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Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales

Con fecha 27 de junio se publicó el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. Dicho Real Decreto Ley establece su entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el pasado 27 de junio de 2020

A través de las siguientes líneas trataremos de sintetizar el contenido de las Medidas sociales de reactivación del empleo y Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos contempladas en el citado Real Decreto Ley.

 

1.- Expedientes de Regulación de Empleo por fuerza mayor ex artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020 (ERTE fuerza mayor Covid- 19).

A partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, únicamente resultarán aplicables los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes del 27 de junio y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020, es decir, a partir del 27 de junio ya no es posible la solicitud de ERTE de fuerza mayor amparado en el citado artículo 22.

Se mantienen las obligaciones de reincorporación de los trabajadores, de la comunicación de variaciones a la seguridad social y al SEPE así como la renuncia a la autoridad laboral.

Las empresas afectadas por un ERTE de fuerza mayor ex art. 22 no podrán realizar horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo.

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

El incumplimiento de estas prohibiciones podrá constituir infracción de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

2.- Expediente de regulación de empleo por fuerza mayor por rebrote (D.A 1ª del R.D Ley 24/2020)

A partir del 1 de julio las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención en alguno de sus centros de trabajo podrán acogerse a medidas de exoneraciones de cuotas (ver apartado 5) previa autorización de ERTE por fuerza mayor al amparo del artículo 47.3 ET.

 

3.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. (ERTE ETOP COVID-19 ex. art. 23 Real Decreto Ley 8/2020)

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este precepto.

Es posible iniciar la tramitación de ERTE ETOP mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor.

Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

A los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

Se establece igualmente la prohibición de realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo.

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

4.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. (Artículo 3)

Se mantienen las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo previstas en el articulo 25 del Real Decreto ley 8/2020 hasta el 30 de septiembre. (prestación aun cuando se carezca de la ocupación mínima cotizada, no se computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo por ERTE fuerza mayor o ETOP COVID 19 a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos)

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo para los fijos discontinuos y fijos periódicos se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2020.

Estas medidas son aplicables a los afectados por ERTE por fuerza mayor ex articulo 47 E.T por rebrotes a partir del 1 de julio (D.A 1ª .2 Real Decreto Ley 24/2020)

 

5.-Medidas extraordinarias en materia de cotización (artículo 4 y D.A 1ª R.D Ley 24/2020):

Se establecen exoneraciones del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de los trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor o ERTE ETOP.

 

5.1.- ERTE fuerza mayor ex art. 22.

  • Trabajadores activos a partir del 1/07/2020:

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 60% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 40% julio agosto y septiembre

  • Trabajadores inactivos a partir del 01/07/2020

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 35% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 25% julio, agosto y septiembre

 

5.2 ERTE  ETOP ex art. 23 (covid- 19) decididos antes de 27/06/2020 o que proviene de ERTE de fuerza mayor finalizado.

 Hemos de señalar que la norma utiliza el término «decidido» y no “iniciado” como es habitual, y ello es relevante ya que la decisión empresarial es el trámite con el que concluye el procedimiento del ERTE ETOP.

  • Trabajadores activos a partir del 1/07/2020 en función de los periodos y % de jornada trabajados:

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 60% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 40% julio agosto y septiembre

  • Trabajadores inactivos a partir del 01/07/2020 en función de los periodos y % de jornada trabajados:

    • Empresa de menos de 50 trabajadores o asimilados a 29/02/2020.

      • 35% julio, agosto y septiembre

    • Empresa de 50 o más trabajadores o asimilados a 29/02/2020:

      • 25% julio, agosto y septiembre

 

5.3.- ERTE fuerza mayor total ex Real Decreto Ley 18/2020 a 30 de junio (D.A 1ª  RD ley 24/2020)

Por las personas que tuvieran las actividades suspendidas a partir del 1 de julio

*Publicación del Ministerio de Trabajo

Cuando las empresas reinicien su actividad les será de aplicación desde ese momento y hasta el 30/09/2020 las expuestas en el artículo 4.1 del RD Ley 24/2020.

 

5.4.- ERTE fuerza mayor por rebrote (D.A 1ª RD ley 24/2020) A partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre 2020.

  •  Empresa con menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a 29/02/2020:
    • 80% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre.
  • Empresa con 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a 29/02/2020:
    • 60% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre.

Cuando reinicie su actividad les será de aplicación desde ese momento y hasta el 30/09/2020 las expuestas anteriormente.

 

6.-Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal. (Artículo 5)

Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el presente Real decreto Ley.

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el presente real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social y han renunciado a ella.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

 

7.-Salvaguarda del empleo.

El compromiso de mantenimiento del empleo establecido en la D.A 6ª del RD Ley 8/2020 se extiende a las empresas y entidades que apliquen un ERTE ETOP ex art. 23 y se beneficien de las medidas extraordinarias en el ámbito temporal del articulo 4 del RD Ley 24/2020 (exoneraciones de la aportación empresarial a las cuotas de seguridad social).

Para las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso al que se refiere este precepto empezará a computarse a partir del 27 de junio de 2020.

 

8.-Se prorrogan las medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

8.1.-La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

8.2 .-La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

 

9.Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación de empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo (D.A 2ª R.D Ley 24/2020)

 Las personas trabajadoras incluidas en los expedientes de regulación de empleo a los que se refieren los artículo 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, que no resulten beneficiarias de prestaciones de desempleo durante los períodos de suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto de las que la empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial, se considerarán en situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los efectos de considerar estos como efectivamente cotizados.

La base de cotización a tener en cuenta durante los períodos de suspensión o reducción de jornada será el promedio de las bases de cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

Lo establecido en esta disposición será aplicable, únicamente, durante los períodos de aplicación de las exenciones en la cotización contemplados en el artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; en el artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y en el artículo 4 de este real decreto-ley.

 

10.-Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido la prestación extraordinaria de cese de durante el estado de alarma.

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo que estuviera de alta y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

  1. 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.
  2. 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.
  3. 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

 La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la exención será la base de cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados.

La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar.

La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

 

11.-Prestación de cese de actividad y trabajo por cuenta propia.

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, podrán solicitar la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 327 de la LGSS, siempre que concurran los requisitos establecidos:

  1. Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.

  2. Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338.

  3. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

  4. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección

Adicionalmente, el acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020, siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

A partir de esta fecha solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad Social.

El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de julio de 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021.

 

 12.-Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada.

Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido en alta en los citados regímenes como trabajadores autónomos durante al menos cinco meses al año durante ese periodo.

A estos efectos se considerará que el trabajador ha desarrollado su único trabajo durante los meses de marzo a octubre siempre que el alta como trabajador por cuenta ajena no supere los de 120 días a lo largo de los años 2018 y 2019.

Serán requisitos para causar derecho a la prestación:

  1. Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta propia durante al menos cinco meses en el periodo comprendido entre marzo y octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019.

  2. No haber estado de alta o asimilado al alta durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 marzo de 2020 en el régimen de Seguridad Social correspondiente como trabajador por cuenta ajena más de 120 días.

  3. No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado al alta durante los meses de marzo a junio de 2020.

  4. No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo.

  5. No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros.

  6. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días naturales de julio. En caso contrario los efectos quedan fijados al día siguiente de la presentación de la solicitud.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente.

Esta prestación será incompatible con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia. Asimismo será incompatible con el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020 superen los 23.275 euros.

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la norma y el mes de octubre de 2020.

 

13.- Se establecen medidas de seguimiento y compromisos con los interlocutores sociales. Disposiciones Adicionales 3ª, 4ª y 5ª del RD Ley 24/2020.

 Puede consultar la norma través de este link.

 

 

 

 

 

Guía práctica para empresas y autónomos sobre la crisis del coronavirus.

En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 desde ARPA Abogados Consultores, hemos considerado útil elaborar una lista de preguntas frecuentes relativas al efecto que las medidas adoptadas pueden tener en los siguiente ámbitos a raíz de la declaración del estado de alarma:

Este artículo se irá actualizando y modificando en función de las medidas que vayan adoptando las diferentes autoridades competentes.

 

 

Asimismo, les recordamos que tienen a su disposición un REPOSITORIO con la información actualizada sobre el COVID en el siguiente enlace y que estamos a su disposición para cualquier duda que se les pudiera plantear.

 

 

Recopilatorio de los informes de la Abogacía del Estado.

Les facilitamos un recopilatorio de los informes/notas de la Abogacía del Estado dictados en relación a las licitaciones y contratos públicos y el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, relativo a la suspensión de los contratos públicos:
 

 

FAQS: Relación de actividades afectadas por la normativa

A) NUEVA NORMALIDAD

Se permite la realización de velatorios en instalaciones debidamente habilitadas y con limitación de aforo del 50%. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

La asistencia a lugares de culto no deberá superar el 75% de su capacidad de aforo. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

En el caso de que se celebren en lugares de culto deberán respetarse las medidas previstas para los mismos. Los servicios de hostelería y restauración que se realicen en otros espacios deberán respetar el aforo del 75%. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

Estos locales y actividades no podrán superar el aforo del 75% del aforo máximo permitido, si se dispone de varias plantas deberá guardarse la proporción en cada planta. Se procurará la atención preferente a personas mayores de 65 años.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

No podrá superarse el 50% del aforo máximo en sus zonas comunes y recreativas determinado en el plan de autoprotección de cada centro comercial.

Los locales situados en centros comerciales no podrán superar el 75% de su aforo.

Se procurará la atención preferente a personas mayores de 65 años.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

No podrán superar el 75% de puestos habituales, de manera que se garantice la distancia mínima interpersonal. Los Ayuntamientos podrán priorizar los puestos alimentarios y de primera necesidad,

Deberán establecerse medidas señalizadas para asegurar la distancia interpersonal entre clientes y también trabajadores.

Se recomienda la puesta a disposición de geles o desinfectantes, y deberán realizarse las medidas de desinfección establecidas por la normativa.

Deberá evitarse la manipulación directa de productos por parte de la clientela.

Estos centros podrán realizar su actividad de forma presencial, siempre y cuando no se supere el 75% de su aforo máximo. Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

No podrán superar el 75% de su aforo dentro del local para consumo o de 2,25 metros, en su caso, de las zonas autorizadas para uso público.

El consumo en local podrá realizarse en barra, en mesa o en agrupaciones de mesas. Deberá mantenerse la distancia mínima interpersonal de seguridad.

Las terrazas podrán ser ocupadas al 100% de su capacidad permitida por licencia municipal.

La ocupación máxima en mesa o agrupaciones de mesas no podrá ser superior a 25 personas.

Estos locales deberán establecer una limitación de aforo del 75% de su capacidad. No se permiten las pistas de baile, en las cuales deberán situarse mesas.

Las terrazas podrán abrirse al público en las mismas condiciones que las fijadas para los locales de hostelería y restauración.

Deberán cumplirse las medidas de higiene y prevención establecidas, y aplicarse las condiciones previstas para los locales de hostelería y restauración.

Las zonas comunes de estos establecimientos deberán limitarse al 75% de su aforo.

En caso de instalaciones deportivas en hoteles y alojamientos turísticos, tales como piscinas o gimnasios, deberán aplicar las medidas específicas para estas instalaciones.

En los albergues turísticos cuyas habitaciones estén equipadas con literas y no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad, se deberá limitar la capacidad al 50%.

