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Actualidad laboral nº5

Desde el departamento laboral, le remitimos el boletín de actualidad de julio a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral. 

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

El Tribunal Supremo dictaminó sentencia el pasado 27 de mayo de 2021 concluyendo que es posible descontar directamente de la nómina los retrasos en el fichaje de entrada, entendiendo el Tribunal Supremo que ello no supone una multa de haber. En este sentido, concluye la sentencia que, si el trabajador incurre en varias faltas de puntualidad, se causa un perjuicio a la empresa (en el caso enjuiciado se trata de una empresa de contact center que tiene que prestar servicios en las franjas horarias pactadas con los clientes).

Asimismo, en la mencionada sentencia el Tribunal Supremo analiza que si los retrasos son continuados se justificaría el ejercicio del poder disciplinario sin que ello (sancionar y descontar el retraso en nómina) suponga una doble sanción. Todo ello debido a que la empresa no está obligada a abonar el salario correspondiente al tiempo en que la persona trabajadora no prestó servicios por causa imputable únicamente a ella misma.

En cualquier caso, deberá analizarse el caso concreto a efectos de determinar cómo debe procederse.

El Tribunal Supremo dictaminó, el pasado 15 de junio de 2021, que el cambio de centro de trabajo de una localidad a otra que no implica cambio de residencia se encuentra dentro del poder de dirección empresarial (ius variandi).

En la mencionada sentencia, el Tribunal Supremo razona que el cambio de residencia se configura como elemento determinante para que se produzca el traslado regulado en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.  Por ello, la sentencia concluye que, salvo que exista una disposición (convenio o contrato) en contrario, un cambio de centro de trabajo sin incidencia en la residencia constituye una modificación accidental de las condiciones de trabajo que se encuadra dentro de la potestad organizativa de la empresa, no pudiendo considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

En cualquier caso, se recomienda analizar el caso concreto con anterioridad a implementar el cambio de centro de trabajo.

El Tribunal Supremo ha dictaminado una sentencia por la que condena a pena de prisión de un año por la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos a un empresario que, buscando pruebas para acreditar la deslealtad en el marco de un despido disciplinario, accedió en numerosas ocasiones al correo electrónico particular del trabajador.

El Tribunal Supremo confirma el abono de una indemnización de 15.000 euros a un sindicato por parte de una empresa que demoró la publicación en la intranet de dos circulares sindicales.

Inicialmente, el sindicato CCOO solicitó una indemnización de 60.000 euros que fue modulada por la Audiencia Nacional a 15.000 euros. En la sentencia analizada, de fecha 27 de mayo de 2021, el Tribunal Supremo confirma el contenido de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional imponiendo a la empresa el pago de la indemnización de 15.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Supremo justifica la condena al pago de la indemnización por varios motivos siendo uno de ellos la manifiesta y reiterada voluntad de la empresa de negar el derecho a la información sindical.

El Tribunal Supremo ha dictado una nueva sentencia de fecha 23 de junio de 2021 en la que reitera lo sentenciado el pasado 16 de noviembre de 2020. En concreto, el Tribunal Supremo recuerda que la pérdida de la autorización para trabajar en España no puede considerarse como una condición resolutoria válidamente consignada en el contrato. Por tanto, no puede pactarse en el contrato que, en caso de perder la autorización para trabajar en España, se extinguirá el contrato sin derecho a indemnización. En este contexto, el Tribunal Supremo concluye que esta situación debe considerarse como una causa objetiva legalmente establecida y, por tanto, la extinción debe articularse a través de un despido objetivo por ineptitud sobrevenida al tratarse de una situación que imposibilita el trabajo con posterioridad al ingreso en la empresa.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 17 de junio de 2021 establece que es lícito que la empresa establezca la prohibición de que su plantilla sea gratificada por la clientela, por así derivar de su poder de organización y dirección. No obstante, cuando esa posibilidad de ganancia económica (propina) existe y se ha creado un derecho adquirido, no puede eliminarse unilateralmente por parte de la empresa, debiendo acudirse, en su caso, al procedimiento establecido al efecto para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

Por otro lado, el Tribunal Supremo concluye que no es posible discriminar el reparto del bote a los trabajadores temporales, puesto que no puede darse un diferente trato en función de la modalidad contractual ya que ello contraviene la normativa europea y nacional, siendo muy claro las previsiones reguladas al respecto en el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo dictó una sentencia el pasado 11 de mayo de 2021 en la que reitera que de la indemnización por despido improcedente debe descontar la que se haya abonado por fin de contrato temporal.  Es decir, no cabe un sumatorio de las indemnizaciones por fin de contrato temporal y despido declarado improcedente en caso de que el contrato sea declarado en fraude de ley. Ello por cuanto se trata de una cantidad abonada por la extinción de un único contrato (formalmente temporal) y de manera coetánea a la decisión de poner término a la cadena de ellos.

En este contexto, se recomienda analizar el caso concreto para realizar un cálculo correcto y evitar abonar un importe superior al correspondiente.

 

ACTUALIDAD

  • El pasado sábado 10 de julio de 2021 se publicó en el BOE la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. Como principal novedad respecto al trabajo a distancia, la norma clarifica qué se considera como domicilio de referencia a efectos de teletrabajo.

La novedad más importante de esta Ley es la modificación del cuadro sancionador de la LISOS que entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2021.

  • Reforma laboral: Continúa debatiéndose la propuesta del Ministerio de Trabajo de reforma del mercado laboral. Por el momento, no existe consenso al haber rechazado las organizaciones empresariales el contenido del texto propuesto.

  • El mes de junio finalizó con 447.800 personas en situación de ERTE. El número de trabajadores en ERTE asociado al coronavirus se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde que se inició la pandemia (datos facilitados por La Moncloa el pasado 2 de julio de 2021).

 

 

 

Repositorio: Actualidad fiscal

Les informamos que tienen a su disposición todas las circulares fiscales remitidas desde el departamento fiscal con las últimas novedades en materia tributaria ordenadas por orden cronológico por si pudieran ser de su interés:
 
Asimismo, les recordamos que desde el departamento fiscal, quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario que deseen plantearnos.
 
 

JUNIO 2021

 

MAYO 2021

ABRIL 2021

 
 

MARZO 2021

 
 
 

FEBRERO 2021

 

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ENERO 2021

 

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DICIEMBRE 2020

 

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NOVIEMBRE 2020

 

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OCTUBRE 2020

 

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Desde el departamento fiscal, quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario que deseen plantearnos.

 

 

Modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

En fecha 28 de abril se ha publicado el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, a través del cual se modifica, entre otras normas, la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con la finalidad de transponer la quinta directiva europea en esta materia (Directiva UE 2018/843).

