Medidas Covid 19

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Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales

Con fecha 27 de junio se publicó el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Dicho Real Decreto Ley establece su entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el pasado 27 de junio de 2020

A través de las siguientes líneas trataremos de sintetizar el contenido de las Medidas sociales de reactivación del empleo y Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos contempladas en el citado Real Decreto Ley.

 

1.- Expedientes de Regulación de Empleo por fuerza mayor ex artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020 (ERTE fuerza mayor Covid- 19).

A partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, únicamente resultarán aplicables los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes del 27 de junio y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020, es decir, a partir del 27 de junio ya no es posible la solicitud de ERTE de fuerza mayor amparado en el citado artículo 22.

Se mantienen las obligaciones de reincorporación de los trabajadores, de la comunicación de variaciones a la seguridad social y al SEPE así como la renuncia a la autoridad laboral.

Las empresas afectadas por un ERTE de fuerza mayor ex art. 22 no podrán realizar horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo.

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

El incumplimiento de estas prohibiciones podrá constituir infracción de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

2.- Expediente de regulación de empleo por fuerza mayor por rebrote (D.A 1ª del R.D Ley 24/2020)

A partir del 1 de julio las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención en alguno de sus centros de trabajo podrán acogerse a medidas de exoneraciones de cuotas (ver apartado 5) previa autorización de ERTE por fuerza mayor al amparo del artículo 47.3 ET.

 

3.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. (ERTE ETOP COVID-19 ex. art. 23 Real Decreto Ley 8/2020)

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este precepto.

Es posible iniciar la tramitación de ERTE ETOP mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor.

Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

A los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

Se establece igualmente la prohibición de realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo.

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

4.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. (Artículo 3)

Se mantienen las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo previstas en el articulo 25 del Real Decreto ley 8/2020 hasta el 30 de septiembre. (prestación aun cuando se carezca de la ocupación mínima cotizada, no se computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo por ERTE fuerza mayor o ETOP COVID 19 a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos)

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo para los fijos discontinuos y fijos periódicos se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2020.

Estas medidas son aplicables a los afectados por ERTE por fuerza mayor ex articulo 47 E.T por rebrotes a partir del 1 de julio (D.A 1ª .2 Real Decreto Ley 24/2020)

 

5.-Medidas extraordinarias en materia de cotización (artículo 4 y D.A 1ª R.D Ley 24/2020):

Se establecen exoneraciones del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de los trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor o ERTE ETOP.

 

5.1.- ERTE fuerza mayor ex art. 22.

  • Trabajadores activos a partir del 1/07/2020:

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 60% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 40% julio agosto y septiembre

  • Trabajadores inactivos a partir del 01/07/2020

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 35% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 25% julio, agosto y septiembre

 

5.2 ERTE  ETOP ex art. 23 (covid- 19) decididos antes de 27/06/2020 o que proviene de ERTE de fuerza mayor finalizado.

 Hemos de señalar que la norma utiliza el término «decidido» y no “iniciado” como es habitual, y ello es relevante ya que la decisión empresarial es el trámite con el que concluye el procedimiento del ERTE ETOP.

  • Trabajadores activos a partir del 1/07/2020 en función de los periodos y % de jornada trabajados:

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 60% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 40% julio agosto y septiembre

  • Trabajadores inactivos a partir del 01/07/2020 en función de los periodos y % de jornada trabajados:

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 35% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 25% julio, agosto y septiembre

 

5.3.- ERTE fuerza mayor total ex Real Decreto Ley 18/2020 a 30 de junio (D.A 1ª  RD ley 24/2020)

Por las personas que tuvieran las actividades suspendidas a partir del 1 de julio

*Publicación del Ministerio de Trabajo

Cuando las empresas reinicien su actividad les será de aplicación desde ese momento y hasta el 30/09/2020 las expuestas en el artículo 4.1 del RD Ley 24/2020.

 

5.4.- ERTE fuerza mayor por rebrote (D.A 1ª RD ley 24/2020) A partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre 2020.

  •  Empresa con menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a 29/02/2020:
    • 80% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre.
  • Empresa con 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a 29/02/2020:
    • 60% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre.

Cuando reinicie su actividad les será de aplicación desde ese momento y hasta el 30/09/2020 las expuestas anteriormente.

 

6.-Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal. (Artículo 5)

Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el presente Real decreto Ley.

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el presente real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social y han renunciado a ella.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

 

7.-Salvaguarda del empleo.

El compromiso de mantenimiento del empleo establecido en la D.A 6ª del RD Ley 8/2020 se extiende a las empresas y entidades que apliquen un ERTE ETOP ex art. 23 y se beneficien de las medidas extraordinarias en el ámbito temporal del articulo 4 del RD Ley 24/2020 (exoneraciones de la aportación empresarial a las cuotas de seguridad social).

Para las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso al que se refiere este precepto empezará a computarse a partir del 27 de junio de 2020.

 

8.-Se prorrogan las medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

8.1.-La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

8.2 .-La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

 

9.Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación de empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo (D.A 2ª R.D Ley 24/2020)

 Las personas trabajadoras incluidas en los expedientes de regulación de empleo a los que se refieren los artículo 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, que no resulten beneficiarias de prestaciones de desempleo durante los períodos de suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto de las que la empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial, se considerarán en situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los efectos de considerar estos como efectivamente cotizados.

La base de cotización a tener en cuenta durante los períodos de suspensión o reducción de jornada será el promedio de las bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

Lo establecido en esta disposición será aplicable, únicamente, durante los períodos de aplicación de las exenciones en la cotización contemplados en el artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y en el artículo 4 de este real decreto-ley.

 

10.-Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido la prestación extraordinaria de cese de durante el estado de alarma.

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo que estuviera de alta y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

  1. 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
  2. 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
  3. 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

 La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la exención será la base de cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados.

La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar.

La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

 

11.-Prestación de cese de actividad y trabajo por cuenta propia.

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 de la LGSS, siempre que concurran los requisitos establecidos:

  1. Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.

  2. Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338.

  3. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

  4. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección

Adicionalmente, el acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020, siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

A partir de esta fecha solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de julio de 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.

 

 12.-Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada.

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en los citados regímenes como trabajadores autónomos durante al menos cinco meses al año durante ese periodo.

A estos efectos se considerará que el trabajador ha desarrollado su único trabajo durante los meses de marzo a octubre siempre que el alta como trabajador por cuenta ajena no supere los de 120 días a lo largo de los años 2018 y 2019.

Serán requisitos para causar derecho a la prestación:

  1. Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al menos cinco meses en el periodo comprendido entre marzo y octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019.

  2. No haber estado de alta o asimilado al alta durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 marzo de 2020 en el régimen de Seguridad Social correspondiente como trabajador por cuenta ajena más de 120 días.

  3. No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado al alta durante los meses de marzo a junio de 2020.

  4. No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo.

  5. No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.

  6. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de julio. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente.

Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. Asimismo será incompatible con el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275 euros.

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de octubre de 2020.

 

13.- Se establecen medidas de seguimiento y compromisos con los interlocutores sociales. Disposiciones Adicionales 3ª, 4ª y 5ª del RD Ley 24/2020.

 Puede consultar la norma través de este link.

 

 

 

 

 

Decreto-Ley Foral 6/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para responder a la crisis del coronavirus.

En el Boletín Oficial de Navarra de 23 de junio de 2020 se publica el Decreto-ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

En este Decreto-ley foral, que se puede consultar en el siguiente enlace, se abordan medidas en el ámbito de contratos de concesión de servicios de transporte público regular interurbano, medidas en el ámbito de los servicios sociales, medidas en el ámbito de la ordenación del territorio y medidas en el ámbito tributario.

A continuación, se destacan las medidas extraordinarias adoptadas en el ámbito tributario:

 

  • Presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades

El artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, estableció una regulación extraordinaria de los plazos de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las personas jurídicas de derecho privado. Dicha regulación afecta a la obligación de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, debido a que la determinación de la base imponible en el método de estimación directa se efectúa sobre la base de su resultado contable. Con el objeto de mitigar los efectos producidos por las medidas extraordinarias citadas, se faculta a los contribuyentes que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración del Impuesto para que presenten la declaración con las cuentas anuales disponibles en ese momento en los términos prescritos por la norma.

Aclara la norma qué se entenderá por cuentas anuales disponibles:

    • Las cuentas anuales auditadas para las sociedades anónimas cotizadas.
    • Para el resto de contribuyentes, las cuentas anuales auditadas o, en su defecto, las cuentas anuales formuladas por el órgano correspondiente, o a falta de estas últimas, la contabilidad disponible llevada de acuerdo con lo previsto en el Código de Comercio o con lo establecido en las normas por las que se rijan.

Cuando las cuentas sean aprobadas conforme a derecho y se conozca de forma definitiva el resultado contable, en el caso de que la autoliquidación que deba resultar de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas difiera de la presentada dentro del plazo establecido, se deberá presentar una nueva autoliquidación, para lo cual se da de plazo hasta el 30 de noviembre de 2020:

    • Si resulta una mayor cantidad a ingresar o una menor cantidad a devolver el ingreso del importe que, en su caso, corresponda se realizará en el momento de su presentación, sin aplicación de intereses de demora ni de recargo por presentación extemporánea.
    • Si resulta una mayor cantidad a devolver o una menor cantidad a ingresar que implique una devolución, el plazo de seis meses para realizar las devoluciones de oficio sin intereses comenzará a contar desde la fecha de su presentación.

A la nueva autoliquidación presentada no se le aplicarán las limitaciones a la rectificación de las opciones dispuestas en el artículo 96.4 de la Ley Foral 13/200, de 14 diciembre, General Tributaria y podrán ser objeto de verificación y comprobación por la Administración.

 

  • Fundaciones

Para las fundaciones que se hayan acogido a la mencionada ampliación de plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales establecida en el Real Decreto-ley 8/2020, se amplía, hasta el 30 de noviembre de 2020, el plazo de presentación ante la Hacienda Foral de Navarra de los documentos que deben aportar de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio.

 

  • Publicación de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias

La suspensión de los procedimientos tributarios ha afectado también a la publicación del listado de deudores a la Hacienda Foral de Navarra, por lo que la publicación derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los requisitos exigidos para la inclusión en el listado de deudores a la Hacienda Foral de Navarra se realizará antes del 1 de octubre de 2020.

 

  • Facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo

Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización quedan eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad y del Impuesto Especial de Hidrocarburos correspondientes a las facturas cuyo pago fue suspendido en virtud de lo previsto en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Se incorpora esta medida para que las comercializadoras sometidas a normativa foral navarra tampoco tengan que afrontar el pago de los impuestos indirectos durante el periodo de suspensión.

 

  • Seguro colectivo gratuito para el personal sanitario

Las prestaciones por las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa del COVID-19, derivadas del seguro colectivo gratuito a favor del personal sanitario, suscrito por las entidades aseguradoras a través de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras estarán exentas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2020.

 

  • Deducción de cuotas satisfechas a la Seguridad Social por cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas

Será deducible de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el 100% de las cantidades satisfechas en 2020 por el sujeto pasivo por cotizaciones a la Seguridad Social como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de las personas descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas.

Consecuencia de lo anterior se prevé que en 2020 no será de aplicación la deducción por cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas prevista en el artículo 62.9.c) de la LFIRPF.

 

  • Deducción para la transformación digital de las empresas

Se prevé una deducción de la cuota íntegra del 30% de los gastos e inversiones efectuados en el año 2020 con un límite de 5.000 euros (aplicado al conjunto de periodos impositivos que abarque la inversión), destinados a la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico para:

    • contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen mediante establecimiento permanente, que tengan la consideración de pequeña empresa (importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros);

    • sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación directa.