En el caso de que las habitaciones estén separadas o que cuenten con camas que permitan mantener la distancia mínima de seguridad se permite la ampliación de aforo al 75% de su capacidad.

Los servicios de restauración prestados en estos locales deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Las bibliotecas deberán limitar su aforo al 75% de su capacidad máxima en salas y espacios públicos.

Los espacios destinados al público infantil deberán limitar su aforo al 50%.

Los servicios de restauración prestados en las bibliotecas deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Los museos y salas de exposiciones no podrán superar el 75% de su aforo máximo. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de hasta 25 personas, incluido monitor o guía.

Las audioguías deberán contar con fundas desechables, en su defecto deberán ser desinfectadas después de cada uso.

Los servicios de restauración prestados en museos y salas de exposiciones deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas. Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones.

Los monumentos y otros equipamientos culturales no podrán superar el 75% de su aforo máximo. Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de hasta 25 personas, incluido monitor o guía. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, en su defecto se deberán llevar mascarillas.

Las audioguías deberán contar con fundas desechables, en su defecto deberán ser desinfectadas después de cada uso.

Los servicios de restauración prestados en museos y salas de exposiciones deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa.

Se establecerán medidas para evitar aglomeraciones.

Los cines teatros, auditorios circos con carpa y similares podrán desarrollar su actividad, con butacas preasignadas y sin superar el 75% del aforo máximo permitido. En el caso de que el aforo supere las 500 personas se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Los recintos al aire libre y otros locales de espectáculos diferentes a los señalados en el párrafo anterior podrán desarrollar su actividad, con butacas y sin superar el 75% del aforo máximo permitido. En el caso de que el aforo supere las 1.000 personas se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

En el caso de ferias, deberá mantenerse una distancia interpersonal de 3 metros.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa.

Los establecimientos que ofrezcan juegos y atracciones diseñados para menores de 12 años, requerirán para su apertura de valoración por la autoridad sanitaria.

Las actividades deportivas no federadas al aire libre se podrán realizar de forma colectiva en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y siempre que no se supere el 75% del máximo permitido.

Las actividades en instalaciones deportivas podrán realizarse en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y sin superar el 75% del aforo máximo permitido. Cada centro contará con un protocolo para conocimiento general

No se compartirá material ni alimentos o bebidas o similares.

Deberá mantenerse la distancia mínima de seguridad, en su defecto deberán emplearse medidas de seguridad y utilizar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Las actividades deportivas federadas de competencia autonómica se podrán realizar de forma colectiva en grupos de hasta 25 personas, sin contacto físico y siempre que no se supere el 75% del máximo permitido en el caso de entrenamientos. No se aplicará este límite en las competiciones donde las reglas federativas garanticen espacios diferenciados para cada equipo.

Siempre y cuando sea posible, deberá respetarse la distancia interpersonal de 1,5 metros.

Para la realización de entrenamientos y celebración de competiciones se cumplirán las condiciones del Instituto Navarro del Deporte.

Estos eventos tendrán limitada su capacidad de aforo al 75% con butacas preasignadas. En el caso de que el aforo supere las 500 personas se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Los organizadores de eventos deberán contar con protocolos específicos del COVID-19 los cuales deberán ser trasladados a la autoridad competente. Dentro de las medidas previstas, los protocolos deberán contemplar la distancia mínima de seguridad, y en su defecto, la utilización medidas de seguridad y mascarillas.

Las piscinas, ya sean al aire libre, cubiertas de uso recreativo o deportivo deberán limitar su capacidad de aforo al 75%, tanto en lo relativo al acceso como en la propia actividad deportiva o recreativa.

Las zonas de estancia de piscinas contarán con medidas de señalización para la distribución espacial a efectos de garantizar la distancia mínima de seguridad entre las personas no convivientes. Se habilitarán sistemas de acceso para evitar aglomeraciones.

Deberá cumplirse con lo dispuesto por el anexo VI COVID-19 del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Piscinas de la Comunidad Foral de Navarra 2020.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se permiten estas actividades siempre y cuando se respete la distancia mínima interpersonal, o en su defecto se utilicen medidas alternativa s de protección con uso de mascarillas.

No se compartirán utensilios de caza, pesca, ni utillaje de comida o bebida.

No se podrá exceder el 75% del aforo para estas actividades, debiendo establecerse medidas para evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad.

Las visitas o actividades guiadas se realizarán en grupos de hasta 25 personas, incluido monitor o guía. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, en su defecto se deberán llevar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se podrán realizar estas actividades siempre y cuando se establezcan medidas para asegurar la distancia mínima de seguridad, o en su defecto se utilicen mascarillas y se adopten aquellas recomendaciones que, en su caso, establezca el Departamento de Salud.

Cuando se realicen estas actividades al aire libre, de deberá limitar el número de participantes al 75% de la capacidad máxima habitual de la actividad, no pudiendo superarse los 250 asistentes contando a los monitores.

Cuando las actividades se realicen en espacios cerrados de deberá limitar la asistencia de participantes al 50% de la capacidad del recinto, no pudiendo superarse los 100 asistentes contando a los monitores.

Las actividades deberán organizarse en grupos de hasta 15 participantes, incluido el monitor. En medida de lo posible deberá restringirse las actividades entre grupos.

Se suspenden las autorizaciones administrativas para acampadas y travesías reguladas por el Decreto Foral 107/2005 de 22 de agosto, por el que se regulan las actividades de jóvenes al aire libre en la Comunidad Foral de Navarra.

Las zonas de baños, ríos, embalses y similares se regirán por lo dispuesto en el punto tercero de la Orden Foral 25/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud, con la salvedad de que los grupos podrán ser de un máximo de 25 personas.

Los parques y zonas deportivas de uso público al aire libre podrán estar abiertos siempre y cuando se respete el aforo máximo estimado en una persona cada 4 metros cuadrados de espacio computable de superficie del recinto.

Deberán establecerse medidas de higiene, prevención y desinfección diarias en zonas de contacto comunes, juegos de zonas infantiles, aparatos de actividad física u otro mobiliario urbano de uso compartido.

Se recomienda contar con geles hidroalcohólicos, en el caso de espacios para menores de dos años, se deberá disponer de una solución jabonosa.

Únicamente se permitirán actividades taurinas en plazas de toros habilitadas por la Orden Foral 374/2012 de 29 de mayo. El aforo de estas actividades queda limitado al 75% de su capacidad máxima, contando con asientos preasignados.

Deberán establecerse medidas para asegurar una distancia interpersonal de 1,5 metros. En su defecto se deberán usar medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.

En el caso de que el aforo supere las 1.000 personas, se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Deberán contarse con protocolos explicativos de las condiciones de cumplimiento de la normativa que se determine, siendo la empresa organizadora la responsable del control de las limitaciones establecidas en la autorización.

En los grandes eventos para otros usos que no sean los taurinos, se requerirá valoración adicional por parte de la autoridad sanitaria.

Podrán realizar su actividad con limitación de aforo del 75%.

Se deberán establecer medidas de seguridad interpersonal, especialmente en la disposición y uso de máquinas y dispositivos de juego. En su defecto será necesario el uso de mascarilla.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se permiten estas actividades siempre que se garantice el cumplimiento de las normas de desinfección e higiene establecidas por el punto 2.2.1 del Anexo del Acuerdo del Gobierno de Navarra de 19 de junio de 2020 por el que se declara la entrada de la comunidad a la nueva normalidad.

Se deberá mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros.

Se regirán por lo dispuesto en el punto primero 2 de la Orden Foral 27/2020, de 7 de junio, con la particularidad que no se podrán superar el 75% del aforo, y los grupos no podrán superar las 25 personas.

Se permite la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y eventos similares con limitación de aforo de hasta el 75% del máximo de capacidad de cada sala. Esta limitación será aplicable a reuniones profesionales y juntas de comunidades.

Si el aforo superase las 500 personas, se valorarán medidas adicionales de aseguramiento de protección e higiene.

Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal, en su defecto se deberán llevar mascarillas.

Los servicios de restauración prestados deberán ajustarse a lo dispuesto por la normativa para estas actividades.

Se permite el uso de fuentes públicas siempre que se proceda a su desinfección diaria.

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados deberán adoptar medidas de prevención e higiene tanto para sus trabajadores como pacientes.

Centros residenciales: Se permiten visitas en las condiciones establecidas por la Orden Foral 161/2020 de 25 de mayo, para todos los centros incluidos los que tengan algún caso de COVID-19 en el caso de que tengan sectorización de espacios que permita la separación efectiva. Se permiten las salidas de personas residentes.

Se permiten las estancias temporales y los ingresos por respiro familiar, aplicando los criterios determinados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Se permiten las actividades grupales con medidas de distancia física, el número de participantes no podrá exceder los límites establecidos por el Ministerio de Sanidad a nivel comunitario.

Estancias diurnas, centros de día y servicios de promoción de la autonomía: Se permiten los servicios de centro de día, siempre que se puedan mantener las medidas preventivas y de distancia interpersonal. En el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad se deberá reducir el número de personas usuarias. Como norma general se limitará el aforo al 75% de capacidad.

Se autorizan las estancias diurnas para los supuestos en los que no se pueda asegurar la atención en domicilio. Se buscarán las soluciones que impliquen un menor tránsito de personas, y deberá establecerse garantías de ubicación que posibiliten un menor número de contactos y cumplimiento de las medidas de protección. Las personas atendidas en estancia diurna deberán ubicarse en espacios diferenciados respecto al resto de personas usuarias.

Se podrán realizar servicios de promoción de la autonomía como jubilotecas siempre que se aseguren las mismas medidas que las establecidas para los centros de día, y con limitación de aforo del 75%.

Clubes de mayores: Se podrán realizar servicios externos que se venían prestado en los clubes de forma individual, así como actividades grupales regladas, manteniendo las medidas de seguridad generales como la distancia de seguridad o el uso de mascarillas. El aforo será del 75% de la capacidad máxima.

Se podrán realizar programas de ocio y tiempo libre en espacios cerrados con una limitación de aforo del 75%.

Se recuperan todos los programas de actividad presencial con el establecimiento de medidas preventivas de higiene y distancia establecidas por la normativa vigente. Las Casas amigas podrán reanudar su actividad.

Las guarderías podrán reanudar su actividad reduciendo su aforo al 75% de su capacidad. Deberán establecerse las siguientes ratios:

  • Niños de 0-1 año, 5 bebés por educador
  • Niños de 1-2 años, 8 niños por educador
  • Nidos de 2-3 años (o más) 10 niños por educador

Deberán establecerse medidas de desinfección, el Departamento de Educación elaborará un protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial.

En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L que estén provistos con dos plazas homologadas podrán viajar dos personas. Será obligatorio el uso de guantes.

En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas de hasta nueve plazas podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo.

En los transportes públicos de personas viajeras en vehículos de hasta nueve plazas, incluido la conductora, podrán viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo por cada fila adicional de asientos respecto de la de la conductora.

Los vehículos que por sus características técnicas sólo tengan una fila de asientos podrán ocuparse todas las plazas.

En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de personas viajeras, en los vehículos que dispongan de asientos, podrán ocuparse la totalidad de los asientos, procurando mantener la máxima separación entre las personas usuarias, estableciéndose como referencia de ocupación la de dos personas por metro cuadrado.

