Medidas Covid 19

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Guía práctica para empresas y autónomos sobre la crisis del coronavirus.

En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 desde ARPA Abogados Consultores, hemos considerado útil elaborar una lista de preguntas frecuentes relativas al efecto que las medidas adoptadas pueden tener en los siguiente ámbitos a raíz de la declaración del estado de alarma:

Este artículo se irá actualizando y modificando en función de las medidas que vayan adoptando las diferentes autoridades competentes.

 

 

Asimismo, les recordamos que tienen a su disposición un REPOSITORIO con la información actualizada sobre el COVID en el siguiente enlace y que estamos a su disposición para cualquier duda que se les pudiera plantear.

 

 

Recopilatorio de los informes de la Abogacía del Estado.

Les facilitamos un recopilatorio de los informes/notas de la Abogacía del Estado dictados en relación a las licitaciones y contratos públicos y el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, relativo a la suspensión de los contratos públicos:
 

 

El mundo administrativo tras la pandemia: sanciones y responsabilidad patrimonial de la Administración

Se suele decir habitualmente que tras la tempestad siempre llega la calma, y que el sol siempre vuelve a brillar. Sin embargo, en el mundo del derecho administrativo, puede darse el caso que tras la tormenta que ha supuesto para todos nosotros la aparición del COVID-19 en nuestras vidas, con privación de derechos individuales a través de la declaración de un estado de alarma, lo que sobrevenga sea una sucesión de recursos y reclamaciones frente a la administración debido a las lesiones o daños que se hayan podido provocar en los administrados como consecuencia de esta acción legislativa y de su aplicación por parte de las administraciones, y que tal vez desemboque en toda clase de litigios aún imposible de valorar.

Veamos, por tanto, en qué escenarios nos podemos encontrar tras la finalización del estado de alarma y la posterior desescalada que nos lleve a una situación de normalidad.

.- Sanciones impuestas durante el estado de alarma

Durante los primeros 40 días de vigencia del estado de alarma se han tramitado más de 700.000 propuestas de sanción por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado debido al incumplimiento de lo previsto en los reales decretos y órdenes ministeriales reguladores del mismo.

Esto supone triplicar en 40 días el total de las infracciones registradas por el Ministerio del Interior en todo el año 2018.

La mayoría de estas denuncias se imponen en virtud del artículo 36.3 de la Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: “La desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito….», y suponen la imposición de una multa de entre 600 y 30.000 euros.

Sin embargo, desde el momento mismo en el que se comenzaron a tramitar estas propuestas de sanción, han surgido voces disconformes y no solo entre los afectados, sino también dentro del propio mundo jurídico. De hecho, la propia Abogacía del Estado sostiene en un informe que una infracción por desobediencia a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, exige que previamente haya un requerimiento expreso e individualizado del agente al ciudadano infractor y que éste lo desobedezca posteriormente.

Por lo demás, no debe olvidarse en ningún caso que en todo expediente sancionador deben respetarse los principios de proporcionalidad y verdadera concurrencia del tipo infractor, además de la concurrencia de culpa o negligencia, todo lo que cual habrá de valorarse a la luz de una normativa novedosa preparada con cierto apresuramiento.

Por lo tanto, sin perjuicio de que será necesario analizar cada supuesto concreto, es previsible que una vez comiencen a notificarse las propuestas de sanción a los infractores, puedan concurrir circunstancias y fundamentos que justifiquen la formulación de alegaciones e interposición de recursos.

.- Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas derivada del estado de alarma

 Por si lo anterior no fuera suficiente para intuir la importancia que podrán tener los procedimientos administrativos tras la vuelta a la “normalidad”, como ya se avisa desde distintos sectores, se prevé que el Real Decreto del estado de alarma y sus posteriores prórrogas puedan dar lugar a no pocos litigios con la administración derivados de reclamaciones de indemnizaciones, bien frente al Estado Legislador, bien frente a las Administraciones, fruto de las diferentes medidas que hayan adoptado, omitido o demorado injustificadamente, así como las lesiones específicas que, en su caso, puedan derivarse de las mismas para los bienes y derechos de los particulares.

La Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas descansa sobre lo previsto en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que establece que la misma será objetiva y directa pues “los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”. Del mismo modo, los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, reconocen ese carácter objetivo de tal reclamación, al establecer la obligación de indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran y sea “consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.

