El pasado 31 de diciembre, Diario de Navarra, con motivo de la publicación del suplemento «Economía y empleo: expectativas para 2021», entrevistó a representantes de las principales empresas y entidades navarras donde les pedía que hicieran una previsión de lo que puede venir, en cuanto a nivel económico, en 2021.
A continuación le dejamos, por si fuera de su interés, las previsiones realizadas por José Ignacio Pérez de Albéniz, socio-director general de ARPA Abogados Consultores.
Irene Francés Goicoechea, asociada-responsable del área de Fiscalidad Internacional y subdirectora del Dpto. Fiscal.
Hoy, 16 de octubre, han sido publicadas por fin las esperadas leyes 4/2020 del Impuesto sobre determinados servicios digitales (conocido popularmente como “tasa Google”) y la 5/2020 del Impuesto sobre las transacciones financieras.
La primera de las mismas relativa al Impuesto sobre determinados servicios digitales, se ha gestado y ha nacido de forma unilateral en España, dejando al margen la falta de consenso global en el seno de la Unión Europea y la OCDE en esta materia.
En efecto, a pesar del tiempo transcurrido desde que se iniciara la tramitación del anteproyecto de ley en 2018, el texto parece seguir ajeno a los trabajos de la OCDE en el ámbito de la tributación digital plasmados en la reciente publicación de los pilares 1 y 2.
Pasamos a continuación a resumir el contenido de la norma y a ir anunciando las numerosas dudas que van a asaltar a partir de ahora a las empresas a la hora de aplicarla y para lo que previsiblemente, necesitarán apoyo especializado.
Se trata de un nuevo impuesto indirecto que entrará en vigor el 16 de enero de 2021, compatible con el IVA y, a diferencia de éste, aplicable en todo el territorio español (sin perjuicio de los regímenes tributarios forales en los Territorios Históricos del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra), que grava la prestación de servicios digitales al tipo del 3%, entendiéndose como tales:
Los servicios de publicidad en línea: inclusión, en una interfaz digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz.
Los servicios de intermediación en línea: la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios.
Los servicios de transmisión de datos: la transmisión, incluidas la venta o cesión, de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.
Se exceptúan de sujeción al impuesto, y, por lo tanto, no van a quedar gravadas por el mismo, las siguientes operaciones:
Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario.
Las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.
Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago.
Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.
Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas.
Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100 por cien.
Los contribuyentes de este impuesto van a ser las personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria (comunidades de bienes, herencias yacentes…), que superen el primer día del período de liquidación estos dos umbrales:
Que en el año natural anterior el importe neto de su cifra de negocios supere 750 millones de euros.
Que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas para la determinación de la base imponible correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.
En los casos de entidades que formen parte de un grupo, los umbrales a tener en cuenta serán los del grupo en su conjunto:
El umbral del apartado 1 será el mismo que figura en la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que establece la declaración relativa al Informe país por país, y en las normas internacionales equivalentes adoptadas en aplicación de la Acción 13 del Proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en sus siglas en inglés), relativa a la documentación sobre precios de transferencia e informe país por país.
El umbral del apartado 2 se determinará sin eliminar las prestaciones de los servicios digitales sujetas a este impuesto realizadas entre las entidades de un grupo.
En caso de que el grupo supere dichos umbrales tendrán la consideración de contribuyentes todas y cada una de las entidades que formen parte del mismo, en la medida en que realicen el hecho imponible, con independencia del importe de los ingresos que se refiere el apartado 2.
El impuesto se devengará en el momento en que las operaciones gravadas se presten, ejecuten o efectúen. En el caso de pagos anticipados el devengo se producirá en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. Y el periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natural.
La base imponible del impuesto estará formada por el importe de los ingresos, excluidos, en su caso, el IVA u otros impuestos equivalentes, obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, realizadas en el territorio de aplicación del mismo, estableciéndose unas reglas para poder gravar exclusivamente la parte de los ingresos que se corresponde con usuarios situados en el territorio aplicación del impuesto en relación con el total de usuarios.
Se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto, cuando algún usuario esté situado en el mismo, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio, y en concreto:
Servicios de publicidad en línea: cuando en el momento en que la publicidad aparezca en el dispositivo de ese usuario el dispositivo se encuentre en ese ámbito territorial.
