Medidas Covid 19

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El nuevo «valor de referencia» como base imponible del tributo.

El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 y de modificación de diversas normas tributarias, publicado el pasado 23 de octubre de 2020 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (pendiente por tanto de aprobación definitiva), y en un pretendido objetivo de dotar de seguridad jurídica al contribuyente y de evitar una abundante litigiosidad en el caso de la valoración de los bienes inmuebles, prevé la implantación (ya anunciada hace dos años) de la determinación de la base imponible con el “valor de referencia” que se determinará en la normativa reguladora del Catastro.

¿Qué significa exactamente “valor de referencia”? Teóricamente, se refiere al precio más probable por el cual podría venderse el inmueble. Es decir, se tendrán en cuenta todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario”. Esto significa que se calculará a partir de los precios de las transacciones de los inmuebles y que sean facilitados por los notarios y los registradores. ¿Cómo se llevará a cabo la determinación del nuevo “valor de referencia”? En palabras del Proyecto de Ley, su cálculo se determinará a partir de ciertas reglas técnicas que serán puestas en conocimiento de todos los interesados mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, dando trámite de audiencia colectiva.

Afectará a los siguientes Impuestos:

  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en que la base imponible será el valor de referencia, salvo el declarado o precio/contraprestación pactada si cualquiera de ellos es superior. Si no existe valor de referencia o no se puede certificar por el Catastro, la base imponible será el mayor del valor declarado, el precio/contraprestación, o el valor de mercado.

  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: La base imponible será el valor de referencia, salvo el declarado si es superior. Si no existe valor de referencia o no puede ser certificado por el Catastro, la base imponible será el mayor del valor declarado o el valor de mercado.

  • En el Impuesto sobre el Patrimonio, de momento, se añade esta posibilidad al determinar la base imponible como el mayor de: Catastral, determinado / comprobado por la Administración a efetos de otros tributos, o el precio/contraprestación/valor de la adquisición.

La medida no afectará sin embargo a tributos que tengan en consideración para la determinación de la base imponible el valor catastral, tales como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).

Se dota así al valor de referencia de presunción iuris tantum de veracidad que admite prueba en contrario, pero trasladando la carga de la prueba al administrado. Será él quien deba desvirtuar la veracidad de dicho valor determinado por la Administración. Muchas dudas se suscitan sobre la determinación y aplicación del nuevo “valor de referencia”:

  1. Las ciertas reglas técnicas que serán puestas en conocimiento de todos los interesados mediante publicación en el BOE, dando trámite de audiencia colectiva, para el común de los contribuyentes no tiene virtualidad práctica; los contribuyentes afectados por los tributos mencionados no son los lectores preferentes del BOE para este tipo de cuestiones.

  2. La determinación del valor con referencia a otras transacciones nunca va a tener en cuenta las características propias del inmueble, y nunca va a poder personalizar de forma efectiva las individuales circunstancias del mismo en el momento del devengo del tributo, tanto en positivo (inmuebles rehabilitados o reformados) como en negativo (inmuebles con deficiente estado de conservación), que es lo que precisamente ha venido requiriendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y que, salvo honrosas excepciones, las Comunidades Autónomas han venido ignorando en las valoraciones que de los inmuebles realizan en los procedimientos de comprobación de valores.

Cierto es que es que las Comunidades Autónomas apoyan de forma unánime la norma y están por la labor de suscribir convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia, pero también lo es que este consenso es entre las Administraciones Públicas, que son precisamente las hasta ahora obligadas a realizar la comprobación del valor individualizada de cada inmueble, lo que excluye al contribuyente, quien va a ver cómo se le aplica un nuevo “valor de referencia·” frente al que, si no está de acuerdo, tendrá la carga de la prueba para desvirtuarlo.

De lo que no parece quedar dudas, es que las modificaciones van a suponer un aumento impositivo en muchos casos por el aumento en la valoración de los bienes, por ejemplo, para quienes sean propietarios de inmuebles con un valor de adquisición o catastral muy bajos.

Por tanto, el valor de referencia, del que aún se desconocen las reglas “técnicas, justas y transparentes” que lo determinarán, no puede ser sino uno más de los criterios a tener en cuenta en la valoración de un bien inmueble en el momento de la determinación de la base imponible. Lo que hasta ahora ha sido la toma de testigos en las valoraciones de los peritos es una parte más de la determinación del valor concreto del inmueble que se trate en el momento del devengo del tributo, que siempre y en todo caso ha de ser individualizado.

El Proyecto de Ley citado afecta a normativa de régimen común, y de momento en Navarra el Proyecto de Ley Foral de Modificación de diversos Impuestos y otras medidas tributarias para 2021 no contempla la introducción de este nuevo “valor de referencia”, si bien la determinación de la base imponible de los distintos tributos es semejante y podría tomarse de aquí en adelante alguna medida similar en su propia normativa foral.

 

Sonia Olóriz: Asesora fiscal del Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores

 

 

ACTUALIDAD FISCAL- Noviembre (II)

A continuación, le informamos de las últimas noticias del ámbito fiscal por si pudieran ser de su interés.

 

 

 

PROYECTO DE LEY FORAL DE MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL DE HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA

 El 16 de noviembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra el Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley de Haciendas Locales de Navarra en el que se incluyen las siguientes modificaciones en materia tributaria:

  • Aplazamiento de deudas

Se elimina la imposibilidad del aplazamiento de deudas tributarias exaccionadas por recibo o que deban satisfacer los sustitutos por retención, con la finalidad de que las entidades locales puedan dar respuesta a las demandas crecientes de facilitar el pago de los mencionados tributos a los sujetos pasivos que tengan dificultad económica, necesidad puesta de relevancia desde el inicio de la crisis sanitaria y económica que actualmente atravesamos.

 

  • Contribución territorial

Los ayuntamientos podrán fijar una bonificación de hasta el 90% sobre las viviendas de las familias numerosas, monoparentales o en situación de monoparentalidad, condicionándose la aplicación de la bonificación a que se haya actualizado la correspondiente ponencia de valoración en los últimos cinco años.

También se podrá establecer una bonificación de hasta el 50% sobre los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energías renovables.

 

  • Impuesto sobre Actividades Económicas

Se exime del pago del impuesto a los sujetos pasivos que tengan una cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros, debiendo tener en cuenta el conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y, en caso de formar parte de un grupo de sociedades según establece el art.42 del Código de Comercio, deberá tenerse en cuenta el conjunto de entidades pertenecientes al grupo.

 

  • Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Se amplía el ámbito de la exención de los vehículos especialmente adaptados y de los matriculados a nombre de personas con discapacidad al desaparecer la vinculación de la exención a la potencia fiscal del vehículo.

 

  • Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras

Se habilita a los Ayuntamientos para que puedan regular mediante ordenanza una bonificación en la cuota del impuesto de hasta el 95 % cuando se trate de construcciones, instalaciones u obras para el aprovechamiento de energía solar u otras renovables.

 

  • Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana

Se aclara cuál es el valor de adquisición que debe tomarse a efectos de determinar si hay o no incremento de valor cuando se produce una transmisión posterior a otra que ha estado exenta por aplicación de lo dispuesto en el artículo 173.1, letras a), b) y c). Se establece expresamente que se tomará como valor de adquisición, a efectos de determinar si existe incremento de valor, el que corresponda a la anterior transmisión del inmueble que no se deba a los mencionados negocios jurídicos.

Se actualizan los coeficientes máximos aplicables sobre el valor del terreno en el momento del devengo, que de acuerdo con lo establecido en la propia Ley Foral de Haciendas Locales deben ser actualizados anualmente.

 

  • Impuesto sobre gastos suntuarios

Se suprime el gravamen de los premios obtenidos en el juego del bingo.

 

PROYECTO DE LEY CONTRA EL FRAUDE FISCAL

 El pasado 13 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal dando paso a su trámite parlamentario. El proyecto de ley contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias. Se destacan las siguientes medidas:

 

  • Medidas anti elusión fiscal

los aspectos que finalmente se incorporan a esta Ley son los concernientes al nuevo régimen de transparencia fiscal internacional (TFI) y a la imposición de salida (o Exit Tax).

En primer lugar, mediante la imputación a una empresa residente en territorio español de determinadas rentas obtenidas por una entidad participada mayoritariamente que resida en el extranjero o también de las obtenidas por sus establecimientos permanentes en el extranjero, cuando la imposición sobre esas rentas en el extranjero es notoriamente inferior a la que se hubiera producido en territorio español.