 Es decir, no todo daño que provoque la Administración es indemnizable, sino tan solo los que merezcan la consideración de lesión, entendida, según la doctrina y jurisprudencia, como daño antijurídico, no porque la conducta de quien lo causa sea contraria a Derecho, sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo, por no existir causas de justificación que lo legitimen.

Bien es cierto que en primer lugar deberá dirimirse si la situación sobrevenida es fruto de fuerza mayor y que la pandemia no ha podido evitarse conforme a los conocimientos científicos existentes a la producción del daño (lex artis, etc.), así como ausencia de vacuna, etc. Y es que la fuerza mayor, entendida como un suceso imprevisible o de efectos inevitables, excluye la responsabilidad de la Administración, quebrándose la relación de causalidad necesaria para que exista la misma.

Pero, en cualquier caso, deberá tenerse en cuenta al final, como en todo procedimiento de este tipo encuadrado en el ámbito del derecho sanitario, si se actuó conforme a los protocolos establecidos o si, sin embargo, se hizo tarde, activándose así el nexo causal necesario para que exista responsabilidad patrimonial. Serán los tribunales los que determinen esta cuestión, pero en caso de que finalmente entiendan que no existió tal fuerza mayor o que hubo imprevisiones, errores, etc., se abrirá el camino para la estimación de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.

Dicho esto, estos son algunos de los escenarios que nos podremos encontrar en el ámbito de reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración tras el cese del estado de alarma:

  • Posible responsabilidad patrimonial de la Administración por daños causados al personal sanitario (contagios, lesiones, fallecimientos, perjuicio profesional, etc.):

Probablemente este sea uno de los campos más candentes, dado las numerosas quejas y noticias sobre daños sufridos por sanitarios desde la aparición de la pandemia. La determinación del deber jurídico de soportar ese daño será la clave, además de la supuesta fuerza mayor ya comentada. La Administración, por tanto, deberá argumentar y justificar con claridad cuestiones tales como la alegada falta de equipos de protección individual (EPIs) a pesar de las recomendaciones del propio Consejo de la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, u otras cuestiones tales como la inadecuada o adecuada información o formación del personal. En definitiva, haber actuado con la necesaria precaución, previsión y transparencia, pues lo contrario podría llegar a provocar que el daño sufrido por el personal sanitario fuera antijurídico y, por lo tanto, indemnizable.

  • Posible responsabilidad derivada del propio estado de alarma y sus efectos directos sobre los derechos y libertades de los ciudadanos:

A este respecto debe recordarse que el artículo 3 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio establece que “quien como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no le sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Lógicamente, este precepto habrá de entroncarse con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pero pone bien de manifiesto, de partida, que la existencia de indemnizaciones por daños no debe descartarse.

 

  • Posibles responsabilidades derivadas de las actuaciones realizadas al amparo de los Reales Decretos Ley aprobados como consecuencia de la declaración del estado de alarma (limitaciones de circulación, cierres de actividades, etc.):

Debe recordarse a este respecto que ya existen recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a estos reales decretos, y que caso de ser declarada dicha inconstitucionalidad, las reclamaciones posteriores se antojan considerables, desde las realizadas por las empresas afectadas, trabajadores, personas físicas, autónomos o cualquiera que hubiera podido ver afectada su propia actividad, provocándole un perjuicio que no debía haber asumido.

  • Posible responsabilidad de los centros de asistencia para personas mayores:

En todas aquellas residencias de mayores de carácter público o concertado en los que pudiera entenderse que ha existido una deficiente atención a sus residentes con causa o no de muerte, así como falta de prevención o en general falta de mantenimiento de los servicios públicos, es muy probable que operase también el instituto de la responsabilidad patrimonial.

A la vista de los acontecimientos y de que una gran parte de los fallecidos por COVID-19 eran residentes en este tipo de centros, no parece descabellado que nos encontremos igualmente ante situaciones que puedan dar lugar a reclamaciones de este tipo.

  • Y, por último, posibles responsabilidades de la administración sanitaria por falta de atención médica fuera de los casos relacionados con el COVID-19, como pueden ser afecciones de todo tipo no tratadas o diagnosticadas correctamente por la falta de medios, retrasos en tratamientos que requerían urgencia, o cualquier adecuado tratamiento médico al que cualquier ciudadano tiene derecho y que no hubiera sido correctamente realizado o atendido.

Debe recordarse que el propio Decreto por el que se declara el estado de alarma establece que tal declaración no supone la suspensión de ningún derecho fundamental, lo que unido al artículo 3 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio (que reconoce el derecho a indemnización) nos conduce, según los casos y circunstancias, a la posibilidad de interponer reclamaciones.