Se entenderá por gastos e inversiones:

    1. Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software que posibilite la digitalización de los procesos administrativos de ventas, facturación o contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

    2. Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software, que posibilite la comercialización y venta electrónica y los sistemas de pago por internet, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

Esta deducción se aplicará de acuerdo con lo dispuesto en la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, sin que le resulte de aplicación el límite del 25 por 100 de la cuota líquida regulado en el artículo 67.4 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

  • Modificaciones normativas

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, en la disposición final primera se establece que la deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables reguladas en el artículo 64.A) de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades se aplicará desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25 por 100 de la cuota líquida.

En la disposición final segunda, en lo que respecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se declaran exentas de la cuota gradual del impuesto sobre actos jurídicos documentados las escrituras de formalización de las diferentes moratorias legales y convencionales reguladas en los Reales Decretos-ley 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, y 19/2020, de 26 de mayo.

En la disposición final tercera se modifica la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria para incorporar la posibilidad de que las actuaciones de la Administración tributaria con los obligados tributarios se puedan realizar mediante videoconferencias.

En la disposición final quinta se establece un incremento de la ayuda económica a las personas dependientes para la contratación de cuidadores profesionales previstas en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio.

 

Este decreto-ley Foral entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, el 23 de junio de 2020, y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno de Navarra determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivan su aprobación.

Aquellas medidas previstas en este Decreto-ley Foral que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

 

R.D.-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis del COVID-19.

En el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 2020 se publica el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Según el articulado de la norma, el objeto de este Real Decreto-ley, es establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalice el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En este Real Decreto-ley, que puede consultar en el siguiente enlace,  se abordan medidas de prevención, contención y coordinación que inciden en diversos campos normativos. A continuación, se destacan determinadas medidas adoptadas en cada uno de los campos:

 

        I.   MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE.

Los artículos 6 a 16 del Real Decreto-ley recogen determinadas medidas para el mantenimiento de prevención e higiene, entre las que cabe destacar las siguientes:

  • Uso obligatorio de mascarillas por las personas de seis años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

  • En los centros de trabajo se han de adoptar las siguientes medidas:  

    • Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

    • Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

    • Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

    • Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

    • Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.  

  • Asimismo, se adoptan medidas de prevención e higiene básicas en los establecimientos sanitarios, en los centros residenciales de carácter social, en los establecimientos comerciales, en los hoteles y alojamientos turísticos o en las actividades de hostelería y restauración.

  • A su vez, se impone la obligación a las administraciones competentes de asegurar el cumplimiento por los titulares de equipamientos culturales, tales como museos, bibliotecas, archivos o monumentos, así como por los titulares de establecimientos de espectáculos públicos y de otras actividades recreativas, o por sus organizadores, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen.  Asegurando, en todo caso, las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones.

  • En el ámbito deportivo las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan.  Asegurando, en todo caso, las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Además, se reconoce por su parte, la competencia del Consejo Superior de Deportes para aplicar estas medidas en determinadas competiciones profesionales, una vez oído el organizador, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas; y en función de las circunstancias concurrentes y la necesaria protección de deportistas y público.

  • Por último, se señala que, en los sectores de actividad distintos a los mencionados, las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento. En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos,1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.

 

      II. MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES.

En los artículos 17 a 18 del Real Decreto-ley se recogen determinadas medidas que permiten regular la oferta de plazas y el volumen de ocupación en los servicios de transporte de viajeros.

  • En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal ferroviario y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio público, los operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio, facilitando a los ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, y atendiendo a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las medidas adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de vehículos y trenes.

  •  Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y conservar, a disposición de las autoridades de salud pública, los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje, con la finalidad de realizar la trazabilidad de contactos.

  • En el transporte marítimo se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante para ordenar, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la adopción de medidas sanitarias para el control de buques, incluidos los de tipo crucero, que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar en puertos españoles.

 

    III. MEDIDAS RELATIVAS A MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.

 

Los artículos 19 a 21 del Real Decreto-ley establecen medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios para la protección de la salud. Entre otros aspectos, cabe señalar las siguientes:

  • A los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que así determine el titular de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se les obliga a: 

    • Comunicar el stock disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.

    • Garantizar el abastecimiento de los referidos medicamentes en centros y servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades.

  • En cuanto a los productos sanitarios y a los biocidas, se regulan las medidas necesarias para garantizar la fabricación y puesta a disposición de mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas, soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos y antisépticos de piel sana a un ritmo adecuado para atender el considerable volumen de demanda existente.

 

 IV.  DETECCIÓN PRECOZ, CONTROL DE FUENTES DE INFECCIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Los artículos 22 a 27 del Real Decreto-ley disponen de una serie de medidas para la detección precoz de la enfermedad y el control de las fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. Concretamente, cabe destacar lo siguiente:

  • El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.

  • Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios y servicios sociales, tanto del sector público como del privado, así como a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos, tienen la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos por esta.

  • Los laboratorios, públicos y privados, autorizados en España para la realización de pruebas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2 mediante PCR u otras pruebas moleculares deberán remitir diariamente al Ministerio de Sanidad y a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en la que se encuentren los datos de todas las pruebas realizadas a través del Sistema de Información establecido por la administración respectiva.

 

      V.  MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA SANITARIO.

Los artículos 28 a 30 del Real Decreto-ley establecen una serie medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario en materia de recursos humanos, planes de contingencia ante el COVID-19 y obligaciones de información.

 

    VI.   RÉGIMEN SANCIONADOR.

A través del artículo 31 del Real Decreto-ley se regula el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de las medidas de prevención y de las obligaciones establecidas en este Real Decreto-ley.

 Para finalizar, el Real Decreto-ley contiene una serie de Disposiciones -adicionales, derogatoria y finales-, de las cuales, se van a destacar las que se refirieren a continuación:  

  • A través de la Disposición adicional primera se habilita Aena S.M.E., S.A. para poner a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior de modo temporal los recursos humanos, sanitarios y de apoyo, necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales en los aeropuertos gestionados por Aena.

  •  La Disposición adicional segunda habilita a las Autoridades Portuarias, como gestoras de los puertos de interés general, para poner a disposición de los servicios centrales y periféricos de Sanidad Exterior los recursos necesarios con el fin de garantizar la valoración sanitaria y epidemiológica a la entrada de pasajeros internacionales en los puertos de interés general, en los términos que, de común acuerdo, se dispongan entre Puertos del Estado y el Ministerio de Sanidad.

  • La Disposición adicional tercera autoriza a la Administración General del Estado para el otorgamiento de avales a las operaciones de financiación que realice el Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en respuesta a la crisis del COVID-19.

  •  A través de la Disposición adicional cuarta, con efectos desde el 10 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales suspendidos en virtud del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, reanudándose su cómputo en esa misma fecha.

  •  La Disposición final cuarta modifica los apartados 1 y 2 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, quedando redactados de la siguiente manera:  

«1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.»

 

  • La Disposición final quinta modifica los apartados 1 y 4 del artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que quedan redactados como sigue: 

«1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.»

 «4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.»

  

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 11 de junio de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de aplicación.

 

Guía práctica para empresas y autónomos sobre la crisis del coronavirus.

En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 desde ARPA Abogados Consultores, hemos considerado útil elaborar una lista de preguntas frecuentes relativas al efecto que las medidas adoptadas pueden tener en los siguiente ámbitos a raíz de la declaración del estado de alarma:

Este artículo se irá actualizando y modificando en función de las medidas que vayan adoptando las diferentes autoridades competentes.

 

 

Asimismo, les recordamos que tienen a su disposición un REPOSITORIO con la información actualizada sobre el COVID en el siguiente enlace y que estamos a su disposición para cualquier duda que se les pudiera plantear.

 

 

Recopilatorio de los informes de la Abogacía del Estado.

Les facilitamos un recopilatorio de los informes/notas de la Abogacía del Estado dictados en relación a las licitaciones y contratos públicos y el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, relativo a la suspensión de los contratos públicos:
 

 

FAQS: Relación de actividades afectadas por la normativa

A) NUEVA NORMALIDAD

Se permite la realización de velatorios en instalaciones debidamente habilitadas y con limitación de aforo del 50%. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

La asistencia a lugares de culto no deberá superar el 75% de su capacidad de aforo. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

En el caso de que se celebren en lugares de culto deberán respetarse las medidas previstas para los mismos. Los servicios de hostelería y restauración que se realicen en otros espacios deberán respetar el aforo del 75%. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

Estos locales y actividades no podrán superar el aforo del 75% del aforo máximo permitido, si se dispone de varias plantas deberá guardarse la proporción en cada planta. Se procurará la atención preferente a personas mayores de 65 años.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

No podrá superarse el 50% del aforo máximo en sus zonas comunes y recreativas determinado en el plan de autoprotección de cada centro comercial.

Los locales situados en centros comerciales no podrán superar el 75% de su aforo.

Se procurará la atención preferente a personas mayores de 65 años.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

No podrán superar el 75% de puestos habituales, de manera que se garantice la distancia mínima interpersonal. Los Ayuntamientos podrán priorizar los puestos alimentarios y de primera necesidad,

Deberán establecerse medidas señalizadas para asegurar la distancia interpersonal entre clientes y también trabajadores.

Se recomienda la puesta a disposición de geles o desinfectantes, y deberán realizarse las medidas de desinfección establecidas por la normativa.

Deberá evitarse la manipulación directa de productos por parte de la clientela.

Estos centros podrán realizar su actividad de forma presencial, siempre y cuando no se supere el 75% de su aforo máximo. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

No podrán superar el 75% de su aforo dentro del local para consumo o de 2,25 metros, en su caso, de las zonas autorizadas para uso público.

El consumo en local podrá realizarse en barra, en mesa o en agrupaciones de mesas. Deberá mantenerse la distancia mínima interpersonal de seguridad.

Las terrazas podrán ser ocupadas al 100% de su capacidad permitida por licencia municipal.

La ocupación máxima en mesa o agrupaciones de mesas no podrá ser superior a 25 personas.

Estos locales deberán establecer una limitación de aforo del 75% de su capacidad. No se permiten las pistas de baile, en las cuales deberán situarse mesas.

Las terrazas podrán abrirse al público en las mismas condiciones que las fijadas para los locales de hostelería y restauración.

Deberán cumplirse las medidas de higiene y prevención establecidas, y aplicarse las condiciones previstas para los locales de hostelería y restauración.

Las zonas comunes de estos establecimientos deberán limitarse al 75% de su aforo.

En caso de instalaciones deportivas en hoteles y alojamientos turísticos, tales como piscinas o gimnasios, deberán aplicar las medidas específicas para estas instalaciones.

En los albergues turísticos cuyas habitaciones estén equipadas con literas y no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad, se deberá limitar la capacidad al 50%.

En el caso de que las habitaciones estén separadas o que cuenten con camas que permitan mantener la distancia mínima de seguridad se permite la ampliación de aforo al 75% de su capacidad.

Los servicios de restauración prestados en estos locales deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Las bibliotecas deberán limitar su aforo al 75% de su capacidad máxima en salas y espacios públicos.

Los espacios destinados al público infantil deberán limitar su aforo al 50%.

Los servicios de restauración prestados en las bibliotecas deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Los museos y salas de exposiciones no podrán superar el 75% de su aforo máximo. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de hasta 25 personas, incluido monitor o guía.

Las audioguías deberán contar con fundas desechables, en su defecto deberán ser desinfectadas después de cada uso.

Los servicios de restauración prestados en museos y salas de exposiciones deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones.

Los monumentos y otros equipamientos culturales no podrán superar el 75% de su aforo máximo. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de hasta 25 personas, incluido monitor o guía. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, en su defecto se deberán llevar mascarillas.

Las audioguías deberán contar con fundas desechables, en su defecto deberán ser desinfectadas después de cada uso.

Los servicios de restauración prestados en museos y salas de exposiciones deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa.

Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones.