En segundo lugar, en cuanto al Exit Tax, en el caso de que el cambio de residencia se hubiera producido hacia otro Estado miembro de la Unión Europea se establecía el aplazamiento del pago del impuesto de salida, a solicitud del contribuyente, hasta la fecha de la transmisión a terceros de los elementos patrimoniales afectados. Sin embargo, lo que se plantea ahora es un derecho del contribuyente a fraccionar el pago del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se efectúe a otro Estado miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, estableciendo, asimismo, determinadas normas complementarias para el caso de que se solicite ese fraccionamiento.

 

  • Paraísos fiscales

Se actualiza y amplía el concepto de paraíso fiscal, que pasan a llamarse jurisdicciones no cooperativas, de acuerdo con los nuevos parámetros internacionales.

Se identificarán aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación o bien por su opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa de asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria aplicable, por la ausencia de un efectivo intercambio de información tributaria con España o por los resultados de las evaluaciones sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios.

 Los países o territorios considerados de jurisdicción no cooperativa se determinarán por Orden Ministerial, siendo de aplicación transitoria los previsto en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991

 

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
    • En los supuestos de adquisición de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio, el adquirente se subrogará en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del fallecimiento de este último.

    • Monedas virtuales: se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de suministrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas. También se introduce la obligación de informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior, sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

 

  • ITPAJD, ISD e IP

Se modifica la base imponible del impuesto, que se constituye por el valor del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda, concepto que se equipara al valor de mercado, eliminando, por tanto, la referencia al valor real. Así, en el caso de bienes inmuebles, se establece que el valor de referencia es el previsto en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

La determinación del valor real ha sido fuente de buena parte de litigios de estos impuestos por su inconcreción. A este respecto, el Tribunal Supremo ha manifestado que no existe un valor real, entendido este como un carácter o predicado ontológico de las cosas, y ha establecido como doctrina jurisprudencial que, cuando exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincide con el valor de mercado.

 

  • Régimen de las reducciones aplicables a las sanciones

Se introducen varios cambios en el régimen de las reducciones aplicable a las sanciones tributarias para favorecer la simplificación en su aplicación, el ingreso voluntario y la disminución de litigios. Por un lado, se eleva la reducción de las sanciones derivadas de las actas con acuerdo al 65 por ciento. Asimismo, se eleva la reducción de las sanciones en caso de pronto pago al 40 por ciento. La reducción por conformidad se mantiene en el 30 por ciento.

  

  • Limitación de los pagos en efectivo

Se disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros. Sin embargo, se seguirá manteniendo el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por las personas físicas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales.

Además, se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España

 

GIPUZKOA: NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO TICKETBAI COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

 El 12 de noviembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Guipúzcoa la Norma 3/2020, de 6 de noviembre, por la que se establece la obligación de utilizar herramientas tecnológicas para evitar el fraude fiscal.

 El nuevo sistema, denominado TicketBAI, se encuadra dentro de la estrategia de control de la tributación de todas las personas físicas que desarrollan actividades económicas y de las personas jurídicas, con independencia de su tamaño o volumen de operaciones, mediante la obligatoriedad del uso de medidas tecnológicas avanzadas. Esta nueva obligación TicketBAI se configura y establece de manera idéntica en las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siendo también de aplicación por remisión a los establecimientos permanentes que tributan por el impuesto sobre la renta de no residentes. 

 En cuanto a los sujetos obligados, mientras en el ámbito de las personas físicas tan sólo resultan obligadas aquéllas que realicen actividades económicas, en el ámbito de las personas jurídicas resultan obligadas todas las que realicen entregas de bienes y prestaciones de servicios, con independencia de que las mismas se realicen en el ámbito de una explotación económica o fuera de la misma. Advertir, en este sentido, que no estarán sometidas a la obligación las entidades exentas y las entidades sin fines lucrativos, y que las entidades parcialmente exentas sólo estarán obligadas por las operaciones cuyas rentas deban integrarse en la base imponible. Dado que una de las características de este nuevo sistema es la generalización, se determinarán excepcionalmente supuestos tasados en los que el contribuyente, persona física o jurídica, quedará exento del cumplimiento de las nuevas obligaciones establecidas.

Mediante esta norma foral se incorporan a la normas forales del IS e IRPF los requisitos que el sistema informático debe cumplir en el registro de las entregas de bienes y prestaciones de servicios, en la emisión de las facturas u otros documentos que justifiquen las operaciones, así como en la remisión de dicha información a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que debe ser inmediata, de forma que con carácter simultáneo a la emisión de la factura se remitirá a la Diputación Foral de Gipuzkoa un fichero con información relativa a la misma.

Destacable el papel de la persona o entidad cliente o destinataria de la operación, que podrá comprobar, en cada factura o ticket que le sea entregado, a través de un lector de código QR, si dicha factura es real y si, además, ha sido remitida a la Diputación Foral de Guipúzcoa, pudiendo de esta forma conocer si se han cumplido las citadas obligaciones tributarias.   

 A fin de que el mayor número de estas personas se incorporen de manera voluntaria con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor y efectos del sistema TicketBAI, se establecen incentivos fiscales de carácter temporal en el impuesto sobre sociedades, en el impuesto sobre la renta de no residentes para los establecimientos permanentes y en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en forma de deducción en la cuota de un 30 por 100, cuya base vendrá determinada por los gastos e inversiones que se realicen para la adaptación a dicho cumplimiento, con determinados límites; deducción que servirá para reducir los costes de cumplimiento a los que deberán hacer frente los contribuyentes con motivo de las nuevas obligaciones impuestas. No obstante, se excluyen de este incentivo las inversiones y gastos efectuadas en la adquisición de equipos informáticos y periféricos por aquellos contribuyentes que ya han aplicado la deducción para la transformación digital del comercio minorista prevista en el Decreto Foral-Norma 5/2020 de 26 de mayo sobre medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del Covid-19. Computando el importe de esta última deducción a los efectos de determinar la cuantía máxima de inversiones y gastos que puedan ser objeto de la deducción prevista en esta nueva norma.

La Norma establece como conducta constitutiva de infracción el incumplimiento de la obligación de información, que será sancionada de forma diferente dependiendo de si el incumplimiento es generalizado y ocasional; y la destrucción, borrado o manipulación del software y archivos informáticos que sirven de soporte a los ficheros que documenten las entregas de bienes y prestaciones de servicios, que incluye dos tipos de sanciones, una para el contribuyente cuando es él quien realiza esa conducta, y otra sanción para cualquier sujeto diferente del contribuyente que haya intervenido en dicha conducta, ya sea éste la persona o entidad desarrolladora del software o una tercera persona.

Si bien la entrada en vigor de esta obligación tendrá efectos a partir de 2022, su implantación efectiva se hará de forma progresiva y se establece un periodo voluntario de utilización desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha obligatoria de uso para cada contribuyente, durante el cual no quedará sometido a ningún régimen de sanciones. 

 

MODELO 232: “DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES VINCULADAS Y DE OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍSOS FISCALES”.

Desde el Departamento Fiscal, les recordamos nuevamente que durante este mes de noviembre debe presentarse el modelo 232 sobre Operaciones Vinculadas.

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Desde el Departamento Fiscal, les recordamos que el 20 de noviembre finaliza el plazo de presentación del modelo 583 de pago fraccionado por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Además, el 30 de noviembre finaliza el plazo de presentación del modelo 583A, de autoliquidación anual del ejercicio de 2019.

 

 

 

 

ACTUALIDAD FISCAL- Noviembre 2020 (I)

A continuación, le informamos de las últimas noticias del ámbito fiscal por si pudieran ser de su interés.

 

MODELO 232: “DECLARACIÓN INFORMATIVA DE OPERACIONES VINCULADAS Y DE OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍSOS FISCALES”.

Desde el Departamento Fiscal, les recordamos que durante este mes de noviembre debe presentarse el modelo 232 sobre Operaciones Vinculadas.

Recordamos a nuestros clientes la conveniencia de preparar la documentación con los datos necesarios para cumplimentar el modelo, entre ellos, en lo que a información de operaciones con personas o entidades vinculadas se refiere, los que guarden relación con:

  • Operaciones con la misma persona/entidad vinculada que superen el importe conjunto de 250.000 euros, valoradas según valor de mercado.
  • Operaciones específicas del mismo tipo que en conjunto superen los 100.000 euros.
  • Operaciones que, aunque no superen el umbral de los 250.000 euros, sean de la misma naturaleza y método de valoración, cuando el importe conjunto sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad.

