto tiempo?

El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Estas personas disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

 

¿A quiénes NO se aplicará este permiso retribuido recuperable?

El permiso no resultará de aplicación:

  1.  Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley. 
  2. Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
  3. Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. 
  4. Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas
  5. Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

 

¿Qué implicaciones tiene la consideración de permiso retribuido recuperable?

  • Pago de la retribución:

Así el artículo dos establece: “El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales”

A nuestro criterio se conservaría el derecho al percibo de un plus de nocturnidad si el trabajador durante dichos días hubiera tenido que prestar servicios en dicho turno.

Dado que la propia exposición de motivos los establece el devengo de salario durante el disfrute del permiso resulta de aplicación el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores y por tanto debe ser abonado en el periodo que tenga establecido por la empresa para el pago de salarios devengados, que nunca puede ser superior al mensual.

  • Cotización: La propia exposición del citado Real Decreto Ley prevé “se mantienen vigentes todas las obligaciones de empresas y personas trabajadoras en cuanto a la liquidación y cotización de cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta”.
  • Permiso de carácter recuperable: este carácter hace necesario que las personas trabajadoras realicen las horas no realizadas durante el disfrute del permiso en otro momento autorizando la norma para ello hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido

 

Del contenido expuesto pueden desprenderse las siguientes conclusiones:

  • Las empresas deben abonar los salarios y la cotización correspondientes al periodo en el que no tiene lugar actividad productiva. En empresas en las que concurran dificultades económicas graves y o de liquidez podría plantearse recurrir a aplazamientos de pago de cuotas de seguridad social por medio del procedimiento reglamentario y en su caso, del abono de los salarios o recurrir a la tramitación de un ERTE si bien habrá que tener en cuenta que los ERTES productivos el plazo de tramitación salvo acuerdo es superior a los 15 días y estando la semana santa la semana que viene los plazos de aplicación serán posteriores al período del permiso salvo que se aumenten.

  • No se impide durante el periodo de permiso retribuido recuperable obligatorio tramitar un ERTE. Pero todavía no puede determinarse el alcance de la compatibilidad de permiso retribuido y la posibilidad de hacer un ERTE. El art. 1 establece que se excluye aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. Habrá que ver la interpretación de este precepto.

 

Garantía de mantenimiento de la actividad indispensable

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

 

¿Cuando tengo que dejar de trabajar si no soy esencial?

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

 

¿Existe alguna especialidad respecto a los trabajadores del ámbito del transporte?

La Disposición transitoria segunda establece que aquellos trabajadores del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este Real Decreto-Ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retributivo recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

 

Especialidades de función pública:

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.

 

  • Disposición adicional segunda. Personal con legislación específica propia.
    • Respecto del personal comprendido en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al carácter esencial de sus servicios como a la organización concreta de los mismos.
    • Las instrucciones y resoluciones a que se refiere el apartado primero se dictarán, en sus respectivos ámbitos, por las autoridades competentes de las Cortes Generales, de los demás Órganos Constitucionales del estado, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro Nacional de Inteligencia y por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos.

 

  • Disposición adicional tercera. Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley. Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.

 

  • Disposición adicional cuarta. Continuación de actividad.

Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 

  • Disposición adicional quinta. Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público.

El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 

 

ANEXO

 

Actividades y Personas trabajadoras por cuenta ajena a las que NO resulta de aplicación este permiso:

  1. Actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de Estado de Alarma:

    • Art 10.1: los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

    • Art 10.4: servicios de entrega a domicilio de actividades de hostelería y restauración.

    • Art 14.4: transporte de mercancías.

    • Art 16: Tránsito aduanero.

    • Art 17: suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.

    • Artículo 18. Operadores críticos de servicios esenciales y aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.

  2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

  3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

  4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

  5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

  6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

  7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

  8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

  9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

  10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

  11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

  12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

  13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

  14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

  15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

  16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

  17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

  18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

  19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

  20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua

  21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

  22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

  23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

  24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

  25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

 

 

Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral.