Por lo tanto, sin perjuicio de que aún se carece de la suficiente perspectiva, no cabe descartar la concurrencia de situaciones que justifiquen la interposición de reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración.

Debe recordarse también que el plazo para interponer cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial es de un año desde la producción del daño, o desde que se tenga conocimiento del mismo, tal y como indica la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo.

Por último, ¿ante qué administraciones se podrá reclamar? Dependerá en cada caso del tipo de daño reclamado. En materia sanitaria las competencias están asumidas de modo ordinario por las Comunidades Autónomas. No obstante, dada la centralización asumida por el propio Gobierno estatal tras la declaración del estado de alarma y la creación del mando único, aquel también puede ser responsable, pudiéndose dar incluso supuestos de responsabilidad solidaria entre administraciones.

Deberemos estar atentos en definitiva a esta nueva tormenta que se avecina en el mundo de las administraciones públicas, sin descartar en absoluto la concurrencia de situaciones que justifiquen la existencia de supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

 

 

 

Decreto-ley Foral 2/2020: Medidas en el ámbito de la contratación pública.

Las medidas son aplicables a los contratos vigentes de todas las entidades del sector público foral, sean Administración pública o no, sometidos a la legislación foral de contratos públicos, según la tipología y naturaleza del contrato:  

 

A) Contratos públicos de servicios y suministro de prestación sucesiva:  

  • Los contratos cuya ejecución devenga total o parcialmente imposible como consecuencia de la situación creada por el COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedan automáticamente suspendidos, en la parte cuya ejecución devenga imposible, desde que se produjera la situación de hecho, o de derecho, que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. Se admite, por lo tanto, que la suspensión pueda ser parcial o total.  
  • Dadas las características de este tipo de contratos, independientemente de que el contrato se halle suspendido o no, cuando al vencimiento del mismo no se hubiera formalizado el nuevo debido a la suspensión de los procedimientos de contratación por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se podrá prorrogar el contrato originario hasta el comienzo de la ejecución del nuevo, en todo caso, por un plazo máximo de nueve meses, sin modificar sus condiciones.  
  • No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

 

B) Contratos públicos de servicios y suministro que no son de prestación sucesiva:

  •  No quedan suspendidos de forma automática. Cuando el contratista incurriese en demora en el cumplimiento de los plazos por causas imputables al Covid-19 o a las medidas adoptadas por las Administraciones públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación le concederá una ampliación de plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

  • La ampliación del plazo se concederá previo informe de la unidad gestora del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19. 

  • No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

 

C) Contratos públicos de obras:

  •  Los contratos de obras vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley Foral, siempre que no pierdan su finalidad por el Covid-19 o por las medidas adoptadas para combatirlo, en caso de imposibilidad de continuar con su ejecución, podrán suspenderse desde que se produjera la situación de hecho o de derecho que impide su cumplimiento.
  • Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.
  • No procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

 

D) Gastos indemnizables:

  • En los casos anteriores, serán indemnizables los siguientes conceptos:
  • Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución ordinaria del contrato durante el periodo de suspensión

En los contratos de servicios o suministros de prestación no sucesiva, el derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, no excederá del límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato, IVA incluido.

En los contratos de obras los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, las gratificaciones extraordinarias del artículo 47.2.b y la retribución de vacaciones, o sus conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos del sector de la construcción.

En todo caso, los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a la ejecución ordinaria del contrato antes del 14 de marzo y continúe adscrito cuando se reanude. 

  • Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.
  •  Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos. 
  • Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato. 

 

E) Requisitos para poder ser indemnizado:  

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista principal acredite fehacientemente que se cumplen las siguientes condiciones:

  • Que él mismo, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estaban al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo de 2020. 
  • Que él mismo estaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, a fecha 14 de marzo de 2020.

 

F) Necesidad de solicitar la suspensión para tener derechos indemnizatorios:

  • Solo nace el derecho indemnizatorio cuando el órgano de contratación, en el plazo de cinco días naturales desde que así lo inste el contratista, aprecie la imposibilidad de ejecución del contrato en los términos inicialmente pactados.

  • A tales efectos, el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible, el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los medios citados en otro contrato. 

  • Las circunstancias que se pongan de manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación.

  • Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, se entenderá desestimada.