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Desde el Departamento Fiscal, les recordamos que desde el 1 hasta el 20 de noviembre debe presentarse el modelo 583 de pago fraccionado por el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

Los periodos en los que se deben realizar pagos fraccionados dependen del valor de la producción que se tuvieron el año natural anterior (incluidas todas las instalaciones de las que se es titular, independientemente de su localización). Si el valor de la producción en el año natural anterior:

  • Supera los 500.000 euros: debe realizarse pago fraccionado en mayo (correspondiente con los 3 primeros meses del año natural), septiembre (correspondiente con los 6 primeros meses del año natural), noviembre (correspondiente con los 9 primeros meses del año natural) y febrero del año siguiente (correspondiente a los 12 meses del año natural).
  • No supera los 500.000 euros: debe realizarse un único pago fraccionado entre el 1 y 20 de noviembre (pago fraccionado correspondiente a los 9 primeros meses del año natural).

Además, desde el 1 hasta el 30 de noviembre debe presentarse el modelo 583A, de autoliquidación anual del ejercicio de 2019, debiendo tener en cuenta lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre de 2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores , en cuanto a la determinación de la base imponible del impuesto para el ejercicio 2019, que estará constituida por el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, por cada instalación en el período impositivo minorada en las retribuciones correspondiente a la electricidad incorporada al sistema durante el primer trimestre natural.

 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2021

El 26 de octubre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 a remitir a las Cortes Generales y que contempla un aumento de los ingresos públicos del 14,7% gracias a un incremento de los ingresos tributarios del 13%.

Dicho incremento de ingreso tributario se prevé mediante una serie de medidas fiscales aplicables en el ámbito de la AEAT en territorio común, algunas de ellas recogidas en este proyecto de ley:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:

  • Aumento de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros e incremento en tres puntos las rentas del capital a partir de los 200.000 euros.
  • Se revisa el límite de las reducciones de la aportación a los planes de pensiones. En concreto, se reduce de 8.000 a 2.000 euros el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. No obstante, el límite conjunto de reducción (aportaciones del partícipe y de la empresa) se amplía de 8.000 euros a 10.000 euros.
  • Prórroga para 2021 de los límites vigentes para aplicar el régimen de módulos.

Impuesto sobre el Patrimonio

  • Se prevé que tenga un carácter indefinido y así evitar las sucesivas prórrogas año tras año mediante una ley.
  • Se incrementa un punto el gravamen del último tramo, pasando del 2,5% al 3,5%.

Impuesto sobre Sociedades

  • Se reduce la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior. A excepción de las empresas con un volumen de negocio inferior a 40 millones, que podrán seguir aplicando la exención del 100% por dividendos durante los próximos tres años.

Impuesto sobre el Valor Añadido

  • Se incrementa el gravamen del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas. Este incremento solo afecta a la venta de estos productos en supermercados, la consumición en bares y restaurantes seguirá tributando al 10%.

Impuesto sobre Primas de Seguros

  • Se incrementa el gravamen del 6% al 8%.

Impuesto sobre Hidrocarburos

  • Se incrementa el tipo estatal general del gasóleo de 30,7 céntimos por litro a 34,5.
  • Se reduce la bonificación hasta 38 euros por cada mil litros.

Además de lo señalado, se están tramitando en otras leyes medidas fiscales de carácter medioambiental o que gravan nuevas áreas de negocio como:

  • Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, cuyo objetivo es reducir el número de unidades de estos productos.
  • Impuesto estatal sobre residuos que penalice las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración.
  • Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que fueron comentados en una anterior publicación.

A todo ello debe sumarse el impacto de las medidas incluidas en la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude y la elusión que se está tramitando en el Congreso, ya que es intención del Gobierno incluir diversas medidas para reforzar el control de as SICAV. Asimismo, se impondrá en las Socimis un gravamen del 15% a sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios.

 

DISPONIBILIDAD EXCEPCIONAL DE LOS PLANES DE PENSIONES EN SITUACIONES DERIVADAS DE LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19

El Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo regula en su disposición adicional vigésima, con carácter excepcional y transitorio, la disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.

La Dirección General de Tributos ha aclarado en la Consulta Vinculante 2455-20 de 16 de julio en cuanto a la reducción del 40% prevista a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que “en el caso de que se pueda disponer de los derechos consolidados en planes de pensiones por encontrarse en alguno de los supuestos regulados en el Real Decreto-ley 11/2020 y simultáneamente se pudiera percibir la prestación de jubilación (o anticiparse la percepción de la prestación correspondiente a la jubilación), a efectos fiscales se entiende que se percibe la prestación de jubilación.

Por tanto, si ahora se aplicase la reducción del 40 por 100, posteriormente no podría aplicarse nuevamente por prestación de jubilación.

Sin embargo, si al disponerse ahora de los derechos consolidados no se puede percibir la prestación por jubilación, al ser la jubilación una contingencia distinta de esta disposición de derechos consolidados regulada en el Real Decreto 11/2020, si posteriormente se percibiera la prestación por jubilación de planes de pensiones en forma de capital, resultaría aplicable la reducción del 40 por 100 en las condiciones establecidas en la disposición transitoria duodécima de la Ley 35/2006.”

Para una lectura completa de la consulta, acceda aquí.

 

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. NOVIEMBRE

A continuación, encontrarán el link directo a los diferentes calendarios fiscales:

Guía práctica para empresas y autónomos sobre la crisis del coronavirus.

En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 desde ARPA Abogados Consultores, hemos considerado útil elaborar una lista de preguntas frecuentes relativas al efecto que las medidas adoptadas pueden tener en los siguiente ámbitos a raíz de la declaración del estado de alarma:

Este artículo se irá actualizando y modificando en función de las medidas que vayan adoptando las diferentes autoridades competentes.

 

 

Asimismo, les recordamos que tienen a su disposición un REPOSITORIO con la información actualizada sobre el COVID en el siguiente enlace y que estamos a su disposición para cualquier duda que se les pudiera plantear.

 

 

R.D.-Ley 15/2020: Modificaciones tributarias en el ámbito de la A.E.A.T.

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones de índole tributario que inciden en el ámbito de la AEAT, que las resumimos y sistematizamos en las siguientes líneas:

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

Modificación:

  • Para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva, se establece hasta el 31 de julio de 2020, un tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido del cero por ciento aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios

Precisión:

    • Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
    • La aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

 

  • Dado que la actual situación de confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos, para facilitar el acceso a los libros, periódicos y revistas digitales, a través de una disposición final se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a los mismos, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico.

 

PAGOS FRACCIONADOS EN EL IS, IRPF E IVA

Impuesto sobre Sociedades

Es sabido que, respecto al cálculo de los pagos fraccionados del IS, se reconocen dos modalidades de cálculo. A saber:

Modalidad 1:

A esta modalidad se acogen automáticamente, salvo renuncia, los sujetos pasivos del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios no hubiera superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

Dentro de los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre  y diciembre, las entidades sujetas a esta Modalidad 1, deben efectuar un pago fraccionado del 18% de la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día uno de los citados meses sin perjuicio de que puedan ser descontadas las deducciones para evitar la doble imposición; las bonificaciones; las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a ese período impositivo.

Modalidad 2

Según esta segunda modalidad, el importe de los pagos se determina, resumidamente, aplicando un determinado porcentaje a la parte de base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural por lo que es un sistema que, a diferencia de la Modalidad 1, resulta ser más “sensible” a la efectiva marcha, buena o mala, de la actividad del sujeto pasivo en el ejercicio en curso

El ejercicio de la opción por esta Modalidad 2, para aquellos contribuyentes a los que resulte de aplicación automática la Modalidad 1 y pretendan renuncia a la misma, requiere que sea efectuado por la entidad a través de la correspondiente declaración censal (modelo 036), dentro del mes de febrero del año natural en que deba surtir efectos.

