Medidas Covid 19

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Medidas en materia de arrendamientos contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020

El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, ha establecido una serie de medidas extraordinarias que afectan a los contratos de arrendamiento para uso de vivienda habitual que se encuentren sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

 

Las medidas extraordinarias que han sido aprobadas por el Gobierno son las siguientes:

 

1.- Moratoria de la renta arrendaticia: Las personas arrendatarias de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de los efectos provocados por el COVID-19, se encontrarán facultados para solicitar al arrendador el establecimiento de una moratoria en el pago de la renta arrendaticia.

Dicha moratoria tendrá distintos efectos, en función de si la parte arrendadora ostenta o no la condición de empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor. A los efectos del Real Decreto-Ley 11/2020, dicha condición la ostentarán aquellas personas físicas o jurídicas que (i) sean titulares de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o (ii) que cuenten con una superficie total construida de más de 1.500 metros cuadrados.

 

  • Efectos sobre los contratos de arrendamiento suscritos con una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor: A falta de acuerdo entre las partes, el arrendador vendrá obligado a facilitar al arrendatario alguna de las siguientes medidas: (i) una reducción del 50% de la renta del arrendamiento o (ii) una moratoria automática en el pago de la renta del arrendamiento. Ambas medidas afectarán, como máximo, a cuatro mensualidades de renta, mientras se prolongue la duración del estado de alarma o, en su caso, subsista la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19.
  • Efectos sobre los contratos de arrendamiento suscritos con un arrendador que no cumpla los requisitos para ser considerado una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor: A falta de acuerdo entre las partes sobre las medidas a aplicar para aplazar o fraccionar el pago de las rentas, el arrendatario podrá acceder al programa de ayudas transitorias de financiación aprobado mediante el Real Decreto- Ley 11/2020, con la finalidad de que puedan ser abonadas las rentas del arrendamiento en las condiciones que fueron pactadas en el contrato.
  • Elementos para determinar si el arrendatario se encuentra en situación de vulnerabilidad: A los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020, se considera que un arrendatario se encuentra en una situación de vulnerabilidad, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
    • Que el arrendatario pase a estar en situación de desempleo, se encuentren afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

    • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar del arrendatario no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (613,52.-€). Dicho importe será elevado en el supuesto que la unidad familiar cuente en su seno con hijo\s a cargo, personas mayores de 65 años y/o personas con alguna enfermedad\discapacidad, incluido el propio arrendatario.

    • Que el importe de la renta del arrendamiento, junto con los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

 

2.- Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica: Mediante el Real Decreto-Ley 11/2020, se autoriza la creación de una línea de avales, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que las entidades bancarias puedan ofrecer ayudas transitorias de financiación a aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que no hayan podido alcanzar un acuerdo con sus arrendadores. Dichas ayudas permitirán que los arrendatarios puedan continuar abonando las rentas, en los términos pactados en los contratos, con sujeción a las siguientes características: 

  • Los arrendatarios deben cumplir los requisitos de vulnerabilidad establecidos en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 11/2020 y el importe máximo que podrá ser financiado a cada arrendatario será el equivalente a seis (6) meses de renta.
  • El plazo máximo de devolución de la financiación obtenida será de seis (6) años, prorrogables por otros cuatro (4) años. Las cantidades financiadas no devengarán ningún tipo de interés para el arrendatario y deberán ser destinadas exclusivamente al pago de las rentas del arrendamiento.

 

3.- Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual: Mediante el Real Decreto-Ley 11/2020 se aprueba un nuevo programa de ayudas al alquiler a personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler o no hayan podido devolver a las entidades bancarias las ayudas transitorias de financiación. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito. La cuantía exacta será determinada por cada Comunidad Autónoma.

 

4.- Prórroga automática de los contratos de arrendamiento: El Real Decreto-Ley 11/2020 faculta a los arrendatarios de vivienda habitual para solicitar y obtener del arrendador, en el supuesto de que se encuentre próxima la finalización del contrato, una prórroga extraordinaria del plazo de duración del arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor. Dicha prorroga deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que las partes de común acuerdo determinen otros términos o condiciones.

 

5.- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional: El Real Decreto-Ley 11/2020 prevé que, una vez finalizado el periodo de vigencia del estado de alarma, si el arrendatario acreditase al Juzgado que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica, que le impidiera disponer de una solución habitacional, el Letrado de la Administración de Justicia, tras comunicarlo a los servicios sociales, acordará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento de la vivienda arrendada o, en su caso, del procedimiento de desahucio.

 

6.- Contratos de arrendamientos formalizados para uso distinto de vivienda (inmuebles y/o locales comerciales): Las medidas extraordinarias acordadas en el Real Decreto-Ley 11/2020 resultan de aplicación, única y exclusivamente, a los contratos de arrendamiento para uso de vivienda habitual que se encuentren sometidos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

 

Hasta la fecha, no se ha dictado ninguna norma que habilite a los arrendatarios para suspender el pago de las rentas de inmuebles\locales comerciales, por lo que las rentas de estos contratos deberán continuar siendo abonadas con regularidad a la parte arrendadora, en los términos que hayan sido pactados en cada uno de los contratos, salvo que las partes alcancen un acuerdo al respecto, al amparo de la denominada cláusula «rebus sic stantibus».

 

Ponemos a su disposición, un análisis más detallado, de todas las medidas que han sido aprobadas por el Real Decreto-Ley 11/2020 en materia de arrendamientos, a través del siguiente enlace.

Aspectos laborales del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aspectos laborales.

 

En el día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El real decreto-ley presenta un nuevo paquete de medidas que pretenden reforzar, complementar y amplía las anteriormente adoptadas. Entre estas medidas, que se dividen en diferentes secciones dependiendo a quién van destinadas, en el ámbito laboral, cabe destacar las siguientes:

 

Medidas de apoyo a los autónomos

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (Artículo 34).

  • Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

A estos efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta.

  • Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.
  • La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses siguientes al de la solicitud, a través de los medios señalados en el apartado segundo de este artículo. No obstante, se considerará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.
  • Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.
  • En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección haber comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social en la solicitud de inscripción como empresa, o en el alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta, una actividad económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que determinen la existencia de las condiciones y requisitos a los que se refiere el apartado primero.

El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el párrafo anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

 

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social (Artículo 35).