 

G) Contratos públicos de concesión de obras y concesión de servicios:

  • Los contratos de tipo concesional vigentes a la entrada del Decreto-Ley Foral, cuando su cumplimiento se vea imposibilitado por el Covid-19 o las medidas adoptadas para combatirlo, darán derecho al concesionario al restablecimiento económico del contrato mediante, según los casos, la ampliación del plazo inicial de duración hasta un máximo del 15% o mediante la modificación de sus cláusulas de contenido económico.

  • Este equilibrio, en todo caso, compensará por las pérdidas de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos salariales adicionales que efectivamente hubieran abonado durante el periodo de suspensión, respecto a los previstos inicialmente.

  • Solamente se procederá a la compensación previa solicitud y acreditación fehaciente por el concesionario de la realidad, efectividad e importe de dichos gastos.

  • Todo lo anterior solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del concesionario, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia del Covid-19 o de las medidas adoptadas con ocasión del mismo.

 

H) Exclusiones:

  • El Decreto Ley Foral no es de aplicación a los contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, vinculado con la crisis generada por el Covid-19; a los contratos de mantenimiento de sistemas informáticos; y a los contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

 

I) Modificación contractual:

  •  En el caso en el que el órgano de contratación modifique un contrato para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente al COVID-19, al amparo de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 15 del Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), los precios de las nuevas unidades no comprendidas en el contrato inicial o cuyas características difieran sustancialmente de ellas se fijarán por el órgano de contratación y serán obligatorios para el contratista.

  • Finalizado el estado de alarma, el expediente de modificación se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 143.1 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

  • En estos mismos supuestos cuando la modificación suponga la reducción del número de unidades inicialmente previstas en el contrato, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

 

J) Conciertos sociales:

  • Todas las medidas anteriores serán de aplicación también a los conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.

 

K) Entrada en vigor y efectos retroactivos:

  • Las medidas recogidas en los apartados anteriores surtirán efectos desde el día 15 de marzo de 2020.

 

Taller: Aspectos destacables de la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra

El próximo día 11 de abril, Juan Torres Zalba, asociado y Director del Departamento de Derecho Administrativo de ARPA Abogados Consultores impartirá en la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra un taller sobre los Aspectos destacables de la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra

El taller tendrá una duración de dos horas y media de 11 a 13:30 horas en el Palacio del Condestable , Sala 12  sito en la Calle Mayor, 2 en Pamplona. 

Tiene un aforo máximo de 20 personas.

Para más información; puede pinchar aquí.

 

Aspectos destacables de la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra

A raíz de la nueva Ley Foral 9/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, una norma que despierta no poco interés atendiendo al número de actores que han de servirse de ella. El próximo jueves 14 de febrero de 9.00-11.30 horas, nuestro compañero Juan Torres Zalba, asociado y director del Dpto. Derecho Administrativo de ARPA Abogados Consultores explicará los aspectos más destacables de la nueva norma desde una óptima empresarial, resaltando aquellos elementos que sean importantes para la presentación de ofertas en procesos de contratación.  

El nuevo texto legal se ha adaptado a la normativa europea, regulando además cuestiones novedosas traídas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Junta Consultiva de Contratación Pública y del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. 

La charla tendrá lugar en la sede de AIN con un coste de 75 para asociados AIN y de 95 para no asociados.

Si desea preinscribirse, puede hacerlo a través del siguiente formulario.

 

 

Una nueva ley foral de contratos públicos

Juan Torres Zalba, compañero y Asociado-Director del  Dpto. de Derecho Administrativo de ARPA Abogados Consultores ha hecho un análisis sobre la «Nueva ley foral de contratos públicos» donde analiza las implicaciones de la norma para el sector forestal y de la madera. Sus reflexiones han sido recogidas en un artículo publicado en el Boletín de ADEMAN (Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra) y que os mostramos a continuación:

El pasado 7 de mayo de 2018 entró en vigor la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra (Ley Foral 9/2018, de 13 de abril), una norma que despierta no poco interés atendiendo al número de actores que han de servirse de ella, desde la Administración Foral hasta los Ayuntamientos y resto de entidades locales (concejos y mancomunidades), pasando por sociedades y fundaciones públicas, empresas maderistas, sindicatos, empresas de servicios, profesionales, etc.

Debe advertirse, en primer lugar, que la nueva ley no ha supuesto ningún cambio en lo que a los aprovechamientos forestales y subastas de los mismos se refiere, toda vez que, al igual que sucedía hasta ahora, siguen rigiéndose por la legislación patrimonial, en particular la Ley Foral del Patrimonio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral de Administración Local y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. Por el contrario, la ley incide plenamente, entre otros, en los contratos de suministro de productos maderables o en los contratos de obras y asistencias (ahora llamados contratos de servicios) que convoquen las Administraciones públicas.