Sentado lo anterior, la novedad aprobada en el Real Decreto-Ley radica en que,

  • Se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación, hasta el próximo 20 de mayo, del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad 2 de forma que:
    • Se establece un sistema más flexible de renuncia a la modalidad 1 y acogimiento a la modalidad 2.
    • Se permite adaptar la cuota derivada del pago fraccionado, mediante el acogimiento a la modalidad 2, al verdadero impacto que la actual crisis pueda provocar en la actividad económica desarrollada por el contribuyente.
  • Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el 2019 se haya situado entre 600.000,01 € y no supere los 6.000.000 € se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.
  • Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

IRPF e IVA

Por otra parte, se adaptan temporalmente las cuantías de los pagos fraccionados e ingresos a cuenta de estos impuestos en cuanto se determinen con arreglo a signos, índices o módulos, al ver su actividad igualmente alterada por la emergencia sanitaria que padecemos.

Para ello se adapta de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que, al estar calculados sobre signos, índices o módulos, previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de sus ingresos actuales si se no se ponderase el período contemplado para el devengo del pago fraccionado con la paralización o minoración de actividad existente durante los días en los que ha estado vigente el estado de alarma.

Además, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, se elimina la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación.

 

OTRAS MEDIDAS FISCALES

Extensión de plazos

Se extiende hasta el 30 de mayo la vigencia temporal de determinadas medidas tributarias contenidas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que tenían como límite temporal el día 30 de abril de 2020, o, en su caso, el día 20 de mayo de 2020, a fin de garantizar la adaptación de dichas medidas a la evolución de la crisis cuyos efectos pretenden mitigar.

Aplazamientos de deudas tributarias

Como tuvimos la oportunidad de informarle en Boletines anteriores, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, estableció, como medida de apoyo financiero transitorio, la flexibilización en materia de aplazamiento de deudas tributarias, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de tributos a pymes y autónomos, previa solicitud del sujeto pasivo, limitada a solicitudes de aplazamiento inferiores a 30.000 € y exentas de la obligación de aportar garantía alguna.

Como complemento a dicha posibilidad, se arbitra a través del presente Real Decreto-Ley la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.

De esta forma, el sujeto pasivo no entrará en mora con la administración si cumple con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  • Que el contribuyente haya solicitado la financiación avalada por el Estado, regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para el pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones siempre que éstas se hayan presentado dentro del plazo establecido para la liquidación de cada impuesto.
  • Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria, hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
  • Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.
  • Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.

 

COVID-19 e incertidumbre en la empresa: cuestiones de actualidad en materia fiscal, de contratación, económico-financiera y laboral.

En los tiempos de incertidumbre, son muchas las dudas que surgen a empresarios y trabajadores relacionadas con diversas materias empresariales. Por ello, el próximo 7 de mayo de 9.30 a 11.00 horas, nuestros compañeros Jorge Santos, Fernando Armendáriz, Sergio Irurre y Patricia Granados impartirán un webinar organizado por la Asociación de la Industria Navarra (AIN) donde tratarán de sintetizar diversas cuestiones que les han ido planteando en materias tanto fiscales como relacionadas con la contratación o internacionalización, así como en materia económico-financiera o bien sobre cuestiones laborales, todas relacionadas con la especial situación de incertidumbre derivada del COVID-19.

Una vez que finalicen las 4 intervenciones, los distintos ponentes responderán las dudas que puedan tener los asistentes, que bien se tratarán en el momento o bien se intentará dar respuesta tras la sesión.

Se trata de un evento 100% financiado por Gobierno de Navarra dentro de la convocatoria de Subvenciones dirigidas al desarrollo de perfiles profesionales estratégicos y a la incorporación de perfiles profesionales en las pymes de Navarra, así como para la realización de acciones de sensibilización empresarial, durante el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Se ruega a los participantes con plaza confirmada que accedan con puntualidad a la webinar y permanezcan en línea hasta su finalización.

Contenidos:

  • Cuestiones fiscales. Jorge Santos (Socio- director Departamento Fiscal)- 15 minutos

  • Cuestiones sobre contratación e internacionalización de la empresa. Fernando Armendáriz (Socio-director del Departamento de Contratación e Internacional)- 15 minutos

  • Cuestiones económicas. Sergio Irurre (Director del Departamento Económico) -15 minutos

  • Cuestiones laborales. Patricia Granados (Subdirectora del Departamento Laboral)-15 minutos

  • Turno de preguntas. 30 minutos

  • Cierre.

(Los tiempos de realización son aproximados)

 

Si desea pre-inscribirse, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

Extensión de determinados plazos para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones (AEAT)

En el día de hoy, 15 de abril de 2020, se ha publicado en el B.O.E. el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Las características de la extensión del plazo referida son las que seguidamente le detallamos:

  • ¿Quién se puede acoger al nuevo plazo? Se podrán acoger aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

  • ¿Hay entidades excluidas de la posibilidad de acogerse a esta extensión del plazo de presentación de las declaraciones y los correspondientes ingresos?: Sí. El Real Decreto-Ley establece que esta medida no puede ser de aplicación por parte de

    • o las entidades integrantes de grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios,

    • o los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.

  • Para las entidades que cumplen con los requisitos exigidos, ¿qué declaraciones y, en su caso, ingresos de la cuota tributaria resultante pueden acogerse a la extensión?: se podrá extender el plazo respecto de todas aquellas declaraciones e ingresos cuyo plazo de presentación, en condiciones normales, comprendiera el período transcurrido entre el 15 de abril y el próximo 20 de mayo.

  • ¿Qué plazo se ha establecido para la presentación de las declaraciones y, en su caso, ingreso de la cuota tributaria resultante?: El plazo de la presentación e ingreso de las declaraciones se extiende, precisamente, hasta el próximo 20 de mayo sin perjuicio de que el ingreso se extienda hasta el 15 de mayo si se opta por la domiciliación de la correspondiente autoliquidación.

Dietario de medidas de índole tributario

Les informamos que tienen a su disposición todas las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho dietario contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. 

Para descargar, puede hacer clic aquí.

 

Aspectos fiscales del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aspectos fiscales.

 

En el día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El real decreto-ley presenta un nuevo paquete de medidas que pretenden reforzar, complementar y amplía las anteriormente adoptadas. Entre estas medidas, que se dividen en diferentes secciones dependiendo a quién van destinadas, destacamos seguidamente aquellas propias del ámbito fiscal de la AEAT cabe destacar las siguientes:

 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (Artículo 44).

  •  Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
  • En este sentido, se exime a las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.

 

Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras (Artículo 52). 

  • En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
  • Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se liquiden conforme a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera y su concesión se notificará en la forma prevista para la notificación de la deuda aduanera, de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 58/2003, la garantía aportada para la obtención del levante de la mercancía será válida para la obtención del aplazamiento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria correspondiente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
  • Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
    • El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
    •  No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales (Artículo 53).

  • Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
  • Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (Disposición transitoria quinta).

 

Ampliación del plazo para recurrir (Disposición adicional octava).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos (Disposición adicional novena).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
  • Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disposición adicional vigésima).

  • Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
    • Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

    • Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

  • El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
    • Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado 1.c).

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

  • En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
  • Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el punto primero para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Modificación de la exención del AJD introducida en el Real Decreto-ley 8/2020 (Disposición Final Primera. Diecinueve). 

  • Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 (es decir, 18 de marzo de 2020), se modifica la disposición final primera de dicho Real Decreto- ley, que estableció la exención de la cuota gradual del AJD para las escrituras que formalicen novaciones de préstamos y créditos hipotecarios que se realicen al amparo de ese Rea Decreto-ley, con el siguiente objetivo:
    • Corregir el número del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD en el que se introduce dicha exención, debiendo ser el número 28, en lugar del 23 como se estableció inicialmente.
    • Precisar que la exención se limita a los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

Hasta aquí el resumen de los elementos más destacados en el ámbito fiscal del real decreto-ley, esperamos que os sea de ayuda y, desde ARPA Abogados Consultores, quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas puedan suscitarse.

 

 

 

 

FAQS: Fiscalidad

 

A) TERRITORIO COMÚN/AEAT

FISCALIDAD AEAT

Sí, salvo que el contribuyente pueda acogerse a la ampliación de plazos prevista en el Real Decreto-ley 14/2020 en virtud del cual se ha ampliado, hasta el día 20 de mayo, el plazo de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo de presentación o de presentación y pago finalice entre los días 15 de abril y 20 de mayo, a excepción de las declaraciones aduaneras.

Únicamente aquellos contribuyentes que subjetivamente cumplan las condiciones previstas en dicha norma podrán presentar e ingresar todas aquellas declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo plazo de presentación, en condiciones normales, comprendiera el periodo transcurrido entre el 15 de abril de 2020 y el 20 de mayo de 2020, hasta el próximo 20 de mayo (si bien el último día para domiciliar el pago sea el 15 de mayo).