En todos los supuestos, salvo en el de personas convivientes de transportes privados, será obligatorio el uso de mascarilla para mayores de 6 años.

Las operadoras de servicios de transporte público de competencia de la Comunidad Foral de Navarra deberán ajustar los niveles de oferta a la recuperación de la demanda. La Dirección General de Transportes podrá adecuar la oferta para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Las operadoras de servicios de competencia de la Comunidad Foral de Navarra con número de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todas las personas usuarias y conservar listados con un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje.

En las estaciones de autobuses será obligatorio el uso de mascarillas, se dispondrán elementos de información y señalización sobre el uso adecuado de escaleras, pasillos o paradas. Se implantarán medida de información vigilancia y control para mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros y deberán ponerse a disposición del público geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida.

 

 

 

B) DURANTE LA FASE 3

Se promoverá el teletrabajo, sin embargo, las empresas podrán elaborar protocolos de reincorporación presencial a la actividad laboral, siempre de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, en medida de lo posible ser hará de forma escalonada y respetando la conciliación de la vida laboral y personal.

Se deberán realizar los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no. Se entenderá que hay coincidencia masiva cuando no se puedan respetar las distancias mínimas de seguridad.

En las regiones en las que resulta de aplicación la Orden SND/ 414/2020 se permite en los velatorios la participación de un máximo de 50 personas en espacios al aire libre o de 25 personas en espacios cerrados. Respecto a la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 50 personas, además de, en su caso, el ministro de culto. En ambos casos, deberá mantenerse una distancia de dos metros, así como las medidas de higiene y etiqueta respiratoria.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la normativa.

En las regiones donde resulte de aplicación la Orden SND/399/2020 se permite la asistencia a lugares de culto, limitándose el aforo a un setenta y cinco por ciento de la capacidad del lugar.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo.

Se autoriza la celebración de ceremonias nupciales en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el 75% del aforo del local y que el número de asistentes no supere las 150 personas al aire libre o de setenta y cinco personas en espacios cerrados. Podrán prestarse servicios de hostelería y restauración siguiendo las disposiciones específicas de la Orden 458/2020 de 30 de mayo

Las actividades de comercio minorista podrán abrir al público a excepción de aquellos establecimientos cualquiera que sea su superficie.

Medidas de aforo: Se deberá limitar el aforo al 50% y se deberá mantener una distancia de dos metros entre clientes. Deberá exponerse al público y controlarse el aforo máximo del local.

Deberá establecerse un horario preferente de servicio para personas mayores de 65 años.

Medidas de higiene: Entre otras medidas por la normativa, deberá procederse a la desinfección, al menos dos veces al día, de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Se deberán facilitar geles hidroalcohólicos y establecerse medidas de seguridad e higiene específicas.

En los casos de establecimientos con zonas de autoservicio, el servicio lo deberá prestar un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa de producto por parte de los clientes.

No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes.

Los productos de telecomunicaciones de uso y prueba deberán estar bajo la supervisión de un trabajador que deberá asegurar de manera permanente su desinfección.

Al igual que en la fase 2, se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos decidan (comunicando a la autoridad competente de sanidad) decidan la apertura de mercados al aire libre (mercadillos). Los Ayuntamientos correspondientes deberán establecer requisitos de distanciamiento.

En cualquier caso, deberá limitarse el número de puestos al 50% y dar preferencia a los establecimientos que comercialicen alimentos y productos de primera necesidad. Se deberán establecer requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad entre clientes, trabajadores y viandantes.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la normativa de aplicación.

Se permite la apertura de centros y parques comerciales, si bien se deberá limitar el aforo al 40% en lugares comunes (los cuales serán sólo de tránsito), y un 50% de aforo en los comercios. Se permitirá la apertura de zonas lúdicas o recreativas.

Entre otras medidas específicas, se establecerán medidas de control sobre aseos, deberán instalarse vallas para evitar aglomeraciones y deberá implantarse el pago electrónico en parkings.

Se autoriza la apertura de locales de hostelería y restauración con un límite del 50% del aforo. Se permite la apertura de locales de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo. Los espacios destinados a pistas de baile o similar, podrán ser utilizados para instalar mesas o agrupaciones de mesas, pero no como espacio de baile.

El servicio se podrá prestar en mesa o en agrupaciones de mesas (preferentemente con reserva) y también en barra. Se deberá respetar la distancia interpersonal de 2 metros. Se permite la apertura de terrazas abiertas al público con la limitación del 75% de su capacidad.

Se establecen pautas de actuación específicas como el uso de mantelería desechable (en caso contrario debería desinfectarse después de cada uso), el control sobre la vajilla o el establecimiento de itinerarios para evitar aglomeraciones.

 Las comunidades autónomas podrán modificar el porcentaje de aforo, así como el relativo a la ocupación de las terrazas al aire libre, siempre que el aforo no sea inferior al treinta por ciento ni superior al cincuenta por ciento.

Se permite la apertura de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere la mitad del aforo.

Una vez terminadas las actividades de gimnasio o de animación, deberá ventilarse el espacio. Las clases comunes no deberán superar las 20 personas.

Las actividades deportivas deberán cumplir con la normativa de aplicación.

Las bibliotecas podrán seguir abiertas con las mismas actividades autorizadas en la fase 1 y 2. Además, en esta fase se autorizan las actividades culturales y el estudio en sala siempre que no se supere el 50% del aforo.

Se autoriza la apertura de museos para visitas del público a su colección y a las exposiciones temporales, como la realización de actividades culturales o didácticas, se reducirá el aforo a un 50% en cada una de las salas. Se permitirán grupos de visitas de hasta 20 personas.

Deberán establecerse medidas para asegurar el distanciamiento interpersonal, y reforzar el uso de medios educativos y culturales digitales.

Será de aplicación las medidas establecidas para los museos en la Orden SND/399/2020.

Se permite la apertura de salas de exposiciones conforme a lo dispuesto en la fase 2 (Orden SND/414/2020) con limitación de aforo al 50% y respetando la distancia interpersonal de 2 metros.

Los monumentos serán accesibles al público con limitación de aforo del 50%. Se permitirán visitas individuales, de convivientes o grupos de hasta 20 personas. No podrán realizarse otras actividades diferentes a las propias visitas.

Los cines, teatros, auditorios, carpas y espacios similares culturales podrán realizar su actividad, siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no superen la mitad del aforo autorizado. En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cuatrocientas personas.

En otros espacios similares, deberá limitarse el aforo al 50% y la asistencia no será superior a 80 personas. En el caso de espectáculos al aire libre todo el mundo deberá estar sentado, el aforo será del 50% y la asistencia no podrá ser superior a 800 personas.

Serán de aplicación las medidas específicas de aplicación establecidas para la fase 1 y 2.

Se autoriza el entrenamiento básico por deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales no federadas realizados en grupos de hasta 20 personas, procurando el entrenamiento por turnos y respetando la distancia interpersonal, cumpliendo con las disposiciones de higiene requeridas por la normativa.

En este tipo de instalaciones, se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo permitido.

Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta un máximo de treinta personas en los mismos términos de la Orden SND/399/2020

Se autoriza la actividad de guía turístico en grupos de hasta 20 personas estableciendo preferentemente la reserva previa. Se evitará el tránsito por zonas que puedan provocar aglomeraciones.

Se autoriza la apertura de zoológicos, acuarios y otros centros recreativos turísticos con limitación de aforo del 50% y deberá limitarse el aforo a un tercio en atracciones y lugares cerrados. Se permite la actividad de restauración y hoteles debiendo cumplir las condiciones establecidas por la Orden.

Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y eventos conforme a lo establecido en la fase 2 (Orden 414/2020) sin que la asistencia supere las 80 personas.

Esta disposición será de aplicación también a actividades y talleres informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+I.

Se permite la reapertura de locales de juego, azar, apuestas, rifas, tómbolas, casinos y otros locales asimilables. No se podrá superar el 50% del aforo, ni superar el número de 50 personas incluyendo a los trabajadores.

Se permite la realización de actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, siempre que se garantice el cumplimiento de las recomendaciones de prevención e higiene del Ministerio de Sanidad y la normativa de aplicación.

En el caso de actividades al aire libre se deberá limitar el aforo al 50%, y el número de participantes (incluidos monitores) no podrá superar las 200 personas. En espacios cerrados el aforo máximo será de un tercio con un número máximo de participantes de 80 personas.

El desarrollo de actividades deberá organizarse en grupos de 10 participantes, incluyendo al monitor.

Se permite la reapertura de plazas e instalaciones taurinas al aire libre. Deberán establecerse butacas preasignadas, no se podrá superar la mitad del aforo, y en ningún caso la asistencia podrá superar las 800 personas.

 

C) DURANTE LA FASE 2

En las regiones en las que resulta de aplicación la Orden SND/ 414/2020 se permite en los velatorios la participación de un máximo de 25 personas en espacios al aire libre o de 15 personas en espacios cerrados. Respecto a la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 25 personas, además de, en su caso, el ministro de culto. En ambos casos,  deberá mantenerse una distancia de dos metros así como las medidas de higiene y etiqueta respiratoria.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Orden 414/2020 de 16 de mayo.

En las regiones donde resulte de aplicación la Orden SND/399/2020 se permite la asistencia a lugares de culto, limitándose el aforo a un cincuenta por ciento de la capacidad del lugar.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo.

Se autoriza la celebración de ceremonias nupciales en todo tipo de instalaciones, siempre que no se supere el 50% del aforo del local y que el número de asistentes no supere las 100 personas. Podrán prestarse servicios de hostelería y restauración siguiendo las disposiciones específicas de la Orden 414/2020 de 16 de mayo.

Las actividades de comercio minorista podrán abrir al público a excepción de aquellos establecimientos cualquiera que sea su superficie.

Medidas de aforo: Se deberá limitar el aforo al 40% y se deberá mantener una distancia de dos metros entre clientes. Deberá exponerse al público y controlarse el aforo máximo del local.

Deberá establecerse un horario preferente de servicio para personas mayores de 65 años.

Medidas de higiene: Entre otras medidas por la normativa, deberá procederse a la desinfección, al menos dos veces al día, de las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes. Se deberán facilitar geles hidroalcohólicos y establecerse medidas de seguridad e higiene específicas.

En los casos de establecimientos con zonas de autoservicio, el servicio lo deberá prestar un trabajador del establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa de producto por parte de los clientes.

No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes.

Los productos de telecomunicaciones de uso y prueba deberán estar bajo la supervisión de un trabajador que deberá asegurar de manera permanente su desinfección

Al igual que en la fase 1, se establece la posibilidad de que los Ayuntamientos decidan (comunicando a la autoridad competente de sanidad) decidan la apertura de mercados al aire libre (mercadillos). Los Ayuntamientos correspondientes deberán establecer requisitos de distanciamiento.

En cualquier caso, deberá limitarse el número de puestos al 30% y dar preferencia a los establecimientos que comercialicen alimentos y productos de primera necesidad. Se deberán establecer requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad entre clientes, trabajadores y viandantes.

Deberán asimismo seguirse las medidas de seguridad e higiene establecidas por la normativa de aplicación.

Se permite la apertura de centros y parques comerciales, si bien se deberá limitar el aforo al 30% en lugares comunes (los cuales serán sólo de tránsito), y un 40% de aforo en los comercios. No se permitirá la apertura de zonas lúdicas o recreativas.