El Real Decreto ha introducido importantes modificaciones en la Ley 10/2010 de 28 de abril, entre las que podemos destacar las siguientes:

  • El artículo primero de la Ley incluye ahora la definición de moneda virtual, cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y proveedores de servicios de custodia de monederos electrónico.
  • Se modifican varios sujetos obligados previstos por el artículo 2.1 de la norma y se crea como nueva categoría de sujeto obligado a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
  • Se introduce a través del nuevo artículo 4 bis la obligación de recabación, conservación y actualización de documentación sobre titulares reales para las personas jurídicas obligadas a declaración de titularidad real. Se deberá conservar la documentación durante un periodo de 10 años desde que se pierda la condición de titular real.
  • Se incluyen dentro de la definición de Personas de Responsabilidad Pública (art. 14) a los cargos de dirección de partidos políticos y a personas que desempeñen funciones públicas importantes en organizaciones internacionales acreditadas.
  • Los sujetos obligados de la Ley deberán realizar un análisis de impacto en materia de protección de datos sobre el tratamiento de estos datos realizado en cumplimiento de las obligaciones de diligencia con la finalidad de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales (art. 32 bis).
  • Se modifica parte de la regulación sobre declaración y control de medios de pago (arts. 34 y 35), incluyendo la obligación declaración con una antelación de 30 días de medios de pago no acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador.
  • Se introduce la disposición adicional segunda a través de la cual se crea el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y custodia de monederos electrónicos.
  • Se crea la disposición adicional tercera de la Ley, la cual establece la creación por el Ministerio de Justicia de un Registro de Titularidad Real, el cual será de acceso público.

Puede acceder al contenido completo del Real Decreto 7/2021 a través del siguiente enlace

 

 

 

Actualidad laboral nº 2

Desde el Departamento laboral, les remitimos esta newsletter a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que, a pesar de que la empresa incluye todos los meses en nómina una cantidad como paga extraordinaria, ello no es suficiente para determinar la naturaleza como tal de este concepto retributivo cuando el convenio colectivo establece la obligación de pago en las fechas del 1 al 30 de junio (la de verano) y del 1 al 20 de diciembre (la de Navidad) determinando, además, que no pueden abonarse de forma prorrateada. Como consecuencia, y a pesar de que el convenio colectivo no prevé las consecuencias del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, el Tribunal Supremo concluye que el importe abonado mes a mes por la empresa, independientemente de su denominación, no tiene naturaleza de paga extraordinaria.

El Tribunal Supremo concluye que no es posible. En el caso enjuiciado, la empresa, voluntariamente, durante años entregó a sus trabajadores obsequios de escasa cuantía (tazas con mensajes, cargadores, imanes…) con motivo de las fiestas navideñas. El Tribunal Supremo indica que se trata de una condición más beneficiosa que se ha repetido durante los últimos quince años y que debe entenderse incorporado al nexo contractual, no pudiendo la empresa, unilateralmente, sustituirlo por una donación de importe similar a una ONG.

El Tribunal Supremo recuerda que la labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal y convencional está al servicio de las competencias y facultades del órgano de representación de los trabajadores. Por tanto, dictamina que, entre otros, para ejercer esta labor de vigilancia, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer el contenido del pacto de horas complementarias, con independencia del momento en el que se suscriba (en el momento de la firma del contrato o en cualquier momento durante la vigencia de la relación laboral). De lo contrario, para eludir esta facultad de control a la que los representantes tienen derecho, bastaría con disociar el momento temporal de suscripción del contrato y del pacto de horas complementarias.

El Tribunal Supremo analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para que una persona trabajadora tenga derecho a solicitar una excedencia por cuidado de familiar que ““por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida”. De esta forma, reflexiona que los/as hijos/as menores de edad y mayores de tres años (a los menores de esta edad les resulta de aplicación la excedencia por cuidado de hijo), sin excepción, no pueden valerse por sí mismos ya que necesitan de unos determinados cuidados de sus progenitores y, obviamente, no desarrollarán actividad retribuida (ya que la legislación prohíbe el trabajo a los menores de dieciséis años). Tras este análisis, el Tribunal Supremo concluye que no es razonable interpretar que la excedencia por cuidado de familiar puede solicitarse para el cuidado de cualquier menor ya que no es el objetivo de la norma, que limita la excedencia por cuidado de hijos/as al momento en que cumplen tres años desde su nacimiento.

El Tribunal Supremo analiza si la actuación empresarial es lícita o si, por el contrario, implica una intimidación, amenazas o coacción que viciaron el consentimiento de la persona trabajadora, concluyendo que es posible al entender que la empresa se está limitando a advertir sobre las consecuencias que podrían llegar a derivarse como consecuencia de los incumplimientos realizados por las personas trabajadoras indicando que, si bien se creó una situación de tensión que la empresa pudo evitar, no puede entendedores que se trata de una acción cercenadora de la libre voluntad de la otra parte, la cual puede comprender los hechos y negar o aceptar sus consecuencias.

El Tribunal Supremo dictamina que esta opción debe admitirse ya que, con esta medida, se facilita el voto por correo, sin merma de garantías. Para ello, será necesario que el elector se identifique ante la mesa electoral mediante su documento nacional de identidad, evitando la suplantación del votante. Por tanto, y siendo que en el caso enjuiciado el resto del proceso de votación por correo no varía, el Tribunal Supremo entiende que esta previsión contenida en el convenio colectivo es válida. Debe tenerse en cuenta que, en el caso enjuiciado, el convenio colectivo preveía expresamente esta posibilidad de voto “por correo” ante la mesa, no aclarando el Tribunal Supremo si esta conclusión aplica en todos los procesos electorales, con independencia de que exista o no previsión en el convenio colectivo.

El Tribunal Supremo concluye que, el mencionado permiso, está vinculado a atender un deber que sea inexcusable y de carácter público y personal. Por tanto, y siendo que los deberes surgidos de las obligaciones familiares y de cuidados de menores son de carácter privado y familiar, el acompañamiento a los servicios sanitarios a hijos menores y familiares dependientes no puede considerarse como un permiso retribuido salvo que el convenio colectivo lo prevea expresamente.

 

RECORDATORIOS

 

Desde el pasado 7 de marzo de 2021, las empresas de más de 100 personas trabajadoras están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad.

El miércoles 14 de abril de 2021 entra en vigor la obligación de todas las empresas de disponer de registro salarial y valoración de puesto de acuerdo con lo establecido en el RD 902/2020 de 13 de octubre.

 

 

Especial IRPF Navarra

Con motivo del inicio de la Campaña de la Renta 2020, desde el Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores les invitamos a leer la presente Newsletter especial IRPF destacando cuestiones relevantes del impuesto, así como novedades y fechas a tener en cuenta.