Hecha esta aclaración, lo cierto es que se trata de una norma extensa, pero bien ordenada, con una claridad de la que adolece la reciente ley estatal en la materia. Merece, por lo tanto, una valoración de inicio positiva, sin perjuicio de que, como no puede ser de otra manera, exige una adaptación para conocer sus novedades.

Su objeto es adaptar nuestro derecho a la nueva normativa europea. No obstante, no se limita a incorporar los nuevos mandatos comunitarios, sino que da un paso más, regulando cuestiones nuevas o recogiendo acertadamente los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Navarra y del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Se incorpora así una parte de esta labor interpretativa que facilitará la comprensión de una materia cada vez más compleja y especializada, evitando un gran número de conflictos que traían causa de las lagunas de la anterior norma.

Cláusulas sociales y medioambientales.

La ley contiene numerosísimas novedades. Entre las de mayor calado destaca el interés por la implantación de las denominadas “cláusulas horizontales” (mejoras laborales, igualdad de género, inserción socio-laboral, medioambientales, etc.), tanto en la fase de licitación propiamente dicha (fundamentalmente a través de los criterios de adjudicación), como en la fase de ejecución contractual.

Así, el artículo 2 de la norma dispone que en la contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mejor eficiencia en la utilización de fondos públicos.

Bajo este espíritu, el artículo 64 de la ley exige en todo caso que entre los criterios de adjudicación haya al menos uno de carácter social, cuya ponderación mínima será del 10% del total de puntos.

De la misma forma, el artículo 66 establece que los pliegos incluirán las condiciones especiales sobre el modo de ejecutar el contrato relacionadas con la igualdad de género entre mujeres y hombres, la innovación, de carácter social, medioambiental o relativas al empleo siempre que sean compatibles con el Derecho europeo y tengan vinculación con el objeto del contrato en cualquiera de las fases de su ciclo de vida.

O, finalmente, el artículo 106 obliga a que en toda contratación se incluya al menos una condición de ejecución de carácter social, innovador o medioambiental.

A este respecto, conviene conocer que el Gobierno de Navarra ha publicado en su página web un apartado de compra responsable al que ha incorporado cuatro completas fichas con numerosos ejemplos de cláusulas de carácter social y medioambiental que pueden ser incluidas en los pliegos, destacando entre estas últimas, por su interés para el sector de la madera, las relativas a la “Diversificación de las especies de madera según su uso” y al “Fomento del uso de madera de gestión forestal sostenible”.

La primera de estas cláusulas tiene como objeto tratar de promover el uso de especies de madera de gestión forestal sostenible y diversificar las especies que se pueden utilizar en obras de edificación y urbanización y en el mobiliario urbano. La segunda tiene como objeto la protección del medio ambiente mediante la utilización de productos con la menor huella ecológica posible y orientada hacia la prevención de residuos y economía circular, la validación del origen legal de la madera con el fin de combatir la tala ilegal y la promoción del uso de especies de madera procedentes de gestión forestal sostenible.

Las empresas maderistas podrán llegar a encontrar en los pliegos a partir de ahora, por lo tanto, cláusulas específicas relativas a los productos maderables, bien como criterio valorable de adjudicación, bien como condición contractual de ejecución a cumplir en todo caso.

Otras novedades sociales. La subrogación obligatoria.

Los artículos 66 y 67 de la norma contemplan la subrogación obligatoria de todos los trabajadores en todos los contratos de servicios y de concesión de servicios.

Favorecer a las PYMES.

Son varios los artículos de los que se deduce el interés en favorecer a las PYMES y facilitar su acceso a los contratos públicos, regulándose como regla general la división del contrato en lotes (salvo causa justificada en el expediente), o limitándose por ley el importe máximo de la solvencia financiera a una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados.

Por otra parte, se pretende agilizar los procedimientos de licitación para evitar excesivos trámites documentales. Así, entre otras medidas, la documentación del sobre A queda limitada en todo caso a una declaración responsable, de tal forma que la documentación acreditativa de la capacidad de obrar, solvencia, etc., sólo se pedirá a quien vaya a resultar adjudicatario.

Reducción de los plazos para la presentación de ofertas.