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

 

Flexibilización en materia de suministros

Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para autónomos y empresas (Artículo 42).

  • Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de electricidad titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • En cualquier momento, podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.
    • Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.

En caso de que el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso sin que medie resolución expresa de la Dirección General de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán atender las solicitudes en los términos establecidos en este artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar a esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distribuidores.

  • Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación.

En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma, el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de suministro o la modificación de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apartado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos del contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General de Política Energética y Minas dicha solicitud.

  • Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de:
    • los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma,
    • los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y,
    • en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En la aplicación, en su caso, de los pagos anteriormente citados se estará a lo previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

En el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 83.5 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro de electricidad y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, sobre la revisión de las instalaciones de más de veinte años.

 

Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural (Artículo 43).

  • Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a las siguientes medidas:
    • El titular del punto de suministro podrá solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno para él.
    • El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista alguna de las siguientes medidas:
      • El cambio de escalón de peajes del término de conducción del peaje de transporte y distribución;
      • La reducción de caudal contratado en productos de capacidad de salida de duración estándar o de duración indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva modificación;
      • La anulación de los productos de capacidad de salida contratados y la suspensión temporal de contratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.
    • Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores deberán ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del punto de suministro.
  • Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o última modificación. Cuando las solicitudes no puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de campo que, en su caso, fueran necesarias, estarán sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras.
  • Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la modificación de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste alguno. En caso de suspensión temporal del contrato de acceso, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.

 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (Artículo 44).

  • Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.

En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de suministro (CUPS).

  • En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa.

Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.

  • Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán eximidas de abonar el término de conducción del peaje de transporte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo f) del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura completa.

Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras o transportistas la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago conforme al apartado anterior.

  • Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización también quedarán eximidas de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.
  • Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los siguientes seis meses. Los autónomos y empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha regularización.
  • Las comercializadoras de electricidad y gas natural, y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, cuyos ingresos se vean reducidos como consecuencia de las medidas incluidas en el apartado 1 podrán solicitar los avales definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 o cualquier otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos, teniendo en cuenta las exenciones recogidas en el punto 2 para las comercializadoras de electricidad y en el punto 3 para las comercializadoras de gas natural.
  • Las distribuidoras de electricidad y las distribuidoras y transportistas de gas natural, cuyos ingresos provisionales por recaudación de peajes se vean reducidos como consecuencia de las medidas incluidas en el apartado 2 podrán solicitar los avales definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos.

 

Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables

Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 (Artículo 28). 

  • Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos, los consumidores que, cumpliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de suministro.

  • Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable referida en el apartado anterior, será condición necesaria que la renta del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, sea igual o inferior:
    • a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no haya ningún menor en la unidad familiar;
    • a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
    • a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

  • La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los términos que corresponda, se extinguirá cuando dejen de concurrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia.

En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable por el cumplimiento de los apartados anteriores se extenderá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre.

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.

  • Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono social, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto con la siguiente documentación acreditativa:
    • Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio.
    • Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
    • Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.
    • Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud.

 

Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social (Artículo 30).

 

  • Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
    • Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
    • Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el artículo 49.1.k del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, en los términos previstos en el artículo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.
  • La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.

 

Cuantía del subsidio (Artículo 31).

  • La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de aplicar a la base reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje determinado en este apartado.
  • La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30.

Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la base reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse.

  • La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por ciento a la base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora.

Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la suma de las cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras correspondientes a cada uno de los distintos trabajos el porcentaje del setenta por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo límite previsto en el apartado anterior. En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o alguno de los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad correspondiente.

  • Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento del derecho. A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de nacimiento del derecho aquella identificada en la declaración responsable referida en el apartado anterior cuando el hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la relación laboral.

 

Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario (Artículo 32).

  • El subsidio extraordinario por falta de actividad será compatible con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el momento de su devengo, incluyendo las que determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.
  • El subsidio extraordinario por falta de actividad será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

 

Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal (Artículo 33). 

  • Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los términos referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un contrato de duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo.

  • El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administración Pública.
  • El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual vigente.
  • La duración de este subsidio excepcional será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley.

 

Otras medidas destacadas

 

Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total (Disposición adicional vigesimoprimera).

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.

 

Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma (Disposición adicional vigesimosegunda).

 

  • Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del menor.

Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que, como consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir.

  • A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación temporal de empleo.

Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos.

 

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (Disposición final primera).

 Cabe destacar las siguientes modificaciones, en las que se subraya aquellos aspectos novedosos:

  1. Se modifica el enunciado del apartado 1 del artículo 17 que queda redactado como sigue (Ocho): 
  • «Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
    • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
    • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se calculará en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
    • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.»

Se adicionan tres nuevos apartados 7, 8 y 9:

  • «En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  • El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.
  • La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.»

 

  1. Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (Trece).

 

  1. Se modifica la disposición final décima, que queda redactada de la siguiente manera (Diecisiete):

«Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.»

 

  1. Se modifica el apartado segundo de la disposición transitoria primera, que queda redactado en los siguientes términos (Dieciocho):

«Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y en los apartados 1 a 5 del artículo 25, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID- 19.

La medida prevista en el artículo 25.6 será de aplicación a los trabajadores que hayan visto suspendida su relación laboral con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto-ley, siempre que dicha suspensión sea consecuencia directa del COVID-19»

Por último, cabe mencionar que el Real Decreto-Ley 11/2020 también aborda las siguientes cuestiones que pudieran ser de interés:

  • Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (Artículo 50).
  • Fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación profesional para el empleo para el año 2020. (Disposición adicional séptima).
  • Aplicación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, a las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual. (Disposición adicional decimocuarta).
  • Previsiones en materia de concursos de acreedores (relacionado con artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020) (Disposición transitoria cuarta).

 

Vigencia del Real Decreto-ley 11/2020

Las medidas previstas en el Real Decreto-ley 11/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en el real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.

 

Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley 11/2020 entrará vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, mañana día 2 de abril de 2020.

 

Hasta aquí el resumen de los elementos más destacados en el ámbito laboral del real decreto-ley, esperamos que os sea de ayuda y, desde ARPA Abogados Consultores, quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas puedan suscitarse.

Aspectos fiscales del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aspectos fiscales.