No. Únicamente resulta aplicable a aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del IVA.

Además, no resulta de aplicación a:

  • Entidades que forman parte de un grupo de consolidación fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades, con independencia del importe neto de la cifra de negocios.
  • Entidades que forman parte de un grupo de entidades a efectos del IVA, con independencia del volumen de operaciones.

No, a pesar de no alcanzar los 600.000 euros de volumen de operaciones en el ejercicio 2019, al formar parte de un grupo de entidades a efectos de IVA no le resulta de aplicación la ampliación de plazo prevista en el Real Decreto-ley 14/2020.

No, únicamente resulta aplicable a aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, siempre que no formen parte de un grupo de consolidación fiscal a efectos del Impuesto sobre Sociedades o de un grupo de entidades a efectos de IVA.

Que el importe de la cuota no se cargará hasta el día 20 de mayo, siempre que resulte de aplicación la ampliación del plazo prevista en dicho Real Decreto-ley.

Si, por el contrario, no les resulta de aplicación la ampliación de plazo, el importe de la cuota se cargará el día 20 de abril.

Sí. El Real Decreto-Ley 7/2020 permite el aplazamiento de las deudas derivadas de todas las declaraciones y autoliquidaciones cuyo plazo finalice entre los días 13 de marzo y 30 de mayo de 2020.

No. Están previstos únicamente para personas o entidades cuyo volumen de operaciones en 2019, no hubiera superado el importe de 6.010.121,04 euros.

Aquellas deudas cuyo aplazamiento está permitido por la Ley General Tributaria y además, las siguientes:

  • Las que deban cumplir los retenedores o los obligados a realizar ingresos a cuenta.

  • Las derivadas de los tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas han sido efectivamente pagadas.

  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

Solo se pueden aplazar las deudas cuyo importe -en su conjunto- no supere los 30.000 euros.

El aplazamiento se podrá solicitar por un máximo de seis meses, no devengándose intereses de demora durante los tres primeros meses del aplazamiento.

El aplazamiento de estas deudas comenzará a computarse a partir del día 21 de mayo de 2020, no habiendo obligación de satisfacer intereses de demora hasta el día 21 de julio de 2020, incluido éste.

Telemáticamente. En la página web de la AEAT se han publicado unas instrucciones indicando los pasos a seguir para solicitar el aplazamiento. El trámite se realizará telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/, concretamente, por medio de la opción “Aplazamiento y fraccionamiento de deudas» que se encuentra en el apartado “Trámites destacados”.

Si. De acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2020, el cómputo de duración máxima de los procedimientos tributarios, cuyas actuaciones se hubieran visto interrumpidas a 18 de marzo de 2020, volverá a reanudarse, que no a reiniciarse, el día 30 de abril de 2020.

De conformidad con la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 15, de 21 de abril, se amplían hasta el día 30 de mayo tanto los plazos cuyo cómputo no hubiera concluido a 18 de marzo de 2020, como aquellos otros cuyo cómputo se hubiera iniciado después del día 18 de marzo de 2020 (salvo que el plazo otorgado por la norma general fuera posterior a dicha fecha de 30 de mayo).

No. Únicamente los siguientes:

  • Los plazos para el pago de la deuda tributaria, tanto en período voluntario de ingreso (art. 62.2, LGT) como en periodo ejecutivo (art. 62.5, LGT).

  • Los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamiento concedidos.

  • Los plazos relacionados con el desarrollo de subastas y adjudicación de bienes (artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación).

  • Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información con trascendencia tributaria.

  • Los plazos para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

  • El plazo para atender los requerimientos y las solicitudes de información emitidas por la Dirección General del Catastro.

Si. La ampliación de los plazos está prevista para las actuaciones, trámites y procedimientos realizados o tramitados por la Administración Estatal, por las Comunidades Autónomas o por las Corporaciones locales.

Se aplicará por defecto, sin perjuicio de que el interesado pueda decidir voluntariamente no agotar los plazos.

Por supuesto. La Administración considerará cumplido el trámite a todos los efectos, en la fecha de presentación.

En ambos casos, el plazo de un mes para recurrir en vía administrativa o interponer reclamación económico administrativa, se volverá a iniciar el día 30 de mayo de 2020, salvo, claro está, que la notificación sea posterior a esa fecha.

No obstante, no existe inconveniente en que el contribuyente presente su recurso o reclamación dentro del plazo establecido originalmente.

No. Mediante Acuerdo de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno, la Comunidad de Madrid declaró inhábiles los días comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020 (14 días); y la ORDEN de 26 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, amplió los plazos para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de todos los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, en un mes con respecto al que corresponde a cada tributo según su normativa en vigor. 

De acuerdo con lo anterior, para el cómputo de los 6 meses no se tendría en cuenta el período comprendido entre el día 13 de marzo y el 26 de abril, que sería lo mismo que añadir al 16 de julio, un mes entero y 14 días más, de manera que la fecha tope para la presentación de la liquidación de Impuesto sobre Sucesiones sería el 30 de agosto de 2020.

En territorio común no se ha modificado el calendario de la campaña de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio, motivo por el que habiéndose abierto el plazo para la presentación de las mismas el pasado 1 de abril, podrá hacerse hasta el 25 de junio para los resultados a ingresar con domiciliación, y hasta el día 30 de junio en el resto de supuestos.

La AEAT ha puesto en marcha el “Plan le llamamos” a través del que la AEAT se pone en contacto telefónico con los contribuyentes que así lo hayan solicitado entre los días 5 de mayo y 29 de junio 2020, para presentar su declaración por teléfono. La AEAT comenzará a realizar estas llamadas a partir del día 7 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020. La solicitud puede formularse a través de los teléfonos 901 12 12 24 o 91 535 73 26.

 Además de ello, está prevista la atención personal en las oficinas de la AEAT, entre los días 13 de mayo y 30 de junio de 2020, siendo imprescindible la solicitud de cita previa, a través de los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71, que funcionarán de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

 

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B) NAVARRA

FAQS: FISCALIDAD NAVARRA

Conforme al Decreto-Ley Foral 2/2020 se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al 5 de abril de 2020 y, en consecuencia, se retrasa un mes cada uno de los vencimientos posteriores, sin que esto suponga liquidación de nuevos intereses en ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.

Sí, en el caso de las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones de IVA, Retenciones a cuenta del IRPF, a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y a cuenta del IRNR del primer trimestre, el plazo de presentación e ingreso se amplía hasta el 1 de junio de 2020.

El Decreto-Ley Foral prevé que las correspondientes al mes de febrero, puedan presentarse e ingresarse en un plazo que se extiende hasta el 30 de abril de 2020, si bien, hasta la fecha, no hay ampliación prevista para las correspondientes al mes de marzo.

Se ha aprobado una ampliación del plazo de presentación para las declaraciones informativas cuyo plazo inicial de presentación finalizase en marzo o en abril, nuevo plazo que se extiende hasta el 30 de abril, entre las que se incluye el modelo 349.

El periodo comprendido desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, no computa a efectos del transcurso de los plazos para presentar alegaciones, contestar a requerimientos o interponer recursos o Reclamaciones Económico Administrativas. Por tanto, será a partir del 30 de abril cuando comience a computarse el plazo de un mes para interponer el recurso pertinente.

No obstante, si el obligado atiende el requerimiento o presenta sus alegaciones, se entenderá evacuado el trámite.

El Decreto-Ley Foral 2/2020 prevé dos situaciones diferentes:

  • Si el plazo de pago de la deuda previsto en la norma tributaria no había concluido antes del 14 de marzo de 2020, el plazo para el pago se amplía hasta el 30 de abril de 2020.
  • Si el plazo de pago corresponde a notificaciones practicadas a partir del 14 de marzo de 2020, el plazo para el pago se amplía hasta el 1 de junio de 2020 (salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor).

 

Sí, pero no cualquier obligado tributario puede acogerse a esta medida. En concreto, podrán solicitar el aplazamiento las personas (físicas y jurídicas) y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas con volumen de operaciones en 2019 igual o inferior a 6.010.121,24 € (incluye pequeña empresa en REDEME).

Además de lo anterior, el obligado tributario debe quedar al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, y, esta situación debe mantenerse durante la vigencia del aplazamiento. 