Como medida para agilizar los procedimientos de licitación, se reducen de manera significativa los plazos mínimos para presentar ofertas. Así, por ejemplo, en los procedimientos abiertos de contratos superiores al umbral comunitario se fija un plazo de treinta días, y de quince en los inferiores a dicho umbral. Por el contrario, el plazo mínimo de presentación de ofertas en el nuevo procedimiento simplificado es de tan solo cinco días.

Procedimientos de licitación.

También hay novedades en los procedimientos de licitación. Desaparece el procedimiento negociado sin publicidad comunitaria por razón de la cuantía, pero se crean procedimientos nuevos como la Asociación para la innovación, el procedimiento simplificado o el régimen especial para contratos de menor cuantía. El segundo de ellos permite a los poderes adjudicadores adjudicar (sin publicidad y sin pedir solvencia) contratos de obras menores a 200.000 euros y de servicios y suministro inferiores a 60.000, siempre IVA excluido, previa invitación de, al menos, 5 empresas. Por su parte, caben las adjudicaciones directas en los contratos de obras por importe que no exceda de 40.000 euros y 15.000 en el resto.

Plataforma de contratación electrónica y obligatoriedad de presentar las ofertas en formato electrónico. Transparencia.

Se crea la Plataforma de licitación electrónica de Navarra para la presentación obligatoria de ofertas, obligatoria desde el 18 de octubre de 2018.

De la misma forma, se pretende incrementar notablemente la transparencia a través de la publicación en el Portal de Contratación de prácticamente todo lo que le suceda a un contrato: adjudicaciones, desistimientos, modificaciones, prórrogas, resoluciones, etc., si bien se trata en gran medida de obligaciones cuya entrada en vigor se demora un año.

Otras novedades.

Se incrementan las prohibiciones de contratar con la Administración, o se regulan las consultas preliminares del mercado y las condiciones bajo las que un operador podrá contratar (o no) con la Administración si ha colaborado previamente en la elaboración de unos pliegos. Por otra parte, quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta. En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación determinar motivadamente aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales.

Los poderes adjudicadores podrán incluir como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, siempre que la participación del personal puede afectar de manera significativa a su mejor ejecución.

Finalmente, no podemos dejar de destacar la controvertida disposición añadida a última hora (que rompió el amplio consenso parlamentario de la ley) relativa a la elaboración de un plan para que los trabajadores de aquellos contratos que exijan un servicio de atención al público puedan formarse en euskera, con independencia del ámbito territorial en el que se preste el servicio.  En este sentido, no deja de sorprender que esta disposición extiende esta obligación únicamente a los “subcontratistas”, desconociéndose si la ley sólo ha querido referirse a ellos. La norma tendrá que echar a andar para salir de dudas e ir conociendo el criterio de los diferentes órganos de contratación.

En definitiva, una nueva norma en materia de contratación pública está en marcha. Los comienzos no son sencillos, y exigirá a administraciones y contratistas una especial atención. En cualquier caso, reiteramos, su valoración en términos generales es positiva, agradeciéndose su sistemática y claridad expositiva.

Entrada en vigor de la Ley Foral 2/2018, de contratos públicos de Navarra. Novedades

El  lunes 7 de mayo entró en vigor la nueva Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra, que deroga la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, también de Contratos Públicos. 
Se trata de una ley amplia que introduce numerosas novedades. Entre las cuestiones más relevantes podemos destacar, muy brevemente, las siguientes:

1. Introducción y obligatoriedad  de clausulas y criterios de carácter social, laboral , de igualdad de genero y medioambientales 

La Ley muestra su constante interés por la implantación de las denominadas “cláusulas horizontales” (mejoras laborales, igualdad de género, inserción socio-laboral, medioambientales, etc.) a lo largo de todas las fases de la contratación, desde la adjudicación hasta la ejecución del contrato pasando por la valoración de los criterios de adjudicación. 
Así, entre otras, se exige que los criterios de adjudicación de carácter social contengan una ponderación de al menos un 10% de los puntos; se obliga el establecimiento en el pliego de al menos una condición de este tipo; y se contempla la exclusión del licitador o la resolución del contrato por incumplimientos sociales, medioambientales, etc., tales como, por ejemplo, no respetar el convenio colectivo de aplicación. 
Así mismo, se exige la subrogación de todos los trabajadores en los contratos de servicios (antes denominados de asistencia) y de concesión de servicios (artículos 66, 105 y 106).

2. Medidas para favorecer la participación de las Pymes 

Son varios los artículos de los que se deduce el interés en favorecer a las PYMES y facilitar su acceso a los contratos públicos, regulándose como regla general la división del contrato en lotes, o limitándose por ley el importe máximo de la solvencia financiera a una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados (artículos 16 y 41).