 

En el día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El real decreto-ley presenta un nuevo paquete de medidas que pretenden reforzar, complementar y amplía las anteriormente adoptadas. Entre estas medidas, que se dividen en diferentes secciones dependiendo a quién van destinadas, destacamos seguidamente aquellas propias del ámbito fiscal de la AEAT cabe destacar las siguientes:

 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (Artículo 44).

  •  Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
  • En este sentido, se exime a las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.

 

Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras (Artículo 52). 

  • En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
  • Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se liquiden conforme a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera y su concesión se notificará en la forma prevista para la notificación de la deuda aduanera, de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 58/2003, la garantía aportada para la obtención del levante de la mercancía será válida para la obtención del aplazamiento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria correspondiente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
  • Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
    • El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
    •  No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales (Artículo 53).

  • Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
  • Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (Disposición transitoria quinta).

 

Ampliación del plazo para recurrir (Disposición adicional octava).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos (Disposición adicional novena).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
  • Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disposición adicional vigésima).

  • Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
    • Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

    • Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

  • El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
    • Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado 1.c).

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

  • En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
  • Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el punto primero para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Modificación de la exención del AJD introducida en el Real Decreto-ley 8/2020 (Disposición Final Primera. Diecinueve). 

  • Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 (es decir, 18 de marzo de 2020), se modifica la disposición final primera de dicho Real Decreto- ley, que estableció la exención de la cuota gradual del AJD para las escrituras que formalicen novaciones de préstamos y créditos hipotecarios que se realicen al amparo de ese Rea Decreto-ley, con el siguiente objetivo:
    • Corregir el número del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD en el que se introduce dicha exención, debiendo ser el número 28, en lugar del 23 como se estableció inicialmente.
    • Precisar que la exención se limita a los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

Hasta aquí el resumen de los elementos más destacados en el ámbito fiscal del real decreto-ley, esperamos que os sea de ayuda y, desde ARPA Abogados Consultores, quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas puedan suscitarse.

 

 

 

 

Medidas de Derecho Societario contenidas en el Real Decreto-ley 11/2020

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, dentro del ámbito societario, matiza y modifica parcialmente las medidas aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado aprobadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias.

Dichas modificaciones son:

  • Posibilidad de celebrar tanto Juntas Generales como reuniones del Órgano de Administración, en todo caso, por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo exprese en el acta de la reunión que se remitirá inmediatamente después por correo electrónico.

  • Se declara expresamente la validez de la formulación de las cuentas anuales, y en su caso, la verificación contable de las mismas, que se realice durante el estado de alarma, sin perjuicio de que se mantiene la suspensión del plazo de formulación en los términos previstos en la norma anterior.

  • Se establece una nueva regulación en materia de propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, para aquellas cuentas anuales que ya hubiesen sido formuladas previa a la entrada en vigor del estado de alarma:

    • Si la Junta General Ordinaria no se hubiese convocado todavía, se permite la sustitución de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio en las cuentas previamente formuladas, si trae causa justificada por la situación creada por el COVID-19, y se aporta un escrito del auditor de cuentas en que indique que dicha sustitución no modifica su informe.

    • Si la Junta General Ordinaria estuviera ya convocada, el órgano de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del resultado para aprobarse en una Junta posterior.

La nueva propuesta deberá cumplir los requisitos de justificación, escrito de auditor de cuentas antes señalados.

La certificación del órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

 

Nota interpretativa para las empresas del sector industrial

Tras la publicación en la noche del domingo del Real Decreto-Ley 10/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, muchas son las dudas que se han generado sobre lo que debe entenderse por actividad o servicio esencial.
 
Entre los sectores con mayor número de incógnitas se encuentra sin duda el sector industrial, el cual vio el domingo como las actividades esenciales de la industria se vieron muy mermadas en la redacción final del Real Decreto-Ley con respecto a los borradores que se habían podido ir viendo a lo largo de dicho día.
 
No es de extrañar, por tanto, que a la publicación por el Ministerio de Sanidad anoche de la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del R.D.-ley 10/2020, se haya sumado esta mañana la elaboración de una Nota Interpretativa para el Sector Industrial por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
 
De dicha Nota Interpretativa, a la que puede acceder a través del siguiente enlace, son de destacar los siguientes apartados:
 

  • En primer lugar, se destaca el Apartado 5 del Anexo como vía, entre otras, para determinar si la actividad de una empresa industrial puede tener o no la consideración de esencial:

“Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.”
 
A este respecto, la Nota Interpretativa concluye que la industria manufacturera se considera esencial en la medida en que su actividad sea necesaria y esté destinada a proveer de los bienes y materiales necesarios para el desarrollo de los sectores esenciales”.
 

  • En segundo lugar, la Nota Interpretativa recuerda que en caso de que una actividad resulte esencial conforme al referido Apartado 5 del Anexo, para desarrollar dicha actividad la industria manufacturera deberá emplear únicamente aquellos trabajadores que sean imprescindibles para garantizar esta actividad. Por tanto, al resto de trabajadores se les deberá el permiso retribuido.

 

  • En tercer lugar, se incluye alguna aclaración con respecto al artículo 4 del Real Decreto-Ley que tantas dudas ha venido suscitando por excepcionar del permiso retribuido lo que denomina la “Actividad Mínima Indispensable” (“Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos”

A este respecto, la Nota Interpretativa explica que en el caso de que una industria no tenga la referencia de la actividad del fin de semana ordinario o en festivos para determinar qué es para dicha industria la “Actividad Mínima Indispensable”, podrá tomar como referencia el periodo de más baja producción.

Adicionalmente, la Nota Interpretativa establece que dicho mantenimiento de la actividad indispensable se debe entender especialmente prescrito para aquellas instalaciones industriales cuya parada prolongada durante varios días cause daños que imposibiliten o dificulten su nueva puesta en producción o que genere riesgo de accidentes.”
 

  • Finalmente, la Nota Interpretativa contiene un párrafo final que parece añadir o asimilar a la relación de actividades esenciales las de importación y exportación, toda vez que establece:

“Por otra parte, también quedan exceptuadas de la aplicación del artículo 2, las personas trabajadoras respecto de las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales”.
 

 
Por último, les recordamos como ya hemos hecho en anteriores circulares, que en caso de duda acerca de si la actividad es o no esencial, nuestra recomendación es la de remitir una consulta a la Delegación de Gobierno de su Comunidad Autónoma detallando su actividad y remitiendo cualquier información y documentación que sea necesaria o conveniente para que les puedan resolver dicha consulta. Puede localizar el correo electrónico al que dirigir dicha consulta a través del siguiente enlace.