El pasado viernes 9 de abril se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) Nº.79, la ORDEN FORAL 41/2021, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos, cuyo contenido esencial y otros aspectos prácticos pasamos a exponerles a continuación.

 

  • Modelo de autoliquidación F-93, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 2020.

  • Modelo de autoliquidación F-83, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2020.

Además de la presentación telemática y la presencial, continúa la modalidad telefónica, reforzando esta última con más medios con el fin de evitar colapsos. Respecto a la modalidad presencial se podrá hacer en Sala de Exposiciones de Baluarte de Pamplona (Plaza del Baluarte, 31002) desde el día 19 de abril y en las oficinas de Hacienda en Tudela, Estella, y Tafalla, habiendo solicitado cita previa.

Este año tiene gran relevancia el portal de renta dentro de la web donde los navarros podrán consultar los datos fiscales, videos de ayuda, formulario o buzón web[1] para realizar consultas, etc. Para acceder, los sistemas de identificación son los siguientes:

  • Certificado digital o DNI electrónico.
  • Cl@ve.
  • DNI/PIN: a este respecto, no se puede obtener con el CIPNA, sólo cabe la solicitud para su envío a domicilio, por lo que no se obtendrá de forma automática, sino que la recepción del mismo será al cabo de unos días.

Respecto a los sistemas de identificación, es importante recordar que a partir del 1 de julio de 2021 se eliminará la utilización del PIN para la presentación de las declaraciones de empresarios y profesionales en el ámbito de su actividad.

Gradualmente y sin fecha, se va a instalar el sistema de representación, vía web o en papel, y finalmente se eliminará también (cuando esté implantado el sistema de representación) el PIN para otros servicios y para el canal telefónico.

 

[1] Este formulario o buzón web sustituye al antiguo email hacienda.navarra@navarra.es.

Los trabajadores que estuvieron en ERTE en 2020 no tienen obligación de presentar la Declaración de la Renta si no se alcanza el umbral mínimo, a diferencia de lo que ocurre en Territorio Común. En Navarra, la normativa establece un único límite de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta, mientras que en Territorio Común se tiene en cuenta el número de pagadores. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto, aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE –).

En este sentido, el día de ayer, 12 de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña por vía telemática, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el DECRETO-LEY FORAL 3/2021, de 31 de marzo, por el que se determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la regularización de las prestaciones percibidas por expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y entra en vigor el mismo día de su publicación.

En este decreto-Ley se establecen pautas para aquellos contribuyentes que hubieran percibido prestaciones del SEPE en 2020 superiores a las que les correspondían, y que, en algunos casos, su devolución se ha realizado en el año 2020, y en otros, ésta tendrá lugar durante el año 2021.

Así, y de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 78.5 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el supuesto de que el sujeto pasivo haya de efectuar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) devoluciones de rendimientos del trabajo derivados de expedientes de regulación temporal de empleo percibidos en 2020, esas devoluciones se imputarán al periodo impositivo en el que se efectúe la devolución, salvo que se opte por imputarlas al periodo impositivo 2020. En ambos casos, las citadas devoluciones disminuirán los rendimientos del trabajo.

La opción a que se refiere el párrafo anterior deberá ponerse de manifiesto a la Administración en el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y la finalización del plazo de presentación de la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectúe la devolución.

Cabe destacar que aquellos contribuyentes afectados por ERTE en 2020 tienen la obligación de informar a la Hacienda Foral aportando la documentación que lo justifique. Asimismo, aquellos contribuyentes afectos a las ayudas COVID-19 deben de informar de su situación de cobro en la declaración, a pesar de ser exentas de tributación.

Debido a la disposición adicional vigésima novena de la LFIRPF que, contiene la deducción por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018, aquellos sujetos pasivos afectos a las mismas prestaciones podrán deducir en la declaración del IRPF de este ejercicio 2020 la cuantía que resulte de aplicar al importe de la prestación el porcentaje que les corresponda conforme a los establecido[1]. Para determinar el porcentaje de deducción hay que tener en cuenta todas las rentas del sujeto pasivo incluidas las exentas, correspondientes al periodo impositivo 2020. 

[1] Los porcentajes a aplicar serán: a) Sujetos pasivos con rentas hasta 30.000 euros: el 25 por 100. b) Sujetos pasivos con rentas superiores a 30.000 euros: el 25 por 100 menos el resultado de multiplicar por 10 la proporción que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 30.000 euros respecto de esta última cantidad.

El artículo 82.1 del Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LFIRPF), aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. Los sujetos pasivos no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

  1. Rendimientos del trabajo inferiores a 12.600 euros íntegros anuales.
  2. Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales.

No obstante, la presentación de la autoliquidación es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de presentarla, pretendan solicitar la devolución de las retenciones e ingresos a cuenta soportados o de los pagos fraccionados realizados que superen la cuota líquida.

Asimismo, los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por tributar conjuntamente en el impuesto y presentar la autoliquidación de forma conjunta, con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de la LFIRPF. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta autoliquidación individual los restantes deberán tributar también individualmente.

Los sujetos pasivos que han de tributar a la Comunidad Foral bien están obligados a presentar autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2020 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones procedentes, resulte a ingresar o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

Desde ARPA Abogados Consultores quedamos a su disposición para solventar cualquier duda que se les pueda suscitar al respecto, así como a ayudarles en la confección y presentación de las declaraciones.

Si desea acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 41/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea descargar los datos fiscales para la declaración de la renta 2020, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea acceder al portal de la Renta de Hacienda Foral, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

 

Actualidad fiscal: Abril 2021

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

 

 

Campaña de la RENTA 2020 en Navarra

El mes de abril da inicio a la Campaña de la Renta cuyo ámbito temporal se extenderá en Navarra desde el 12 de abril hasta el 23 de junio de 2021, a diferencia de las comunidades del régimen común, en las que la campaña empezará desde mañana, 7 de abril.

A partir del 9 de abril Hacienda Foral remitirá unas 150.000 cartas a domicilios de contribuyentes navarros que contendrán las propuestas de declaración e instrucciones para la Renta de 2020, siendo alrededor de 50.000 las dirigidas a personas mayores de 67 años y otras 100.000 para informar a los contribuyentes de que se les ha elaborado la propuesta de declaración y detallarles las instrucciones necesarias para su consulta a través de la web.

Recibirán el Código Seguro de Verificación o individualizado con el que podrán tramitar el alta en el sistema Cl@ve sin necesidad de acudir a oficinas. Además del Sistema Cl@ve está la vía DNI o Certificado Electrónico y la vía del DNI + PIN de Hacienda para consultar las propuestas de declaración y acceder a los trámites por Internet de la Hacienda Foral de Navarra.