Entre otras medidas específicas, se establecerán medidas de control sobre aseos, deberán instalarse vallas para evitar aglomeraciones y deberá implantarse el pago electrónico en parkings.

Se autoriza la apertura de locales de hostelería y restauración con un límite del 40% del aforo. No se podrán abrir discotecas ni bares de ocio nocturno.

El servicio se deberá prestar exclusivamente en mesa (no se permite en barra) y preferentemente con reserva. Se deberá respetar la distancia interpersonal de 2 metros.

Se establecen pautas de actuación específicas como el uso de mantelería desechable (en caso contrario debería desinfectarse después de cada uso), el control sobre la vajilla o el establecimiento de itinerarios para evitar aglomeraciones.

 Las comunidades autónomas podrán modificar el porcentaje de aforo, así como el relativo a la ocupación de las terrazas al aire libre, siempre que el aforo no sea inferior al treinta por ciento ni superior al cincuenta por ciento.

 

Las comunidades autónomas podrán permitir la realización de visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización de paseos por los residentes.

Podrán reanudar su actividad los establecimientos de alojamiento, hostelería o restauración realizados para personal científico, técnico e investigador de todos los ámbitos.  Deberán establecerse medidas de higiene y desinfección, así como el régimen de trabajo por turnos.

Se permitirá la apertura al público de los hoteles y alojamientos turísticos cerrados con motivo del decreto del estado de alarma. Podrán prestarse servicios de restauración para los clientes hospedados, así otros los servicios que fueran necesarios para la prestación de un servicio adecuado a los clientes.

Se permite la apertura de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se supere un tercio del aforo.

Una vez terminadas las actividades de gimnasio o de animación, deberá ventilarse el espacio. Las clases comunes no deberán superar las 20 personas.

Las zonas de conserjería o recepción deberán tener medidas de protección (mamparas mostrador… etc.) en caso contrario deberá establecerse una separación de dos metros. Donde se prevean aglomeraciones o colas puntuales se marcarán en el suelo los espacios de manera que se respeten la distancia mínima de dos metros entre clientes.

Debe recordarse que aún sigue en vigor la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y hoteles.

Las actividades deportivas deberán cumplir con la normativa de aplicación.

 

Se permiten actividades de consulta en sala, con la limitación de un tercio del aforo. Se autoriza la utilización de ordenadores comunes (deberán limpiarse después de cada uso), así como el préstamo interbibliotecario. No se permite la apertura de salas infantiles.

Se permite la reapertura de salas de exposiciones, siempre que no se supere un tercio del aforo y se establezcan medidas de control de aglomeraciones. Se deberán adoptar medidas específicas de desinfección, de salas y respecto al montaje y desmontaje de exposiciones. No se podrá prestar el servicio de guarda ropa. Los elementos expuestos diseñados para su contacto quedarán inhabilitados, no se podrán usar audio guías o folletos.

Podrá procederse a la reapertura al público de monumentos y otros equipamientos culturales con la limitación de un tercio de aforo, debiendo disponer de barreras físicas de contención y carteles con normas de visita y seguridad. Deberán establecerse medidas de limpieza y desinfección específicas.

Los espacios donde pueda haber interferencia de circulaciones entre zonas culturales y no culturales serán objeto de señalización y, si es posible, balizamiento para asegurar el mantenimiento de la distancia interpersonal.

Los cines, teatros y auditorios podrán reanudar su actividad, siempre que cuenten con butacas pre-asignadas y no superen un tercio del aforo autorizado. En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cuatrocientas personas.

Se recomendará la venta online o telefónica de entradas, y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el pago con tarjeta. Se permite la prestación de servicios de tienda, cafetería o similares, pero no de guarda ropa.

 En Murcia no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cien personas.

Se autoriza el entrenamiento básico por deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales no federadas realizados de manera individual, cumpliendo con las disposiciones de higiene requeridas por la normativa.

Los clubes deportivos profesionales o Sociedades Anónimas Deportivas podrán desarrollar entrenamientos preparatorios de competición, incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, con acciones conjuntas en grupos de varios deportistas hasta un máximo de catorce personas.

Se podrá proceder a la reanudación de la competición profesional siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita, sin público y a puerta cerrada, aunque con acceso a los medios de comunicación.

Se permite la apertura instalaciones deportivas cubiertas limitadas a un tercio de su capacidad para la realización de actividades deportivas para cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva. Deberá concertarse cita previa y establecerse turnos horarios. Se permitirá la práctica deportiva individual o con un máximo de dos personas.

Se autoriza la apertura de piscinas para uso deportivo con un límite del 30% de su capacidad. Podrá acceder cualquier persona, pero tendrán preferencia los deportistas federados. Deberá concertarse cita previa y establecerse turnos horarios. Se permitirá la práctica deportiva individual o con un máximo de dos personas

Se autoriza la reapertura de piscinas de uso recreativo y de acceso a cualquier persona, con la limitación de aforo a un 30%. Deberá concertarse cita previa y establecerse turnos horarios. Asimismo, deberán establecerse medidas específicas de limpieza y desinfección.

Se autoriza el tránsito y permanencia en playas (con los límites de circulación establecidos por la Orden 414/2020). Se deberá hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, se deberá cumplir con la distancia interpersonal de dos metros y cumplir las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Se permitirá la realización de actividades de turismo activo y naturaleza para grupos de hasta 20 personas y organizados por empresas registradas. Se establece la recomendación de establecer cita previa.

No se podrán realizar estas actividades en establecimientos o locales, aunque fueran diseñados para esta actividad. Las zonas comunes de estos locales deberán permanecer cerradas y sólo se podrán abrir las zonas de recepción, aseos y vestuarios (con las medidas de higiene y desinfección correspondientes).

Se autoriza la celebración de congresos. Se deberán respetar las distancias de seguridad y no superar el número de 50 asistentes. Si no se pudiera respetar la distancia de seguridad, deberán implantarse medidas de seguridad adecuadas.

Esta disposición será de aplicación también a congresos, encuentros, eventos y seminarios en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación

 

Desde el 9 de abril de 2020, y como consecuencia de la finalización del plazo del permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto Ley 10/2020, el sector de la construcción puede desarrollar su actividad como venía haciéndolo antes de la entrada en vigor de dicha norma. 

Adicionalmente, deberán tenerse en cuenta el Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS‐COV‐2 elaborado por el Ministerio de Sanidad, así como las Orientaciones preventivas frente al Covid-19 en el Sector Industrial y las medidas para la prevención de contagios del Covid-19 contenidas en las Buenas prácticas en los centros de trabajo publicada por el Ministerio de Sanidad.

Se permite la reapertura de plazas e instalaciones taurinas al aire libre. Deberán establecerse butacas preasignadas, no se podrá superar un tercio del aforo, y en ningún caso la asistencia podrá superar las 400 personas.

 

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ORDEN FORAL 17/2020, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a autónomos.

En el día de hoy, jueves 21 de mayo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra la ORDEN FORAL 17/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 

De esta Orden Foral, merecen destacarse las siguientes cuestiones: 

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de esta Orden Foral es favorecer la recuperación económica y, para ello, a través de esta, se ha desarrollado el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores autónomos de Navarra reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

Estas ayudas, previstas en el referido Decreto-ley Foral, son de dos tipos:

  • Ayuda de 2.200 euros a quienes les haya sido reconocida la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarios para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19). 

  • Ayuda de 700 euros a quienes, sin haber obtenido la referida prestación extraordinaria por cese de actividad, hayan visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria en, al menos, un 30% en los periodos que se detallan en el apartado 2 del artículo 2, correspondiente a los requisitos específicos de las ayudas.

No obstante, esta ayuda podrá ascender a 800 euros en función de la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante.

 

Artículo 2.- Beneficiarias.

  • Ayuda de 2.200 euros, podrán solicitarla las siguientes personas físicas:
    •  Las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

    • Las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.  

  • Las trabajadoras y trabajadores autónomos podrán solicitar tanto la ayuda de 2.200 euros como la ayuda de 700 euros.

Dependiendo del tipo de ayuda – 2.200 euros o 700 euros-, existen unos requisitos específicos que las personas beneficiarias deberán reunir en el momento de solicitar la misma:  

  • Requisitos específicos para solicitar la ayuda de 2.200 euros:

    • Tener reconocida la prestación extraordinaria prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

A la solicitud de la ayuda se adjuntará la resolución que reconozca el derecho a la citada prestación.

    • Comprometerse a permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

Este compromiso se recogerá en la declaración responsable a presentar junto con la solicitud de la ayuda.

    •  Que la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:
      • Con carácter general, el límite de cuatro veces el IPREM.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 

A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

  • Requisitos específicos para solicitar la ayuda de 700 euros: 
    • No haber cesado en su actividad y permanecer de alta como autónoma o autónomo en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una Mutualidad de Previsión Social, así como en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante el periodo comprendido entre la fecha de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) y la de solicitud de la ayuda. 

Este requisito se acreditará mediante los recibos correspondientes o por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.  

    • Acreditar que han visto reducida su facturación como consecuencia de la crisis sanitaria en, al menos, un 30%:

      •  En el mes natural anterior al que se solicita la ayuda teniendo en cuenta el promedio de facturación del semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma.

      • En los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la ayuda en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior, en el caso de las y los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

      • En el mes natural anterior al que se solicita la ayuda en relación con la efectuada en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma, en el caso de las y los trabajadores autónomos que desarrollan actividades en los siguientes códigos de la CNAE 2009:

        • 5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.
        • 5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.
        • 5916: actividades de producciones de programas de TV.
        • 5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.
        • 9001: artes escénicas.
        • 9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.
        • 9003: creación artística y literaria.
        • 9004: gestión de salas de espectáculos.

A efectos del cumplimiento de este requisito, en la declaración responsable se detallará la facturación de cada uno de los periodos a que se ha hecho referencia, y se acompañara copia de los libros o registros donde se soporte dicha información contable.

    • Que la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:
      • Con carácter general, el límite de cuatro veces el IPREM.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

      • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

      • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo. 

 A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar. 

Además, con independencia del tipo de ayuda – 2.200 euros o 700 euros-, los beneficiarios, en el momento de solicitar la misma, deberán reunir los siguientes requisitos generales:

  1. Tener el domicilio fiscal en Navarra a efectos del IRPF y hallarse de alta en el IAE también en la Comunidad Foral, en la fecha de declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2000 (el 14 de marzo de 2020). Están exentas del requisito relativo al IAE las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado y quienes desarrollen actividades no sujetas en Navarra al Impuesto sobre Actividades Económicas (actividades agrícolas o forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio).

  2.  Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Foral de Navarra y en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

  3.  No haber tenido la obligación de tributar, con resultado de cuota a ingresar, por el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2018.

  4.  No estar cumpliendo sanciones administrativas firmes ni una sentencia firme condenatoria, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género o, en su caso, no estar pendiente de cumplimiento de sanción o sentencia impuesta por dichos motivos.

  

Artículo 3.- Importe de las ayudas.

El importe de las ayudas será de 2.200 euros o de 700 euros, según los requisitos específicos que reúnan las personas beneficiarias en el momento de solicitar la misma, y que han sido detallados en el anterior apartado.