 

 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del R.D.-ley 10/2020

Después de la publicación, en el BOE del pasado 29 de marzo de 2020, del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se ha publicado esta nueva Orden que puede consultar en el siguiente enlace y de la que cabe destacar lo siguiente:

 

  1. Se establece expresamente que el permiso retribuido recuperable previsto en el Real Decreto-ley 10/2020, únicamente resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta ajena. A contrario sensu, cabe establecer que las personas trabajadoras por cuenta propia quedan fuera de su ámbito de aplicación y que, en consecuencia, no les resulta de aplicación a los autónomos que desarrollan actividades que no se hayan visto suspendidas por las medidas de contención previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el resto de normas que lo desarrollan. En definitiva, dentro de este ámbito de actividad, los autónomos pueden continuar prestando sus servicios normalmente.

  2. Se reconoce que las actividades de representación sindical y patronal no están afectadas por las restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores.

  3. Por último, en el Anexo de la Orden se contiene un Modelo de Declaración Responsable, a expedir por la empresa o entidad empleadora, en favor de los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 por desempeñar su labor en actividades esenciales, así como en favor de aquellas personas que ejerzan la actividad de representación sindical o empresarial. El objetivo de la citada declaración es que la persona trabajadora portadora del mismo pueda continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.

 

La recomendación que le trasladamos desde ARPA Abogados  Consultores es que la Declaración siga el Modelo publicado en el Anexo de la Orden y que seguidamente transcribimos para su comodidad:

 

ANEXO

 

Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable recogido en el Real Decreto-ley 10/2020

 

D/D.ª _________________________________________, con DNI ____________________, actuando como representante de la empresa/empleador ___________________________ (NIF:_____________).

 

Datos de contacto de la empresa/empleador:

 

– Domicilio: _______________________________________

– Teléfono: _______________________________________

– Correo electrónico: _______________________________

 

Declara responsablemente:

 

Que D/D. ª ___________________________________ ,con DNI ________________________, es trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020.

 

Para que conste a los efectos de facilitar los trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo.

 

En ________________________, a ____de ____________de 2020.

 

FDO: ________________________

 

Para su mayor comodidad, puede descargarse este modelo en formato word a través del siguiente enlace.

Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable.

Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales

 

Una vez que finalmente ya se ha publicado el Real Decreto Ley 10/2020, les acompañamos a continuación una serie de comentarios y explicaciones acerca del contenido del mismo.

No obstante lo anterior, y a efectos de ser prácticos, previamente a dichos comentarios y explicaciones queremos trasladarle las siguientes recomendaciones:

 

Recomendaciones en materia laboral:

Ante el permiso retribuido establecido por el Real Decreto Ley 10/2020, las empresas deben proceder a realizar el siguiente análisis:

  • ¿Es la actividad de mi empresa esencial (incluidas las actividades conexas a una actividad esencial, tal y como se estable en el citado Real Decreto Ley) a los efectos de la citada norma?

Para la realización de dicho análisis, puede estudiar el texto de la citada norma (a la que puede acceder a través del siguiente enlace), así como la presente circular.

Así mismo, en caso de que tras dicho análisis tenga dudas acerca de si la actividad es o no esencial, le recomendamos que dirija una consulta a la Delegación de Gobierno de su Comunidad Autónoma detallando su actividad y remitiendo cualquier información y documentación que sea necesaria o conveniente para poder resolver dicha consulta. Puede localizar el correo electrónico al que dirigir dicha consulta a través del siguiente enlace.

  • Si la actividad que realiza es esencial, le recomendamos que proporcione a sus trabajadores, para que lo lleven consigo en todos sus desplazamientos, un certificado empresarial en el que se explique la naturaleza de la actividad de la empresa y se acredite, entre otros aspectos, la pertenencia de dicho trabajador a la empresa y su puesto de trabajo.

Se adjunta a tales efectos un modelo general de certificado para la circulación de los trabajadores de empresas que realizan actividades esenciales.

  • Si, por el contrario, la actividad que realiza su empresa no es esencial, es preciso que analice si a sus trabajadores le es de aplicación alguna de las excepciones a la aplicación del permiso retribuido (aplicación de un ERTE, realización de teletrabajo, situaciones de incapacidad temporal, etc.) que se contienen en el Real Decreto Ley y se explicarán a continuación.

  • Por último, en caso de que la actividad de su empresa no tenga la consideración de esencial y de que a sus empleados no le sea de aplicación ninguna de las excepciones a las que se refiere el apartado (iii) anterior, le será de aplicación la obligación de aplicar un permiso retribuido recuperable a sus trabajadores.

En dicho caso, en la presente circular podrá encontrar los términos reguladores de dicho permiso retribuido, así como las condiciones en las que debe negociarse la recuperación de las horas de trabajo correspondientes a dicho permiso.

 

Recomendaciones en materia de contratos privados:

Si como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 10/2020 no pueden cumplir sus obligaciones contractuales con sus clientes, proveedores u otros terceros, les recomendamos que procedan a comunicar a los mismos la suspensión de dichos contratos.

Para realizar dichas comunicaciones pueden utilizar las plantillas que hemos preparado al efecto:

  • En el supuesto de que en alguno de sus contratos hubiera alguna cláusula o apartado que regulase esta situación (por ejemplo, mediante una cláusula de Fuerza Mayor), pueden utilizar esta comunicación .

  • Si, por el contrario, sus contratos no contuvieran ninguna previsión al respecto (o si la relación no estuviera regulada mediante un contrato escrito), pueden utilizar esta comunicación.

En todo caso, si consideran que dichas plantillas no se ajustan a alguno de sus contratos, por favor no duden en contactarnos para que podamos ayudarles a preparar sus comunicaciones.

Tras dichas recomendaciones, procedemos a continuación al análisis del Real Decreto Ley 10/2020, confiando en que el mismo pueda serle de utilidad y recordándoles que nos encontramos a su entera disposición para cualquier duda o cuestión que pueda surgirles, ya sea con respecto a dicha norma, ya sea con respecto a cualquier otra materia:

El Real Decreto Ley 10/2020 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, y tendrá efectos desde el 30 de marzo al 9 de abril, ambos inclusive.