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

 

Hoy ha sido publicado el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Según la exposición de motivos de la norma su objetivo es complementar al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y arbitrar nuevas medidas e instrumentos que contribuyan a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre el mercado laboral de nuestro país, respondiendo de manera adecuada a las diversas necesidades que continuamente se están derivando de esta pandemia que sufrimos.

Desde el punto de vista LABORAL, cabe destacar la adopción de las siguientes medidas cuya entrada en vigor se produce desde hoy:

 

Medidas extraordinarias para la protección del empleo (artículo 2)

El nuevo Real Decreto-ley establece que la fuerza mayor, y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o causas ETOP previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

 

Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, dirigidas a agilizar la tramitación y abono de prestaciones por desempleo (artículo 3)

Para proceder al reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todos aquellos trabajadores afectados por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en causas de fuerza mayor y causas ETOP previstas en el artículo 22 y 23 del RD ley 8/ 2000, se presentará inicialmente una solicitud colectiva por parte de la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de los trabajadores.

Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y en ella se incluirá una comunicación individualizada por cada uno de los centros de trabajo afectados en la que se especificarán los datos contenidos en el apartado 2 de este artículo.

Tal comunicación deberá remitirse por la empresa:

  • En el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor.
  • Desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos que tengan su origen en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

La no comunicación en los términos indicados se considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el artículo 22.13 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

 

Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, tanto por fuerza mayor como por causas ETOP (artículo 4)

Cuando, por falta de medios, la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector podrá aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales (artículo 5)

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, tanto por causas de fuerza mayor como por las llamadas causas ETOP, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por éstas.

Finamente, entre las disposiciones adicionales introducidas por este Real Decreto-ley, destacamos las siguientes cuestiones:

La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados por causas de fuerza mayor no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, esto es, la duración máxima será la del estado de alarma ya decretado y la de sus posibles prórrogas. Esta limitación se aplicará tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo.

Se deja constancia expresa de que se sancionarán aquellas solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados. También se sancionará la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

En cuanto a la fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los procedimientos basados en las causas de fuerza mayor y ETOP se establece lo siguiente:

  • La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma.
  • Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea debida a causas ETOP, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

En la última disposición adicional se regula la colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de modo que si la entidad gestora apreciara indicios de fraude lo comunicará de inmediato a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Asimismo, tal Inspección, en colaboración con la AEAT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulación de empleo basados tanto en causas de fuerza mayor como causas ETOP.

Asimismo, en la disposición final primera se incluye una modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el fin de determinar que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del mismo, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley y siempre que deriven directamente del COVID-19.

Además de lo anterior, el Real Decreto-ley contempla en su artículo 1 disposiciones relativas al mantenimiento de actividad de centros sanitarios y centros de atención a personas mayores, y en su disposición final segunda la modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, relativo a la contratación, siguiendo la tramitación de emergencia, por parte de las entidades del sector público para hacer frente a las necesidades derivadas del COVID-19.

 

 

Medidas laborales introducidas en el Real Decreto-Ley 8/2020.

Hoy ha sido publicado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Según la exposición de motivos de la norma su objetivo es, en el contexto de crisis en el que nos encontramos, proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad.

Desde un punto de vista LABORAL, cabe destacar la adopción de las siguientes medidas: 

 

CAPÍTULO I: MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES 

 

  • Carácter preferente del trabajo a distancia.

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

A través del contenido de su artículo 5 se plasma normativamente lo que, hasta ahora, era una recomendación del Gobierno y deja, por tanto, de ser necesario el acuerdo con el trabajador para la implantación de esta modalidad de trabajo. 

 

  • Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-19.

Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando:

  • Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.

  • Existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.

  • Exista una ausencia en la actividad de cuidado de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid-19, con su prevención o con la evitación de su transmisión.

El citado derecho se configura como un derecho individual para cada progenitor debiendo ser justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente cuando sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la empresa. La norma insta a la empresa y persona trabajadora a hacer lo posible por llegar a un acuerdo. Por tanto, si bien se configura como un derecho, la norma exige justificación, razonabilidad y proporcionalidad, debiendo tenerse en cuenta las necesidades organizativas de las empresas.