No obstante, la ayuda de 700 euros podrá ascender a 800 euros cuando la suma de los rendimientos netos de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca la persona solicitante no supere, en el mes natural anterior a la solicitud, los siguientes importes:

  • Con carácter general, el límite de tres veces el IPREM.

  • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo o hija a cargo en la unidad familiar. Este incremento será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo o hija, en el caso de tratarse de unidad familiar monoparental.

  • Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

  • En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo o hija a cargo.

A estos efectos, la persona solicitante especificará en su declaración responsable los rendimientos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar.

 

Artículo 4.- Entidades colaboradoras: requisitos y procedimiento de adhesión.

Para ser una entidad colaboradora en la gestión de estas ayudas, hay que cumplir con los requisitos y obligaciones que se recogen en la declaración responsable que se adjunta como anexo a la Orden Foral. Además, se establece que podrán serlo las siguientes personas, físicas o jurídicas, que ejerzan sus actividades en un establecimiento abierto en Navarra:

  • Las dedicadas al asesoramiento a empresas.

  • Las organizaciones empresariales, Cámara de Comercio, asociaciones y colegios profesionales.

  • Las cooperativas.

  • Las organizaciones y sindicatos del sector agrario y ganadero.

  • Las entidades financieras.

  • Los Grupos de acción local seleccionados en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y agencias de desarrollo comarcales.

El plazo para solicitar actuar como entidad colaboradora comenzará el día siguiente al de la publicación de esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, el 22 de mayo de 2020.

El órgano competente, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para ser entidad colaboradora, notificará a la interesada que su solicitud ha sido aceptada, asignándole un código de identificación que le habilitará para tramitar las solicitudes de ayuda.

Las entidades colaboradoras se encargarán de:

  • Tramitar las solicitudes de ayudas.

  • Comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos y aportan la documentación exigida en caso contrario no presentarán la solicitud.

  • Tramitar el procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, en caso, de que en cualquier momento posterior al pago de las ayudas se constata que la beneficiaria no reúne los requisitos.

Estas entidades colaboradoras no podrán cobrar ninguna cantidad por la tramitación de la solicitud de la ayuda, ni condicionar su actuación a la contratación de ningún tipo de servicio.

 

Artículo 5.- Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

El Plazo de presentación de las solicitudes de estas ayudas comenzará transcurridos 7 días hábiles a contar desde el día 22 de mayo de 2020 (día siguiente a la publicación de esta Orden Foral en el BON) y finalizará el último día del mes siguiente al que se produzca la finalización del estado de alarma.

Forma de presentación de las solicitudes de estas ayudas:

  • Vía telemática a través de las entidades colaboradoras referidas en el apartado anterior.

  • Los documentos que hay que presentar para solicitar son los siguientes:

    • Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.

    • La resolución que reconozca el derecho a la prestación la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo) o el justificante de haber solicitado la prestación extraordinaria, quedando la concesión de la ayuda condicionada a la presentación de la resolución.

    • La información contable que acredite la reducción de la facturación exigida para la obtención de la ayuda de 700 euros.

    • Los demás documentos referidos en la Orden Foral (art.2)

 

Artículo 6.- Concesión y pago de las ayudas.

El órgano gestor de las ayudas deberá comprobar que las personas solicitantes cumplen los requisitos exigidos y elevará propuestas de resolución de concesión y pago de las ayudas a la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de presentación de las solicitudes y se publicarán en la ficha de la ayuda del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra.

La solicitud de la ayuda podrá entenderse desestimada por silencio administrativo cuando el plazo máximo de tres meses, no se hubiera dictado y publicado la resolución expresa.

Con posterioridad al pago de las ayudas, el órgano gestor se reserva la posibilidad de realizar cuantas comprobaciones resulten pertinentes en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos para su obtención.

 

Artículo 7.- Obligaciones y efectos de su incumplimiento.

Las obligaciones que deben cumplir los solicitantes de estas ayudas son las siguientes:

  1. Facilitar a la entidad colaboradora la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las ayudas y la información necesaria para realizar la solicitud.

  2. Quienes obtengan la ayuda de 2.200 euros deberán permanecer de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas en Navarra, durante 12 meses a partir del día siguiente a la finalización de la prestación extraordinaria por cese de actividad (art. 17 del Real Decreto-ley 8/2020).

  3. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.

El incumplimiento de alguno de los requisitos u obligaciones exigidos dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas conforme a las reglas establecidas en esta Orden Foral.

 

Artículo 8.- Tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

En materia de protección de datos de carácter personal, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial sujetará su actuación a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

 

Artículo 9.- Compatibilidad de las ayudas.

Se establece la compatibilidad de estas ayudas con cualquier subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

 

Artículo 10. – Ayudas de minimis.

Se otorga a estas ayudas el carácter de ayudas de minimis conforme a lo previsto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre del 2013.

En consecuencia, las personas solicitantes al solicitar las ayudas deberán declarar las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores, a excepción de:

  • Las socias y socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadora o trabajador por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.

  • Las autónomas y autónomos societarios que trabajen en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.

 

Artículo 11.- Publicidad de las ayudas concedidas.

El Servicio de Trabajo publicará a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda las ayudas concedidas, haciendo constar los siguientes aspectos:

  • El crédito presupuesto al que se imputa.

  • Las beneficiarias.

  • El importe concedido.

 

Disposición adicional única. –Financiación.

La concesión de estas ayudas se financiará con cargo a la partida 810012 81500 4709 494103 “COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020” del Presupuesto de Gastos de 2020.

 

Disposición final única. – Entrada en vigor.

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, esto es, el 22 de mayo de 2020.

 

 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

El miércoles 13 de mayo de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, cuya entrada en vigor es la misma fecha de su publicación.

Según la exposición de motivos de la norma, la finalidad de este real decreto-ley es dar una respuesta adecuada para que las empresas adopten los ajustes dinámicos necesarios que les permitan transitar hacia un escenario de «nueva normalidad», salvaguardar el empleo y proteger especialmente a las personas trabajadoras.

De este real decreto-ley, merecen destacarse las siguientes cuestiones:

Artículo 1.-Especialidades aplicables durante el desconfinamiento a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.

  • A partir del 13 de mayo de 2020, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que contarán con un expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor (art. 22 RD ley 8/2020), y que las mismas impidan el reinicio de su actividad. Se encontrarán en esta situación mientras duren las causas de fuerza mayor y en ningún caso irá más allá del 30 de junio de 2020.  
  • Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor, desde el momento en el que las causas de fuerza mayor previstas, y por razón de las cuales se aplicaron las distintas medidas de flexibilidad en forma de suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperación parcial de su actividad, y hasta el 30 de junio de 2020.

Estas empresas y entidades deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

El modo verbal utilizado “ deberán “ pone de manifiesto que no es voluntario situarse en fuerza mayor parcial, es decir, no queda al arbitrio del empresario continuar en situación de cierre o suspensión de actividad  bajo la cobertura de un ERTE por fuerza mayor total, sino que en cuanto que la causa de fuerza mayor  permita una recuperación parcial de la actividad se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial.

Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los ERTES, o en su caso, la suspensión o regularización del pago que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección desempleo.

En todo caso las empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

 

Artículo 2.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) comunicados a partir del desconfinamiento.

 A los ERTES por causas ETOP iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, es decir, a partir del 13 de mayo y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las siguientes especialidades:

  • La tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. 
  • Cuando el ERTE ETOP se inicie tras un ERTE de fuerza mayor (art. 22 Real Decreto Ley 8/2020) la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este . 
  • Los ERTES ETOP vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto Ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

 

Artículo 3.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.

Las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25 del Real Decreto Ley 8/2020 se mantendrán hasta el 30 de junio de 2020, excepto en el caso de las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Artículo 4.-Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en los siguientes porcentajes:

  • Empresas o entidades con ERTE autorizado en situación de fuerza mayor total: 
    • Con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero: exoneración del 100% de la aportación empresarial. 
    • Con 50 o más trabajadores a 29 de febrero: 75% de la aportación empresarial.
  •  Empresas o entidades se encuentren en situación de fuerza mayor parcial:
  1. Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad:

a) Empresas de menos de 50 personas trabajadoras:

Mayo: exoneración del 85%.

Junio: exoneración del 70%.

b) Empresas 50 o más personas trabajadoras:

Mayo: exoneración del 60%.

Junio: exoneración del 45%.

  1. Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus actividades suspendidas:

a) Empresas de menos de 50 personas trabajadoras:

Mayo: exoneración del 60%.

Junio: exoneración del 45%.

b) Empresas de 50 o más personas trabajadoras

 Mayo: exoneración del 45%.

Junio: exoneración del 30%.

 

Disposición adicional primera

Se reserva la posibilidad de establecer, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, una prórroga de los expedientes de regulación de empleo por causas de fuerza mayor si persisten las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias llegado el 30 de junio de 2020.

Este acuerdo también podrá prorrogar:

  • Las exenciones de cotización a la Seguridad Social reguladas en el artículo 4 anteriormente expuestas, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas.
  • Las medidas de protección por desempleo (reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, entre otras) previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

 

Disposición adicional segunda

Se establece la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral integrada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), y las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

 

Disposición final primera

Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en los siguientes términos:

  • Modificación del apartado 1 del artículo 24 concretando la exoneración de las aportaciones empresariales respecto de los ERTES por fuerza mayor durante los meses de marzo y abril de 2020
  • Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 24 estableciendo a cargo de quiénes correrán tales exoneraciones.
  • Se modifica la disposición adicional sexta relativa a la Salvaguarda de empleo integrando en la norma los criterios dictados por la Dirección General de Trabajo.
    • Respecto del computo del plazo del compromiso de mantenimiento del empleo se concreta que el plazo de seis meses comienza desde la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando sea parcial o solo afecte a parte de la platilla.
    • El compromiso de mantenimiento del empleo se vincula a la aplicación de la exoneración de cuotas.
    • Se establece que el compromiso se considera incumplido por la extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por los ERTES por fuerza mayor (artículo 22 RD Ley 8/2020).
    • No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por:
      •  despido disciplinario declarado como procedente,
      • dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora,
      •  el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.
      •  en el caso de contratos temporales cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
  • Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
  • No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • Consecuencias del incumplimiento del compromiso: Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

El literal de la norma parece exigir la totalidad de las cotizaciones independientemente del número de trabajadores a los que se les haya extinguido el contrato.

 

Disposición final segunda

Se modifica la Disposición Final Tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, “entrada en vigor y vigencia” estableciendo que sus artículos 2 (Medidas extraordinarias para la protección del empleo) y 5 (Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales) mantendrán su vigencia hasta el 30 de junio de 2020.

 

 

 

 

Medidas adoptadas por la UE ante la crisis del COVID-19 y su impacto en Navarra

Nuestra compañera María González, abogada del departamento internacional y directora de la oficina de San Sebastián de ARPA Abogados Consultores ha participado en un boletín especial editado por el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección general de Acción Exterior en el que diversos expertos analizan las diferentes medidas adoptadas por la Unión Europea ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y su impacto en Navarra con motivo de la celebración del Día de Europa. Conmemoración que tuvo lugar el pasado sábado 9 de mayo y a la que el Gobierno de Navarra se ha sumado una vez más desde 2015 con diferentes actividades que tienen como objetivo acercar la realidad de la UE y sus oportunidades a Navarra, también se han organizado varios webinars con expertos de la UE.