Los cines teatros, auditorios circos con carpa y similares podrán desarrollar su actividad, con butacas preasignadas y sin superar el 75% del aforo máximo permitido. En el caso de que el aforo supere las 500 personas se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Los recintos al aire libre y otros locales de espectáculos diferentes a los señalados en el párrafo anterior podrán desarrollar su actividad, con butacas y sin superar el 75% del aforo máximo permitido. En el caso de que el aforo supere las 1.000 personas se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

En el caso de ferias, deberá mantenerse una distancia interpersonal de 3 metros.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa.

Los establecimientos que ofrezcan juegos y atracciones diseñados para menores de 12 años, requerirán para su apertura de valoración por la autoridad sanitaria.

Las actividades deportivas no federadas al aire libre se podrán realizar de forma colectiva en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y siempre que no se supere el 75% del máximo permitido.

Las actividades en instalaciones deportivas podrán realizarse en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y sin superar el 75% del aforo máximo permitido. Cada centro contará con un protocolo para conocimiento general

No se compartirá material ni alimentos o bebidas o similares.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Las actividades deportivas federadas de competencia autonómica se podrán realizar de forma colectiva en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y siempre que no se supere el 75% del máximo permitido en el caso de entrenamientos. No se aplicará este límite en las competiciones donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo.

Siempre y cuando sea posible, deberá respetarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Para la realización de entrenamientos y celebración de competiciones se cumplirán las condiciones del Instituto Navarro del Deporte.

Estos eventos tendrán limitada su capacidad de aforo al 75% con butacas preasignadas. En el caso de que el aforo supere las 500 personas se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Los organizadores de eventos deberán contar con protocolos específicos del COVID-19 los cuales deberán ser trasladados a la autoridad competente. Dentro de las medidas previstas, los protocolos deberán contemplar la distancia mínima de seguridad, y en su defecto, la utilización medidas de seguridad y mascarillas.

Las piscinas, ya sean al aire libre, cubiertas de uso recreativo o deportivo deberán limitar su capacidad de aforo al 75%, tanto en lo relativo al acceso como en la propia actividad deportiva o recreativa.

Las zonas de estancia de piscinas contarán con medidas de señalización para la distribución espacial a efectos de garantizar la distancia mínima de seguridad entre las personas no convivientes. Se habilitarán sistemas de acceso para evitar aglomeraciones.

Deberá cumplirse con lo dispuesto por el anexo VI COVID-19 del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Piscinas de la Comunidad Foral de Navarra 2020.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se permiten estas actividades siempre y cuando se respete la distancia mínima interpersonal, o en su defecto se utilicen medidas alternativa s de protección con uso de mascarillas.

No se compartirán utensilios de caza, pesca, ni utillaje de comida o bebida.

No se podrá exceder el 75% del aforo para estas actividades, debiendo establecerse medidas para evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad.

Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de hasta 25 personas, incluido monitor o guía. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, en su defecto se deberán llevar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se podrán realizar estas actividades siempre y cuando se establezcan medidas para asegurar la distancia mínima de seguridad, o en su defecto se utilicen mascarillas y se adopten aquellas recomendaciones que, en su caso, establezca el Departamento de Salud.

Cuando se realicen estas actividades al aire libre, de deberá limitar el número de participantes al 75% de la capacidad máxima habitual de la actividad, no pudiendo superarse los 250 asistentes contando a los monitores.

Cuando las actividades se realicen en espacios cerrados de deberá limitar la asistencia de participantes al 50% de la capacidad del recinto, no pudiendo superarse los 100 asistentes contando a los monitores.

Las actividades deberán organizarse en grupos de hasta 15 participantes, incluido el monitor. En medida de lo posible deberá restringirse las actividades entre grupos.

Se suspenden las autorizaciones administrativas para acampadas y travesías reguladas por el Decreto Foral 107/2005 de 22 de agosto, por el que se regulan las actividades de jóvenes al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra.

Las zonas de baños, ríos, embalses y similares se regirán por lo dispuesto en el punto tercero de la Orden Foral 25/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud, con la salvedad de que los grupos podrán ser de un máximo de 25 personas.

Los parques y zonas deportivas de uso público al aire libre podrán estar abiertos siempre y cuando se respete el aforo máximo estimado en una persona cada 4 metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto.

Deberán establecerse medidas de higiene, prevención y desinfección diarias en zonas de contacto comunes, juegos de zonas infantiles, aparatos de actividad física u otro mobiliario urbano de uso compartido.

Se recomienda contar con geles hidroalcohólicos, en el caso de espacios para menores de dos años, se deberá disponer de una solución jabonosa.

Únicamente se permitirán actividades taurinas en plazas de toros habilitadas por la Orden Foral 374/2012 de 29 de mayo. El aforo de estas actividades queda limitado al 75% de su capacidad máxima, contando con asientos preasignados.

Deberán establecerse medidas para asegurar una distancia interpersonal de 1,5 metros. En su defecto se deberán usar medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.

En el caso de que el aforo supere las 1.000 personas, se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Deberán contarse con protocolos explicativos de las condiciones de cumplimiento de la normativa que se determine, siendo la empresa organizadora la responsable del control de las limitaciones establecidas en la autorización.

En los grandes eventos para otros usos que no sean los taurinos, se requerirá valoración adicional por parte de la autoridad sanitaria.

Podrán realizar su actividad con limitación de aforo del 75%.

Se deberán establecer medidas de seguridad interpersonal, especialmente en la disposición y uso de máquinas y dispositivos de juego. En su defecto será necesario el uso de mascarilla.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se permiten estas actividades siempre que se garantice el cumplimiento de las normas de desinfección e higiene establecidas por el punto 2.2.1 del Anexo del Acuerdo del Gobierno de Navarra de 19 de junio de 2020 por el que se declara la entrada de la comunidad a la nueva normalidad.

Se deberá mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros.

Se regirán por lo dispuesto en el punto primero 2 de la Orden Foral 27/2020, de 7 de junio, con la particularidad que no se podrán superar el 75% del aforo, y los grupos no podrán superar las 25 personas.

Se permite la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos similares con limitación de aforo de hasta el 75% del máximo de capacidad de cada sala. Esta limitación será aplicable a reuniones profesionales y juntas de comunidades.

Si el aforo superase las 500 personas, se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, en su defecto se deberán llevar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se permite el uso de fuentes públicas siempre que se proceda a su desinfección diaria.

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados deberán adoptar medidas de prevención e higiene tanto para sus trabajadores como pacientes.

Centros residenciales: Se permiten visitas en las condiciones establecidas por la Orden Foral 161/2020 de 25 de mayo, para todos los centros incluidos los que tengan algún caso de COVID-19 en el caso de que tengan sectorización de espacios que permita la separación efectiva. Se permiten las salidas de personas residentes.

Se permiten las estancias temporales y los ingresos por respiro familiar, aplicando los criterios determinados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Se permiten las actividades grupales con medidas de distancia física, el número de participantes no podrá exceder los límites establecidos por el Ministerio de Sanidad a nivel comunitario.

Estancias diurnas, centros de día y servicios de promoción de la autonomía: Se permiten los servicios de centro de día, siempre que se puedan mantener las medidas preventivas y de distancia interpersonal. En el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad se deberá reducir el número de personas usuarias. Como norma general se limitará el aforo al 75% de capacidad.

Se autorizan las estancias diurnas para los supuestos en los que no se pueda asegurar la atención en domicilio. Se buscarán las soluciones que impliquen un menor tránsito de personas, y deberá establecerse garantías de ubicación que posibiliten un menor número de contactos y cumplimiento de las medidas de protección. Las personas atendidas en estancia diurna deberán ubicarse en espacios diferenciados respecto al resto de personas usuarias.

Se podrán realizar servicios de promoción de la autonomía como jubilotecas siempre que se aseguren las mismas medidas que las establecidas para los centros de día, y con limitación de aforo del 75%.

Clubes de mayores: Se podrán realizar servicios externos que se venían prestado en los clubes de forma individual, así como actividades grupales regladas, manteniendo las medidas de seguridad generales como la distancia de seguridad o el uso de mascarillas. El aforo será del 75% de la capacidad máxima.

Se podrán realizar programas de ocio y tiempo libre en espacios cerrados con una limitación de aforo del 75%.

Se recuperan todos los programas de actividad presencial con el establecimiento de medidas preventivas de higiene y distancia establecidas por la normativa vigente. Las Casas amigas podrán reanudar su actividad.

Las guarderías podrán reanudar su actividad reduciendo su aforo al 75% de su capacidad. Deberán establecerse las siguientes ratios:

  • Niños de 0-1 año, 5 bebés por educador
  • Niños de 1-2 años, 8 niños por educador
  • Nidos de 2-3 años (o más) 10 niños por educador

Deberán establecerse medidas de desinfección, el Departamento de Educación elaborará un protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial.

En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L que estén provistos con dos plazas homologadas podrán viajar dos personas. Será obligatorio el uso de guantes.

En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas de hasta nueve plazas podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo.

En los transportes públicos de personas viajeras en vehículos de hasta nueve plazas, incluido la conductora, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo por cada fila adicional de asientos respecto de la de la conductora.

Los vehículos que por sus características técnicas sólo tengan una fila de asientos podrán ocuparse todas las plazas.

En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de personas viajeras, en los vehículos que dispongan de asientos, podrán ocuparse la totalidad de los asientos, procurando mantener la máxima separación entre las personas usuarias, estableciéndose como referencia de ocupación la de dos personas por metro cuadrado.

En todos los supuestos, salvo en el de personas convivientes de transportes privados, será obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años.

Las operadoras de servicios de transporte público de competencia de la Comunidad Foral de Navarra deberán ajustar los niveles de oferta a la recuperación de la demanda. La Dirección General de Transportes podrá adecuar la oferta para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Las operadoras de servicios de competencia de la Comunidad Foral de Navarra con número de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todas las personas usuarias y conservar listados con un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje.

En las estaciones de autobuses será obligatorio el uso de mascarillas, se dispondrán elementos de información y señalización sobre el uso adecuado de escaleras, pasillos o paradas. Se implantarán medida de información vigilancia y control para mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros y deberán ponerse a disposición del público geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida.

 

 

 

B) DURANTE LA FASE 3

Se promoverá el teletrabajo, sin embargo, las empresas podrán elaborar protocolos de reincorporación presencial a la actividad laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, en medida de lo posible ser hará de forma escalonada y respetando la conciliación de la vida laboral y personal.

Se deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no. Se entenderá que hay coincidencia masiva cuando no se puedan respetar las distancias mínimas de seguridad.

En las regiones en las que resulta de aplicación la Orden SND/ 414/2020 se permite en los velatorios la participación de un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en espacios cerrados. Respecto a la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 50 personas, además de, en su caso, el ministro de culto. En ambos casos, deberá mantenerse una distancia de dos metros, así como las medidas de higiene y etiqueta respiratoria.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la normativa.

En las regiones donde resulte de aplicación la Orden SND/399/2020 se permite la asistencia a lugares de culto, limitándose el aforo a un setenta y cinco por ciento de la capacidad del lugar.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo.

Se autoriza la celebración de ceremonias nupciales en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el 75% del aforo del local y que el número de asistentes no supere las 150 personas al aire libre o de setenta y cinco personas en espacios cerrados. Podrán prestarse servicios de hostelería y restauración siguiendo las disposiciones específicas de la Orden 458/2020 de 30 de mayo

Las actividades de comercio minorista podrán abrir al público a excepción de aquellos establecimientos cualquiera que sea su superficie.

Medidas de aforo: Se deberá limitar el aforo al 50% y se deberá mantener una distancia de dos metros entre clientes. Deberá exponerse al público y controlarse el aforo máximo del local.

Deberá establecerse un horario preferente de servicio para personas mayores de 65 años.

Medidas de higiene: Entre otras medidas por la normativa, deberá procederse a la desinfección, al menos dos veces al día, de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Se deberán facilitar geles hidroalcohólicos y establecerse medidas de seguridad e higiene específicas.