El inicio de la campaña telemática de la declaración de la Renta de 2020 en Navarra es el próximo día 12 de abril y estará abierta hasta el 23 de junio. Una semana después, el 19 de abril, comenzará la campaña presencial de la Renta. Por el momento se desconoce en qué espacio se podrá presentar de forma física pero que exista dicha opción ya supone un cambio con respecto a lo ocurrido en la campaña pasada, que se desarrolló a través de Internet o por teléfono debido a la pandemia.  Ésta ha afectado a otros muchos aspectos socioeconómicos y hace que la declaración de la renta de este año (que recoge los ingresos de 2020) tenga una complejidad añadida.

Las cuestiones significativas a tener en cuenta esta campaña de Renta son las siguientes:

  • Los trabajadores que estuvieron en ERTE en 2020 no tienen obligación de presentar la Declaración de la Renta si no se alcanza el umbral mínimo, a diferencia de lo que ocurre en Territorio Común. En Navarra, la normativa establece un único límite (de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo) a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta, mientras que en Territorio Común se tiene en cuenta el número de pagadores. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto, aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE –).

El impacto de los pagos recibidos por el SEPE en la declaración es importante, ya que estos ingresos se suman a los rendimientos del trabajo ordinarios percibidos antes del ERTE, y el porcentaje de retención que se les aplica suele ser el mínimo o no aplicarse, influyendo en la cuota, ya que, al haberse ingresado menos retenciones, la cuota puede resultar positiva y, por tanto, la declaración resulte a pagar.

Asimismo, para declarar devoluciones al SEPE por cobros indebidos de ERTE, el Gobierno de Navarra acaba de aprobar un decreto de ley foral para evitar que los trabajadores que el año pasado cobraron más prestaciones o pagos del SEPE de los que les correspondían y no pudieron devolver el dinero en 2020 deban tributar ahora por el total de los ingresos que recibieron.

  • Contribuyentes afectos a las ayudas COVID deben de informar de su cobro en la declaración, a pesar de ser exentas de tributación.
  • Deducción sobre la cuota diferencial del impuesto correspondiente a 2020 a quienes cobraron la prestación por maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018. La deducción variará en función de la renta y beneficiará a unas 26.000 familias con hijos entre 3 y 6 años.

 

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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: Nota informativa de Hacienda Foral de Navarra para el cómputo de la plantilla media a efectos de la deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, en el caso de trabajadores en ERTE (Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor).

Se publica esta nota para aclarar que los trabajadores en situación de ERTE siguen dados de alta en la empresa y siguen cotizando a la seguridad social, pero su contrato se encuentra suspendido, o en su caso con una reducción de jornada.  Si estas suspensiones o reducciones derivan de la situación ocasionada por el COVID-19, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, en base a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020.  Por lo tanto, a efectos de la aplicación de la deducción por creación de empleo los trabajadores que se encuentren en estas circunstancias, dado que siguen dados de alta en la Seguridad Social como trabadores de la empresa, deberán computarse para la determinación de la plantilla total y media de la empresa.

Si desea acceder a la nota completa, pulse en el siguiente enlace.

 

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Campaña de la RENTA 2020 en Territorio Común – AEAT

La Campaña de la Renta en Territorio Común será del 7 de abril hasta el 30 de junio de 2021. La AEAT con el objetivo de ayudar a los contribuyentes a preparar con tiempo la presentación de la declaración, al igual que otros años pone a disposición de los contribuyentes los servicios de asistencia en la web. Entre ellos está la posibilidad de consultar los datos fiscales de manera anticipada, la posibilidad de obtener anticipadamente el numero de referencia para la presentación de la declaración y la posibilidad de consultar los primeros contenidos informativos de la campaña.

Con el mismo objetivo de ayudar a los contribuyentes, la AEAT publicó el pasado día 23 de marzo dos documentos informativos para unos colectivos concretos: por un lado, contribuyentes afectados por ERTE y, por otro lado, para perceptores del ingreso mínimo vital. A continuación, se exponen las notas a destacar sobre ambos.

 

  • Información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020

El documento ofrece una serie de recomendaciones e información explicativa para el colectivo específico (cerca de 3.500.000 contribuyentes) que el año pasado fueron perceptores de prestaciones del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) por haber estado inmersos en procedimientos de regulación temporal de empleo (ERTE). Las prestaciones por ERTE son rendimientos de trabajo sujetos a IRPF y no exentos. La información explicativa del documento se corresponde con dos situaciones problemáticas:

    • Efectos de un segundo pagador en la declaración de Renta (empleador + SEPE)

    • Percepción de abonos no procedentes por haber recibido abonos del SEPE

La AEAT va a enviar cartas informativas a aquellos perceptores de ERTE que no presentaran declaración en la Campaña de la Renta de anterior y reforzara la asistencia personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas a todos los perceptores de estas prestaciones del SEPE que lo necesiten.

 

  • Información para perceptores del ingreso mínimo vital (IMV)

El colectivo especifico al que va dirigido el documento son los más de 460.000 beneficiarios del IMV, de los cuales 226.000 son menores de edad. Las cuestiones relevantes del colectivo especifico en relación con el contexto normativo son:

    • Los beneficiarios del IMV deben presentar la declaración del IRPF con independencia de sus ingresos.

    • El IMV en sí mismo es una renta exenta y la gran mayoría de los beneficiarios no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración.

    • Sí que deberán declararse, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 11.279,39 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM –) en el caso de que, junto al IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CCAA y ayuntamientos. Sólo se debe declarar, y tributar, por ese exceso.

    • En la gran mayoría de supuestos, la declaración será muy sencilla, sin ingresos que incorporar y con cuota cero (ni a ingresar, ni a devolver).

De cualquier forma, la AEAT va a realizar un envío de cartas informativas a aquellos titulares del IMV para facilitarles las instrucciones para obtener el número de referencia para presentar la declaración y, en su caso, solicitar asistencia personalizada para la confección de la declaración.

Si desea acceder al contenido completo de los documentos, puede hacer clic en el siguiente enlace. (Información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020 e Información para perceptores del ingreso mínimo vital (IMV))

Si desea tener información completa acerca de la Campaña de la Renta en Territorio Común, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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El Tribunal Supremo considera los bienes inmuebles no arrendados con expectativas de alquiler como rentas imputadas en el IRPF y sin gastos deducibles

El Tribunal Supremo publica una nueva sentencia de fecha 25 de febrero de 2021 en la que establece su criterio en relación con los rendimientos de capital inmobiliario, haciendo la siguiente interpretación: conforme al art.85 Ley IRPF las rentas procedentes de bienes inmuebles, que no se encuentran arrendados ni subarrendados, pero que están destinados a serlo, tributan como rentas imputadas y según el art.23.1 Ley IRPF, los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse como deducibles única y exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en la proporción que corresponda.