Las deudas susceptibles de aplazamiento son:

  • las correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en periodo voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio (IVA, Retenciones, tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar).
  • Las correspondientes a notificaciones cuyo plazo voluntario de pago haya sido ampliado de conformidad con lo regulado en el apartado 3 del art. 12 hasta el 30 de abril (por ejemplo: propuestas de liquidación o liquidaciones provisionales notificadas por HFN a partir del 14 de Marzo de 2020 sobre impuestos previamente presentados).

Por tanto, este aplazamiento excepcional no es aplicable a deudas que se encuentren ya en periodo ejecutivo.

Esta medida implica la suspensión del ingreso durante 3 meses, contados desde la finalización del periodo voluntario de ingreso, a partir de los cuales, la deuda aplazada se ingresará en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.

¿Hay una limitación del importe a aplazar? ¿se exigen garantías y pago de intereses?

Se realizará a través del modelo oficial (CAT06), que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, consignando como periodicidad del pago “Mensual” y como número de periodos “4” para que sea identificada como aplazamiento excepcional contemplado en el Decreto-Ley Foral 2/2020.

¿Cómo se solicita este aplazamiento?

Se realizará a través del modelo oficial (CAT06), que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, consignando como periodicidad del pago “Mensual” y como número de periodos “4” para que sea identificada como aplazamiento excepcional contemplado en el Decreto-Ley Foral 2/2020.

 

Ejemplo: Una SL solicita el aplazamiento de la deuda correspondiente a las retenciones a cuenta del IRPF del primer trimestre, cuyo plazo de presentación e ingreso se ha ampliado hasta el 1 de junio de 2020 (vid. FAQ 2).

Esta SL tendrá la posibilidad:

    • De solicitar el aplazamiento total o parcial de la referida cuota hasta el 1 de septiembre (3 meses).
    • A partir de esa fecha, poder ingresar la cuota resultante de las retenciones en cuatro mensualidades de igual importe (1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre y 1 de diciembre).
    • Todo ello sin necesidad de aportar garantías ni devengo de intereses.

Los contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas, no tendrán la obligación de autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

No, el sistema tecnológico de Hacienda Foral de Navarra no admite, a diferencia de la AEAT, la utilización de certificados caducados. Si se encuentra en tal situación, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos a buscar una solución.

Sí, las obligaciones de comunicación del SII no se han visto alteradas por la declaración del estado de alarma.

No, no se ha previsto ninguna suspensión o prórroga de plazos para las autoliquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No obstante, sí que se ha habilitado la posibilidad de que toda la documentación que haya de presentarse en relación con las autoliquidaciones presentadas por vía telemática, se presente también por esa vía, con independencia de que se trate de documentos públicos o privados.

El periodo transcurrido entre el 14/03/2020 y el 30/04/2020 no a efectos de: (i) duración máxima (aunque la Administración puede impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles); (ii) prescripción y (iii) caducidad.

 

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C) ÁLAVA

FAQS: Fiscalidad Álava

Sí. El inicio de los procedimientos tributarios que, según la normativa tributaria vigente, deba realizarse de oficio, se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020, en aquellos supuestos cuyo comienzo debiera producirse a partir del 14 de marzo de 2020.

Por otra parte, el inicio de los plazos para la interposición de recursos o reclamaciones administrativas o de cualquier otra actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a instancia del contribuyente, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

En el caso de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, el plazo se extenderá durante los 12 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.

En cuanto a las correspondientes al mes de marzo, el plazo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.

Sí, El plazo voluntario de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

El plazo de ingreso de las liquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir del 14 de marzo de 2020, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.

Sí. Se establece un régimen excepcional para el fraccionamiento de deudas tributarias aplicable únicamente a las personas físicas que realicen actividades económicas, microempresas y pequeñas empresas definidas en art.13 NF del IS.

                ¿Qué deudas pueden acogerse a este fraccionamiento?

    • Deudas tributarias resultantes de autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
    • Deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración tributaria cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
    • Las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego (se entiende que en este caso se aplica a cualquier contribuyente).

            ¿Hay alguna limitación del importe a aplazar? ¿se exigen garantías y pago de  intereses?

 No. No existe limitación de cuantía, ni se exigirá la prestación de garantía ni se  devengarán intereses de demora. No obstante, deberá tenerse en cuenta que la deuda se hará efectiva con posterioridad al 1 de junio de 2020, fraccionada en 6 cuotas mensuales de idéntico importe, venciendo el primer plazo en el mes de julio.

            ¿Cómo se solicita este aplazamiento?

            La solicitud de este fraccionamiento deberá realizarse en función del tipo de deuda:

    • En caso de deudas resultantes de autoliquidaciones: en el momento de la presentación de la autoliquidación, en la Hacienda Foral de Álava, a través de los mecanismos que a tal efecto se establezcan.
    • En caso de deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración: antes del 1 de junio de 2020 a través de los mecanismos que se establezcan.

Se retrasa un mes el pago del vencimiento del mes de abril y, en consecuencia, se retrasa un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que esto suponga liquidación de nuevos intereses.

Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primero y segundo trimestre de 2020 (regla general), al primer semestre de 2020 (sector agricultor y ganadero) y al primer, segundo y tercer bimestre de 2020 (aquellos que presenten pagos cada dos meses).

En base al sistema de presentación de la declaración del IRPF que usemos: “rentafácil”; “rentared” o “rent@raba”, los plazos de presentación serán los siguientes:

  1. “rentafácil”: La declaración podrá realizarse del 15 de abril al 28 de octubre de 2020.

  2. “rent@raba”:

    1. Si se realiza a través de las Entidades Financieras colaboradoras y a través de las Gestorías o Asesorías acreditadas ante la Diputación Foral de Álava se podrá efectuar del 15 de abril al 30 de octubre de 2020.

    2. Si se realiza en las oficinas de la Hacienda Foral, se dispondrá desde el 8 de septiembre al 28 de octubre de 2020.

  3. “rentared”: La declaración podrá realizarse desde el 15 de abril al 30 de octubre de 2020.

El plazo de pago en período voluntario del importe resultante de la autoliquidación del IRPF se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2020

 

El plazo de presentación es el comprendido entre el 15 de abril y el 25 de junio de 2020.

El importe resultante de la autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio deberá ingresarse en su totalidad hasta el 25 de junio de 2020 (hasta el 16 de junio para domiciliar el pago).

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D) BIZKAIA

FAQS: fISCALIDAD BIZKAIA

El 4 de mayo de 2020 es la fecha de inicio del plazo voluntario de presentación de la autoliquidación correspondiente al ejercicio 2019 del IRPF. Si bien no se ha concretado una fecha exacta de finalización de plazo en periodo voluntario, sí que ésta coincidirá con la finalización del plazo de dos meses a partir del momento en que las oficinas de Hacienda Foral de Bizkaia y oficinas colaboradoras puedan prestar los servicios de atención presencial para la confección de autoliquidaciones.

Se inicia el 4 de mayo de 2020 y, en consonancia con la campaña del IRPF, no se ha establecido la fecha de finalización de la campaña (se establecerá por Orden Foral).

 

Sí, el plazo se extiende hasta el 1 de junio de 2020 (incluido) cuando el plazo para el pago de las liquidaciones practicadas por la Administración tributaria finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio.

Se ha eliminado la obligación de autoliquidación e ingreso por parte de las personas físicas que realizan actividades económicas de los pagos fraccionados del IRPF correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.

Sí, hasta el 1 de junio de 2020 (inclusive), pero únicamente para las personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y pequeñas empresas respecto a aquellas autoliquidaciones o declaraciones cuyo plazo voluntario de presentación finalice entre el 16 de marzo y 1 de junio.

Tal ampliación de plazo es aplicable también a las entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades económicas salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas.

Se ha previsto un aplazamiento excepcional de las deudas tributarias de trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas cuyo plazo voluntario de presentación e ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020.

Asimismo, también podrán acogerse a este aplazamiento excepcional los autónomos y pequeñas empresas y microempresas respecto a las deudas tributarias liquidadas por la Administración y cuyo plazo voluntario de ingreso finalice entre el 16 de marzo y el 1 de junio de 2020.

¿Cómo funciona dicho aplazamiento excepcional?

Se pueden aplazar las deudas sin prestar ningún tipo de garantía y sin devengo de intereses de demora.

El pago de estas deudas se suspenderá durante un periodo de tres meses desde la finalización del periodo voluntario, y se ingresará a partir de entonces en seis cuotas mensuales de igual importe.