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de trabajo en las siguientes situaciones, cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional de su salario:

  • Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

  • Quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.

  • El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100% el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

 

  • Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

  2. En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

  3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este apartado tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La cuantía de la prestación es del 70%, y será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

Esta prestación se reconoce aun cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización necesaria para la prestación de cese de actividad (12 meses), siendo su cuantía del 70% de la base mínima de cotización del régimen especial de autónomos.

La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social. 

 

CAPÍTULO II. Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos

 

  • Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor.

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias de fuerza mayor, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  • El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

  • La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

  • La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

Respecto de la tramitación de esta tipología de ERTE se establece, para los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, al procedimiento establecido en el RD 42/1996 salvo en lo relativo al plazo para la resolución de la Autoridad Laboral y al informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La lectura de este precepto genera dudas interpretativas sobre la concurrencia de causa directa en aquellos casos no contemplados expresamente en el artículo, dependiendo la autorización de las suspensiones o reducciones solicitadas, de la interpretación que del mismo realice la Autoridad Laboral.

La no constatación por la Autoridad Laboral de la existencia de fuerza mayor no impide la posterior tramitación de un ERTE temporal por causas productivas relacionadas con el COVID-19, si bien este no tendrá efectos retroactivos.

 

  • Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes:

  • En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

  • El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.
  • El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

Igualmente, como se señalaba anteriormente el artículo 23 del Real Decreto Ley respecto de los socios de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales se remite al establecido en el RD 42/1996 con las especialidades del periodo de consulta e informe de la inspección de trabajo.

Debe advertirse que, este artículo, contempla especialidades únicamente para aquellas situaciones en las que, aun produciéndose un descenso de la actividad por motivos relacionados con el COVID-19, no se considera que exista una causa directa. Por tanto, un ERTE por causas productivas sin relación con el COVID (difícilmente imaginable en estos momentos), seguiría la tramitación general prevista en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

  • Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.  

 

  • Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos anteriormente referidos.

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en el real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes medidas:

  • El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

  • No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor del real decreto-ley.

Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa.

 

CAPÍTULO III. Medidas específicas para los socios trabajadores cooperativistas.

  1. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a la que nos hemos referido anteriormente, siempre que reúnan los requisitos establecidos.

  2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada tanto en los casos de fuerza mayor como por causa económica, técnica, organizativa y de producción en que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado referente a las “Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor”.

  3. Podrán acogerse a las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo señaladas anteriormente, aquellas personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

 

  • Plazo de duración de las medidas previstas en el Capítulo II.

Las medidas recogidas en este capítulo II del real decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

 

  • Para terminar, entre las disposiciones adicionales que incorpora el real decreto cabe destacar las siguientes cuestiones:

Se establece que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Y, además, el Gobierno establece las siguientes limitaciones a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo:

  1. No se les aplicarán las especialidades previstas para los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor a los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las causas previstas en el mismo.

  2. Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas en el real decreto serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.

 

 

Foro Navarra Jobs 2018

Es un evento de carácter social diseñado para ayudar a todas aquellas personas que buscan oportunidades de trabajo o quieren emprender un negocio en Navarra. ARPA , un año más, fiel a su compromiso, colabora en la organización de este evento único en el que se dan cita empresas con ofertas reales de trabajo, candidatos cualificados en búsqueda activa de empleo y potenciales emprendedores.

Tendrá lugar el 7 de junio de 2018 en el Palacio de Congresos Baluarte dando comienzo a las 9.00h a.m. con un discurso de apertura de la mano de Manu Ayerdi (Vicepresidente Desarrollo Económico, Gobierno de Navarra), José Luis Larriu (Director de Banca de Empresas de Navarra, Caixabank) y Patricia Perales (Concejala, Ayuntamiento de Pamplona).