El argumento empleado es que, si no hay renta en el ejercicio o parte de él, no cabe deducir gastos imputables a ese periodo. Para el supuesto y el tiempo en que el inmueble no está arrendado, lo que la Ley IRPF contempla es la imputación de rentas inmobiliarias con un mínimo equivalente al 2% o 1,1% del valor catastral sin que el art. 85 Ley IRPF contemple la deducción de gasto alguno. El art. 23.2 Ley IRPF, reduce los rendimientos netos que tributarán por el Impuesto, cuando proceden de arrendamientos de inmuebles para vivienda, cuando los rendimientos netos positivos hayan sido «declarados por el contribuyente», por lo que la reducción no procede si el contribuyente no declara rendimiento alguno pero tampoco si no declara un rendimiento positivo sino negativo, de manera que solo después, como consecuencia del procedimiento de comprobación realizado por la Administración tributaria, el rendimiento resulta ser positivo.

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Nuevo aviso sobre los plazos de presentación e ingreso del Impuesto sobre Transacciones Financieras

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras fue aprobado por la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE 16 de octubre) y entró en vigor el 16 de enero de 2021. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza indirecta que grava las adquisiciones de acciones y su periodo de liquidación es mensual, siendo el plazo de presentación ordinario del 10 al 20 del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual. No obstante, para este primer ejercicio de aplicación, 2021, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los cuatro primeros meses de 2021, se efectuará en el plazo previsto para la presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al mes de mayo de 2021, es decir, del 10 al 20 de junio de 2021.

Por lo tanto, las primeras autoliquidaciones del impuesto no se presentarán hasta el 10 de junio de 2021.

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Tengo intención de jubilarme, ¿qué tendría que tener en cuenta?

Cuando la fecha de jubilación se acerca, la mayoría de nosotros nos empezamos a hacer preguntas sobre diferentes cuestiones que pueden afectar a nuestra vida como jubilados, así como a la empresa de la que formamos parte.

Por ello, el próximo 15 abril de 09:30 a 11:00 h, nuestros compañeros del equipo de Empresa Familiar de ARPA, impartirán en la sede de ADEFAN,  un seminario titulado “Tengo intención de jubilarme, ¿qué tendría que tener en cuenta?” donde irán explicando todos aquellos aspectos que tenemos que considerar a la hora de jubilarnos tales como la sucesión, el tipo e jubilación o la planificación fiscal y cómo planificarla correctamente.

El programa de la jornada es el siguiente:

  • Mapa de riesgos de la empresa familiar.
    • Sucesión en la propiedad.
    • Sucesión en la gestión empresarial.
    • Plan de contingencia.
  • La jubilación del empresario.
    • Modalidades: jubilación ordinaria, anticipada, activa…
    • Entrada en el capital de familia y trabajadores.
  • Seguridad económica del empresario jubilado.
    • Premio de jubilación.
    • Presidencia de honor.
    • Compatibilidad de la pensión del empresario con otras prestaciones.
    • Planificación fiscal de otras percepciones.

Presenta: Marisa Sáinz, directora de ADEFAN

Ponentes:

  • Sonia Olóriz, coordinadora del equipo de Empresa Familiar y asesora fiscal del dpto. fiscal de ARPA Abogados Consultores.
  • Marta Hernández, abogada del departamento laboral y miembro del equipo de Empresa Familiar de ARPA Abogados Consultores.
  • Jorge Arellano, responsable de Corporate Compliance y miembro del equipo de empresa familiar de ARPA Abogados Consultores.

 

La asistencia podrá ser presencial o telemática. Si está interesado en inscribirse, debe rellenar el siguiente formulario.

Consideraciones fiscales sobre la retribución de administradores y directivos

Teresa Zumaquero- Asesor fiscal de ARPA Abogados Consultores.

 El 1 de enero de 2017 entró en vigor en Navarra la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), recogiendo esta Ley, en su artículo 23.1 e), de forma expresa, que no tendrán la consideración de liberalidades las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.

La introducción de esta novedad suponía -al menos así lo pensábamos entonces- un punto y final en la polémica que había existido hasta el momento al venir considerando la Administración como gasto fiscalmente no deducible la retribución abonada a los administradores en aquellos casos en que los estatutos recogían que el cargo de administrador era gratuito y el administrador, que también llevaba a cabo funciones ejecutivas o de dirección, percibía una retribución por dichas funciones de dirección. En estos casos se venía entendiendo, en aplicación de la teoría del vínculo, que las funciones de dirección quedaban absorbidas por las propias del cargo de administrador, por lo que, si los estatutos establecían que dicho cargo era gratuito, la retribución percibida no tenía la consideración de fiscalmente deducible siendo considerada una liberalidad.

Sin embargo, la tranquilidad ha durado poco. El Tribunal Económico – Administrativo Central ha vuelto a cuestionar, en su Resolución de fecha 17 de julio de 2020, la deducibilidad de estas retribuciones insistiendo en que la retribución abonada a un administrador por las funciones de dirección en aquellos casos en que los estatutos contemplan la gratuidad del cargo, es un gasto contrario al ordenamiento jurídico, esto es, un gasto contrario a la normativa mercantil y, por tanto, no puede tener la consideración de fiscalmente deducible.

En este sentido, el mencionado Tribunal establece que, para que las retribuciones abonadas a los administradores tengan la consideración de gasto fiscalmente deducible, es preciso que se cumpla de forma escrupulosa lo dispuesto en la normativa mercantil (previsión estatutaria y aprobación en junta).

Aunque la Resolución del Tribunal gira en torno a la normativa estatal, en la medida en que la Ley Navarra en la materia está redactada en los mismos términos que la de territorio común, las conclusiones vertidas en la misma podrían ser extrapolables al territorio foral. Por ello, aunque estimamos que las mencionadas conclusiones son más que cuestionables, consideramos que, con la finalidad de evitar que Hacienda pueda discutir la deducibilidad de estos gastos, resulta necesario prestar especial atención a la observancia de los requisitos mercantiles a la hora de configurar estas retribuciones.

Además, no es posible pasar por alto la repercusión que la planificación de la retribución de administradores y directivos puede tener en otros Impuestos, además de lo ya mencionado a efectos del IS. En este sentido, resultan especialmente relevantes las implicaciones que estas cuestiones tienen en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en aquellos supuestos en los que se pretende aplicar la exención de participaciones en la empresa familiar. En estos casos, entre los requisitos necesarios para disfrutar de la exención figura el que más de la mitad de la totalidad de los rendimientos del trabajo y actividades económicas y profesionales del sujeto pasivo provengan de la empresa familiar por el ejercicio de funciones de dirección. Por ello, una correcta configuración de la retribución de administradores y directivos, tanto desde un punto de vista formal como material, resulta imprescindible para probar el ejercicio de dichas funciones y, por tanto, para el disfrute de la exención.