Según la exposición de motivos de la norma su objetivo consiste en reforzar la limitación de la movilidad de las personas, atendiendo a la realidad referente de otros Estados de nuestro entorno y a las consideraciones de las personas expertas en el ámbito epidemiológico, con el fin de garantizar que los sacrificios y esfuerzos de toda la población tengan una mayor repercusión en la lucha contra el COVID-19.

De este modo, procede a regularse el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales, cuyo contenido de forma resumida extractaremos a continuación:

 

¿A quiénes se aplicará este permiso retribuido recuperable y durante cuánto tiempo?

El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Estas personas disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

 

¿A quiénes NO se aplicará este permiso retribuido recuperable?

El permiso no resultará de aplicación:

  1.  Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley. 
  2. Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
  3. Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. 
  4. Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas
  5. Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

 

¿Qué implicaciones tiene la consideración de permiso retribuido recuperable?

  • Pago de la retribución:

Así el artículo dos establece: “El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales”

A nuestro criterio se conservaría el derecho al percibo de un plus de nocturnidad si el trabajador durante dichos días hubiera tenido que prestar servicios en dicho turno.

Dado que la propia exposición de motivos los establece el devengo de salario durante el disfrute del permiso resulta de aplicación el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores y por tanto debe ser abonado en el periodo que tenga establecido por la empresa para el pago de salarios devengados, que nunca puede ser superior al mensual.

  • Cotización: La propia exposición del citado Real Decreto Ley prevé “se mantienen vigentes todas las obligaciones de empresas y personas trabajadoras en cuanto a la liquidación y cotización de cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta”.
  • Permiso de carácter recuperable: este carácter hace necesario que las personas trabajadoras realicen las horas no realizadas durante el disfrute del permiso en otro momento autorizando la norma para ello hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete días.

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días.

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las personas que se hayan visto afectadas por este permiso extraordinario.

Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo de trabajo no desarrollado.

De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido

 

Del contenido expuesto pueden desprenderse las siguientes conclusiones:

  • Las empresas deben abonar los salarios y la cotización correspondientes al periodo en el que no tiene lugar actividad productiva. En empresas en las que concurran dificultades económicas graves y o de liquidez podría plantearse recurrir a aplazamientos de pago de cuotas de seguridad social por medio del procedimiento reglamentario y en su caso, del abono de los salarios o recurrir a la tramitación de un ERTE si bien habrá que tener en cuenta que los ERTES productivos el plazo de tramitación salvo acuerdo es superior a los 15 días y estando la semana santa la semana que viene los plazos de aplicación serán posteriores al período del permiso salvo que se aumenten.

  • No se impide durante el periodo de permiso retribuido recuperable obligatorio tramitar un ERTE. Pero todavía no puede determinarse el alcance de la compatibilidad de permiso retribuido y la posibilidad de hacer un ERTE. El art. 1 establece que se excluye aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. Habrá que ver la interpretación de este precepto.

 

Garantía de mantenimiento de la actividad indispensable

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

 

¿Cuando tengo que dejar de trabajar si no soy esencial?

En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial.

 

¿Existe alguna especialidad respecto a los trabajadores del ámbito del transporte?

La Disposición transitoria segunda establece que aquellos trabajadores del ámbito del transporte que se encuentren realizando un servicio no incluido en este Real Decreto-Ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso retributivo recuperable una vez finalizado el servicio en curso, incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de retorno correspondiente.

 

Especialidades de función pública:

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.

 

  • Disposición adicional segunda. Personal con legislación específica propia.
    • Respecto del personal comprendido en el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al carácter esencial de sus servicios como a la organización concreta de los mismos.
    • Las instrucciones y resoluciones a que se refiere el apartado primero se dictarán, en sus respectivos ámbitos, por las autoridades competentes de las Cortes Generales, de los demás Órganos Constitucionales del estado, por el Ministerio de Defensa, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro Nacional de Inteligencia y por el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos.

 

  • Disposición adicional tercera. Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real Decreto-Ley. Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instrucciones del Ministerio de Justicia.

 

  • Disposición adicional cuarta. Continuación de actividad.

Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

 

  • Disposición adicional quinta. Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público.

El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 

 

ANEXO

 

Actividades y Personas trabajadoras por cuenta ajena a las que NO resulta de aplicación este permiso:

  1. Actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de Estado de Alarma:

    • Art 10.1: los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.

    • Art 10.4: servicios de entrega a domicilio de actividades de hostelería y restauración.

    • Art 14.4: transporte de mercancías.

    • Art 16: Tránsito aduanero.

    • Art 17: suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.

    • Artículo 18. Operadores críticos de servicios esenciales y aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.

  2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

  3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

  4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

  5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

  6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

  7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

  8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

  9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

  10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

  11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

  12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

  13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

  14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

  15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

  16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

  17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

  18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

  19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

  20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua

  21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

  22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

  23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

  24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

  25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

 

 

Real Decreto-ley 9/2020 por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral.

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

 

Hoy ha sido publicado el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Según la exposición de motivos de la norma su objetivo es complementar al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y arbitrar nuevas medidas e instrumentos que contribuyan a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre el mercado laboral de nuestro país, respondiendo de manera adecuada a las diversas necesidades que continuamente se están derivando de esta pandemia que sufrimos.

Desde el punto de vista LABORAL, cabe destacar la adopción de las siguientes medidas cuya entrada en vigor se produce desde hoy:

 

Medidas extraordinarias para la protección del empleo (artículo 2)

El nuevo Real Decreto-ley establece que la fuerza mayor, y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción o causas ETOP previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

 

Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, dirigidas a agilizar la tramitación y abono de prestaciones por desempleo (artículo 3)

Para proceder al reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todos aquellos trabajadores afectados por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en causas de fuerza mayor y causas ETOP previstas en el artículo 22 y 23 del RD ley 8/ 2000, se presentará inicialmente una solicitud colectiva por parte de la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de los trabajadores.

Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y en ella se incluirá una comunicación individualizada por cada uno de los centros de trabajo afectados en la que se especificarán los datos contenidos en el apartado 2 de este artículo.

Tal comunicación deberá remitirse por la empresa:

  • En el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor.
  • Desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos que tengan su origen en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.