Nuestra compañera y responsable de Desarrollo de Negocio de ARPA Accounting, Oliva Vallejos impartirá un taller denominado “Claves para emprender”

El Foro se divide en 4 espacios independiente:

  • Espacio Ágora: talleres y ponencias enfocados a transmitir conocimientos o habilidades de aplicación inmediata para desempleados y emprendedores (financiación de proyectos, recursos para la empleabilidad, acceso a ofertas de empleo, empleo en internet, etc.).
  • Entrevistas y empleo: Empresas de Navarra realizarán entrevistas personales sobre procesos de selección activos en sus empresas, y los participantes del foro podrán postularse para estos puestos a través de la página web oficial.
  • Yo Emprendo: Espacio de dinamización para personas que están pensando en la salida del autoempleo o el emprendimiento, donde podrán encontrar diversas instituciones y expertos que les ayudarán con su idea o proyecto.
  • Feria y Networking: Decenas de stands de empresas y espacios de relax, donde las personas que acudan podrán presentarse y darse a conocer, para promover su empleabilidad y su idea de emprendimiento a través del networking.

La tercera edición de ‘Navarra Jobs‘, reunió en Baluarte a 43 empresas, y a más de 1.200 personas inscritas. Unas cifras que, a juicio del director del evento, Daniel Imízcoz, demuestran la importancia que está adquiriendo este foro para activar a personas que buscan empleo, tanto desempleados como estudiantes y emprendedores, para reforzar su motivación y sus habilidades, e incluso para encontrar un puesto de trabajo

A continuación, le facilitamos los enlaces que pudieran ser de su interés

 

El mapa del talento de Navarra. II Edición del encuentro de expertos en RRHH

El próximo 22 de mayo en la sede de CEN sita en la calle doctor Huarte, 3 en Pamplona se celebrará la segunda edición de “El mapa del talento en Navarra”, un encuentro donde los responsables de Recursos Humanos de importantes empresas navarras debatirán sobre aspectos como el futuro del talento en Navarra, las competencias para la empleabilidad o la influencia de la transformación industrial en el capital humano. Este encuentro sirve de acto previo al III Foro del Empleo y el Emprendimiento Navarra Jobs, que se celebrará el día 8 de junio en Baluarte, organizado por  Matukio y con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Navarra, entre otras entidades. 

Nuestra responsable de Recursos  Humanos y Subdirectora del Departamento Laboral, Patricia Granados dará su particular punto de vista en el debate que abrirá la jornada titulado “Buenas prácticas del fomento del talento”

Si desea inscribirse, puede hacer clic aquí

El programa de la jornada será el siguiente:

9:00 Apertura

  • Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra.
  • Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de CEN.

9:15 a 10:30 Espacio “Buenas prácticas del fomento del talento”

  • Modera: Álex Uriarte, presidente de AEDIPE.
  • Director del Servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa.
  • Subdirectora Departamento Laboral, Patricia Granados Abardia.
  • Directora territorial de RRHH de Adecco, Ana Verano.
  • Directora de RRHH de Nortempo, Verónica Rivadulla.

10:30 a 11:45 Espacio “Las oportunidades en Navarra ahora”

  • Modera: Mikel Herrera, responsable de RRHH de Volkswagen Navarra.
  • Director gerente de GM Global Solutions, David Iranzo.
  • Directora de RRHH de Mutua Navarra, Cristina Patier.
  • Directora de RRHH de Carrefour, Eugenia Hernández.
  • Director de la Red de Desarrollo de Seguros Caser, Jorge Rebollo.

11:45 a 12:00 Café

12:00 a 13:15 Espacio “Liderazgo y talento en la era digital”

  • Modera: Danny Imízcoz, CEO de Matukio.
  • Director gerente de IED Electronics, Iñigo Ayerra
  • Director nacional de Operaciones de Nexian, José Ramón Castillo
  • Director Career Services Universidad de Navarra, Roberto Cabezas.
  • Director de RRHH de Florette, Pedro Fernández.