Todo lo anterior entronca directamente con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la adecuada aplicación de los porcentajes de retención previstos por un parte, para trabajadores y, por otra, para administradores, así como la información de forma correcta de las retribuciones en el Modelo informativo 190.

En conclusión, la retribución de administradores y directivos en el ámbito fiscal exige un análisis tanto en el IS como en el IP y el IRPF, de forma que dichas retribuciones estén configuradas de forma coherente y cohesionada en los distintos Impuestos, evitando así que en una eventual comprobación Hacienda pueda llegar a discutir no sólo la deducibilidad del gasto en el IS sino también la exención de participaciones en la empresa familiar en el IP o la indebida aplicación de los porcentajes de retención en el IRPF.

                                    

Actualidad fiscal: marzo 2021 (I)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

  1. Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria

  2. Nota de la Agencia Tributaria sobre diversas cuestiones relativas al rango de plena competencia en materia de precios de transferencia

  3. Nota sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la deducción para evitar la Doble Imposición Internacional Jurídica regulada en el artículo 31 del TRLIS y de la LIS.

  4. El TJUE avala el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE)

  5. Tribunal Supremo: El alto tribunal interpreta la cláusula 7p de la Ley del IRPF incorporando la ida y vuelta de los trabajadores en el extranjero

  6. Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio

  7. Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento del IVA.

  8. Calendario del contribuyente

 

 

Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha publicado en su web que el próximo 16 de marzo de 2021 va a proceder a cambiar los certificados electrónicos que se utilizan para ofrecer servicios a los contribuyentes. Este cambio permitirá seguir accediendo a los servicios de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria sin que exista el riesgo de que se pueda impedir el acceso desde el navegador que utilizan habitualmente.

os nuevos certificados electrónicos serán firmados por el prestador de servicios de certificación GlobalSign, reconocidos por los principales navegadores y la máquina virtual de Java. Así, los dominios afectados por este cambio son:

    • agenciatributaria.gob.es

    • agenciatributaria.es

    • aeat.es

Si quiere acceder a la información completa, pulse en el siguiente enlace: Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria – Agencia Tributaria

 

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Nota de la Agencia Tributaria sobre diversas cuestiones relativas al rango de plena competencia en materia de precios de transferencia

La Agencia Tributaria publicó el pasado 25 de febrero una nota sobre cuestiones acerca del rango de plena competencia en materia de precios de transferencia. Ante las cuestiones problemáticas que se plantean a la hora de utilizar rangos de valores para la determinación de un valor de mercado, la Agencia Tributaria trata de analizar la cuestión y velar por el respeto al principio de plena competencia, tanto por parte del contribuyente como por parte de la Administración.

El procedimiento por el cual se acredita si una operación responde a las condiciones de plena competencia se basa en la utilización de rangos de valores conforme a las Directrices de la OCDE (Sección A.7 del Capítulo III párrafos 3.55 a 3.666).  Tal y como establecen las Directrices en su párrafo 3.55, a la hora de aplicar el principio de plena competencia, en ocasiones, es posible determinar una cifra única como referencia más fiable para establecer si la operación responde a las condiciones de plena competencia; sin embargo, en la mayoría de ocasiones la valoración conduce a un rango de cifras.

Para determinar el rango, aquellas operaciones con menor grado de comparabilidad deben eliminarse; asimismo, en la medida en que se pueda mejorar la comparabilidad y ello sea posible, deberán practicarse ajustes de comparabilidad en aquellos valores que lo precisen. No obstante, es habitual que la falta de información impida la realización de dichos ajustes. Un rango de valores con una amplia dispersión suele ser indicativo de defectos de comparabilidad en los valores que determinan el rango y debe llevar a un análisis más detallado.

Tras las depuraciones realizadas se puede obtener un rango de valores en el que todos los resultados son muy fiables y relativamente iguales. En este caso, cualquier punto del rango cumple el principio de plena competencia y, por tanto, no procederá ningún ajuste si el valor declarado por el contribuyente está dentro del rango. Si está fuera del rango, el ajuste llevará el valor de la operación vinculada al valor que, estando dentro del rango, se encuentre más próximo a aquel.

En la práctica, lo usual será que el rango no comprenda resultados muy fiables y relativamente iguales. En este caso, una vez eliminados los resultados menos comparables, ante la persistencia de defectos de comparabilidad que no puedan identificarse o cuantificarse (y que, por tanto, no pueden ajustarse), se utilizan habitualmente herramientas estadísticas que, si bien no eliminan dichos defectos de comparabilidad, permiten mejorar la fiabilidad del análisis. Ello se consigue mediante el estrechamiento del rango, utilizando sólo aquellos valores comprendidos entre el 1er y 3er cuartil. En este caso, si el valor declarado por el contribuyente se encuentra dentro del rango de plena competencia, no deben practicarse ajustes. Si, por el contrario, el valor declarado por el contribuyente se encuentra fuera del rango, el ajuste, con carácter general, se realizará a la mediana. Salvo que, tal como se señala expresamente en la doctrina de la UE, tras un análisis exhaustivo de los hechos y circunstancias del caso, exista una justificación para elegir otro punto concreto del rango, debiendo recaer la carga de la prueba en aquel que pretende hacer valer ese otro punto.

Si quiere acceder a la información completa, pulse en el siguiente enlace

 

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Nota sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la deducción para evitar la Doble Imposición Internacional Jurídica regulada en el artículo 31 del TRLIS y de la LIS.

El objeto de esta nota es poner de manifiesto criterios adoptados en el marco de la comprobación de la deducción para evitar la doble imposición internacional (DDII) jurídica aplicada por los obligados tributarios, que han sido confirmados en diversas instancias administrativas y judiciales (artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y artículo 31 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015).

Esta nota solo hace referencia a los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar la DDII en el caso de rentas obtenidas sin establecimiento permanente, y además cita también otra jurisprudencia aplicable.

Por ello, los requisitos analizados son:

    • Necesidad de acreditación del pago efectivo de la retención en el otro Estado.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, corresponde al obligado tributario la justificación del pago efectivo en el Estado de la fuente, utilizando, a tal fin, los medios de prueba que entienda oportunos.

    • La retención exigida en el otro Estado debe ser la que se derive del CDI suscrito con el mismo.