La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

La no comunicación en los términos indicados se considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el artículo 22.13 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

 

Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total y/o parcial, tanto por fuerza mayor como por causas ETOP (artículo 4)

Cuando, por falta de medios, la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo Rector podrá aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación.

 

Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales (artículo 5)

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, tanto por causas de fuerza mayor como por las llamadas causas ETOP, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por éstas.

Finamente, entre las disposiciones adicionales introducidas por este Real Decreto-ley, destacamos las siguientes cuestiones:

La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados por causas de fuerza mayor no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, esto es, la duración máxima será la del estado de alarma ya decretado y la de sus posibles prórrogas. Esta limitación se aplicará tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo.

Se deja constancia expresa de que se sancionarán aquellas solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados. También se sancionará la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

En cuanto a la fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los procedimientos basados en las causas de fuerza mayor y ETOP se establece lo siguiente:

  • La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma.
  • Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea debida a causas ETOP, la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

En la última disposición adicional se regula la colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de modo que si la entidad gestora apreciara indicios de fraude lo comunicará de inmediato a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Asimismo, tal Inspección, en colaboración con la AEAT y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de actuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de regulación de empleo basados tanto en causas de fuerza mayor como causas ETOP.

Asimismo, en la disposición final primera se incluye una modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con el fin de determinar que las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 del mismo, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley y siempre que deriven directamente del COVID-19.

Además de lo anterior, el Real Decreto-ley contempla en su artículo 1 disposiciones relativas al mantenimiento de actividad de centros sanitarios y centros de atención a personas mayores, y en su disposición final segunda la modificación del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, relativo a la contratación, siguiendo la tramitación de emergencia, por parte de las entidades del sector público para hacer frente a las necesidades derivadas del COVID-19.

 

 

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (artículo 17 del RDL 8/2020)

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, regula en su artículo 17 un conjunto de medidas para gestionar la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos cuyas actividades se encuentren afectados por la declaración del estado de alarma, todo ello con la finalidad de proteger el cese temporal o disminución de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria y, desde luego, no prevista.

Así mismo este artículo ha sido completado con los criterios dictados por las administraciones públicas.

 

¿Cuál es la duración de la medida?

Al tratarse de una medida excepcional su vigencia es muy reducida y se limita a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes.

 

¿A quién va dirigida exactamente?

Se dirige a la protección de 2 situaciones:

  • Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto.

Se trata, por ejemplo, de aquellos autónomos que han debido proceder al cierre de su establecimiento abierto al público por imposición del estado de alarma.

  • Los autónomos cuya facturación correspondiente al mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Cabe señalar que los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos a continuación.

 

¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir?

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Como veremos a continuación, no es preciso tener la cobertura de cese de actividad.

  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

 

¿Cuál será la cuantía que cobrará el autónomo que tenga acceso a esta prestación extraordinaria?

La cuantía de la prestación es del 70%, y será el promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

Cabe señalar que esta prestación se reconoce aun cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización necesaria para la prestación de cese de actividad (12 meses), siendo su cuantía del 70% de la base mínima de cotización del régimen especial de autónomos.

Tanto la cuantía mínima como las máximas se determinarán en función a lo previsto en el artículo 339 de la Ley de la Seguridad Social, regulada a través del Real Decreto-ley 8/2015, de 30 de octubre.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social. 

 

NOVEDAD

 

El artículo 17 del RD 8/2020 ha sido complementado con el criterio 5/2020 dictado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/criterio_5-2020.pdf

A continuación, extractaremos qué introduce exactamente este criterio:

Plazo para solicitar la prestación

Debemos concretar que el plazo de un mes para solicitar la prestación finaliza a priori el 14 de abril, sin perjuicio de que si se acordara la prórroga del estado de alarma por el Gobierno puedan modificarse las medidas adoptadas (Disposición final décima del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo).

 

Ámbito subjetivo de aplicación

Sirva recalcar que el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto ley 8/2020 se corresponde con el previsto en el artículo 305 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, de modo que se podrá causar derecho a esta prestación extraordinaria, independientemente de que los autónomos hayan cotizado o no por la contingencia de cese de actividad.

El artículo 305 contempla a los denominados autónomos societarios.

 

En cuanto a los Requisitos

Los requisitos que hemos expuesto anteriormente precisan delimitar los siguientes extremos:

  1. Cuando en el primer requisito hablamos de “la fecha de la declaración del estado de alarma” nos referimos al 14 de marzo de 2020 —fecha en la que oficialmente entra en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ello a tenor de su Disposición final tercera—.

Por tanto, el solicitante, a fecha de 14 de marzo, debería estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

  1. Respecto a la reducción de la facturación de al menos el 75 por ciento en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, debemos indicar que cuando el trabajador autónomo no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.

 

En cuanto a la Documentación acreditativa de los Requisitos anteriores

Para la reducción de la facturación habremos de aportar la información contable que lo justifique: copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

Respecto a aquellos autónomos que no estén obligados a llevar los libros anteriores, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.

 

Cuantía de la Prestación

  • En el caso de trabajadores autónomos que tengan la carencia para causar derecho a la prestación por cese de actividad prevista en la Ley General de la Seguridad Social, la cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

  • Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización de la actividad desempeñada por el trabajador autónomo.

Independientemente de que el trabajador reúna o no el período mínimo de cotización, el importe de la prestación estará siempre sujeta a los límites del artículo 339.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

 

Alta y Cotización

Durante el periodo de percepción de la prestación extraordinaria por cese de actividad el trabajador autónomo que suspenda la actividad no estará obligado a tramitar la baja. Ni tampoco existirá para el trabajador obligación de cotizar.

Respecto de las cuotas ya ingresadas y que se puedan ingresar (incluidos únicamente los recargos, intereses de demora y costas) y se superpongan con alguno de los días del período con derecho a la prestación de carácter excepcional, serán devueltas a petición de los interesados.

Su solicitud deberá formularse junto con la solicitud de la prestación excepcional, debiendo acompañarse a tal efecto los documentos acreditativos de su pago y sin que pueda ya solicitarse una vez expirado el plazo.

NOTA: Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor de la Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos o por otros recursos del sistema, el crédito por la devolución será aplicado al pago de las deudas pendientes con aquella en la forma que legalmente proceda.

 

Duración.

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes, siempre que continúen los requisitos exigidos para su concesión.