Servicios de intermediación en línea:
Si existe facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios: cuando la conclusión de la operación subyacente por un usuario se lleve a cabo a través de la interfaz digital de un dispositivo que en el momento de la conclusión se encuentre en ese ámbito territorial.
En los demás casos: cuando la cuenta que permita al usuario acceder a la interfaz digital se haya abierto utilizando un dispositivo que en el momento de la apertura se encuentre en ese ámbito territorial.
Servicios de transmisión de datos: cuando los datos transmitidos hayan sido generados por un usuario a través de una interfaz digital a la que se haya accedido mediante un dispositivo que en el momento de la generación de los datos se encuentre en ese ámbito territorial.
No se tendrá en cuenta, a efectos de determinar el lugar en que se han realizado las prestaciones de servicios digitales:
El lugar donde se lleve a cabo la entrega de bienes o prestación de servicios subyacente, en los casos de servicios de intermediación en línea en que exista esta.
El lugar desde el cual se realice cualquier pago relacionado con un servicio digital.
Como puede observarse, los conceptos a manejar son bastante indeterminados y la aplicación práctica se va a ver dificultada por la inexistencia de criterio administrativo o jurisprudencial previo para orientar las posibles interpretaciones. Sin duda es necesario el desarrollo reglamentario que esté aprobado antes de la entrada en vigor de la Ley. La tramitación ya se ha iniciado, veremos a ver cuándo ve la luz.
A las empresas les van a asaltar numerosas dudas: ¿realizo alguno de los servicios sometidos al impuesto? ¿Cómo recopilo información de los usuarios para saber si se han realizado en territorio de aplicación del impuesto o no? ¿Qué sucederá ante la más que previsible subida de aranceles por EE.UU. (frontalmente opuesto a estas medidas)? ¿Se pospondrá la entrada en vigor? ¿Se trata realmente de un impuesto indirecto?
Se avecina un horizonte próximo con muchas incertidumbres técnicas y jurídicas a resolver y poco tiempo hasta la entrada en vigor de la norma.
Este impuesto indirecto, que entrará en vigor igualmente el 16 de enero de 2021, gravará al 0,2% la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas que tengan acciones admitidas a negociación en un mercado regulado (independientemente de que la transacción se ejecute o no en un centro de negociación) con un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.
Estarán exentas de tributación:
las operaciones propias del mercado primario
las necesarias para el correcto funcionamiento de los mercados
las que vengan originadas por operaciones de reestructuración empresarial o por medidas de resolución
las que se realicen entre sociedades del mismo grupo y las cesiones de carácter temporal.
El devengo del impuesto se producirá en el momento en que se lleve a cabo la anotación a favor del contribuyente de los valores objeto de la adquisición onerosa que constituye el hecho imponible, y la base imponible será el importe de la contraprestación, sin incluir los gastos asociados a la transacción.
El contribuyente será el adquirente de los valores, mientras que el sujeto pasivo será, con carácter general, el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición:
Si actúa por cuenta propia, a título de contribuyente,
Si actúa por cuenta de terceros, como sustituto del contribuyente.
Esperando que esta información resulte de su interés, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Salud o economía. Así se ha llegado a plantear por algunos, especialmente al principio de la pandemia, el dilema que justificó las medidas más restrictivas y drásticas que la mayoría hemos conocido en nuestras vidas. Lo primero es la salud y lo demás viene después. Por supuesto. Cómo no estar de acuerdo.
El problema viene cuando el deterioro económico puede acabar afectando a la salud, personal y social. Porque la economía no es un ente abstracto. La economía es tu empleo, mi empleo, nuestro sustento vital. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que, probablemente, ese dilema es un sofisma. De que sin salud no hay actividad económica, pero sin economía no hay hospitales. De que no deberíamos enfrentar la salud con la economía, sino más bien tendríamos que hablar de salud y economía y de cómo conciliar y equilibrar en cada momento ambas caras de la misma moneda vital.