De la misma forma, la documentación administrativa del Sobre A es sustituida en todo caso por una declaración responsable. Sólo la empresa propuesta adjudicataria deberá presentar toda LA documentación administrativa (escrituras, poderes, acreditación de la solvencia, etc.) (artículos 55 y 56).

3. Obligación de dividir los contratos en lotes 

Como ya se ha adelantado, se convierte en regla general la división de los contratos en lotes, de tal forma que las Administraciones deberán justificar en los pliegos por qué, en su caso, no lo hacen. Con ello, se pretende favorecer la incorporación de las PYMES. Los poderes adjudicadores podrán decidir el tamaño y objeto de los lotes, siempre bajo la condición de que cada lote tenga independencia funcional operativa. Los poderes adjudicadores también podrán limitar el número de lotes que puedan adjudicarse a un solo licitador o el número de lotes a que pueda presentarse un mismo licitador (artículo 41).

4. Reducción de los plazos para la presentación de ofertas 

Como medida para agilizar los procedimientos de licitación, se reducen de manera significativa los plazos mínimos para presentar ofertas. Así, por ejemplo, en los procedimientos abiertos de contratos superiores al umbral comunitario se fija un plazo de treinta días, y de quince en los inferiores a dicho umbral (artículos 91 y 94).

5. Plataforma de contratación electrónica y obligatoriedad de presentar las ofertas en formato electrónico 

Se crea la Plataforma de licitación electrónica de Navarra para la presentación obligatoria de ofertas, que pasará a ser obligatoria a partir del 18 de octubre de 2018, sin perjuicio de que pueda emplearse antes si la plataforma ya está operativa (artículo 95 y Disposición Transitoria Segunda).

6. Creación de nuevos procedimientos de contratación. Procedimiento simplificado y contratos de menor cuantía 

También hay novedades en los procedimientos de licitación. Se crean algunos nuevos como la Asociación para la innovación, el procedimiento simplificado o el régimen especial para contratos de menor cuantía. El segundo de ellos permitirá a los poderes adjudicadores adjudicar sin publicidad y sin exigencia de solvencia contratos de obras menores a 200.000 euros y de servicios y suministro inferiores a 60.000, previa invitación de, al menos, 5 empresas. Por su parte, se regula el procedimiento de adjudicación de los contratos de menor cuantía, que son aquellos cuyo importe no excede de 40.000 euros en un contrato de obras y de 15.000 en el resto. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar estos contratos de forma directa.

7. Consultas preliminares de mercado 

Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir consultas a terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes o empresas o profesionales activos en el mercado con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informarles acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. Dicho asesoramiento podrá ser utilizado por el órgano de contratación para planificar el procedimiento de licitación y, también, durante la tramitación del mismo. No obstante, el órgano de contratación no podrá revelar a los participantes en el procedimiento las soluciones propuestas por los otros participantes, de manera que las soluciones aportadas sólo serán conocidas íntegramente por la entidad contratante, que las ponderará y las incorporará, en su caso, en la definición del objeto del contrato (artículo 48).

8. Condiciones de compatibilidad de aquellas empresas que hayan participada en la elaboración de pliegos o documentos preparatorios del contrato 

Quienes hubieran participado en la elaboración de documentos preparatorios del contrato sólo serán excluidos del procedimiento cuando no haya otro medio para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de libre concurrencia. Antes de proceder a la exclusión de la persona que participó en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia. El órgano de contratación comunicará a las demás personas interesadas la participación de otro licitador o licitadora en la elaboración de los documentos preparatorios, así como la misma información a la que tuvo acceso aquella persona que participó en la fase preparatoria y establecerá plazos adecuados para la presentación de ofertas (artículo 19).

9. Cambio de denominación de los pliegos 

Desaparecen los términos “pliego de cláusulas administrativas” y “pliego de prescripciones técnicas”, refundiéndose en el concepto único “Pliegos Reguladores de la Contratación”, que incluirán todos los contenidos (artículo 58).

10. La «mejor relación calidad-precio» como criterio de adjudicación 

Este concepto sustituye al de “oferta económica más ventajosa”. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Entre los primeros, el precio y el cálculo del ciclo de vida. Entre los segundos, criterios medioambientales y sociales, la experiencia del personal, la calidad y valor técnico de las ofertas, características funcionales y estéticas, accesibilidad, comercialización, servicios postventa, etc., siempre que estén vinculados al objeto del contrato (artículo 64).