En los casos de establecimientos con zonas de autoservicio, el servicio lo deberá prestar un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa de producto por parte de los clientes.

No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes.

Los productos de telecomunicaciones de uso y prueba deberán estar bajo la supervisión de un trabajador que deberá asegurar de manera permanente su desinfección.

Al igual que en la fase 2, se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos decidan (comunicando a la autoridad competente de sanidad) decidan la apertura de mercados al aire libre (mercadillos). Los Ayuntamientos correspondientes deberán establecer requisitos de distanciamiento.

En cualquier caso, deberá limitarse el número de puestos al 50% y dar preferencia a los establecimientos que comercialicen alimentos y productos de primera necesidad. Se deberán establecer requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad entre clientes, trabajadores y viandantes.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la normativa de aplicación.

Se permite la apertura de centros y parques comerciales, si bien se deberá limitar el aforo al 40% en lugares comunes (los cuales serán sólo de tránsito), y un 50% de aforo en los comercios. Se permitirá la apertura de zonas lúdicas o recreativas.

Entre otras medidas específicas, se establecerán medidas de control sobre aseos, deberán instalarse vallas para evitar aglomeraciones y deberá implantarse el pago electrónico en parkings.

Se autoriza la apertura de locales de hostelería y restauración con un límite del 50% del aforo. Se permite la apertura de locales de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo. Los espacios destinados a pistas de baile o similar, podrán ser utilizados para instalar mesas o agrupaciones de mesas, pero no como espacio de baile.

El servicio se podrá prestar en mesa o en agrupaciones de mesas (preferentemente con reserva) y también en barra. Se deberá respetar la distancia interpersonal de 2 metros. Se permite la apertura de terrazas abiertas al público con la limitación del 75% de su capacidad.

Se establecen pautas de actuación específicas como el uso de mantelería desechable (en caso contrario debería desinfectarse después de cada uso), el control sobre la vajilla o el establecimiento de itinerarios para evitar aglomeraciones.

 Las comunidades autónomas podrán modificar el porcentaje de aforo, así como el relativo a la ocupación de las terrazas al aire libre, siempre que el aforo no sea inferior al treinta por ciento ni superior al cincuenta por ciento.

Se permite la apertura de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere la mitad del aforo.

Una vez terminadas las actividades de gimnasio o de animación, deberá ventilarse el espacio. Las clases comunes no deberán superar las 20 personas.

Las actividades deportivas deberán cumplir con la normativa de aplicación.

Las bibliotecas podrán seguir abiertas con las mismas actividades autorizadas en la fase 1 y 2. Además, en esta fase se autorizan las actividades culturales y el estudio en sala siempre que no se supere el 50% del aforo.

Se autoriza la apertura de museos para visitas del público a su colección y a las exposiciones temporales, como la realización de actividades culturales o didácticas, se reducirá el aforo a un 50% en cada una de las salas. Se permitirán grupos de visitas de hasta 20 personas.

Deberán establecerse medidas para asegurar el distanciamiento interpersonal, y reforzar el uso de medios educativos y culturales digitales.

Será de aplicación las medidas establecidas para los museos en la Orden SND/399/2020.

Se permite la apertura de salas de exposiciones conforme a lo dispuesto en la fase 2 (Orden SND/414/2020) con limitación de aforo al 50% y respetando la distancia interpersonal de 2 metros.

Los monumentos serán accesibles al público con limitación de aforo del 50%. Se permitirán visitas individuales, de convivientes o grupos de hasta 20 personas. No podrán realizarse otras actividades diferentes a las propias visitas.

Los cines, teatros, auditorios, carpas y espacios similares culturales podrán realizar su actividad, siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no superen la mitad del aforo autorizado. En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cuatrocientas personas.

En otros espacios similares, deberá limitarse el aforo al 50% y la asistencia no será superior a 80 personas. En el caso de espectáculos al aire libre todo el mundo deberá estar sentado, el aforo será del 50% y la asistencia no podrá ser superior a 800 personas.

Serán de aplicación las medidas específicas de aplicación establecidas para la fase 1 y 2.

Se autoriza el entrenamiento básico por deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales no federadas realizados en grupos de hasta 20 personas, procurando el entrenamiento por turnos y respetando la distancia interpersonal, cumpliendo con las disposiciones de higiene requeridas por la normativa.

En este tipo de instalaciones, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido.

Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de treinta personas en los mismos términos de la Orden SND/399/2020

Se autoriza la actividad de guía turístico en grupos de hasta 20 personas estableciendo preferentemente la reserva previa. Se evitará el tránsito por zonas que puedan provocar aglomeraciones.

Se autoriza la apertura de zoológicos, acuarios y otros centros recreativos turísticos con limitación de aforo del 50% y deberá limitarse el aforo a un tercio en atracciones y lugares cerrados. Se permite la actividad de restauración y hoteles debiendo cumplir las condiciones establecidas por la Orden.

Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos conforme a lo establecido en la fase 2 (Orden 414/2020) sin que la asistencia supere las 80 personas.

Esta disposición será de aplicación también a actividades y talleres informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+I.

Se permite la reapertura de locales de juego, azar, apuestas, rifas, tómbolas, casinos y otros locales asimilables. No se podrá superar el 50% del aforo, ni superar el número de 50 personas incluyendo a los trabajadores.

Se permite la realización de actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, siempre que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de prevención e higiene del Ministerio de Sanidad y la normativa de aplicación.

En el caso de actividades al aire libre se deberá limitar el aforo al 50%, y el número de participantes (incluidos monitores) no podrá superar las 200 personas. En espacios cerrados el aforo máximo será de un tercio con un número máximo de participantes de 80 personas.

El desarrollo de actividades deberá organizarse en grupos de 10 participantes, incluyendo al monitor.

Se permite la reapertura de plazas e instalaciones taurinas al aire libre. Deberán establecerse butacas preasignadas, no se podrá superar la mitad del aforo, y en ningún caso la asistencia podrá superar las 800 personas.

 

C) DURANTE LA FASE 2

En las regiones en las que resulta de aplicación la Orden SND/ 414/2020 se permite en los velatorios la participación de un máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados. Respecto a la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas, además de, en su caso, el ministro de culto. En ambos casos,  deberá mantenerse una distancia de dos metros así como las medidas de higiene y etiqueta respiratoria.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Orden 414/2020 de 16 de mayo.

En las regiones donde resulte de aplicación la Orden SND/399/2020 se permite la asistencia a lugares de culto, limitándose el aforo a un cincuenta por ciento de la capacidad del lugar.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo.

Se autoriza la celebración de ceremonias nupciales en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el 50% del aforo del local y que el número de asistentes no supere las 100 personas. Podrán prestarse servicios de hostelería y restauración siguiendo las disposiciones específicas de la Orden 414/2020 de 16 de mayo.

Las actividades de comercio minorista podrán abrir al público a excepción de aquellos establecimientos cualquiera que sea su superficie.

Medidas de aforo: Se deberá limitar el aforo al 40% y se deberá mantener una distancia de dos metros entre clientes. Deberá exponerse al público y controlarse el aforo máximo del local.

Deberá establecerse un horario preferente de servicio para personas mayores de 65 años.

Medidas de higiene: Entre otras medidas por la normativa, deberá procederse a la desinfección, al menos dos veces al día, de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Se deberán facilitar geles hidroalcohólicos y establecerse medidas de seguridad e higiene específicas.

En los casos de establecimientos con zonas de autoservicio, el servicio lo deberá prestar un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa de producto por parte de los clientes.

No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes.

Los productos de telecomunicaciones de uso y prueba deberán estar bajo la supervisión de un trabajador que deberá asegurar de manera permanente su desinfección

Al igual que en la fase 1, se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos decidan (comunicando a la autoridad competente de sanidad) decidan la apertura de mercados al aire libre (mercadillos). Los Ayuntamientos correspondientes deberán establecer requisitos de distanciamiento.

En cualquier caso, deberá limitarse el número de puestos al 30% y dar preferencia a los establecimientos que comercialicen alimentos y productos de primera necesidad. Se deberán establecer requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad entre clientes, trabajadores y viandantes.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la normativa de aplicación.

Se permite la apertura de centros y parques comerciales, si bien se deberá limitar el aforo al 30% en lugares comunes (los cuales serán sólo de tránsito), y un 40% de aforo en los comercios. No se permitirá la apertura de zonas lúdicas o recreativas.

Entre otras medidas específicas, se establecerán medidas de control sobre aseos, deberán instalarse vallas para evitar aglomeraciones y deberá implantarse el pago electrónico en parkings.

Se autoriza la apertura de locales de hostelería y restauración con un límite del 40% del aforo. No se podrán abrir discotecas ni bares de ocio nocturno.

El servicio se deberá prestar exclusivamente en mesa (no se permite en barra) y preferentemente con reserva. Se deberá respetar la distancia interpersonal de 2 metros.

Se establecen pautas de actuación específicas como el uso de mantelería desechable (en caso contrario debería desinfectarse después de cada uso), el control sobre la vajilla o el establecimiento de itinerarios para evitar aglomeraciones.

 Las comunidades autónomas podrán modificar el porcentaje de aforo, así como el relativo a la ocupación de las terrazas al aire libre, siempre que el aforo no sea inferior al treinta por ciento ni superior al cincuenta por ciento.

 

Las comunidades autónomas podrán permitir la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes.

Podrán reanudar su actividad los establecimientos de alojamiento, hostelería o restauración realizados para personal científico, técnico e investigador de todos los ámbitos.  Deberán establecerse medidas de higiene y desinfección, así como el régimen de trabajo por turnos.

Se permitirá la apertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos cerrados con motivo del decreto del estado de alarma. Podrán prestarse servicios de restauración para los clientes hospedados, así otros los servicios que fueran necesarios para la prestación de un servicio adecuado a los clientes.

Se permite la apertura de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere un tercio del aforo.

Una vez terminadas las actividades de gimnasio o de animación, deberá ventilarse el espacio. Las clases comunes no deberán superar las 20 personas.

Las zonas de conserjería o recepción deberán tener medidas de protección (mamparas mostrador… etc.) en caso contrario deberá establecerse una separación de dos metros. Donde se prevean aglomeraciones o colas puntuales se marcarán en el suelo los espacios de manera que se respeten la distancia mínima de dos metros entre clientes.

Debe recordarse que aún sigue en vigor la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y hoteles.

Las actividades deportivas deberán cumplir con la normativa de aplicación.

 

Se permiten actividades de consulta en sala, con la limitación de un tercio del aforo. Se autoriza la utilización de ordenadores comunes (deberán limpiarse después de cada uso), así como el préstamo interbibliotecario. No se permite la apertura de salas infantiles.

Se permite la reapertura de salas de exposiciones, siempre que no se supere un tercio del aforo y se establezcan medidas de control de aglomeraciones. Se deberán adoptar medidas específicas de desinfección, de salas y respecto al montaje y desmontaje de exposiciones. No se podrá prestar el servicio de guarda ropa. Los elementos expuestos diseñados para su contacto quedarán inhabilitados, no se podrán usar audio guías o folletos.

Podrá procederse a la reapertura al público de monumentos y otros equipamientos culturales con la limitación de un tercio de aforo, debiendo disponer de barreras físicas de contención y carteles con normas de visita y seguridad. Deberán establecerse medidas de limpieza y desinfección específicas.

Los espacios donde pueda haber interferencia de circulaciones entre zonas culturales y no culturales serán objeto de señalización y, si es posible, balizamiento para asegurar el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Los cines, teatros y auditorios podrán reanudar su actividad, siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no superen un tercio del aforo autorizado. En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cuatrocientas personas.

Se recomendará la venta online o telefónica de entradas, y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el pago con tarjeta. Se permite la prestación de servicios de tienda, cafetería o similares, pero no de guarda ropa.

 En Murcia no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cien personas.

Se autoriza el entrenamiento básico por deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales no federadas realizados de manera individual, cumpliendo con las disposiciones de higiene requeridas por la normativa.