Llevamos más de tres meses de pandemia y de estado de alarma. Hemos pasado por diferentes fases normativas y, también, emocionales. Novedad, temor, incertidumbre, pesimismo activo, ansiedad, apertura, esperanza, moderado optimismo (por barrios). Seguimos sin saber que nos viene y cuando, pero sabemos que quedan efectos todavía por venir. Pero si partimos de la hipótesis de que, tras el hundimiento vertiginoso, iremos recuperando la normalidad con cierta celeridad, tenemos que ir tapando el gran agujero que se ha producido en nuestras economías. Necesitamos un crédito puente para salvar esta situación. Incluso, aunque se produjera algún rebrote relevante, este no debería tener los mismos efectos que el primero, nos tiene que encontrar más preparados, y tendremos que aplicar medidas mucho más selectivas y focalizadas que las que hemos llevado a cabo hasta ahora, que han sido más gruesas principalmente por lo inédito de la situación y el poco conocimiento que teníamos sobre este virus. Tendremos que pintar con pincel y no con rodillo.
Europa está reaccionando con más rapidez. Por lo menos inicialmente. Ha habido aprendizaje de la anterior crisis. Ahora la causa ha sido un desastre natural, esta vez no ha sido endémica del sistema, a pesar de que ha dejado también al descubierto muchas de sus imperfecciones. El mensaje para recuperar la confianza es que habrá dinero para la reconstrucción. Y ya solo el mensaje es muy importante, todo está basado en la confianza. Habrá condiciones, los frugales las exigirán. Y debería haberlas. Eso sí, condiciones, no sogas en el cuello. La más estricta frugalidad o austeridad en tiempos de supervivencia no suele arreglar gran cosa. Keynes ya lo descubrió hace casi un siglo.
Y cómo equilibrar la necesidad de cubrir el gasto extraordinario que ha generado la situación e impulsar la economía para cubrir este agujero con la necesidad de financiarlo. No es nada sencillo y requerirá tiempo. Pero en mi opinión, hay una serie de principios que habría que tener en cuenta.
En primer lugar, el reto ahora, y en cierto modo siempre pero hoy manifestado con mayor crudeza, no es tanto dejar de gastar ni de invertir, sino elegir bien el gasto que aporta y cortar el que no aporta. Las empresas lo estamos haciendo. Y, a nivel público, esto requiere, de una vez por todas, elegir muy bien qué gasto es necesario y eficiente, y cuál es superfluo e innecesario. Hay que acometer esta tarea como sea. Si no se hace, llegará un momento en que el gasto será insostenible. Y entonces las medidas serán drásticas y no selectivas. Urge llevar a cabo esa revisión, hay que empezar a hacerlo.
En segundo lugar, no subir los impuestos. Podemos tener la tentación de pensar que el Boletín Oficial cambia la realidad. Subimos los tipos, aumenta la recaudación. La experiencia nos demuestra que no es necesariamente así, y menos en tiempos de crisis. El viento económico hace mover los molinos de la recaudación. Si no hay viento… podemos intentar soplar, pero no es suficiente. Y no es el momento de retirar más rentas de los agentes económicos, de las familias y empresas.
Lo que si podemos hacer en materia fiscal, y especialmente en Navarra gracias a nuestras competencias, es aplicar medidas bien enfocadas y dirigidas. En primer lugar, generar liquidez para parar la primera embestida. Una buena política de aplazamientos, especialmente para las PYMES. Y es de agradecer porque se ha empezado a hacer. Y debería continuar a lo largo de este año.
Además, de forma más estructural, incentivar comportamientos para que las empresas puedan resurgir y generar valor. Incentivos dirigidos a la inversión, al empleo, a la energía verde, a la transformación digital, al ahorro focalizado en la innovación, en el crecimiento productivo. Generar valor es generar empleo. No olvidemos que las empresas son también los trabajadores, y que las medidas que se enfocan a ellas revierten en todos, incluida Hacienda.
Elegir bien el gasto, aplicar liquidez vía aplazamientos y no subir los impuestos. ¿Cómo cuadramos esto? En esta crisis, especialmente, hay que recurrir al endeudamiento. Las empresas privadas están pidiendo ICOs, la administración tiene que endeudarse para detener la sangría y estimular la generación de actividad. Y habrá que planificar también devolver el crédito cuando volvamos a la generación de recursos, ese debería ser el compromiso para acceder a él, tener un plan de verdad para posteriormente ir amortizándolo, y no pensar en que los recursos son ilimitados. Si no es así, no dejaremos un buen legado.