El boletín cuenta con la participación de diversos expertos en el ámbito europeo tales como Manuel Rapún, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pública de Navarra, Pilar Irigoien, directora gerente de SODENA, Juan Ramón de la Torre, director general de Aditech, y su director de área internacional, Jorge Molina, Arola Urdangarin (directora de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra), Jean Louis Valls (director de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos), Lola Ugarte (Catedrática de Estadística, INAMAT, UPNA Participante en la Acción Matemática contra el Coronavirus del CEMAT) y nuestra compañera María González (Directora de la oficina de ARPA San Sebastián )

Les dejamos a continuación el artículo de María González donde analiza las medidas sobre ayudas de estado aplicadas por la UE.

 

La Comisión Europea amplía el régimen de ayudas de estado ante el COVID 19

El brote de COVID-19 es una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos y las sociedades. Además, es una gran perturbación de las economías mundiales y de la Unión Europea y por ello resulta esencial una respuesta económica coordinada de las instituciones europeas y de los Estados miembros para mitigar estas repercusiones negativas en la economía.

Dado el tamaño limitado del presupuesto de la Unión Europea, la principal respuesta procede de los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea permiten a los Estados miembros adoptar medidas rápidas y eficaces para apoyar a los ciudadanos y las empresas, en particular a las pymes, que se enfrenten a dificultades económicas ocasionadas por el brote de COVID-19.

A este respecto, queremos traer a colación que el pasado 19 de marzo la Comisión Europea aprobó un Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (“Marco Temporal”) para garantizar que las empresas puedan disponer de suficiente liquidez y preservar la continuidad de la actividad económica durante y después del brote del Covid-19, al objeto de una recuperación sostenible.

Este Marco Temporal (y teniendo en cuenta su posterior modificación) establece diferentes regímenes de ayudas que pueden ser concedidas por cualquier administración (central, autonómica y local) y en beneficio de las empresas afectadas por la pandemia que tengan domicilio social en algún Estado Miembro y, por ende, en beneficio de las empresas navarras.

Por un lado, el régimen de ayudas autorizado incluye subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y pagos anticipados, permitiendo que se puedan conceder hasta 800.000€ a una empresa a fin de hacer frente a sus necesidades urgentes de liquidez. Además, es posible combinar estas medidas con ayudas de minimis, lo que permitirá a las empresas obtener hasta un millón de euros en ayudas estatales.

Otro grupo de medidas aprobadas por la Comisión Europea son las garantías públicas a préstamos, que podrán vincularse tanto a operaciones de refinanciación como a nuevos préstamos; la concesión de préstamos públicos bonificados a las empresas; salvaguardias para los bancos al objeto de canalizar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas; y seguros de crédito a la exportación a corto plazo.

En el ámbito de I+D, la Comisión Europea ha aprobado medidas de apoyo a la investigación y desarrollo en materia de coronavirus, a la construcción y mejora de laboratorios de ensayos de productos relevantes para hacer frente a la pandemia y a la fabricación de productos que sirvan para combatir el brote de coronavirus.

En cuanto a medidas para la protección del empleo, el Marco Temporal establece medidas relativas al aplazamientos del pago de impuestos o de suspensiones de la parte empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social y subsidios salariales para los trabajadores, a efectos de evitar el despido del personal en las regiones más afectadas por el Covid-19.

Por último, hay que destacar la vigencia de este Marco Temporal está prevista hasta el 31 de diciembre de 2020 aunque la Comisión Europea evaluará antes de dicha fecha la posibilidad de prorrogar el alcance de estas medidas.

 

Si desean consultar el boletín completo, pueden pinchar aquí.

Decreto-Ley Foral 4/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por el coronavirus

Con objeto de responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), el Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, publicado en el Boletín Oficial de Navarra hoy, 4 de mayo de 2020, fecha de su entrada en vigor, viene a implementar un cuarto paquete medidas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

 

1.- Novedades tributarias en el ámbito foral navarro: 

  • Impuesto sobre Sociedades 
    • Se amplía un año el plazo de materialización establecido en la Ley Foral del Impuesto respecto a la exención por reinversión de beneficios extraordinarios para aquellos contribuyentes cuyo plazo de reinversión finalice en el periodo impositivo 2020.
    • Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para materializar el importe destinado a la Reserva especial para inversiones, para aquellos contribuyentes cuyo plazo de materialización termine entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
    • Se elimina el requisito de mantenimiento de los promedios de plantilla en el periodo impositivo 2020 para la aplicación en 2018 y en 2019 de la deducción por creación de empleo regulada en el Impuesto sobre Sociedades. De este modo no se exigirá la regularización de la deducción generada en 2018 y/o en 2019 si no se ha mantenido el empleo en 2020 debido a la crisis económica generada por el coronavirus.

 

  • Impuesto sobre el Valor Añadido
    • Se establece un tipo impositivo del IVA del 0% aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes sanitarios (se recoge un anexo con el listado de productos a los que resulta de aplicación) cuyos destinatarios sean entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, hasta el 31 de julio de 2020, y todo ello de cara a permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva. Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos pasivos, estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.
    • Se reduce al 4 % el tipo impositivo del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico, todo ello para facilitar el acceso a los mismos dado que el confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos. 

 

  • Otras modificaciones tributarias:
    • Se excluye el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 a efectos del cómputo del plazo para acogerse a la exención por reinversión en vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
    • En el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se excluye del cómputo a efectos de los plazos de presentación e ingreso de ambos impuestos, el periodo de tiempo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020.
    • Se reduce la cuota tributaria del Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales correspondiente al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al tiempo en que, debido a la declaración del estado de alarma, el establecimiento comercial permanezca cerrado.
    • Se reduce la cuota fija, de manera proporcional al tiempo de cierre obligado, de determinados tributos sobre el juego por la explotación de máquinas recreativas a causa del cierre de los establecimientos en los que estén instaladas.
    • En el ámbito de los procedimientos tributarios, se amplía hasta el 30 de mayo de 2020 el periodo que no computa a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios, de presentar alegaciones, contestar a requerimientos, o interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas. Asimismo, el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020 no computará a efectos de los plazos de prescripción o de caducidad.
    • Se habilita a la persona titular del departamento competente en materia tributaria para establecer los plazos de declaración de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal a que se refiere la disposición adicional trigésima tercera de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, cuyo deber de declaración haya nacido entre el 25 de junio de 2018 y el 31 de diciembre de 2020.
  •  

 

2. Ayudas extraordinarias a autónomos agrarios y culturales 

  • Se permite el acceso a las ayudas previstas en el Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, a las y los trabajadores autónomos que realicen en territorio navarro actividades no sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas (agrícolas, forestales, ganadería dependiente, ganadería integrada y representantes de comercio), siempre que cumplan el resto de requisitos exigidos.
  • Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, tendrán derecho a la ayuda recogida en el apartado primero del artículo 2 del Decreto-Ley Foral 3/2020, siempre que reúnan los requisitos establecidos, a excepción del alta en el Impuesto de Actividades Económicas por su condición de cooperativistas. De la misma manera podrán ser beneficiarios de esta ayuda, en los mismos términos, los autónomos societarios, trabajadores en sociedades mercantiles o en entidades sin personalidad jurídica.
  • Se incluye a los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el sector cultural incluidas en los códigos de la CNAE 2009 que se relacionan a continuación: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos. En estos casos, deberá haberse producido una reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 30 % en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.

Las actividades afectadas son las siguientes:

5912: actividades de postproducción cinematográfica, de vídeo y de programas de TV.

5915: actividades de producción cinematográfica y de vídeo.

5916: actividades de producciones de programas de TV.

5920: actividades de grabación de sonido y edición musical.

9001: artes escénicas

9002: actividades auxiliares a las artes escénicas.

9003: creación artística y literaria.

9004: gestión de salas de espectáculos.

 

3.- Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo de las cooperativas regulado en el artículo 51 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las siguientes finalidades:

  • Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento.

A estos efectos, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo destinado a esta finalidad, deberá ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre disposición que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de 10 años.

  • A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o privadas.

A estos efectos, durante la vigencia del estado de alarma o de cualquiera de sus prórrogas, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la aplicación del Fondo de Educación y Promoción en los términos previstos en el apartado 1, cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios virtuales.

Asimismo, el Fondo de Educación y Promoción Cooperativo que haya sido aplicado conforme a lo anterior, no tendrá la consideración de ingreso para la cooperativa, ni dará lugar a la perdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

 

 

 

Recomendaciones para el día después: cómo evitar el concurso de acreedores.

Tal y como anunciamos, desde ARPA Abogados Consultores vamos a ir preparando una serie de recomendaciones para ir preparando la salida del estado de alarma con la información que se disponga en ese momento y que se actualizarán conforme se publique nueva normativa.

Hoy vamos a tratar sobre el ámbito procesal-concursal y más concretamente, sobre cómo evitar el concurso de acreedores. La toma de decisiones en estos momentos es compleja y, por ello, desde ARPA Abogados Consultores queremos compartir con vosotros estas cuestiones que debemos plantearnos en estos momentos de la gestión de esta crisis:

1.-INSOLVENCIA Y SITUACIONES DE RIESGO: CONCEPTO. 

La insolvencia del deudor es el presupuesto objetivo para proceder a la declaración del concurso.

Esta insolvencia se concibe como la situación o estado patrimonial del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Si la solicitud de concurso la insta el propio deudor, deberá justificar y acreditar tanto su endeudamiento como su estado de insolvencia. Asimismo, esta situación de insolvencia podrá ser actual, pero también futura y prevista como «inminente». Concretamente, el deudor se encontrará en ese estado de insolvencia inminente cuando prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones.

En el supuesto de que sea un tercero legitimado el que solicite la declaración de concurso del deudor —por ejemplo, un acreedor—, existen ciertos hechos tasados como presuntos reveladores de la insolvencia (situaciones de riesgo):

  • Un procedimiento de ejecución o apremio infructuoso.

  • El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

  • La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de manera general al patrimonio del deudor.

  • El alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

  • El incumplimiento generalizado de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social durante el mismo período; o las de pago de salarios e indemnizaciones correspondientes a las tres últimas mensualidades.

 

2.-OBLIGACIONES LEGALES.

 Fuera de la situación excepcional de alarma actual, el deudor está obligado a presentar su solicitud de declaración de concurso en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer su situación de insolvencia.

Durante el estado de alarma, el deudor que se encuentre en situación de insolvencia no estará obligado a solicitar su declaración en concurso, sin perjuicio del deber de hacerlo tras su finalización.

Por tanto, con la declaración del estado de alarma ha quedado suspendido el deber de solicitar la declaración de concurso por parte del deudor. No obstante, no ha quedado vetada la posibilidad de hacerlo.

Del mismo modo, debemos indicar que sigue vigente la alternativa de solicitar el llamado “preconcurso” con el fin de negociar durante cuatro meses con los acreedores y superar así la situación de insolvencia, todo ello sin incurrir en presentación tardía del concurso.

Por último, durante el estado de alarma, tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso el deudor que, antes de la declaración del estado de alarma, ya hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso, la iniciación de una negociación con los acreedores para:

  • Alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos.

  • Obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Y todo lo anterior, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley Concursal.

 

3.- LAS FORMAS DE EVITAR EL CONCURSO DE ACREEDORES: REQUISITO: SALIR DEL ESTADO DE INSOLVENCIA: ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGO,  ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN, HOMOLOGACIÓN JUDICIAL y 5 bis LC.