El plazo para la contestación de requerimientos individualizados de aportación de documentos, antecedentes o información con trascendencia tributaria se suspende durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo y 1 de junio de 2020.

Se aplaza hasta el próximo 1 de junio la fecha de inicio de los procedimientos tributarios que deban realizarse de oficio, en aquellos supuestos cuyo comienzo deba producirse a partir del 16 de marzo de 2020, si bien, entre otros supuestos, este aplazamiento no afectará a los procedimientos sancionadores, a las compensaciones de oficio, a los embargos, ni a las propuestas de liquidación del IRPF.

Por otro lado, se extiende hasta el 1 de junio el inicio del plazo para cualquier actuación en el ámbito tributario que deba comenzar a instancia del contribuyente, siempre que la presentación telemática no sea obligatoria.

 

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E) GIPUZKOA

FAQS: Fiscalidad GIPUZKOA

El plazo para presentar ambas autoliquidaciones finaliza el 29 de julio de 2020. Los cargos en cuenta de las domiciliaciones se efectuarán el 30 de julio de 2020.

No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Además, dicho periodo no computará a efectos de los plazos de prescripción y caducidad.

Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero:

  1. Colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: Nuevo plazo hasta el 27 de abril produciéndose la domiciliación en esa fecha.

  2. Colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.

Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo:

  1. Colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: hasta el 27 de abril produciéndose la domiciliación en esa fecha.

  2. Colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.

Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de abril:

  1. Colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: hasta el 25 de mayo.

  2. Colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.

Se amplía, únicamente para determinados obligados tributarios, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas.

¿A quién resulta aplicable esta ampliación de plazo?

  • Personas físicas.

  • Entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades económicas (salvo que todos sus socios, herederos, comuneros o partícipes sean personas jurídicas).

  • Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.

  • Las herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio.

  • Las microempresas y a las pequeñas empresas (art. 13.1 y 2 NF 2/2014).

  • Las entidades parcialmente exentas (art. 13.2 NF 2/2014).

  • Las sociedades patrimoniales (art. 14 NF 2/2014).

  • Las entidades sin fines lucrativos que tributen en virtud del régimen especial previsto en la N.F. 3/2004).

 

Así, para dichos contribuyentes, se amplía hasta el 1 de junio de 2020 el plazo de presentación y, en su caso, de ingreso de las siguientes autoliquidaciones y declaraciones:

  1. Las autoliquidaciones trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2020 cuyo plazo de presentación finaliza el 27 de abril de 2020.

  2. Las declaraciones informativas y recapitulativas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

  3. Las autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes correspondiente a establecimientos permanentes cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

  4. Las autoliquidaciones y las declaraciones no periódicas cuyo plazo de presentación finaliza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

Para las microempresas, pequeñas empresas y entidades sin fines lucrativos mencionadas, se tomará en cuenta la autoliquidación del impuesto sobre sociedades correspondiente al último período impositivo.

En caso de entidades de nueva creación, los plazos previstos para estas declaraciones se ampliarán, en todo caso, hasta el 1 de junio de 2020.

Asimismo, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los tributos sobre el juego, en su modalidad de juego mediante máquinas o aparatos automáticos, se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.

Sí, los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extienden hasta el 27 de abril de 2020.

Se incrementa hasta 300.000 € el importe total de deuda que se puede aplazar con dispensa de garantías (los denominados aplazamientos automáticos).  

Asimismo, el fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de dos años.

Además, el ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo solicitado o de 60.000 € si el importe total solicitado va a superar los 300.000 €, de forma que la cantidad a fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 €.

En los aplazamientos y fraccionamientos vigentes, se retrasa un mes el pago de los vencimientos del 25 de marzo y 10 de abril de 2020. En consecuencia, también se retrasa un mes el resto de los vencimientos posteriores si los hubiera. Esta medida será también de aplicación a los acuerdos sobre condiciones singulares de pago.

Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020. 

El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico- administrativas frente a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.

Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con posterioridad a dicha fecha.

No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

No se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.

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Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinche aquí para descargarlo)

 

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Nuevas medidas tributarias aprobadas en Navarra para responder al impacto generado por el COVID-19 en virtud del Decreto-ley Foral 2/2020

Nuevas medidas tributarias aprobadas en Navarra para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del COVID-19 en virtud del Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo de 2020.

 

Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinche aquí para descargarlo)

Además de las medidas contenidas en el Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, en virtud del presente Decreto-Ley Foral 2/2020 (el Decreto, en adelante) se establecen nuevas medidas que atañen a diversos ámbitos de la realidad de la CF de Navarra y que se ha considerado conveniente aprobar dadas las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que estamos viviendo a día de hoy. En los siguientes puntos desarrollamos aquellas medidas de interés que, respecto del ámbito tributario, se contienen en el Decreto y redundan en un favorecimiento de la liquidez, tanto de autónomos como empresas.

 
Ampliación de determinados plazos en el ámbito tributario

  • Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación e ingreso de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones del IVA y retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se establecen las siguientes medidas:
    • Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter trimestral: el plazo correspondiente a las declaraciones del primer trimestre de 2020 quedan prorrogadas hasta el próximo 1 de junio de 2020 (Mod.  F-69, 715, 716, 759, 773, 774…).
    • Respecto de los obligados a la presentación e ingreso con carácter mensual (Alta en REDEME, volumen de operaciones superior a 6.010.121,42 €):
      • el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero, se amplía hasta el 30 de abril.
      • el plazo correspondiente a las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo queda inalterado (30 de abril).
  • Para todos los sujetos pasivos obligados a la presentación de declaraciones informativas cuyo plazo de presentación finalizase en los meses de marzo o abril, el plazo se amplía hasta el 30 de abril (por ejemplo, el modelo 349 o modelo 720).
  • En general, los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en la normativa tributaria, que no hayan concluido antes del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020.
  • Los plazos de pago de las deudas tributarias correspondientes a notificaciones realizadas a partir del 14 de marzo de 2020 se amplían hasta el 1 de junio de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
  • Además, se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5 de abril de 2020 de los aplazamientos vigentes, retrasándose, en consecuencia, un mes cada uno de los vencimientos restantes. No se devengarán intereses de demora en ninguno de los plazos por el periodo comprendido entre el 5 de abril y el 5 de mayo.
  • Respecto de los Sujetos contribuyentes de IRPF:
    • Pagos fraccionados: Los contribuyentes sometidos a este impuesto y que desarrollen actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.
  • El plazo para renunciar a la aplicación de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. Hasta la publicación del presente Decreto, la renuncia tácita se entendía producida mediante la presentación en plazo de la declaración-liquidación correspondiente al primer trimestre del año natural en que deba surtir efectos aplicando el régimen general a la liquidación del IVA.
  • Asimismo, el plazo para renunciar a la aplicación del régimen de estimación objetiva para el año 2020, así como para la revocación de la misma que deban surtir efectos en tal ejercicio, se amplía hasta el 1 de junio de 2020. En condiciones normales el plazo para la renuncia está establecido entre el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto y el 31 de marzo del año por lo que, esta última fecha, se amplía hasta el citado 1 de junio de 2020.
  • Por el contrario, el Decreto no contiene ninguna mención a la suspensión o prórroga de plazo alguno relacionado con el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII)
 
Aplazamiento excepcional de deudas tributarias
  • El Decreto prevé el aplazamiento de determinadas deudas tributarias generadas por personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas y que cumplan los siguientes requisitos:
    • Que su volumen de operaciones no haya superado, en el 2019, 6.010.121,24 euros,
    • Que la deuda a aplazar provenga de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020,
  • Cumplidos estos parámetros, las deudas podrán ser aplazadas, en las siguientes condiciones ventajosas:
    • No tiene que realizarse pago a cuenta inicial alguno,
    • No existe obligación de prestar garantía,
    • No se devengarán intereses de demora,
    • Eso sí, el solicitante debe quedar al corriente en sus obligaciones tributarias con la concesión del aplazamiento, situación que deberá mantener durante toda la vigencia del mismo.
  • Asimismo, podrán aplazarse en iguales términos y condiciones, las deudas tributarias de las personas, físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2019, correspondientes a notificaciones cuyo plazo de pago voluntario haya sido ampliado en virtud de lo dispuesto en el Decreto y anteriormente destacado.
  • Se prevé que este aplazamiento excepcional sea de aplicación, incluso, a la deuda tributaria procedente de la retención de rendimientos de trabajo y las derivadas de las tasas que recaigan sobre rifas, tómbolas, apuestas, combinaciones aleatorias y juegos de suerte, envite o azar para las que, aplazamientos que, hasta el momento de la entrada en vigor del Decreto, exigían aval bancario como garantía del mismo.
  • Período de carencia: El Decreto prevé, además, que el ingreso de las deudas aplazadas ii.  se suspenderá durante un periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales importes.
  • Desde un punto de vista práctico, estas medidas suponen que, por ejemplo, una empresa que viniera cumpliendo con sus obligaciones trimestrales de IVA tenga la posibilidad:
    • De diferir el pago de la cantidad resultante de la liquidación, hasta el 1 de junio.
    • Además, y en su caso, solicitar el aplazamiento total o parcial de la referida cuota hasta el 1 de septiembre (3 meses).
    • A partir de esa fecha, poder ingresar la cuota resultante del IVA en cuatro mensualidades de igual importe (septiembre, octubre, noviembre y diciembre).
    • Todo ello sin necesidad de aportar garantías ni devengo de intereses.
  • La solicitud de estos aplazamientos se realizará a través del modelo oficial, que únicamente podrá presentarse a través de los servicios telemáticos de Hacienda Foral de Navarra, y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación.
 