Los clubes deportivos profesionales o Sociedades Anónimas Deportivas podrán desarrollar entrenamientos preparatorios de competición, incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, con acciones conjuntas en grupos de varios deportistas hasta un máximo de catorce personas.

Se podrá proceder a la reanudación de la competición profesional siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita, sin público y a puerta cerrada, aunque con acceso a los medios de comunicación.

Se permite la apertura instalaciones deportivas cubiertas limitadas a un tercio de su capacidad para la realización de actividades deportivas para cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva. Deberá concertarse cita previa y establecerse turnos horarios. Se permitirá la práctica deportiva individual o con un máximo de dos personas.

Se autoriza la apertura de piscinas para uso deportivo con un límite del 30% de su capacidad. Podrá acceder cualquier persona, pero tendrán preferencia los deportistas federados. Deberá concertarse cita previa y establecerse turnos horarios. Se permitirá la práctica deportiva individual o con un máximo de dos personas

Se autoriza la reapertura de piscinas de uso recreativo y de acceso a cualquier persona, con la limitación de aforo a un 30%. Deberá concertarse cita previa y establecerse turnos horarios. Asimismo, deberán establecerse medidas específicas de limpieza y desinfección.

Se autoriza el tránsito y permanencia en playas (con los límites de circulación establecidos por la Orden 414/2020). Se deberá hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, se deberá cumplir con la distancia interpersonal de dos metros y cumplir las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Se permitirá la realización de actividades de turismo activo y naturaleza para grupos de hasta 20 personas y organizados por empresas registradas. Se establece la recomendación de establecer cita previa.

No se podrán realizar estas actividades en establecimientos o locales, aunque fueran diseñados para esta actividad. Las zonas comunes de estos locales deberán permanecer cerradas y sólo se podrán abrir las zonas de recepción, aseos y vestuarios (con las medidas de higiene y desinfección correspondientes).

Se autoriza la celebración de congresos. Se deberán respetar las distancias de seguridad y no superar el número de 50 asistentes. Si no se pudiera respetar la distancia de seguridad, deberán implantarse medidas de seguridad adecuadas.

Esta disposición será de aplicación también a congresos, encuentros, eventos y seminarios en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación

 

Desde el 9 de abril de 2020, y como consecuencia de la finalización del plazo del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto Ley 10/2020, el sector de la construcción puede desarrollar su actividad como venía haciéndolo antes de la entrada en vigor de dicha norma. 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS‐COV‐2 elaborado por el Ministerio de Sanidad, así como las Orientaciones preventivas frente al Covid-19 en el Sector Industrial y las medidas para la prevención de contagios del Covid-19 contenidas en las Buenas prácticas en los centros de trabajo publicada por el Ministerio de Sanidad.

Se permite la reapertura de plazas e instalaciones taurinas al aire libre. Deberán establecerse butacas preasignadas, no se podrá superar un tercio del aforo, y en ningún caso la asistencia podrá superar las 400 personas.

 

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ORDEN FORAL 17/2020, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a autónomos.

En el día de hoy, jueves 21 de mayo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra la ORDEN FORAL 17/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 

De esta Orden Foral, merecen destacarse las siguientes cuestiones: 

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de esta Orden Foral es favorecer la recuperación económica y, para ello, a través de esta, se ha desarrollado el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos de Navarra reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Estas ayudas, previstas en el referido Decreto-ley Foral, son de dos tipos:

  • Ayuda de 2.200 euros a quienes les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19). 

  • Ayuda de 700 euros a quienes, sin haber obtenido la referida prestación extraordinaria por cese de actividad, hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria en, al menos, un 30% en los periodos que se detallan en el apartado 2 del artículo 2, correspondiente a los requisitos específicos de las ayudas.

No obstante, esta ayuda podrá ascender a 800 euros en función de la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante.

 

Artículo 2.- Beneficiarias.

  • Ayuda de 2.200 euros, podrán solicitarla las siguientes personas físicas:
    •  Las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

    • Las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.  

  • Las trabajadoras y trabajadores autónomos podrán solicitar tanto la ayuda de 2.200 euros como la ayuda de 700 euros.

Dependiendo del tipo de ayuda – 2.200 euros o 700 euros-, existen unos requisitos específicos que las personas beneficiarias deberán reunir en el momento de solicitar la misma:  

  • Requisitos específicos para solicitar la ayuda de 2.200 euros:

    • Tener reconocida la prestación extraordinaria prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

A la solicitud de la ayuda se adjuntará la resolución que reconozca el derecho a la citada prestación.

    • Comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

Este compromiso se recogerá en la declaración responsable a presentar junto con la solicitud de la ayuda.

    •  Que la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:
      • Con carácter general, el límite de cuatro veces el IPREM.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 

A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

  • Requisitos específicos para solicitar la ayuda de 700 euros: 
    • No haber cesado en su actividad y permanecer de alta como autónoma o autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, así como en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) y la de solicitud de la ayuda. 

Este requisito se acreditará mediante los recibos correspondientes o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.  

    • Acreditar que han visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria en, al menos, un 30%:

      •  En el mes natural anterior al que se solicita la ayuda teniendo en cuenta el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.

      • En los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la ayuda en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior, en el caso de las y los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

      • En el mes natural anterior al que se solicita la ayuda en relación con la efectuada en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma, en el caso de las y los trabajadores autónomos que desarrollan actividades en los siguientes códigos de la CNAE 2009:

        • 5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.
        • 5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
        • 5916: actividades de producciones de programas de TV.
        • 5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.
        • 9001: artes escénicas.
        • 9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.
        • 9003: creación artística y literaria.
        • 9004: gestión de salas de espectáculos.

A efectos del cumplimiento de este requisito, en la declaración responsable se detallará la facturación de cada uno de los periodos a que se ha hecho referencia, y se acompañara copia de los libros o registros donde se soporte dicha información contable.

    • Que la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:
      • Con carácter general, el límite de cuatro veces el IPREM.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 

 A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

Además, con independencia del tipo de ayuda – 2.200 euros o 700 euros-, los beneficiarios, en el momento de solicitar la misma, deberán reunir los siguientes requisitos generales:

  1. Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del IRPF y hallarse de alta en el IAE también en la Comunidad Foral, en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2000 (el 14 de marzo de 2020). Están exentas del requisito relativo al IAE las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y quienes desarrollen actividades no sujetas en Navarra al Impuesto sobre Actividades Económicas (actividades agrícolas o forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio).

  2.  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

  3.  No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.

  4.  No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género o, en su caso, no estar pendiente de cumplimiento de sanción o sentencia impuesta por dichos motivos.

  

Artículo 3.- Importe de las ayudas.

El importe de las ayudas será de 2.200 euros o de 700 euros, según los requisitos específicos que reúnan las personas beneficiarias en el momento de solicitar la misma, y que han sido detallados en el anterior apartado.

No obstante, la ayuda de 700 euros podrá ascender a 800 euros cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:

  • Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM.

  • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

  • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

  • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo.

A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar.

 

Artículo 4.- Entidades colaboradoras: requisitos y procedimiento de adhesión.

Para ser una entidad colaboradora en la gestión de estas ayudas, hay que cumplir con los requisitos y obligaciones que se recogen en la declaración responsable que se adjunta como anexo a la Orden Foral. Además, se establece que podrán serlo las siguientes personas, físicas o jurídicas, que ejerzan sus actividades en un establecimiento abierto en Navarra:

  • Las dedicadas al asesoramiento a empresas.

  • Las organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, asociaciones y colegios profesionales.

  • Las cooperativas.

  • Las organizaciones y sindicatos del sector agrario y ganadero.

  • Las entidades financieras.

  • Los Grupos de acción local seleccionados en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y agencias de desarrollo comarcales.

El plazo para solicitar actuar como entidad colaboradora comenzará el día siguiente al de la publicación de esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, el 22 de mayo de 2020.

El órgano competente, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para ser entidad colaboradora, notificará a la interesada que su solicitud ha sido aceptada, asignándole un código de identificación que le habilitará para tramitar las solicitudes de ayuda.

Las entidades colaboradoras se encargarán de:

  • Tramitar las solicitudes de ayudas.

  • Comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos y aportan la documentación exigida en caso contrario no presentarán la solicitud.

  • Tramitar el procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en caso, de que en cualquier momento posterior al pago de las ayudas se constata que la beneficiaria no reúne los requisitos.

Estas entidades colaboradoras no podrán cobrar ninguna cantidad por la tramitación de la solicitud de la ayuda, ni condicionar su actuación a la contratación de ningún tipo de servicio.

 

Artículo 5.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

El Plazo de presentación de las solicitudes de estas ayudas comenzará transcurridos 7 días hábiles a contar desde el día 22 de mayo de 2020 (día siguiente a la publicación de esta Orden Foral en el BON) y finalizará el último día del mes siguiente al que se produzca la finalización del estado de alarma.

Forma de presentación de las solicitudes de estas ayudas:

  • Vía telemática a través de las entidades colaboradoras referidas en el apartado anterior.

  • Los documentos que hay que presentar para solicitar son los siguientes:

    • Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.

    • La resolución que reconozca el derecho a la prestación la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) o el justificante de haber solicitado la prestación extraordinaria, quedando la concesión de la ayuda condicionada a la presentación de la resolución.

    • La información contable que acredite la reducción de la facturación exigida para la obtención de la ayuda de 700 euros.

    • Los demás documentos referidos en la Orden Foral (art.2)

 

Artículo 6.- Concesión y pago de las ayudas.

El órgano gestor de las ayudas deberá comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos exigidos y elevará propuestas de resolución de concesión y pago de las ayudas a la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de presentación de las solicitudes y se publicarán en la ficha de la ayuda del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra.

La solicitud de la ayuda podrá entenderse desestimada por silencio administrativo cuando el plazo máximo de tres meses, no se hubiera dictado y publicado la resolución expresa.

Con posterioridad al pago de las ayudas, el órgano gestor se reserva la posibilidad de realizar cuantas comprobaciones resulten pertinentes en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos para su obtención.

 

Artículo 7.- Obligaciones y efectos de su incumplimiento.

Las obligaciones que deben cumplir los solicitantes de estas ayudas son las siguientes:

  1. Facilitar a la entidad colaboradora la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas y la información necesaria para realizar la solicitud.

  2. Quienes obtengan la ayuda de 2.200 euros deberán permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020).

  3. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

El incumplimiento de alguno de los requisitos u obligaciones exigidos dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas conforme a las reglas establecidas en esta Orden Foral.

 

Artículo 8.- Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

En materia de protección de datos de carácter personal, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 

Artículo 9.- Compatibilidad de las ayudas.

Se establece la compatibilidad de estas ayudas con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

 

Artículo 10. – Ayudas de minimis.

Se otorga a estas ayudas el carácter de ayudas de minimis conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre del 2013.

En consecuencia, las personas solicitantes al solicitar las ayudas deberán declarar las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, a excepción de:

  • Las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

  • Las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

 

Artículo 11.- Publicidad de las ayudas concedidas.

El Servicio de Trabajo publicará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda las ayudas concedidas, haciendo constar los siguientes aspectos:

  • El crédito presupuesto al que se imputa.

  • Las beneficiarias.

  • El importe concedido.

 

Disposición adicional única. –Financiación.

La concesión de estas ayudas se financiará con cargo a la partida 810012 81500 4709 494103 “COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020” del Presupuesto de Gastos de 2020.

 

Disposición final única. – Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, esto es, el 22 de mayo de 2020.

 

 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

El miércoles 13 de mayo de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya entrada en vigor es la misma fecha de su publicación.

Según la exposición de motivos de la norma, la finalidad de este real decreto-ley es dar una respuesta adecuada para que las empresas adopten los ajustes dinámicos necesarios que les permitan transitar hacia un escenario de «nueva normalidad», salvaguardar el empleo y proteger especialmente a las personas trabajadoras.