Lo primero que hay que tener presente es que de una situación de insolvencia se puede salir.

Nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece una serie de herramientas que posibilitan la supervivencia de ese proyecto empresarial, y que es necesario saber que existen:

  • Acuerdos extrajudiciales de pago.

    • ¿Qué son los acuerdos extrajudiciales de pago?

Son una especie de convenio extrajudicial dirigido por un mediador concursal, que puede permitir que se alcance un acuerdo con los acreedores y superar la situación de insolvencia.

Si dicho acuerdo no puede ser cumplido, ello conllevará la apertura del llamado concurso “consecutivo”, con liquidación del patrimonio del deudor.

    • Quienes pueden beneficiarse del acuerdo extrajudicial de pagos

Cualquier persona natural, empresario o no, en situación de insolvencia, con estimación inicial del pasivo no superior a cinco millones de euros;

Las personas jurídicas, de cualquier tipo, con masas con encaje en el artículo 190 de la Ley Concursal (pasivo inferior a cinco millones de euros, patrimonio inferior a cinco millones de euros, y menos de 50 acreedores), con activos suficientes para satisfacer los gastos del proceso.

Así mismo, se exige que no concurran determinadas prohibiciones establecidas en el art. 231.3 LC.

    • Contenido del acuerdo extrajudicial de pagos

Una vez designado el mediador, se abre el expediente y el procedimiento para intentar alcanzar el acuerdo extrajudicial.

El mediador concursal remitirá a los acreedores una propuesta de acuerdo extrajudicial de pagos, que propuesta podrá incluir:

  • Esperas por un plazo no superior a 10 años

  • Quitas

  • Cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de totalidad o parte de sus créditos

  • La conversión de deuda en acciones o participaciones de la sociedad deudora

  • La conversión de deuda en préstamos participativos por un plazo no superior a 10 años, en obligaciones convertibles o préstamos subordinados, en préstamos con intereses capitalizables o en cualquier otro instrumento financiero de rango, vencimiento o características distintas de la deuda original

A la propuesta se deberá adjuntar, además:

  • Plan de pagos con detalle de los recursos previstos para su cumplimiento.
  • Plan de viabilidad con un calendario de cumplimiento regular de las nuevas obligaciones.

Para que el acuerdo extrajudicial de pagos se considere aceptado, son necesarias unas mayorías determinadas que la ley. Si no se alcanzan esas mayorías que acepten los términos de la propuesta, deberá entonces declararse inmediatamente el concurso de acreedores.

    • Ventajas del acuerdo extrajudicial de pagos 
  • El acuerdo que se pueda adoptar es previsiblemente mejor que el que pueda alcanzarse en un convenio concursal.

  • El deudor puede continuar con su actividad laboral, profesional o empresarial, sin más limitación que la advertencia legal de cuidarse de realizar actos de administración o disposición extraordinarios.

  • Se puede seguir percibiendo ingresos por la actividad profesional o empresarial.

  • También se establece un ámbito de paralización de las ejecuciones frente al patrimonio del deudor más amplio que el previsto con carácter general en el art. 5 bis de la Ley Concursal.

  • El deudor persona física que aspire al mecanismo jurídico de la segunda oportunidad, deberá tener presente que el intento de celebración de este acuerdo con sus acreedores, será, en la mayoría de los supuestos, prueba de la necesaria concurrencia de buena fe en el deudor para admitir la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho.

  • Acuerdos de refinanciación.

El efecto más importante consiste en que estos acuerdos no pueden ser objeto de rescisión concursal.

La normativa regula los requisitos que han de cumplir los acuerdos de refinanciación para no ser rescindidos. Estos requisitos vienen divididos en dos bloques, distinguiendo así dos tipos de acuerdos de refinanciación generales:

  • Los acuerdos que cumplen los requisitos del articulo 71bis.1 LC (acuerdos de refinanciación colectivos).

  • Los que cumplen los requisitos del articulo 71bis.2 LC (acuerdos de refinanciación singulares).

Aun teniendo requisitos diferentes, ni unos ni otros podrán ser rescindidos, si se cumplen las condiciones establecidas en dichos preceptos.

  • Homologación judicial.

    • Requisitos para la solicitud de homologación judicial

 La Ley Concursal regula la posibilidad de que los acuerdos de refinanciación que el deudor alcance con sus acreedores de pasivos financieros al margen de un proceso concursal puedan homologarse judicialmente.

El resto de acreedores podrán adherirse voluntariamente al acuerdo de refinanciación, aunque no se tendrá en cuenta a efectos del cómputo de las mayorías necesarias para adoptar el acuerdo.

    • Efectos principales de la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación
  • La extensión de determinados efectos del acuerdo de refinanciación a los acreedores disidentes, en función de los porcentajes de aprobación del acuerdo, siempre que sus créditos no estén dotados de garantía real.
  • La paralización de las ejecuciones singulares iniciadas contra el deudor por las deudas a que refiera el acuerdo de refinanciación.
  • Como ya hemos visto en el epígrafe anterior, la imposibilidad de rescindir el acuerdo de refinanciación en caso de posterior declaración de concurso de acreedores.
  • 5 bis LC

    • ¿Qué es el preconcurso (también conocido como 5 bis LC)?

Es la comunicación al juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

La Ley no exige ninguna forma o contenido sobre la comunicación, aunque sí que impone que se presente antes del vencimiento del plazo de dos meses establecido en el artículo 5 de la Ley Concursal.

    • ¿Y si no se consigue renegociar con los acreedores y alcanzar un acuerdo de financiación?

Transcurridos tres meses desde la presentación del preconcurso, deberá solicitarse, en el mes hábil siguiente, la declaración de concurso de acreedores (plazo 3+1).

    • Ventajas del preconcurso

El plazo adicional de cuatro meses (3+1) puede servirnos para varios fines:

  • Para tratar de llegar a acuerdos con nuestros acreedores, que permitan a la empresa continuar con su actividad y salir de la situación de insolvencia.
  • En cualquier caso, nos permite tener un plazo adicional para, en su caso, preparar la solicitud de concurso de acreedores.

Formulada la comunicación del 5 bis LC durante ese plazo de cuatro meses (3+1):

  • No se podrán iniciar ejecución judiciales o extrajudiciales sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad económica del deudor. Igualmente, las ejecuciones que estén en tramitación quedaran suspendidas.
  • Quedaran suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por acreedores financieros sobre otros bienes del deudor. En este caso se requiere que al menos el 51% de los acreedores financieros haya apoyado las negociaciones del acuerdo.
  • No podrá instarse el concurso necesario del deudor.
  • Paralización mientras transcurre el plazo de los 4 meses de las acciones de los acreedores con garantía real ejercitando la acción real frente a los bienes y derechos sobre los que recaiga su garantía.
  • Excluidos de lo anteriormente indicado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos créditos de derecho público.

 

4. CONCURSO DE ACREEDORES: CONCEPTO, CLASES, TRAMITACIÓN Y CONCLUSIÓN. 

Concepto.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial cuyo objetivo es favorecer la continuidad de la actividad empresarial, siempre que sea posible, y la satisfacción ordenada de la deuda.

Se dirige a todo deudor que necesite una solución para superar su insolvencia o liquidar su patrimonio sin arrastrar para siempre las consecuencias del impago de las deudas.

Clases.

Puede ser voluntario (solicitado por el deudor) o necesario (solicitado por terceros), siendo negativo para el deudor su concurso necesario por poder acarrearle una responsabilidad personal añadida.

El concurso consecutivo se da cuando no se alcanza un acuerdo extrajudicial de pagos o este se incumple. En la práctica, es el concurso al que accederá el autónomo o particular para acceder al “perdón” de la deuda que no ha podido pagar (BEPI).

Tramitación.

Podemos dividir la tramitación del concurso en dos grandes fases:

  • Una primera fase de evaluación de la situación económica del deudor, manteniendo una actividad económica adaptada a las circunstancias.
  • Una segunda fase de solución del concurso con la aprobación de un convenio de pago a los acreedores o con la liquidación del patrimonio del deudor para pagar la deuda.

Salvo cumplirse un convenio de pago poco gravoso para los acreedores, lo que no es habitual, se tramitará la fase de calificación del concurso como fortuito o culpable, donde se valora la responsabilidad del deudor en la generación o agravación de la insolvencia y pueden imponerse sanciones económicas, inhabilitaciones, e impedir el acceso al BEPI.

Conclusión.

La conclusión del concurso se produce por el cumplimiento del convenio con acreedores, el fin de la liquidación, o la declaración de insuficiencia de activo para atender los gastos del concurso.  

 

5.- CONSECUENCIAS LEGALES DE INCUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE PRESENTAR CONCURSO.

Cuando el deudor detecte su situación de insolvencia debe cumplir con su deber de solicitar concurso de acreedores en el plazo de dos meses (deber suspendido durante el estado de alarma) o adoptar las medidas las alternativas que señalamos en el apartado siguiente.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear responsabilidades añadidas para el deudor, por tratarse de un supuesto legal de presunción de concurso culpable.

Las posibles consecuencias por dicho incumplimiento en la sección de calificación del concurso serían las siguientes:

  • Imposibilidad de acceder al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).
  • Inhabilitación para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona por período de dos a quince años, atendiendo a la gravedad de los hechos y el perjuicio causado.
  • Pérdida de cualquier derecho de cobro que tuvieran como acreedores y condena a indemnizar los daños y perjuicios causados.
  • Condena a la cobertura, total o parcial, del déficit concursal (deuda impagada en la liquidación), si la conducta del deudor ha generado o agravado la insolvencia.
  • En caso de pluralidad de condenados, se individualiza la cantidad a satisfacer de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación culpable.

Siendo conscientes de lo difícil que es tomar la decisión de presentar concurso de acreedores y de la importancia de planificar los distintos escenarios y actuaciones posibles, resulta fundamental solicitar asesoramiento profesional para valorar su situación y plantear la mejor solución.

 

6.- PREVISIÓN E INCIDENCIA DE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS INMINENTES LC. 

Está pendiente actualmente:

  • Aprobación del Texto Refundido de la Ley Concursal.

  • Trasposición de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad.

No obstante lo anterior, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el 20 de abril de 2020 la remisión de trece propuestas al Ministerio de Justicia para que este estudie su posible inclusión en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia en relación con la gestión de la pandemia de coronavirus COVID-19 que prepara el Gobierno.

En el capítulo de medidas para la especialidad mercantil se plantea que:

  • Las personas físicas que se declaren en concurso no tengan que entregar su vivienda habitual cuando el valor de esta solo sirva para pagar parcialmente la deuda, siempre que se cumplan determinados requisitos.
  • La reintroducción temporal en la Ley Concursal del llamado “reconvenio”, para evitar que entren en liquidación las empresas que, como consecuencia de la crisis sanitaria, no puedan afrontar los pagos comprometidos en el convenio.

 

R.D-Ley 15/2020: Medidas en materia de financiación empresarial

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones en materia de financiación empresarial, que las resumimos a continuación:

 

Subvenciones de Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) bajo la modalidad de préstamo (Artículo 6): 

  • El IDAE podrá acordar con sus prestatarios, previa solicitud y declaración responsable justificativa la concesión de aplazamientos de las cuotas de los préstamos suscritos, siempre que dichos prestatarios no se encontrasen en situación concursal y estuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a la Hacienda pública y con la Seguridad Social, todo ello al momento de formular su correspondiente solicitud de aplazamiento, y, asimismo, siempre que estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos concertados a la entrada en vigor del estado de alarma.

Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen pendientes de pago y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 (todos inclusive).

Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas, salvo solicitud expresa en contrario por parte del interesado, hasta transcurridos dos meses después de la finalización del estado de alarma.

Las cuotas aplazadas deberán ser abonadas antes del fin del período de vigencia del respectivo préstamo, y no podrán entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.

  • Las condiciones que deberán cumplirse para la concesión de los aplazamientos regulados por este artículo serán las siguientes:
    • Las cuotas objeto de aplazamiento no habrán sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento anterior ni reclamadas judicial o extrajudicialmente por el IDAE.

    • Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.

  • El interesado habrá formulado declaración responsable donde conste, al momento de solicitar el correspondiente aplazamiento, que se encuentra en una situación económica desfavorable como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que le ha originado períodos de inactividad o reducción en el volumen de las ventas o facturación que le impida o dificulte cumplir con sus obligaciones de reembolso derivadas del correspondiente préstamo concertado con IDAE, incluyendo no encontrarse en situación concursal.
  • La aportación de datos falsos o sesgados por parte de los interesados, que hayan servido de fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.

 

Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas (Artículo 7):

  • El Consorcio de Compensación de Seguros podrá aceptar en reaseguro los riesgos asumidos por las entidades aseguradoras privadas autorizadas para operar en los ramos de seguro de crédito y de caución, que así lo soliciten y que suscriban o se adhieran al acuerdo correspondiente con la citada entidad pública empresarial. Las condiciones básicas del reaseguro aceptado por el Consorcio de Compensación de Seguros serán las siguientes:
    • Modalidades de la cobertura: El acuerdo que en su caso se suscriba contemplará aquellas modalidades de cobertura que permitan complementar con rapidez y eficacia la cobertura directa que las entidades aseguradoras de estos ramos ofrecen a las empresas por ellas aseguradas, contribuyendo a dar seguridad a las transacciones económicas.

    • Condiciones económicas: Serán fijadas por el Consorcio con el objetivo de procurar el equilibrio financiero del acuerdo a largo plazo, contemplándose, dentro de las citadas condiciones, la compensación que corresponda por los gastos de gestión en que incurra el Consorcio de Compensación de Seguros.

    • Objeto y vigencia temporal: La cobertura podrá aplicarse, a partir del día 1 de enero de 2020 a las operaciones de seguro y cuyos asegurados estén domiciliados en España. Su vigencia temporal se mantendrá en tanto subsistan las razones de interés general que justificaron su adopción y por un periodo mínimo de dos años.

 

Límite máximo de la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica (Disposición adicional tercera):

En relación con la línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica podrá conceder avales por un importe máximo de 1.200 millones de euros.

 

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (Disposición final octava):

Punto 4: Los apartados 1 y 2 del artículo 29 quedan redactados del siguiente modo:

  • Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

  • El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2020. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.

 

R.D.-Ley 15/2020: Medidas en el ámbito laboral

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones en materia laboral, que las resumimos a continuación:

 

Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el empleo

  • Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y modificación de su artículo 6 (Artículo 15)

Se modifica el título del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que pasará de denominarse «Artículo 6. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada» a ser el siguiente: «Artículo 6. Plan MECUIDA».

Asimismo, conforme a lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima, del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorroga el carácter preferente del trabajo a distancia y el plan MECUIDA, establecidos en los artículos 5 y 6, respectivamente, de dicha norma.

El contenido de estos artículos se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por la Disposición Final 1.17 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en el presente precepto.

Por ello siendo la vigencia prevista un mes desde el final del estado de alarma, la vigencia del teletrabajo se extiende hasta el día 9 de agosto.

 

Medidas de protección de los ciudadanos

  • Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de alarma (Artículo 22)

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior.

Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19.

La situación legal de desempleo se acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19.

  • Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social (Artículo 25)

Con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11%.

 

Disposición adicional segunda.

Se suspenden los plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante el periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como sus posibles prórrogas.

 

Disposición adicional octava.

Con entrada en vigor en la fecha que se determine en el Real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se establecen expresamente las prestaciones públicas de cuya gestión será competente la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Entre ellas, las pensiones extraordinarias causadas por actos de terrorismo, las prestaciones contempladas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, prestaciones reguladas en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, pensiones cuya propuesta de pago viene realizando, hasta la fecha de entrada en vigor de esta norma, la Dirección General de Costes de Personal con cargo a la sección 07, etc.

 

Disposición adicional décima.

Aquellos trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran ejercitado la opción prevista en el artículo 83.1.b) texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ni la opción por una mutua, en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1.b) y optar por una mutua colaboradora con la Seguridad Social, ejercitando la opción y formalizando el correspondiente documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma

Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo anterior sin que el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de adhesión, se entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado.

La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas.

 

Disposición adicional undécima.

La opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos realizada para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dará lugar a que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad así como del resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora.

 

Disposición transitoria quinta.

La comprobación de los requisitos de incorporación en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se efectuará atendiendo a la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 324.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, conforme a la redacción dada a dicho artículo por la disposición final sexta.

A través de las Disposiciones finales se producen las siguientes modificaciones:

  • Modificación del artículo 23 en su apartado 1, párrafo c), y apartado 2, del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Además, se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 43 al referido texto refundido.

  • Modificación del artículo 324 en sus apartados 1 y 2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

Este artículo establece los requisitos que se deben cumplir para que se puedan incluir en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

  • Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, concretamente cabe destacar la modificación de los siguientes artículos:
    • Artículo 17 en su apartado 7, que queda redactado del siguiente modo:

 «7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.

Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 83.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para causar derecho a esta prestación, presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose desde ese momento realizada la opción prevista en el mencionado artículo con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Junto con la solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente adhesión con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales, incapacidad temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad que hasta el momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal.

La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de dichas opciones en función de las comunicaciones que le realicen las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento de las prestaciones extraordinarias o a través de cualquier otro procedimiento que pueda establecer la Tesorería General de la Seguridad Social.»

    • El artículo 22 en su apartado 1 queda redactado de la forma siguiente:

«Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad».

    • Se modifica la redacción del apartado 6 del artículo 25 relativo a la aplicación concreta de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas.

    • Los apartados 1 y 2 del artículo 29 quedan redactados del siguiente modo:

«1. Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales a la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima (CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros, hasta el 31 de diciembre de 2020. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.»

 

  • Modificación de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 que queda como sigue:

«Disposición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.

  1. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.

  1. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.

La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.»

 

  • Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, concretamente cabe destacar la modificación de los siguientes artículos:

    • El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

  •  
  • Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, pero con las siguientes particularidades:

1.ª Será de aplicación un interés del 0,5 % en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente señalados.

3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

  • El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria regulada en el artículo anterior. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última.»

 

Entrada en vigor (Disposición final decimotercera)

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 23 de abril de 2020.

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.

R.D.-Ley 15/2020: Modificaciones tributarias en el ámbito de la A.E.A.T.

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones de índole tributario que inciden en el ámbito de la AEAT, que las resumimos y sistematizamos en las siguientes líneas:

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

Modificación:

  • Para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva, se establece hasta el 31 de julio de 2020, un tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido del cero por ciento aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios

Precisión:

    • Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
    • La aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

 

  • Dado que la actual situación de confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos, para facilitar el acceso a los libros, periódicos y revistas digitales, a través de una disposición final se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a los mismos, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico.

 

PAGOS FRACCIONADOS EN EL IS, IRPF E IVA

Impuesto sobre Sociedades

Es sabido que, respecto al cálculo de los pagos fraccionados del IS, se reconocen dos modalidades de cálculo. A saber:

Modalidad 1:

A esta modalidad se acogen automáticamente, salvo renuncia, los sujetos pasivos del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios no hubiera superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

Dentro de los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre  y diciembre, las entidades sujetas a esta Modalidad 1, deben efectuar un pago fraccionado del 18% de la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día uno de los citados meses sin perjuicio de que puedan ser descontadas las deducciones para evitar la doble imposición; las bonificaciones; las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a ese período impositivo.

Modalidad 2

Según esta segunda modalidad, el importe de los pagos se determina, resumidamente, aplicando un determinado porcentaje a la parte de base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural por lo que es un sistema que, a diferencia de la Modalidad 1, resulta ser más “sensible” a la efectiva marcha, buena o mala, de la actividad del sujeto pasivo en el ejercicio en curso

El ejercicio de la opción por esta Modalidad 2, para aquellos contribuyentes a los que resulte de aplicación automática la Modalidad 1 y pretendan renuncia a la misma, requiere que sea efectuado por la entidad a través de la correspondiente declaración censal (modelo 036), dentro del mes de febrero del año natural en que deba surtir efectos.

Sentado lo anterior, la novedad aprobada en el Real Decreto-Ley radica en que,

  • Se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación, hasta el próximo 20 de mayo, del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad 2 de forma que:
    • Se establece un sistema más flexible de renuncia a la modalidad 1 y acogimiento a la modalidad 2.
    • Se permite adaptar la cuota derivada del pago fraccionado, mediante el acogimiento a la modalidad 2, al verdadero impacto que la actual crisis pueda provocar en la actividad económica desarrollada por el contribuyente.
  • Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el 2019 se haya situado entre 600.000,01 € y no supere los 6.000.000 € se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.
  • Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

IRPF e IVA

Por otra parte, se adaptan temporalmente las cuantías de los pagos fraccionados e ingresos a cuenta de estos impuestos en cuanto se determinen con arreglo a signos, índices o módulos, al ver su actividad igualmente alterada por la emergencia sanitaria que padecemos.

Para ello se adapta de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que, al estar calculados sobre signos, índices o módulos, previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de sus ingresos actuales si se no se ponderase el período contemplado para el devengo del pago fraccionado con la paralización o minoración de actividad existente durante los días en los que ha estado vigente el estado de alarma.

Además, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, se elimina la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación.

 

OTRAS MEDIDAS FISCALES

Extensión de plazos

Se extiende hasta el 30 de mayo la vigencia temporal de determinadas medidas tributarias contenidas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que tenían como límite temporal el día 30 de abril de 2020, o, en su caso, el día 20 de mayo de 2020, a fin de garantizar la adaptación de dichas medidas a la evolución de la crisis cuyos efectos pretenden mitigar.

Aplazamientos de deudas tributarias

Como tuvimos la oportunidad de informarle en Boletines anteriores, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, estableció, como medida de apoyo financiero transitorio, la flexibilización en materia de aplazamiento de deudas tributarias, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de tributos a pymes y autónomos, previa solicitud del sujeto pasivo, limitada a solicitudes de aplazamiento inferiores a 30.000 € y exentas de la obligación de aportar garantía alguna.

Como complemento a dicha posibilidad, se arbitra a través del presente Real Decreto-Ley la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.

De esta forma, el sujeto pasivo no entrará en mora con la administración si cumple con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  • Que el contribuyente haya solicitado la financiación avalada por el Estado, regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para el pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones siempre que éstas se hayan presentado dentro del plazo establecido para la liquidación de cada impuesto.
  • Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria, hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
  • Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.
  • Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.