 

En cuanto a los Beneficios de su concesión

La concesión de esta prestación no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

El tiempo de duración de la prestación se entenderá como cotizado tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales, así como por cese de actividad para quienes vinieran haciéndolo al tiempo de solicitar la prestación.

 

Incompatibilidad

Esta prestación será incompatible, como ya hemos dicho, con cualquier otra prestación, tanto si la percibe efectivamente el trabajador como si tuviera derecho a percibirla.

 

Concurrencia con los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa vinculada al COVID-19

En este caso, el trabajador autónomo, en el momento de presentar la solicitud de la prestación excepcional, deberá adjuntar también copia del inicio de las actuaciones dirigidas a la tramitación del oportuno expediente de suspensión de contratos y reducción de jornada.

 

 

 

 

Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional

El Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores han realizado un comunicado conjunto en relación con la Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

En el mismo ambos organismos señalan que, de conformidad con la legislación vigente, los administradores de las sociedades mercantiles están obligados a realizar una propuesta de aplicación del resultado del ejercicio junto con la formulación de las Cuentas Anuales, que la Junta General deberá, en su caso, aprobar en unidad de acto con la aprobación de las Cuentas.

Es por ello que los citados organismos consideran que el órgano de administración de cada sociedad deberá tener en consideración la crisis sanitaria del COVID-19 a la hora establecer la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio en el momento de formular las Cuentas Anuales.

Ante esta situación, contemplan las siguientes alternativas para aquellas sociedades que ya hayan formulado sus Cuentas:

  • Reformular las Cuentas Anuales, y modificar la propuesta de aplicación del resultado incluida en la memoria, en el caso de que lo entiendan necesario a la vista de los acontecimientos acaecidos como consecuencia del COVID-19.

En el caso de que se hubiese convocado ya la Junta General de aprobación de Cuentas y los administradores quisieran reformular las mismas, se verían obligados a desconvocar la Junta General por razones de fuerza mayor.

  • En el caso en que la Junta General para la aprobación de las Cuentas no haya sido todavía convocada, sería posible sustituir la propuesta de aplicación de resultados contenida en la memoria de las Cuentas Anuales formuladas, por otra propuesta alternativa y ajustada a la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19 que apruebe el órgano de administración.

Esta nueva propuesta que se someterá a la Junta, deberá justificar el nuevo contexto y los cambios recientes acaecidos en las circunstancias económicas y sanitarias, e ir acompañada de un escrito del auditor de cuentas, en el que indique que el cambio en la propuesta de aplicación de resultados no habría modificado su opinión de auditoría si hubiera conocido la nueva propuesta en el momento de su firma.

  • En el caso de que la Junta General ya hubiese sido convocada, el órgano de administración podrá proponer el diferimiento de la decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados a una Junta posterior, que deberá celebrarse dentro del plazo actualmente previsto para la celebración de la junta ordinaria (es decir, antes de que concluyan los 6 meses posteriores a la finalización del estado de alarma).

La nueva convocatoria podrá incluir una propuesta de aplicación de resultados distinta de la que incorporaba la convocatoria de la primera Junta, y deberá incluir igualmente los requisitos de justificación y escrito del auditor señalados en el segundo párrafo del punto anterior.

Desde la perspectiva contable, el resultado contable neto se llevará a cubrir pérdidas o a remanente (Resultados Pendientes de aplicación, cuenta 120 de “Remanente” del Plan General de Contabilidad). A efectos del depósito de cuentas, la certificación del órgano de administración deberá hacer constar la no aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

 

 

Características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos.

Con fecha 25 de marzo la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha dispuesto el siguiente anexo a la resolución del Consejo de Ministros del día anterior en el que se aprobaban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. Los aspectos más relevantes del mismo son:

 

ANEXO 1:

Definiciones:

  • Definición de Pyme: De acuerdo con el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR.
  • Definición de Entidad Financiera: A los efectos de este Acuerdo, se entenderá que son entidades financieras las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago.
  • Finalidad: la línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

 

Importes del primer tramo y de los subtramos:

  • Importe total del primer tramo de la línea de avales: Hasta 20.000 millones de euros
  • Importes por subtramos de la línea de avales: Se crean dos subtramos, con los siguientes importes y categorías:
    • Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.
    • Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.

 

Préstamos elegibles y análisis de riesgos:

  • Características de los préstamos elegibles: Préstamos y otras operaciones otorgados a empresas y autónomos que tengan domicilio social en España y se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que:
    • Hayan sido formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020
    • Los acreditados no figuren en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 en la consulta a los ficheros CIRBE.
    • Los acreditados no estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020 bien por haberlo presentado voluntariamente o bien porque lo hayan solicitado sus acreedores.
  • Importe máximo del préstamo por cliente:
    • Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a autónomos y empresas.
    • Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos, pymes o empresas que no tengan tal consideración.
  • Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la operación:
    • Operaciones de hasta 50 millones de euros: Conforme a las políticas de riesgos de las entidades que aprueben la operación.
    • Operaciones superiores a 50 millones de euros: Será en ICO quien analice el el cumplimiento de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la entidad financiera.
  • Fuentes de financiación de las operaciones: Este esquema de avales será otorgado a los préstamos y otras modalidades de financiación a las empresas y autónomos concedidos por las entidades financieras con independencia de su fuente de financiación. No obstante, si la operación de préstamo contase con la financiación de ICO, el esquema previsto en este Acuerdo será aplicable a la participación de ICO en las mismas condiciones.

 

Porcentajes máximos, remuneración, plazos de formalización y de vencimiento máximo del aval:

  • Porcentajes máximos de aval:
    • Pymes y autónomos el aval ascenderá como máximo al 80% de la operación.
    • En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval cubrirá como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación.
  • Remuneración del aval:
    • La remuneración de los avales concedidos a préstamos hasta 1,5 millones de euros será de 20 puntos básicos (0,2%) sobre el saldo del importe total avalado.
    • La remuneración de los avales concedidos a autónomos o pymes para operaciones con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros será de:
      • 20 puntos básicos anuales (0,2%) para avales con un vencimiento de hasta 1 año.
      • 30 puntos básicos anuales (0,3%) para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años.
      • 80 puntos básicos anuales (0,8%) para avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años.
    • La remuneración de los avales concedidos a empresas que no tengan la consideración de pymes para nuevas operaciones con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros será de:
      • 30 puntos básicos anuales (0,3%) para avales con un vencimiento de hasta 1 año.
      • 60 puntos básicos anuales (0,6%) para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años.
      • 120 puntos básicos anuales (1,2%) para avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años.
    • La remuneración de los avales concedidos a empresas que no tengan la consideración de pymes para operaciones de renovación con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros será de:
      • 25 puntos básicos anuales (0,25%) para avales con un vencimiento de hasta 1 año.
      • 50 puntos básicos anuales (0,5%) para avales con un vencimiento superior a 1 año y hasta 3 años.
      • 100 puntos básicos anuales (1,0%) para avales con un vencimiento superior a 3 años y hasta 5 años.
    • Plazo de solicitud de los avales: Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse por Acuerdo de Consejo de Ministros.
    • Plazo de vencimiento máximo del aval: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años.