De este real decreto-ley, merecen destacarse las siguientes cuestiones:

Artículo 1.-Especialidades aplicables durante el desconfinamiento a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.

  • A partir del 13 de mayo de 2020, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contarán con un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor (art. 22 RD ley 8/2020), y que las mismas impidan el reinicio de su actividad. Se encontrarán en esta situación mientras duren las causas de fuerza mayor y en ningún caso irá más allá del 30 de junio de 2020.  
  • Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, desde el momento en el que las causas de fuerza mayor previstas, y por razón de las cuales se aplicaron las distintas medidas de flexibilidad en forma de suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperación parcial de su actividad, y hasta el 30 de junio de 2020.

Estas empresas y entidades deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

El modo verbal utilizado “ deberán “ pone de manifiesto que no es voluntario situarse en fuerza mayor parcial, es decir, no queda al arbitrio del empresario continuar en situación de cierre o suspensión de actividad  bajo la cobertura de un ERTE por fuerza mayor total, sino que en cuanto que la causa de fuerza mayor  permita una recuperación parcial de la actividad se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial.

Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los ERTES, o en su caso, la suspensión o regularización del pago que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección desempleo.

En todo caso las empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

 

Artículo 2.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) comunicados a partir del desconfinamiento.

 A los ERTES por causas ETOP iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, es decir, a partir del 13 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las siguientes especialidades:

  • La tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. 
  • Cuando el ERTE ETOP se inicie tras un ERTE de fuerza mayor (art. 22 Real Decreto Ley 8/2020) la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este . 
  • Los ERTES ETOP vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

 

Artículo 3.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.

Las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25 del Real Decreto Ley 8/2020 se mantendrán hasta el 30 de junio de 2020, excepto en el caso de las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Artículo 4.-Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en los siguientes porcentajes:

  • Empresas o entidades con ERTE autorizado en situación de fuerza mayor total: 
    • Con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero: exoneración del 100% de la aportación empresarial. 
    • Con 50 o más trabajadores a 29 de febrero: 75% de la aportación empresarial.
  •  Empresas o entidades se encuentren en situación de fuerza mayor parcial:
  1. Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad:

a) Empresas de menos de 50 personas trabajadoras:

Mayo: exoneración del 85%.

Junio: exoneración del 70%.

b) Empresas 50 o más personas trabajadoras:

Mayo: exoneración del 60%.

Junio: exoneración del 45%.

  1. Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus actividades suspendidas:

a) Empresas de menos de 50 personas trabajadoras:

Mayo: exoneración del 60%.

Junio: exoneración del 45%.

b) Empresas de 50 o más personas trabajadoras

 Mayo: exoneración del 45%.

Junio: exoneración del 30%.

 

Disposición adicional primera

Se reserva la posibilidad de establecer, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, una prórroga de los expedientes de regulación de empleo por causas de fuerza mayor si persisten las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias llegado el 30 de junio de 2020.

Este acuerdo también podrá prorrogar:

  • Las exenciones de cotización a la Seguridad Social reguladas en el artículo 4 anteriormente expuestas, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas.
  • Las medidas de protección por desempleo (reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, entre otras) previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

 

Disposición adicional segunda

Se establece la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral integrada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

 

Disposición final primera

Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en los siguientes términos:

  • Modificación del apartado 1 del artículo 24 concretando la exoneración de las aportaciones empresariales respecto de los ERTES por fuerza mayor durante los meses de marzo y abril de 2020
  • Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 24 estableciendo a cargo de quiénes correrán tales exoneraciones.
  • Se modifica la disposición adicional sexta relativa a la Salvaguarda de empleo integrando en la norma los criterios dictados por la Dirección General de Trabajo.
    • Respecto del computo del plazo del compromiso de mantenimiento del empleo se concreta que el plazo de seis meses comienza desde la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando sea parcial o solo afecte a parte de la platilla.
    • El compromiso de mantenimiento del empleo se vincula a la aplicación de la exoneración de cuotas.
    • Se establece que el compromiso se considera incumplido por la extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por los ERTES por fuerza mayor (artículo 22 RD Ley 8/2020).
    • No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por:
      •  despido disciplinario declarado como procedente,
      • dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora,
      •  el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.
      •  en el caso de contratos temporales cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
  • Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
  • No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • Consecuencias del incumplimiento del compromiso: Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

El literal de la norma parece exigir la totalidad de las cotizaciones independientemente del número de trabajadores a los que se les haya extinguido el contrato.

 

Disposición final segunda

Se modifica la Disposición Final Tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, “entrada en vigor y vigencia” estableciendo que sus artículos 2 (Medidas extraordinarias para la protección del empleo) y 5 (Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales) mantendrán su vigencia hasta el 30 de junio de 2020.

 

 

 

 

El mundo administrativo tras la pandemia: sanciones y responsabilidad patrimonial de la Administración

Se suele decir habitualmente que tras la tempestad siempre llega la calma, y que el sol siempre vuelve a brillar. Sin embargo, en el mundo del derecho administrativo, puede darse el caso que tras la tormenta que ha supuesto para todos nosotros la aparición del COVID-19 en nuestras vidas, con privación de derechos individuales a través de la declaración de un estado de alarma, lo que sobrevenga sea una sucesión de recursos y reclamaciones frente a la administración debido a las lesiones o daños que se hayan podido provocar en los administrados como consecuencia de esta acción legislativa y de su aplicación por parte de las administraciones, y que tal vez desemboque en toda clase de litigios aún imposible de valorar.

Veamos, por tanto, en qué escenarios nos podemos encontrar tras la finalización del estado de alarma y la posterior desescalada que nos lleve a una situación de normalidad.

.- Sanciones impuestas durante el estado de alarma

Durante los primeros 40 días de vigencia del estado de alarma se han tramitado más de 700.000 propuestas de sanción por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado debido al incumplimiento de lo previsto en los reales decretos y órdenes ministeriales reguladores del mismo.

Esto supone triplicar en 40 días el total de las infracciones registradas por el Ministerio del Interior en todo el año 2018.

La mayoría de estas denuncias se imponen en virtud del artículo 36.3 de la Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: “La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito….», y suponen la imposición de una multa de entre 600 y 30.000 euros.

Sin embargo, desde el momento mismo en el que se comenzaron a tramitar estas propuestas de sanción, han surgido voces disconformes y no solo entre los afectados, sino también dentro del propio mundo jurídico. De hecho, la propia Abogacía del Estado sostiene en un informe que una infracción por desobediencia a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, exige que previamente haya un requerimiento expreso e individualizado del agente al ciudadano infractor y que éste lo desobedezca posteriormente.

Por lo demás, no debe olvidarse en ningún caso que en todo expediente sancionador deben respetarse los principios de proporcionalidad y verdadera concurrencia del tipo infractor, además de la concurrencia de culpa o negligencia, todo lo que cual habrá de valorarse a la luz de una normativa novedosa preparada con cierto apresuramiento.

Por lo tanto, sin perjuicio de que será necesario analizar cada supuesto concreto, es previsible que una vez comiencen a notificarse las propuestas de sanción a los infractores, puedan concurrir circunstancias y fundamentos que justifiquen la formulación de alegaciones e interposición de recursos.

.- Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas derivada del estado de alarma

 Por si lo anterior no fuera suficiente para intuir la importancia que podrán tener los procedimientos administrativos tras la vuelta a la “normalidad”, como ya se avisa desde distintos sectores, se prevé que el Real Decreto del estado de alarma y sus posteriores prórrogas puedan dar lugar a no pocos litigios con la administración derivados de reclamaciones de indemnizaciones, bien frente al Estado Legislador, bien frente a las Administraciones, fruto de las diferentes medidas que hayan adoptado, omitido o demorado injustificadamente, así como las lesiones específicas que, en su caso, puedan derivarse de las mismas para los bienes y derechos de los particulares.

La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas descansa sobre lo previsto en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que establece que la misma será objetiva y directa pues “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Del mismo modo, los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, reconocen ese carácter objetivo de tal reclamación, al establecer la obligación de indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran y sea “consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

 Es decir, no todo daño que provoque la Administración es indemnizable, sino tan solo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo, por no existir causas de justificación que lo legitimen.

Bien es cierto que en primer lugar deberá dirimirse si la situación sobrevenida es fruto de fuerza mayor y que la pandemia no ha podido evitarse conforme a los conocimientos científicos existentes a la producción del daño (lex artis, etc.), así como ausencia de vacuna, etc. Y es que la fuerza mayor, entendida como un suceso imprevisible o de efectos inevitables, excluye la responsabilidad de la Administración, quebrándose la relación de causalidad necesaria para que exista la misma.

Pero, en cualquier caso, deberá tenerse en cuenta al final, como en todo procedimiento de este tipo encuadrado en el ámbito del derecho sanitario, si se actuó conforme a los protocolos establecidos o si, sin embargo, se hizo tarde, activándose así el nexo causal necesario para que exista responsabilidad patrimonial. Serán los tribunales los que determinen esta cuestión, pero en caso de que finalmente entiendan que no existió tal fuerza mayor o que hubo imprevisiones, errores, etc., se abrirá el camino para la estimación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Dicho esto, estos son algunos de los escenarios que nos podremos encontrar en el ámbito de reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración tras el cese del estado de alarma:

  • Posible responsabilidad patrimonial de la Administración por daños causados al personal sanitario (contagios, lesiones, fallecimientos, perjuicio profesional, etc.):

Probablemente este sea uno de los campos más candentes, dado las numerosas quejas y noticias sobre daños sufridos por sanitarios desde la aparición de la pandemia. La determinación del deber jurídico de soportar ese daño será la clave, además de la supuesta fuerza mayor ya comentada. La Administración, por tanto, deberá argumentar y justificar con claridad cuestiones tales como la alegada falta de equipos de protección individual (EPIs) a pesar de las recomendaciones del propio Consejo de la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, u otras cuestiones tales como la inadecuada o adecuada información o formación del personal. En definitiva, haber actuado con la necesaria precaución, previsión y transparencia, pues lo contrario podría llegar a provocar que el daño sufrido por el personal sanitario fuera antijurídico y, por lo tanto, indemnizable.

  • Posible responsabilidad derivada del propio estado de alarma y sus efectos directos sobre los derechos y libertades de los ciudadanos:

A este respecto debe recordarse que el artículo 3 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio establece que “quien como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no le sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Lógicamente, este precepto habrá de entroncarse con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero pone bien de manifiesto, de partida, que la existencia de indemnizaciones por daños no debe descartarse.

 

  • Posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones realizadas al amparo de los Reales Decretos Ley aprobados como consecuencia de la declaración del estado de alarma (limitaciones de circulación, cierres de actividades, etc.):

Debe recordarse a este respecto que ya existen recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a estos reales decretos, y que caso de ser declarada dicha inconstitucionalidad, las reclamaciones posteriores se antojan considerables, desde las realizadas por las empresas afectadas, trabajadores, personas físicas, autónomos o cualquiera que hubiera podido ver afectada su propia actividad, provocándole un perjuicio que no debía haber asumido.

  • Posible responsabilidad de los centros de asistencia para personas mayores:

En todas aquellas residencias de mayores de carácter público o concertado en los que pudiera entenderse que ha existido una deficiente atención a sus residentes con causa o no de muerte, así como falta de prevención o en general falta de mantenimiento de los servicios públicos, es muy probable que operase también el instituto de la responsabilidad patrimonial.

A la vista de los acontecimientos y de que una gran parte de los fallecidos por COVID-19 eran residentes en este tipo de centros, no parece descabellado que nos encontremos igualmente ante situaciones que puedan dar lugar a reclamaciones de este tipo.

  • Y, por último, posibles responsabilidades de la administración sanitaria por falta de atención médica fuera de los casos relacionados con el COVID-19, como pueden ser afecciones de todo tipo no tratadas o diagnosticadas correctamente por la falta de medios, retrasos en tratamientos que requerían urgencia, o cualquier adecuado tratamiento médico al que cualquier ciudadano tiene derecho y que no hubiera sido correctamente realizado o atendido.