13:15 a 14:30 Espacio “El futuro del talento en Navarra”

  • Modera: Natalia Valcarlos, directora de Nortempo Navarra y la Rioja
  • Directora de RRHH de Faurecia, Rebeka Turumbay
  • Director de Oniria Consulting, Josean Ascarza
  • Socio director de Areté Activa, Luis Ciriza
  • Director de la Zona Norte de Eulen, Fernando Laguna

14:30 Cierre

  • Danny Imízcoz, CEO de Matukio
  • Natalia Valcarlos, directora de Nortempo Navarra y la Rioja

Convocatoria de ayudas al fomento de empleo en el Valle de Odieta 2018

Plazo solicitud: de 5/1/2018 a 31/12/2018

Subvenciona la contratación laboral  de personas desempleadas, así como el establecimiento como empresarios individuales, profesionales o autónomos, siempre que sean empadronadas en el Valle de Odieta con una antigüedad mínima de un año.

El Valle de Odieta lo constituyen 9 Pueblos. Anocibar, · Ciaurriz, · Gascue, · Guelbenzu, · Guendulain, · Latasa, · Odieta, · Ostiz y  Ripa.

Ficha ayudahttp://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/376105

Enlace al BON: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/3/Anuncio-13/

Novedades de interés para el colectivo autónomo y emprendedor

El próximo viernes 19 de enero de 9.30 a 11.00 horas en CEIN Noáin, tendrá lugar en la sede de CEIN una sesión en la que se analizarán en detalle las medidas más importantes establecidas en la nueva Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y cómo van a afectar a las personas emprendedoras y autónomas ya establecidas.

Nuestra compañera Responsable de Negocio de ARPA Accounting, Oliva Vallejos explicará entre otros temas la ampliación de la tarifa plana, la mejora de las medidas de conciliación profesional y familiar ya existentes, la devolución de oficio de cuotas en pluriactividad o la posibilidad de compatibilizar la actividad y el 100% de la pensión de jubilación .

El programa de la sesión es el siguiente:

  • Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y su ámbito de aplicación.

  • Novedades en el ámbito de la Seguridad Social

  • Novedades en el ámbito fiscal

  • Medidas pendientes de desarrollo reglamentario

  • Medidas pendientes

  • Referencia al recién aprobado “PLAN DE APOYO AL TRABAJO AUTÓNOMO DE NAVARRA 2017-2020”

La inscripción es gratuita y puede tramitarla haciendo clic aquí.

Artículo Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Hemos tenido que esperar casi un año tras la proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para ver su aprobación definitiva y con ella, la introducción de una batería de importantes medidas, destinadas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora y hacer más atractivo el empleo autónomo.

La Ley responde a las múltiples demandas que se venían haciendo para intentar conseguir una mayor estabilidad y permanencia de los más de tres millones de autónomos y dotar de una alternativa, al débil crecimiento del empleo por cuenta ajena.

Las medidas adoptadas tienen desigual impacto y a día de hoy todavía quedan aspectos que deberán ser desarrolladas por la Subcomisión constituida en el Congreso de los Diputados para el estudio de la Reforma del RETA, entre otras la cotización a tiempo parcial y la jubilación parcial.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el plazo para la entrada en vigor de algunas de las medidas estrella de esta Ley, que serán efectivas a partir de enero de 2018.

A continuación, se detallan las medidas más destacadas de esta Ley:

  • SE AMPLÍA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA TARIFA PLANA Y SE AÑADE UN NUEVO SUPUESTO PARA SU DISFRUTE:

Se amplía a 12 meses la tarifa plana de 50 euros mensuales, y se reduce a 2 años el periodo previo exigido sin cotizar en el RETA. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  •  COTIZACIÓN DEL AUTÓNOMO SOCIETARIO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Se desvincula la base mínima de cotización del autónomo societario del Grupo 1 del Régimen General. Afecta a los autónomos societarios y aquellos que en algún momento del ejercicio han tenido contratados al menos a 10 trabajadores por cuenta ajena simultáneamente. Esta novedad, llega tras la subida del 8% de la base mínima de cotización del autónomo societario en enero de 2017 y conforme al incremento en la misma medida del SMI.