Otras modificaciones
  • El Decreto prevé la exención de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados de las escrituras públicas de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
  • Se aclara que el periodo comprendido desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas (aunque si el obligado tributario atendiera al requerimiento o presentase sus alegaciones se considerará evacuado el trámite) y que durante dicho periodo se mantendrán las compensaciones de oficio de las devoluciones tributarias y de otros pagos reconocidos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dictándose las providencias de apremio que de tales compensaciones se deriven.

Aprobación de medidas de índole tributario en Gipuzkoa

Aprovechamos la oportunidad de recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (pinchar aquí para descargar)

En el Consejo de Diputados celebrado en fecha 24 de marzo, y ante la situación excepcional provocada por el coronavirus (COVID19), se ha aprobado un Decreto Foral-Norma 1/2020 (el Decreto, en adelante) en aras a solventar las dificultades en las que se pueden encontrar los obligados tributarios en el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias y trámites en procedimientos de carácter tributario, fundamentalmente para atender requerimientos y formular alegaciones en plazo en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores tributarios y algunos de revisión en materia tributaria.

Suspensión o prórroga del inicio de procedimientos

  • El Decreto afirma expresamente que los términos y plazos tributarios quedan fuera del ámbito de aplicación del apartado segundo del acuerdo del Consejo de Gobierno Foral adoptado el 17 de marzo de 2020, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa de 18 de marzo de 2020 (vid. Apartado anterior del Dietario) en el que, como norma general, se establecía la suspensión, con efectos de 14 de marzo de 2020, de los plazos para la tramitación de los procedimientos de la Diputación Foral de Gipuzkoa y, además, se afirmaba que el cómputo de los plazos suspendidos se reanudará en el momento que determinen las autoridades competentes.
  • Pues bien, en el concreto ámbito tributario, son de aplicación los siguientes parámetros relativos a la suspensión o prórroga de los procedimientos tributarios:
    • No computará el período comprendido entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, ambos inclusive, a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Diputación Foral de Gipuzkoa, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
    • El período a que se refiere el apartado anterior no computará a efectos de los plazos establecidos para la prescripción ni a efectos de los plazos de caducidad.
    • En los procedimientos iniciados a instancia de parte sujetos a plazo, cuando el plazo para iniciarlo venza entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020, éste se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación para los procedimientos iniciados como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones, a los que se les aplicará la normativa tributaria general con las especialidades que seguidamente destacamos.

Ampliación de plazos autoliquidaciones, declaraciones y otros

  • Respecto de las autoliquidaciones correspondientes al mes de febrero que, inicialmente, tenían un plazo de declaración e ingreso hasta el 25 de marzo (330, 320, 111, 044, IVA, Retenciones, juego, IIEE…) se establece un nuevo calendario:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: Nuevo plazo hasta el 27 de abril produciéndose la domiciliación en esa fecha.
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y que tengan la posibilidad de presentar en soporte papel esos modelos: Nuevo plazo hasta el próximo 1 de junio.
  • Respecto de las declaraciones informativas y recapitulativas (720, 189, 349 …), cuyo plazo inicial de presentación finalizaba entre el 14 de marzo y el 8 de abril de 2020, se establecen las nuevas fechas:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática (p.e.:720): nuevo plazo hasta el 27 de abril.
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y posibilidad de presentar en papel de ese modelo: nuevo plazo hasta el 1 de junio.
  • Respecto al Suministro Inmediato de Información (SII), los plazos de remisión electrónica de los registros de facturación que finalizan entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, se extienden hasta el 27 de abril de 2020.
  • Autoliquidaciones correspondientes al mes de marzo y trimestrales del primer trimestre que, en principio, tenían hasta el 25 de abril para su presentación (330, 320, 111, 044, 300, 110, IVA, Retenciones, juego, IIEE…) se establece un nuevo calendario:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: plazo hasta el 27 de abril (no varía).
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y posibilidad de presentar en papel de ese modelo: nuevo plazo hasta el 1 de junio.
  • Autoliquidaciones correspondientes al mes de abril que, inicialmente tenían de plazo hasta el 25 de mayo para su presentación (330, 320, 111, 044, IVA, Retenciones, juego, IIEE, …), se establece el siguiente calendario:
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática: el plazo se mantiene inalterado dado que se mantiene el 25 de mayo como fin del plazo voluntario.
    • Respecto del colectivo no obligado a presentar telemáticamente y posibilidad de presentar en papel de ese modelo: el plazo se amplía hasta el 1 de junio.
  • Autoliquidaciones no periódicas (ITP, Sucesiones y donaciones…)
    • Respecto del colectivo obligado a presentar telemáticamente o modelo cuya presentación es únicamente telemática, el plazo abarca hasta el 25 de abril.
    • Respecto de los colectivos
      • no obligados a presentar telemáticamente y tengan abierta la posibilidad de presentar en papel el modelo correspondiente,
      • todas aquellas autoliquidaciones que no tengan abierta la posibilidad de presentación telemática (Impuesto sobre sucesiones y donaciones, por ejemplo) 

El plazo de presentación e ingreso de las correspondientes autoliquidaciones, cuyo vencimiento inicial se produzca a partir del 14 de marzo, ven incrementado el mismo hasta 1 de junio de 2020.

  • Los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar en la Hacienda Foral de Gipuzkoa los pagos fraccionados correspondientes al primer y segundo trimestre de 2020.Por lo tanto, se exime a estos obligados tributarios de presentar la autoliquidación ni se remitirá domiciliación alguna (modelo 130).
  • IBI: El plazo de ingreso en período voluntario de la cuota tributaria correspondiente al año 2020 del impuesto sobre bienes inmuebles abarcará desde el 1 de agosto al 15 de septiembre de 2020.
  • Liquidaciones que estaban realizadas y pendientes de pago y para las nuevas notificaciones, plazo para pago 1 de junio, independientemente de la fecha de notificación.
  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes: se retrasa un mes el pago de los vencimientos del 25 de marzo y 10 de abril de 2020 determinándose, además, que también se retrasan el resto de los vencimientos posteriores si los hubiera.

Otras medidas tributarias

  • Aplazamientos:
    • Se incrementa hasta 300.000 € el importe total de deuda que se puede aplazar con dispensa de garantías (los denominados aplazamientos automáticos).
    • El fraccionamiento será mensual, con el plazo máximo de dos años.
    • El ingreso previo mínimo exigible será del 20% de lo solicitado o de 60.000 € si el importe total solicitado va a superar los 300.000 €, de forma que la cantidad a fraccionar de esta manera nunca supere los 300.000 €.
  • En el seno del procedimiento administrativo de apremio no  se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles ni a la celebración de subastas entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
  • Recursos de reposición y reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral.
    • En el recurso de reposición y en las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.
    • El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico- administrativas frente a actos tributarios o resoluciones de recursos de reposición se ampliará hasta el 1 de junio de 2020.
    • Esta ampliación resultará de aplicación tanto para los casos en que dichos plazos no hubieran finalizado el 14 de marzo de 2020, como para los que se inicien con posterioridad a dicha fecha.
    • No obstante, en este último caso, el plazo será el previsto para cada supuesto en la normativa general cuando por aplicación de la misma resulte un plazo que termina con posterioridad al 1 de junio de 2020.

 

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