Debe recordarse que el propio Decreto por el que se declara el estado de alarma establece que tal declaración no supone la suspensión de ningún derecho fundamental, lo que unido al artículo 3 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio (que reconoce el derecho a indemnización) nos conduce, según los casos y circunstancias, a la posibilidad de interponer reclamaciones.

Por lo tanto, sin perjuicio de que aún se carece de la suficiente perspectiva, no cabe descartar la concurrencia de situaciones que justifiquen la interposición de reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración.

Debe recordarse también que el plazo para interponer cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial es de un año desde la producción del daño, o desde que se tenga conocimiento del mismo, tal y como indica la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo.

Por último, ¿ante qué administraciones se podrá reclamar? Dependerá en cada caso del tipo de daño reclamado. En materia sanitaria las competencias están asumidas de modo ordinario por las Comunidades Autónomas. No obstante, dada la centralización asumida por el propio Gobierno estatal tras la declaración del estado de alarma y la creación del mando único, aquel también puede ser responsable, pudiéndose dar incluso supuestos de responsabilidad solidaria entre administraciones.

Deberemos estar atentos en definitiva a esta nueva tormenta que se avecina en el mundo de las administraciones públicas, sin descartar en absoluto la concurrencia de situaciones que justifiquen la existencia de supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

 

 

 

Medidas adoptadas por la UE ante la crisis del COVID-19 y su impacto en Navarra

Nuestra compañera María González, abogada del departamento internacional y directora de la oficina de San Sebastián de ARPA Abogados Consultores ha participado en un boletín especial editado por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección general de Acción Exterior en el que diversos expertos analizan las diferentes medidas adoptadas por la Unión Europea ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y su impacto en Navarra con motivo de la celebración del Día de Europa. Conmemoración que tuvo lugar el pasado sábado 9 de mayo y a la que el Gobierno de Navarra se ha sumado una vez más desde 2015 con diferentes actividades que tienen como objetivo acercar la realidad de la UE y sus oportunidades a Navarra, también se han organizado varios webinars con expertos de la UE.

El boletín cuenta con la participación de diversos expertos en el ámbito europeo tales como Manuel Rapún, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pública de Navarra, Pilar Irigoien, directora gerente de SODENA, Juan Ramón de la Torre, director general de Aditech, y su director de área internacional, Jorge Molina, Arola Urdangarin (directora de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra), Jean Louis Valls (director de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos), Lola Ugarte (Catedrática de Estadística, INAMAT, UPNA Participante en la Acción Matemática contra el Coronavirus del CEMAT) y nuestra compañera María González (Directora de la oficina de ARPA San Sebastián )

Les dejamos a continuación el artículo de María González donde analiza las medidas sobre ayudas de estado aplicadas por la UE.

 

La Comisión Europea amplía el régimen de ayudas de estado ante el COVID 19

El brote de COVID-19 es una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos y las sociedades. Además, es una gran perturbación de las economías mundiales y de la Unión Europea y por ello resulta esencial una respuesta económica coordinada de las instituciones europeas y de los Estados miembros para mitigar estas repercusiones negativas en la economía.

Dado el tamaño limitado del presupuesto de la Unión Europea, la principal respuesta procede de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea permiten a los Estados miembros adoptar medidas rápidas y eficaces para apoyar a los ciudadanos y las empresas, en particular a las pymes, que se enfrenten a dificultades económicas ocasionadas por el brote de COVID-19.

A este respecto, queremos traer a colación que el pasado 19 de marzo la Comisión Europea aprobó un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (“Marco Temporal”) para garantizar que las empresas puedan disponer de suficiente liquidez y preservar la continuidad de la actividad económica durante y después del brote del Covid-19, al objeto de una recuperación sostenible.

Este Marco Temporal (y teniendo en cuenta su posterior modificación) establece diferentes regímenes de ayudas que pueden ser concedidas por cualquier administración (central, autonómica y local) y en beneficio de las empresas afectadas por la pandemia que tengan domicilio social en algún Estado Miembro y, por ende, en beneficio de las empresas navarras.

Por un lado, el régimen de ayudas autorizado incluye subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y pagos anticipados, permitiendo que se puedan conceder hasta 800.000€ a una empresa a fin de hacer frente a sus necesidades urgentes de liquidez. Además, es posible combinar estas medidas con ayudas de minimis, lo que permitirá a las empresas obtener hasta un millón de euros en ayudas estatales.

Otro grupo de medidas aprobadas por la Comisión Europea son las garantías públicas a préstamos, que podrán vincularse tanto a operaciones de refinanciación como a nuevos préstamos; la concesión de préstamos públicos bonificados a las empresas; salvaguardias para los bancos al objeto de canalizar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; y seguros de crédito a la exportación a corto plazo.

En el ámbito de I+D, la Comisión Europea ha aprobado medidas de apoyo a la investigación y desarrollo en materia de coronavirus, a la construcción y mejora de laboratorios de ensayos de productos relevantes para hacer frente a la pandemia y a la fabricación de productos que sirvan para combatir el brote de coronavirus.

En cuanto a medidas para la protección del empleo, el Marco Temporal establece medidas relativas al aplazamientos del pago de impuestos o de suspensiones de la parte empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social y subsidios salariales para los trabajadores, a efectos de evitar el despido del personal en las regiones más afectadas por el Covid-19.

Por último, hay que destacar la vigencia de este Marco Temporal está prevista hasta el 31 de diciembre de 2020 aunque la Comisión Europea evaluará antes de dicha fecha la posibilidad de prorrogar el alcance de estas medidas.

 

Si desean consultar el boletín completo, pueden pinchar aquí.

Decreto-Ley Foral 4/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por el coronavirus

Con objeto de responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), el Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Navarra hoy, 4 de mayo de 2020, fecha de su entrada en vigor, viene a implementar un cuarto paquete medidas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

 

1.- Novedades tributarias en el ámbito foral navarro: 

  • Impuesto sobre Sociedades 
    • Se amplía un año el plazo de materialización establecido en la Ley Foral del Impuesto respecto a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en el periodo impositivo 2020.
    • Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva especial para inversiones, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
    • Se elimina el requisito de mantenimiento de los promedios de plantilla en el periodo impositivo 2020 para la aplicación en 2018 y en 2019 de la deducción por creación de empleo regulada en el Impuesto sobre Sociedades. De este modo no se exigirá la regularización de la deducción generada en 2018 y/o en 2019 si no se ha mantenido el empleo en 2020 debido a la crisis económica generada por el coronavirus.

 

  • Impuesto sobre el Valor Añadido
    • Se establece un tipo impositivo del IVA del 0% aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes sanitarios (se recoge un anexo con el listado de productos a los que resulta de aplicación) cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, hasta el 31 de julio de 2020, y todo ello de cara a permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva. Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos pasivos, estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.
    • Se reduce al 4 % el tipo impositivo del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico, todo ello para facilitar el acceso a los mismos dado que el confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos. 

 

  • Otras modificaciones tributarias:
    • Se excluye el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 a efectos del cómputo del plazo para acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
    • En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se excluye del cómputo a efectos de los plazos de presentación e ingreso de ambos impuestos, el periodo de tiempo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
    • Se reduce la cuota tributaria del Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales correspondiente al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al tiempo en que, debido a la declaración del estado de alarma, el establecimiento comercial permanezca cerrado.
    • Se reduce la cuota fija, de manera proporcional al tiempo de cierre obligado, de determinados tributos sobre el juego por la explotación de máquinas recreativas a causa del cierre de los establecimientos en los que estén instaladas.
    • En el ámbito de los procedimientos tributarios, se amplía hasta el 30 de mayo de 2020 el periodo que no computa a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. Asimismo, el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de los plazos de prescripción o de caducidad.
    • Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia tributaria para establecer los plazos de declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, cuyo deber de declaración haya nacido entre el 25 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
  •  

 

2. Ayudas extraordinarias a autónomos agrarios y culturales 

  • Se permite el acceso a las ayudas previstas en el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, a las y los trabajadores autónomos que realicen en territorio navarro actividades no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas (agrícolas, forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio), siempre que cumplan el resto de requisitos exigidos.
  • Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, tendrán derecho a la ayuda recogida en el apartado primero del artículo 2 del Decreto-Ley Foral 3/2020, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los autónomos societarios, trabajadores en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.
  • Se incluye a los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el sector cultural incluidas en los códigos de la CNAE 2009 que se relacionan a continuación: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos. En estos casos, deberá haberse producido una reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 30 % en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.

Las actividades afectadas son las siguientes:

5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.

5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.

5916: actividades de producciones de programas de TV.

5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.

9001: artes escénicas

9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.

9003: creación artística y literaria.

9004: gestión de salas de espectáculos.

 

3.- Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas regulado en el artículo 51 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

  • Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.

A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

  • A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

A estos efectos, durante la vigencia del estado de alarma o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación y Promoción en los términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.

Asimismo, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado conforme a lo anterior, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa, ni dará lugar a la perdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

 

 

 

R.D.-ley 16/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

Tras varias semanas de proyectos y borradores de medidas de diversa índole, la publicación en el BOE del miércoles 29 de abril de 2020 del Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, pretende arrojar luz al escenario en el que, respecto a dicho ámbito, vamos a convivir tanto operadores jurídicos como ciudadanos.

Se establecen asimismo una batería de medidas en el ámbito concursal y societario, así como diversas modificaciones en otras materias ya de por sí modificadas en anterior normativa provocada por la actual crisis sanitaria.

De este Real Decreto-ley, con entrada en vigor el jueves 30 de abril de 2020 y que puede consultar en el siguiente enlace, merecen destacarse las siguientes cuestiones:

 

I.- MEDIDAS DE CARÁCTER PROCESAL (artículos 1 a 7).

Enfocadas no sólo a retomar la actividad en los Juzgados, sino también a dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad derivada de la propia crisis sanitaria.

Entre ellas, destacan las expuestas a continuación:

 

  1. Habilitación de días a efectos procesales (art. 1):

Se declaran hábiles, para todas las actuaciones judiciales, los días 11 a 31 de agosto de 2020, exceptuándose sábados, domingos y festivos, y salvo para aquellas actuaciones judiciales en los que estos días ya sean hábiles conforme a las leyes procesales.

 

  1. Cómputo de plazos y ampliación del plazo para recurrir (art. 2):
  • Los plazos interrumpidos por el estado de alarma volverán a computarse desde el inicio, siendo el primer día del cómputo el siguiente día hábil al que deje de tener efecto la suspensión.

  • Los plazos referentes a Recursos -anuncio, preparación, formalización e interposición- que pongan fin al procedimiento y sean notificados vigente la suspensión de plazos provocada por la declaración del estado de alarma, o dentro de los 20 días hábiles siguientes a su levantamiento, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para su anuncio, preparación, formalización o interposición.

 

  1. Procedimiento especial y sumario en materia de familia (art. 3 a 5):
  • Se prevé durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

  • Afecta a las demandas relacionadas en el art. 3 de este Real Decreto-ley 16/2020, y sustancialmente versan sobre pretensiones relativas al restablecimiento del equilibrio en régimen de visitas o custodia compartida y revisión de medidas económicas (pensiones, alimentos, etc.), cuando las circunstancias de los progenitores u obligados hayan variado como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

  • Con carácter general, resolverá el Juzgado que hubiera resuelto en su momento aquello cuya revisión se pretenda ahora.

  • Si bien la demanda revestirá la forma y contenido propios del Juicio Ordinario, una vez se admita a trámite se citará a las partes a una Vista que se deberá celebrar en plazo de 10 días hábiles, debiéndose dictar resolución en plazo de 3 días hábiles y siendo esta susceptible de apelación (salvo que se dicte oralmente y las partes muestren su conformidad en el acto).

 

  1. Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo (art. 6).