  •  DEVOLUCIÓN DE OFICIO DEL EXCESO DE COTIZACIÓN PARA AUTÓNOMOS EN PLURIACTIVIDAD

Los trabajadores que coticen en Autónomos y a la vez en Régimen General, en situación de pluriactividad, tendrán derecho a la devolución del 50% del exceso de cotización si superan lo que establezca los Presupuestos Generales del Estado. La Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar de oficio el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  •  PAGO DE LA CUOTA DESDE EL DÍA EFECTIVO DE ALTA O BAJA

Esta medida implica que la cuota de autónomos, será proporcional a los días efectivos de alta. La Ley introduce la posibilidad, de realizar hasta tres altas y bajas dentro de cada año natural con efectos a esas fechas, de forma que en esos meses solo pagarán por días trabajados, dividiéndose la cuota fija mensual por 30. El resto de las altas o bajas dentro del año tendrán efectos como antes, desde el primer día del mes. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  •  POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA BASE DE COTIZACIÓN HASTA 4 VECES AL AÑO

Se amplía la posibilidad de que los trabajadores autónomos cambien su base de cotización de dos a cuatro veces al año. A partir del 1 de enero de 2018 podrán solicitarlo antes del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre, con efectos al 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre y 1 de enero del año siguiente, respectivamente, lo que permite una mejor adaptación de las cotizaciones a los ingresos del trabajador autónomo.

  • COBRO DEL 100% DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PARA AUTÓNOMOS JUBILADOS CON PERSONAL CONTRATADO

La nueva norma permite compatibilizar trabajo e incrementar al 100% el cobro de la pensión siempre y cuando se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena. En caso contrario se seguirá percibiendo la mitad de la cuantía.

  • EL RECARGO POR INGRESOS FUERA DE PLAZO SE REDUCE EL PRIMER MES

Se reduce a un 10% el recargo aplicable si el abono se produce con retraso, pero dentro del primer mes natural siguiente al de vencimiento del plazo de ingreso. 
Esta medida se extiende no sólo a los autónomos sino también al resto de sujetos responsables del pago incluidos en los diferentes regímenes de la Seguridad Social. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

  • MEJORA DE LAS BONIFICACIONES PARA CONCILIAR LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DEL AUTÓNOMO
  1.  Nueva tarifa plana para mujeres que se incorporen tras la maternidad: Se introduce a partir de su entrada en vigor, una reducción del 80 % de la cuota durante 12 meses, que serán 50 euros (tarifa plana) siempre que opten por cotizar por la base mínima, para aquellas mujeres autónomas que han cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela y vuelven a realizar una actividad por cuenta propia en los dos años siguientes al cese.
  2. Bonificación durante el descanso por maternidad, paternidad y otros: Se elimina el requisito de ser sustituido mediante un contrato de interinidad con un desempleado para poder disfrutar de la bonificación prevista (100% de la cuota de autónomos) durante los períodos de descanso por razón de maternidad/paternidad o riesgo durante el embarazo o la lactancia. Para disfrutar de esta bonificación se exigirá un período mínimo de descanso de un mes.
  3.  Bonificación por cuidado de menores: La bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses por cuidado de menores de 7 años a su cargo se amplía a los menores de 12 años
  • BONIFICACIONES POR CONTRATACIÓN DE FAMILIARES
  1. Se extiende la bonificación del 50% de la cuota mínima de los familiares del trabajador autónomo que se den de alta como colaboradores de aquellos, a la pareja de hecho siempre que acrediten una convivencia de al menos 5 años.
  2. Se introduce la posibilidad de contratación por cuenta ajena y la cobertura por todas las prestaciones del Régimen General, excepto el desempleo, a los hijos mayores de 30 años que convivan si tienen discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 % e inferior al 65 %, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de la Seguridad Social.
  • CONSIDERACIÓN EXPRESA DEL ACCIDENTE IN ITINERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO

Se equipara el accidente in itinere de los autónomos que coticen por riesgos profesionales a las contingencias profesionales y se considera accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional, entendiendo por tal el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no sea su domicilio y lo haya declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

Últimas novedades en materia laboral y de Seguridad Social

Mediante la presente circular os informamos de las novedades legislativas en materia laboral y de Seguridad Social que han acontecido durante los últimos días del año 2013. A continuación os mostramos unos cuadros resumen con las principales novedades:

REAL DECRETO –LEY 16/2013 DE 20 DE DICIEMBRE DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTRATACION ESTABLE Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES. ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE DICIEMBRE.

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL ( ARTICULO 12 ET)

  • Imposibilidad de realizar horas extraordinarias salvo de fuerza mayor.
  • Horas complementarias exclusivamente en contratos a tiempo parcial con jornada ordinaria al menos de 10 horas semanales en cómputo anual.
  • Se elimina la limitación de pacto de horas complementarias pactadas a los contratos de duración indefinida.
  • Diferenciación entre horas complementarias pactadas y voluntarias.
  • Se amplían el % de horas complementarias sin que puedan exceder en ningún caso alcance la jornada de un trabajador a tiempo completo. nº de horas complementarias pactadas: no superior al 30% de las horas ordinarias salvo previsión de convenio colectivo.( limite 60%) Nº de horas complementarias voluntarias (ofrecidas por el empresario): solo contratos indefinidos y no superior a 15 % salvo convenio colectivo (limite 30 %).
  • Obligación de registro de horas complementarias, su incumplimiento da lugar a una presunción de jornada completa.

PERIODO DE PRUEBA CONTRATOS ARTICULO 15 DURACION NO SUPERIOR A 6 MESES ( ART 15 ET)

  • No podrá ser superior a un mes, salvo que el convenio colectivo disponga lo contrario.
  • La interrupción del periodo de prueba se amplía a las situaciones de riesgo durante el embarazo y lactancia, maternidad y paternidad.

DISTRIBUCION IRREGULAR DE LA JORNADA ( ART 34 ET)

  • El régimen de compensación de las diferencias de horas por exceso o por defecto será el previsto en convenio colectivo o a falta de previsión  por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y  en defecto de pacto deberán quedar compensadas en el plazo de 12 meses desde que se produzcan.

REDUCCION DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJO ( ART 37.5 ET)

  • Se amplía hasta los 12 años de edad la reducción de jornada del trabajo diario con la disminución proporcional del salario.

CONTRATO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES( LEY 3/2012 )

  • Se posibilita la celebración del contrato indefinido de apoyo a los emprendedores a tiempo parcial. Las bonificaciones e incentivos fiscales se disfrutarán de modo proporcional a la jornada pactada.
ETT
  • Posibilidad de que las ETT cedan a empresas usuarias trabajadores contratados bajo la modalidad de contratos en prácticas. Posibilidad de extender las bonificaciones por transformación de contrato en prácticas a indefinido a las empresas usuarias que sin solución de continuidad concierten un contrato indefinido con trabajadores en prácticas cedidos por una ETT.

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL CON VINCULACION FORMATIVA ( LEY 11/2013)

  • Se concreta el concepto de sector de actividad: el identificado como clase mediante un código numérico de cuatro cifras en el Anexo del RD 457/2007.

CONCEPTO GRUPO DE EMPRESAS A EFECTOS DE LAS APORTACIONES ECONOMICAS POR DESPIDOS QUE AFECTEN A TRABAJDORES DE 50 O MAS AÑOS EN EMPRESAS CON BENEFICIOS

  • Se considera el concepto definido en el artículo 42 del Código de Comercio, si bien para los resultados del ejercicio solo se tiene en cuenta los resultados obtenidos en España por empresas que lo integren.

REDUCCION TIPO COTIZACION POR DESEMPLEO EN CONTRATO A TIEMPO PARCIAL

  • El tipo de cotización se reduce un 1%. Resulta el 8,30%. 6,70% a cargo del empresario y 1,60% a cargo del trabajador.