 

Derechos y obligaciones de las entidades financieras:

  • La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos.
  • Los costes de los nuevos préstamos y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19.
  • Las entidades financieras se comprometen a mantener al menos hasta 30 de septiembre de 2020 los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
  • Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de contabilidad y de gestión del riesgo estas operaciones, con el fin de facilitar su trazabilidad.

 

Relaciones financieras entre ICO, las entidades financieras y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital:

  • Relaciones de ICO con las entidades financieras:
    • ICO abonará a las entidades financieras los importes correspondientes a los avales ejecutados.
    • La gestión administrativa del aval entre ICO y la entidad financiera, y las recuperaciones en caso de ejecución de la misma, se llevará a cabo conforme al procedimiento que se establecerá por ICO en el contrato marco de avales con las entidades.
  • Comisiones ICO de gestión y administración: Comisión de gestión y administración: 0,05% flat, calculada sobre volumen de cartera avalada.

 

Seguimiento de la línea y habilitaciones:

  • Seguimiento de la línea: El ICO informará con carácter quincenal al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la utilización de la línea de avales.
  • Otros trámites: No son necesarios trámites adicionales a este Acuerdo de Consejo de Ministros.
  • Habilitación a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: Se habilita a la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital para adoptar las medidas necesarias que garanticen la adecuada distribución de la línea de avales entre los operadores.

 

Ayudas de Estado:

  • Ayudas de estado: La línea está sujeta a la normativa sobre ayudas de Estado de la Unión Europea.

 

ANEXO 2:

  • Se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para financiar por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los gastos de gestión y administración incurridos por la línea de financiación prevista en esta norma.
  • Los importes de compromiso plurianual iniciales de gasto se atenderán con cargo a la partida presupuestaria “Otros gastos financieros”.
  • ICO podrá contratar o ampliar los contratos existentes directamente mediante adjudicación directa y hasta un límite de 1 Millón de euros por contrato, los servicios de apoyo externo que sean necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de esta iniciativa lo antes posible.

 

 

Decreto-ley Foral 2/2020: Medidas en el ámbito de la contratación pública.

Las medidas son aplicables a los contratos vigentes de todas las entidades del sector público foral, sean Administración pública o no, sometidos a la legislación foral de contratos públicos, según la tipología y naturaleza del contrato:  

 

A) Contratos públicos de servicios y suministro de prestación sucesiva:  

  • Los contratos cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedan automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. Se admite, por lo tanto, que la suspensión pueda ser parcial o total.  
  • Dadas las características de este tipo de contratos, independientemente de que el contrato se halle suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo debido a la suspensión de los procedimientos de contratación por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se podrá prorrogar el contrato originario hasta el comienzo de la ejecución del nuevo, en todo caso, por un plazo máximo de nueve meses, sin modificar sus condiciones.  
  • No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

 

B) Contratos públicos de servicios y suministro que no son de prestación sucesiva:

  •  No quedan suspendidos de forma automática. Cuando el contratista incurriese en demora en el cumplimiento de los plazos por causas imputables al Covid-19 o a las medidas adoptadas por las Administraciones públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

  • La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19. 

  • No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

 

C) Contratos públicos de obras:

  •  Los contratos de obras vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley Foral, siempre que no pierdan su finalidad por el Covid-19 o por las medidas adoptadas para combatirlo, en caso de imposibilidad de continuar con su ejecución, podrán suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su cumplimiento.
  • Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
  • No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

 

D) Gastos indemnizables:

  • En los casos anteriores, serán indemnizables los siguientes conceptos:
  • Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato durante el periodo de suspensión

En los contratos de servicios o suministros de prestación no sucesiva, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, IVA incluido.

En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude. 

  • Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.
  •  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos. 
  • Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato. 

 

E) Requisitos para poder ser indemnizado:  

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020. 
  • Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.

 

F) Necesidad de solicitar la suspensión para tener derechos indemnizatorios:

  • Solo nace el derecho indemnizatorio cuando el órgano de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados.

  • A tales efectos, el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. 

  • Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación.

  • Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, se entenderá desestimada.

 

G) Contratos públicos de concesión de obras y concesión de servicios:

  • Los contratos de tipo concesional vigentes a la entrada del Decreto-Ley Foral, cuando su cumplimiento se vea imposibilitado por el Covid-19 o las medidas adoptadas para combatirlo, darán derecho al concesionario al restablecimiento económico del contrato mediante, según los casos, la ampliación del plazo inicial de duración hasta un máximo del 15% o mediante la modificación de sus cláusulas de contenido económico.

  • Este equilibrio, en todo caso, compensará por las pérdidas de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos salariales adicionales que efectivamente hubieran abonado durante el periodo de suspensión, respecto a los previstos inicialmente.

  • Solamente se procederá a la compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por el concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.

  • Todo lo anterior solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia del Covid-19 o de las medidas adoptadas con ocasión del mismo.

 

H) Exclusiones:

  • El Decreto Ley Foral no es de aplicación a los contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, vinculado con la crisis generada por el Covid-19; a los contratos de mantenimiento de sistemas informáticos; y a los contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

 

I) Modificación contractual:

  •  En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista.

  • Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

  • En estos mismos supuestos cuando la modificación suponga la reducción del número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

 

J) Conciertos sociales:

  • Todas las medidas anteriores serán de aplicación también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.

 

K) Entrada en vigor y efectos retroactivos:

  • Las medidas recogidas en los apartados anteriores surtirán efectos desde el día 15 de marzo de 2020.