Solo puede ser objeto de deducción la retención en el Estado de la fuente que proceda legalmente según el Convenio de Doble Imposición (CDI, en adelante) suscrito con el Estado correspondiente (TRLIS art. 31.1.a), LIS art. 31.1.a)).  Además, es importante saber que, en muchas ocasiones, el Estado donde se obtiene la renta retiene por encima de las previsiones contenidas en el CDI, en cuyo caso, la sociedad debe exigir la devolución del exceso en dicho Estado, pero NUNCA se admitirá su deducción en el Impuesto sobre Sociedades en España.

    • Aplicación del límite de deducción.

En el Impuesto sobre Sociedades se puede deducir la menor de dos cantidades (TRLIS art. 31.1.b), LIS art. 31.1.b)):

– el impuesto efectivamente satisfecho en el otro Estado y

– “El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español”.

 Para calcular la cuota íntegra que correspondería pagar en España, debe tenerse en cuenta la RENTA NETA obtenida en el otro Estado (es decir, ingresos brutos obtenidos menos TODOS los gastos asociados, incluidos gastos directos e indirectos, en España o en el Estado de la fuente).

    • El impuesto soportado en el otro Estado no es gasto deducible para la determinación de la base imponible.

Si se ha contabilizado el impuesto soportado en el otro Estado como un gasto, debe realizarse un ajuste positivo al resultado contable por idéntico importe, aunque no se admita íntegramente la deducción de dicho impuesto en la cuota (TRLIS art. 31.2, LIS art. 31.2).

 

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El TJUE avala el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) que grava con un 7% la producción de energía eléctrica de las plantas de generación. El impuesto se reguló en 2012 con la finalidad de frenar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

La cuestión prejudicial procede de la Comunidad Valenciana, donde existen más de 1.300 procedimientos acumulados y provisionalmente suspendidos, hasta tener una respuesta del TJUE, cuya posible decisión en contra de este impuesto podría permitir a pequeños y grandes productores presentar las correspondientes reclamaciones para recuperar el impuesto ingresado en los últimos ejercicios no prescritos.

En este sentido, el TJUE se ha pronunciado acerca de esta cuestión controvertida, dando su respaldado el IVPEE y defendiendo su compatibilidad con las Directivas Europeas. Con ello, la Sentencia establece que la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, no se opone a la normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida. En conclusión, la norma permite a los Estados miembros imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos. Asimismo, la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables es compatible con el IVPEE porque la normativa nacional grava la electricidad que se produce también de fuentes renovables y cuyo objeto sea recaudatorio y no proteger el medio ambiente.

Las reclamaciones acumuladas hasta el momento finalizan con la sentencia del TJUE y por todo lo expuesto, no hay motivos discriminatorios entre normativa nacional y Directivas que impidan el Impuesto.

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Tribunal Supremo: El alto tribunal interpreta la cláusula 7p de la Ley del IRPF incorporando la ida y vuelta de los trabajadores en el extranjero

El artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas regula los supuestos de exención, entre los cuales contempla el caso de los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero siempre que se cumplan los requisitos legales contemplados en la normativa; es la conocida “cláusula 7p” (7 n) en la normativa navarra).

En la aplicación del precepto se han derivado interpretaciones distintas respecto al tratamiento de los días de ida y vuelta de los trabajadores en el extranjero. La interpretación sostenida por la AEAT, validada por el TSJ de Madrid, limitaba los días de ida y vuelta, así como los fines de semana u otras horas que no comprendieran el horario laboral del trabajador. Sin embargo, esta interpretación va en contra de la propia finalidad de la exención, que no es otra que fomentar la internacionalización del capital humano con residencia en España.

El fallo del Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de febrero de este año (STS 607/2021, de 25 de febrero, Recurso nº 1990/2019) respalda la finalidad de la exención, y por ello incorpora los días de ida y vuelta del trabajador argumentando que la interpretación que estaba haciendo Hacienda hasta ahora de la cláusula 7p era “contraria a la lógica y a la finalidad de la norma”. Resumidamente, estamos ante un beneficio fiscal que trata de internacionalizar a los trabajadores y el Tribunal Supremo interpreta de manera laxa incorporando los días de viaje del trabajador.

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Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio

La pandemia ha acentuado la necesidad de medios que no requieran la presencia física en procedimientos de la administración, es por eso que se aprueba el presente Decreto Foral para modificar el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral 177/2001, de 2 de julio, en relación del régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en concreto, el procedimiento de subasta. La finalidad es buscar la agilización y simplificación a través del procedimiento electrónico previsto en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, así como la potenciación de dichos medios.

Para la potenciación de la concurrencia se ha reducido el importe del depósito exigido para la participación de la subasta, del 20 al 5% del tipo de subasta del bien. Además, el articulo 139 sobre enajenación mediante adjudicación directa, se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta.

En conclusión, el objetivo es simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia, así como la transparencia y agilidad, que el actual contexto de crisis sanitaria pone de énfasis la necesidad de avanzar en los procedimientos y apostar por la digitalización de los mismos.

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Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento del IVA.

El Ministerio de Hacienda ha publicado un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del IVA.  Con su aprobación concluye la incorporación de las Directivas UE) 2017/2455, de 5 de diciembre de 2017 y 2019/1995, de 21 de noviembre de 2019 en materia de regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de tributación de las entregas y prestaciones de empresarios o profesionales contratadas generalmente en internet por consumidores finales comunitarios.

En este sentido, en las operaciones transfronterizas se establece la regla de tributación en destino, estableciendo un umbral de 10.000 euros en virtud del cual se permite que aquellos empresarios o profesionales cuyo importe de ventas a distancia intracomunitarias no exceda dicho umbral puedan optar entre la tributación en el Estado miembro del proveedor y la tributación en el Estado miembro de consumo.

Asimismo, se amplían los regímenes especiales de ventanilla única, que estarán a disposición tanto de los empresarios y profesionales establecidos en la Comunidad como de los establecidos fuera de ella, creando para ello tres regímenes distintos en función de quien presta el servicio y dónde se presta el mismo. (empresario o profesional establecido/no establecido, ventas a distancia, etc.)

    • Régimen exterior de la Unión
    • Régimen de la Unión
    • Régimen de importación

Por otro lado, se establece la posibilidad de aplicar una modalidad especial de declaración, liquidación y pago del IVA en la aduana en el caso de no optar por el Régimen de importación, al haber aumentado las operaciones de menos de 150 euros y se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los procedimientos de devolución del Impuesto soportado por empresarios o profesionales establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, y a determinados empresarios o profesionales no establecidos ni en estos territorios ni en el territorio de aplicación del impuesto. Finalmente, se modifica el Reglamento de facturación para ajustar a la nueva regulación los supuestos de obligación de expedir factura.