CONCEPTOS COMPUTABLES EN LA BASE DE COTIZACION DEL RGSS. ( ART 109 LGSS)

Únicamente no se computarán en la base de cotización:

  • Asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizarlo en lugar distinto. Si se utiliza transporte público el importe de dichos gastos con factura o equivalente. Gastos normales de manutención y estancia generados en municipio distinto del lugar de trabajo y del que constituya su residencia en la cuantía de la normativa estatal del IRPF.
  • Indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones y despidos. ( ver los límites previstos en la norma)
  • Mejoras de las prestaciones por IT concedidas por las empresas.
  • Gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su servicio cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.
  • Horas extraordinarias salvo para la cotización de AT y EP.
Nota: por tanto habrá de cotizar por conceptos por los que anteriormente no se cotizaba o están exentos parcialmente como : el plus distancia, las cantidades abonadas en concepto de quebranto de moneda y las indemnizaciones por desgaste de útiles o herramientas, los productos en especie concedidos voluntariamente por las empresas, planes de pensiones y a los sistemas de previsión social complementaria de sus trabajadores, la entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, de acciones o participaciones, las entregas de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social, ayuda guardería, seguro médico…. Etc.

REGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A ESTE RD LEY

  • Horas complementarias: seguirán rigiéndose por lo por pactado anteriormente salvo que las partes acuerden modificarlo en los términos de la nueva redacción.
  • Periodos de prueba: continuarán rigiéndose por la normativa legal o convencional conforme a la que se celebraron.

 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 22/2013 DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014 Y OTRAS CUESTIONES DE INTERES

BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN PARA EL AÑO 2014

  • El tope máximo de la base de cotización queda fijado, a partir de 1 de enero de 2014, en la cuantía de 3.597 €/mes .
  • Los tipos de cotización se mantienen igual:

CC: Empresa 23,60, Trabajador 4,70, TOTAL 28,30

HEF: Empresa 12, Trabajador 2,TOTAL 14

Restos HE: Igual que CC

AT y EP: Según Tarifa primas disposición adicional 4 º Ley 42,2006.

DETERMINACIÓN IPREM 2014

  • EL IPREM diario, 17,75 €.
  • El IPREM mensual, 532,51 €.
  • El IPREM anual, 6.390,13 €.

MODIFICACIONES DE LA LGSS. NOVEDADES EN PRESTACIÓN DE IT Y RESIDENCIA HABITUAL TERRITORIO ESPAÑOL.

  • La incomparecencia del trabajador a los reconocimientos médicos durante la IT requeridos por las MATEPSS dará lugar a la suspensión cautelar de la prestación por IT al objeto de comprobar la justificación o no de la incomparecencia. El procedimiento de suspensión está pendiente de desarrollo reglamentario.
  • Para mantener el derecho a las prestaciones de la Seguridad Social que requieran la residencia habitual (ejemplo, asistencia sanitaria o pensión de jubilación no contributiva) en España será necesario no tener estancias en el extranjero de más de 90 días en el año natural.

SUPRESIÓN PAGO DEL FOGASA DEL 40 % DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO OBJETIVO EN EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES.

  • Se suprime apartado 8 del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores que preveía el pago por parte del FOGASA del 40 % de la indemnización de los despidos objetivos de trabajadores indefinidos levados a cabo en empresas con menos de 25 trabajadores. A partir de ahora las empresas con menos de 25 trabajadores deberán poner a disposición del trabajador la indemnización por despido objetivo íntegra.

 

RD 1046/2013 POR EL QUE SE FIJA EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2014

CONGELACIÓN SMI 2014

  • El SMI en la agricultura, en la industria y en los servicios se mantiene en 21,51 €/día, 645,30 €/mes, 9.034,20 €/anuales.
  • El SMI para trabajadores temporeros, eventuales y empleadas del hogar 30,57 euros por jornada legal en la actividad y 5,05 euros por hora efectivamente trabajada.

 

 

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