11. Los medios humanos como criterio de adjudicación 

Los poderes adjudicadores pueden fijar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, siempre que la participación del personal puede afectar de manera significativa a su mejor ejecución (artículo 64).

12. Asociación para la innovación

Se trata de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos. Tiene como finalidad el desarrollo de productos, servicios u obras innovadores y la compra ulterior de los suministros, servicios u obras resultantes, siempre que correspondan a los niveles de rendimiento y a los costes máximos acordados entre los órganos de contratación y los participantes. Está pensado básicamente para el desarrollo de productos o servicios innovadores no disponibles en el mercado. Tras la convocatoria de licitación, el órgano de contratación selecciona a los candidatos que pueden formular ofertas. Después, el órgano de contratación crea una asociación con uno o varios socios que realicen por separado actividades de investigación y desarrollo (artículo 77).

13. Obligaciones de transparencia. Portal de contratación como herramienta idónea y centralizada 

Se incrementa notablemente la transparencia a través de la publicación en el Portal de Contratación de prácticamente todo lo que le suceda a un contrato: adjudicaciones, desistimientos, modificaciones, prórrogas, resoluciones, etc., si bien se trata en gran medida de obligaciones cuya entrada en vigor se demora un año (artículo 88).

14. Confidencialidad de las ofertas . No es admisible declarar toda la oferta confidencial 

Quien licite no podrá extender la declaración de confidencialidad a toda su propuesta. En caso de que lo haga, corresponderá al órgano de contratación determinar motivadamente aquella documentación que no afecta a secretos técnicos o comerciales (artículo 54).

15. Plazos de duración de los contratos. Cinco años en servicios y suministros 

La duración máxima de los contratos de suministros y servicios será de cinco años incluidas todas sus prórrogas, y no de cuatro, como antes, salvo que por circunstancias excepcionales que deberán justificarse expresamente, relativas al objeto de la prestación, fuese necesario un plazo mayor.
Cuando los contratos de servicios sean complementarios de otros de obras o de suministros podrán tener un plazo superior de vigencia que no excederá del plazo de duración o de liquidación del contrato principal (artículo 45).

16. Multas en el caso de reclamaciones en las que se aprecie maternidad o mala fe 

En caso de que el Tribunal aprecie temeridad o mala fe en la interposición de la reclamación o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al reclamante, justificando las causas que motivan la imposición y las circunstancias determinantes de su cuantía. La imposición de multas sólo procederá en el caso de que se hubieran desestimado totalmente las pretensiones formuladas en la reclamación.
El importe de la multa será de entre 1.000 y 30.000 euros, determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al interés público y al resto de participantes. Las cuantías indicadas en este apartado podrán ser actualizadas mediante orden foral del titular del Departamento competente en materia de contratación pública (artículo 124).

17. Ofertas anormalmente bajas 

Desaparece el criterio del 30%. Ahora serán los pliegos los que determinen caso por caso, por referencia al precio de licitación o al resto de ofertas presentadas, las condiciones para considerar anormalmente baja una oferta atendiendo al objeto de la prestación y las condiciones del mercado (artículo 98).

18. Eliminación del libro II. Homogenización de normas 

La nueva ley foral abandona el paradigma anterior en el que la regulación de la parte general se estableció de acuerdo con el modelo de contratación de las Administraciones Públicas y resultaba sólo parcialmente aplicable al resto de poderes adjudicadores que además tenían unas reglas propias establecidas en libro aparte. En cambio, en esta ley foral se establece una regulación general de los contratos públicos aplicable a todos los poderes adjudicadores con independencia de su naturaleza, para contemplar después las particularidades propias de las Administraciones Públicas.

19. Incentivar la presencia del euskera en los servicios de atención al publico 

Finalmente, no podemos dejar de destacar la controvertida disposición añadida a última hora (que ha roto el amplio consenso parlamentario de la ley) relativa a la elaboración de un plan para que los trabajadores de aquellos contratos que exijan un servicio de atención al público puedan formarse en euskera, con independencia del ámbito territorial en el que se preste el servicio (Disposición Adicional Decimoquinta).

Publicación de la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra.

Se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 73, de 17 de abril de 2018, la nueva Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra. Esta norma, que deroga a la anterior Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, entrará en vigor el 7 de mayo de 2018. En próximas fechas les informaremos de las novedades más importantes de la misma.

Enlace a la Ley