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Calendario del Contribuyente

A continuación, encontrarán el link directo a los diferentes calendarios fiscales:

 

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Ciber riesgo en las empresas: amenazas, marco legal y prevención

El número de dispositivos conectados en las empresas y sobre todo el teletrabajo ha crecido exponencialmente, y con ello, también los riesgos a los que organizaciones se enfrentan a diario. ¿Somos capaces de identificar y gestionar las amenazas en la red?

Con el fin de dar respuesta a esta cuestión, AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) organiza el próximo 17 de marzo de 10:00 a 11:30 un seminario web que contará con la participación de varios expertos de la materia, entre los que se encuentra nuestro compañero Álvaro Abáigar, asociado y director del Departamento de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial.

A lo largo de la sesión, intervendrán:

  • José Antonio Cruceira (Brigada Jefe Equipo de Delincuencia Económica y Tecnológica UOPJ de la Guardia Civil de Navarra) que nos mostrará las principales amenazas y estafas que se dan en el sector empresarial, profundizando en el Ramsomware.

  • Álvaro Abáigar Domínguez (Asociado y director del Dpto de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial de ARPA Abogados Consultores y delegado de Protección de Datos bajo el Esquema de Certificación Agencia Española de Protección de Datos, Lead Auditor ISO 27001, Auditor Jefe ISO 27001 por AENOR) nos dará a conocer las principales obligaciones legales que tienen las empresas en materia de seguridad, que pautas debemos seguir para gestionar un incidente de seguridad y cuál es nuestra responsabilidad.

  • David Rubio López (Cyber Consulting Practice Leader en AON) e Iñaki Telleria Zameza (Cyber Insurance Specialist también de AON), nos explicarán como podemos gestionar el ciber riesgo, llevar a cabo la evaluación del riesgo y como transferir todo esto al mercado asegurador.

 

 Si está interesado en asistir a la jornada, debe inscribirse rellenando el siguiente formulario (pinche aquí)

 

 

 

Patricia Granados, nueva asociada de ARPA Abogados Consultores

  • Patricia Granados Abardía es la subdirectora del departamento laboral y responsable del área de RR.HH. de ARPA.

  • Siguiendo la línea de reconocimiento del talento que ARPA Abogados Consultores impulsa desde hace años, Patricia se convierte en la octava asociada del despacho.

 

Pamplona, 3 de marzo de 2021. ARPA Abogados Consultores, para el cumplimiento de su misión de acompañar a los clientes en sus proyectos empresariales, prestándoles el mejor servicio posible y de contribuir al desarrollo profesional y personal de las personas que integran su despacho, busca destacar el talento internamente. Para ello, identifica a las personas que, por su valía profesional, habilidades de desempeño, excelencia en la gestión del cliente, trabajo en equipo y especial esfuerzo y compromiso, sean capaces de tomar mayores responsabilidades en el liderazgo e impulso del proyecto.

En esa línea y tras haber demostrado un excelente desempeño profesional, desde principios de 2021, se ha reconocido la condición de asociada de ARPA Abogados Consultores a Patricia Granados Abardía, un nombramiento que se suma a los siete asociados nombrados en años anteriores.

Patricia Granados Abardía, subdirectora del departamento laboral y responsable del área de RR.HH. de ARPA, ha sido nombrada nueva asociada del despacho ARPA Abogados Consultores. Patricia es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y abogada colegiada ejerciente del Real e Ilustre Colegio de la Abogados de Zaragoza. Inició su carrera profesional como abogada especialista en el orden jurisdiccional social en la ciudad de Zaragoza y se incorporó al Departamento laboral de ARPA Abogados Consultores en 2007. En 2013, fue nombrada responsable de RR.HH. de ARPA Abogados Consultores. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento laboral en materia del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, asistencia letrada ante organismos públicos y órganos judiciales y gestión de los RR.HH. de la empresa.

 

 

 

 

Actualidad fiscal: febrero (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

 

Tribunal Supremo: Deducibilidad fiscal de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades       

 STS de 8 de febrero de 2021

Sentencia nº 150/2021

En esta reciente sentencia, el Tribunal Supremo considera que los intereses de demora exigidos en una liquidación practicada en un procedimiento de comprobación serán considerados como gasto fiscalmente deducible, ya que guardan relación con los ingresos obtenidos por la entidad, y, por tanto, con la actividad económica que realiza.

Asimismo, establece que dichos intereses de demora “tienen por objeto compensar por el incumplimiento de una obligación de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento. Tienen, pues, carácter indemnizatorio”, y no tienen el carácter de donativo o liberalidad, lo que les haría tener la consideración de gasto no deducible en el IS.  También se hace más fuerte la posición del TS al hacer referencia al carácter financiero de los intereses, que están también regulados en las normas de valoración del Plan General Contable.

Con esta sentencia se pone fin a los diferentes pronunciamientos dictados en esta materia y al diferente criterio que mantenían tanto el TEAC como la DGT, en ocasiones contradictorio, unificando así el criterio que ha de mantenerse en el futuro.

Para consultar la sentencia completa, pulse aquí.

 

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Criterio AEAT sobre el principio de regularización íntegra en el IVA.     

 

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición en su página web una nota sobre el principio de regularización íntegra en el IVA. Ha considerado oportuno resumir los criterios interpretativos fijados por la jurisprudencia en esta materia en las últimas Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019, 10 y 17 de octubre de 2019 y de 2 de octubre de 2020.

El principio de regularización íntegra viene a defender que, si en una comprobación inspectora se constata que el obligado tributario ha soportado indebidamente unas repercusiones de cuotas del IVA, la Inspección no debe limitarse a denegar la deducción de dichas cuotas, sino que también debe considerar la devolución de ingresos indebidos que pudiera corresponder, efectuando una regularización íntegra, de acuerdo con lo exigido por la jurisprudencia y la doctrina del TEAC.

La nota termina concluyendo los siguientes puntos:

  1. La Inspección debe procurar, de acuerdo con sus facultades, efectuar una regularización íntegra o completa de la situación del obligado tributario, con el fin de evitar que se produzca una doble imposición económica en el obligado tributario y que suponga un enriquecimiento injusto para la Administración.

  2. Procede incluso en situación de fraude o abuso.

  3. Únicamente procederá si el proveedor de los bienes o servicios que indebidamente repercutió el Impuesto, hubiese procedido previamente a su ingreso en el Tesoro Público.

  4. Será la Inspección la encargada de cuantificar el ingreso efectuado.

  5. Procederá tramitar las devoluciones en “unidad de acto” dentro del procedimiento de inspección siempre que no se produzca indefensión a la otra parte de la relación.

  6. La sanción correspondiente no será objeto de neteo.

Para consultar la sentencia completa, pulse aquí.

 

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