Se permite que aunque no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular las Pymes) se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual.

 

  1. Tramitación preferente de determinados procedimientos (art. 7)

Desde el levantamiento de la suspensión de plazos y hasta el 31 de diciembre de 2020, y sin perjuicio del carácter preferente que ya tienen reconocido otros procedimientos de acuerdo con las leyes procesales, el artículo 7 relaciona los expedientes y procedimientos que se tramitarán con preferencia. Pueden distinguirse cuatro grupos:

    1. Protección de menores

    2. Casos en los que una entidad financiera no reconozca la moratoria de las hipotecas de vivienda habitual y de inmuebles afectos a la actividad económica, o de un arrendador que no reconozca la moratoria de los contratos de alquiler.

    3. Recursos contra las Administraciones públicas por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del Covid-19.

    4. Asuntos laborales relacionados con despido o extinción de contratos de trabajo, recuperación de horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto durante la crisis sanitaria, o procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo por las causas reguladas en el estado de alarma.

 

II.- MEDIDAS EN EL ÁMBITO CONCURSAL Y SOCIETARIO (artículos 8 a 18).

Tienen una triple finalidad:

A.-  Mantener la continuidad económica de empresas, profesionales y autónomos que venían cumpliendo regularmente sus obligaciones dimanantes del Convenio concursal, Acuerdo extrajudicial de pagos o Acuerdo de refinanciación homologado.

 Entre ellas se contemplan las siguientes medidas:

  1. Modificación del Convenio concursal (art. 8)

Durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, se permite al concursado presentar una propuesta de modificación del Convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento.

Se tramitará con arreglo a las mismas normas establecidas para la aprobación del convenio originario, si bien la tramitación será escrita independientemente del número de acreedores.

 El Juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento se presenten por los acreedores dentro de los seis meses a contar desde la declaración del estado de alarma, pero NO las admitirá a trámite hasta que transcurran tres meses a contar desde la finalización de ese plazo. 

Durante esos tres meses, el concursado podrá presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará prioritariamente a la solicitud de declaración de su incumplimiento.

Estas mismas reglas se aplican a los acuerdos extrajudiciales de pagos.

 

  1. Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación (art. 9)

 Se establece que durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor NO tendrá el deber de solicitar la liquidación cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos u obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del Convenio, siempre que presente una propuesta de modificación del mismo y ésta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

 

  1. Modificación de Acuerdos de refinanciación homologados (art. 10)

Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tenga un Acuerdo de refinanciación homologado podrá poner en conocimiento del Juzgado que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar dicho Acuerdo, o para alcanzar uno nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación, quebrando por tanto lo dispuesto por la Ley Concursal en su Disposición adicional cuarta, punto nº 12 (“solicitada una homologación no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año)

El Real Decreto-ley NO aclara si es posible hacer extensiva esta última previsión al preconcurso (comunicación del art. 5 bis de la Ley Concursal). Recordemos que ese artículo, en su punto nº 6, señala que “Formulada la comunicación prevista en este artículo, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de un año”.

No obstante, el propio art. 5 bis de la Ley Concursal parte del hecho de que el deudor haya “iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos (…) en la Disposición adicional cuarta”, por lo que si el Real Decreto-ley abre la vía a modificar el Acuerdo homologado o alcanzar uno nuevo aunque no haya transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación, parece coherente que también sea posible volver a realizar la comunicación prevista en el art. 5 bis aunque no haya transcurrido un año desde la anterior comunicación.

Por lo demás, en cuanto a estos Acuerdos de refinanciación y su posible solicitud declaración de incumplimiento, el Juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes se presenten por los acreedores durante los seis meses siguientes a contar desde la declaración del estado de alarma, pero NO las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de ese plazo. 

Durante ese mes, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo – aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación-, y si no lo lograse dentro de los tres meses siguientes, el Juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.

 

B.- Potenciar e incentivar la financiación de empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez

Sobre este particular versa principalmente el artículo 12 del Real Decreto-ley, que prevé, en los Concursos que se declaren dentro de los dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, la calificación de créditos ordinarios para:

    1. Los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios análogos que, desde la declaración del estado de alarma, le hayan sido concedidos al deudor por quienes, según la ley, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él.

    2. Lo mismo ocurre con aquellos créditos en que se hubieran subrogado esas personas especialmente relacionadas, como consecuencia de los pagos de créditos ordinario o privilegiados realizados por cuenta del deudor, a partir de la declaración del estado de alarma.

El art. 9.3 prevé, asimismo, la consideración de créditos contra la masa para aquellos que, en caso de incumplimiento del Convenio aprobado o modificado dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma:

    1. Deriven de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios análogos que se hubieran concedido al concursado.
    2. Deriven de garantías personales o reales constituidas a favor de éste por cualquier persona, incluidas las que tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él, siempre que en el Convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir

 

C.-Agilización del proceso concursal.

Se contemplan diversas medidas para dar cumplimiento a esta tercera y última finalidad de las medidas en el ámbito concursal y societario:

    1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 el, deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de Concurso, haya o no comunicado al Juzgado competente para la declaración de éste la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos, o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.  

Antes de esta previsión, simplemente se establecía la suspensión del deber de solicitar el concurso durante la vigencia del estado de alarma.  

    1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los Jueces no admitirán a trámite las solicitudes de Concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma

Antes de esta previsión, se contemplaba que los Jueces no admitirían a trámite solicitudes de Concurso necesario hasta transcurridos dos meses desde la finalización de dicho estado.

    1. Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera presentado solicitud de Concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.   
    1. Otras medidas de agilización:
      • En aquellos Concursos en los que la Administración Concursal aún no hubiera presentado el informe provisional, y en los que se declaren dentro de los dos años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen se empleará prueba documental y pericial y no será necesario, salvo que el juez lo indique, celebración de vista.

      • La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho público. 

      • Se tramitarán preferentemente, entre otros:

        • Los incidentes concursales en materia laboral.

        • Las actuaciones orientadas a la enajenación de unidades productivas o a la venta en globo de los elementos del activo.

        • Las propuestas de convenio o de modificación de los que estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los incidentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.

        • La admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que estuviera vigente. 

      • En los Concursos que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa. Se exceptúa de esta regla todo lo relativo a la venta de la empresa o de una o varias unidades productivas. 

      • Simplificación de la aprobación de planes de liquidación. Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido quince días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato.

      • CAUSA DE DISOLUCION POR PERDIDAS. El art. 18 del Real decreto-ley prevé que a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social NO se computen las pérdidas del ejercicio presente 2020.

Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio -en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio -la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente para salvar esta situación. 

 

III.- Medidas organizativas y tecnológicas (art. 19 a 28).

Adoptadas para afrontar inmediatamente las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la Administración de Justicia.

  1. Celebración de actos procesales mediante presencia telemática (art. 19)

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, todos los actos procesales -Juicios, comparecencias, declaraciones, Vistas, etc.- se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que la Administración de Justicia disponga los medios técnicos para ello.

La excepción las constituye, en el orden penal, la necesaria presencia física del acusado en juicios por delito grave.

Se antoja recomendable hacer un seguimiento individualizado de cada acto procesal concreto señalado con anterioridad a la declaración del estado de alarma, y cuya celebración esté prevista en próximas fechas.

Nótese que el Real Decreto-ley se refiere a la presencia telemática como una opción preferente, no preceptiva, y en todo caso supeditada a que la Administración de Justicia disponga de medios para ello, y no a que las partes intervinientes acepten o no llevar a cabo el acto procesal de forma telemática.

 

  1. Otras medidas organizativas.

 También durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización:

    • Se establecen jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales (art. 27).

    • El órgano judicial ordenará el acceso al público a las actuaciones orales, en atención a las características de las salas de vistas (art.20).

    • En cuanto a exploraciones médico-forenses, si fuera posible, los informes podrán basarse únicamente en la documentación médica ya existente (art. 21).

    • Las partes quedan dispensadas del uso de togas (art. 22).

    • La atención al público será telefónica o a través de correo electrónico, salvo en casos en los que sea imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, en cuyo caso se necesitará cita previa (art. 23).

Además, se contempla:

    • La posibilidad de destinar órganos judiciales al conocimiento exclusivo de procedimientos asociados al COVID-19 (art. 24)
    • La posibilidad de que los Jueces que actúan como refuerzo o cubren vacantes (Jueces de Adscripción Territorial) puedan ser asignados preferentemente a órganos que conozcan de procedimientos asociados al COVID-19 (Art. 25).
    • La posibilidad de que los funcionarios de cada órgano judicial puedan desarrollar sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional (Art. 26).
    • La posibilidad de que los Letrados de la Administración de Justicia en prácticas -con la oposición aprobada pero todavía no incorporados como titulares- desempeñen labores de sustitución y refuerzo (art. 28).

 

IV.- Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales

Para finalizar, el Real Decreto-ley contiene cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. Las relacionamos seguidamente:

    • Disposición adicional primera: Ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil.

 Medidas para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento.

    • Disposición adicional segunda. Suspensión de la causa de disolución del artículo 96.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  
    • Disposición adicional tercera. Adecuación de determinadas disposiciones a la jurisdicción militar.
    • Disposición adicional cuarta. Actos de comunicación del Ministerio Fiscal. Su plazo se amplía a 10 días naturales hasta el 31 de diciembre de 2020.
    • Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las actuaciones procesales.

Las normas del Real Decreto-ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan.

Lógicamente, las normas del Real Decreto-ley que tengan un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

    • Disposición transitoria segunda. Previsiones en materia de concurso de acreedores.

 Entre otras previsiones, contiene las siguiente:

    1.  Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley se hubiera presentado alguna solicitud de Concurso necesario, se aplicará el régimen especial de la solicitud de declaración del Concurso dispuesto en el artículo 11.

    2. Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, algún deudor hubiera presentado solicitud de liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos y obligaciones comprometidos con posterioridad a la aprobación del Convenio, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presenta propuesta de modificación del Convenio conforme a las disposiciones del Real Decreto-ley.

    • Disposición derogatoria única.

 Se deroga el artículo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, relativo al plazo del deber de solicitud del concurso.

    • Disposición final primera. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Establece medidas de transformación digital para habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la Administración de Justicia, así como una obligación general -tanto para el Ministerio de Justicia como para las Comunidades Autónomas- de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los Juzgados y Tribunales permitan el teletrabajo.

    • Disposición final segunda. Modificación de la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

En cuanto a su entrada en vigor.

    • Disposición final tercera. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El Real Decreto–Ley que venimos comentando -16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia-, ha modificado desde su entrada en vigor y con vigencia indefinida, los párrafos d) y f) del artículo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativo a la regulación de la apertura de sobres en el procedimiento abierto simplificado.

De tal forma que, con la nueva regulación, la oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que no se prevean criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor. En el caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos.

Finalmente, como ya efectuó el Real Decreto–ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se prescinde del acto público de apertura del sobre que contenga la oferta sometida a criterios de adjudicación basados en la mera aplicación de fórmulas permitiendo ahora una apertura electrónica en búsqueda de una mayor tramitación simplificada y ágil. 

    • Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Entre otras medidas, se amplía el plazo para que los arrendatarios de vivienda habitual, en situación de especial vulnerabilidad, puedan solicitar a sus arrendadores una moratoria o una condonación parcial en el pago de las rentas de arrendamiento. A partir de ahora dicho plazo será de tres (3) meses y finalizará el próximo 2 de julio de 2020.

Adicionalmente, se han modificado determinados aspectos de las líneas de ayudas transitorias de financiación, para agilizar el proceso de tramitación y permitir que los arrendatarios en situación de vulnerabilidad puedan disponer de la financiación lo antes posible.  

    • Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Previsiones para trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya facturación se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno.

    • Disposición final sexta. Título competencial.

    •  Disposición final séptima. Entrada en vigor.

El jueves 30 de abril de 2020.