Hoy es momento de endeudarse. Pero de endeudarse bien, para los gastos que verdaderamente hagan falta. De elegirlos previamente. Y de aplicar ese dinero de manera muy eficiente. Esto es clave. Y permitirá que salud y economía no sean una disyuntiva.
Durante el año 2019 los bufetes españoles han continuado mostrando buena salud con una subida del 9,6% en la facturación, después de terminar 2018 con un alza del 7,1%. En el caso de ARPA, ha crecido un 4,1 % con respecto a 2018 lo que la sitúa en el puesto 33 en el ranking de los principales despachos nacionales clasificados por volumen de negocio global.
Los datos han sido positivos para un sector que se encuentra ahora con el difícil reto de adaptar sus servicios a la crisis provocada por la Covid-19 para poder mantener la actividad y facturación durante el año 2020.
También durante el año 2019, la media de facturación por profesional se situó en 205.144 euros. De los cerca de 90 despachos analizados por Expansión, sólo un tercio se encuentra por encima de esta cifra. En el caso de ARPA, la media de facturación por profesional es de 78.314 euros, situándose en el puesto 83.
Por último, durante el año 2019, más del 75% de los despachos de abogados que participan en el ranking han aumentado la plantilla. En esta clasificación por incremento de abogados, ARPA aparece en el puesto 48. Durante 2019, ARPA incrementó su plantilla de letrados en un 3,8 % y un 3,3% si tomamos como referencia el número total de empleados.
ARPA Abogados Consultores tiene como misión ayudar a sus clientes a alcanzar su éxito empresarial aportando valor, confianza y seguridad mediante un asesoramiento integral; jurídico, económico y fiscal y fomentando la creación de relación; y estas cifras son muestra de ese compromiso que nos obliga a seguir creciendo y mejorando para ofrecer siempre un servicio de la mejor calidad posible a nuestros clientes.
ARPA Abogados Consultores se complace en invitarle al Seminario “Derecho de la Competencia” organizado en colaboración con la Cámara de Comercio de Valladolid, La Chambre y el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León que tendrá lugar el próximo 14 de febrero de 2020.
El seminario dará comienzo a las 10:30 h en la sede de Cámara de Valladolid sita en la avenida Ramón Pradera 5 en Valladolid, y en ella se dará respuesta a cuestiones tales como: ¿Qué información se puede compartir con los competidores? ¿hay que comportarse de alguna manera concreta si la empresa es dominante en un mercado? ¿Se pueden fijar los precios de reventa?
Nuestro compañero y director de la oficina de ARPA en Castilla-León; Carlos González-Cascos, en su papel de delegado de la Chambre Franco-Española será el encargado de inaugurar la charla y actuará como moderador de la misma.
Por otra parte, María González, responsable del Área de Derecho de la Competencia de ARPA Abogados Consultores será una de las ponentes intervinientes en el seminario y hablará sobre los programas de cumplimiento normativo en derecho de la competencia.
El programa de la jornada es el siguiente:
10:30 H. | Recepción de los asistentes. |
10:45 H | Apertura por D. Carlos González-Cascos |
11:00 H. | ¿Por qué es necesaria la defensa de la competencia? Perspectiva actual por Dña. Susana Perandones, Secretaria de Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León. |
11:35 H. | Programas de cumplimiento normativo en derecho de la competencia por María González |
12:15 H. | Cuestiones actuales del derecho de la competencia: indemnización de los daños causados por D. Jesús Quijano, catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Valladolid. |
13:00 H | Clausura Cámara de Comercio Valladolid. |
13:10 H. | Vino español. |
Si estás interesado en inscribirte, puedes hacerlo a través del siguiente enlace.
Si quieres saber cuáles son las novedades fiscales y previsiones normativas tributarias que se esperan para este año 2020, no te pierdas la jornada en la que participamos en Tudela, el 6 de febrero de 16.30 horas a 19.00 horas que tendrá lugar en la sede de AER sita en el Polígono de la Serna, Calle C, Centro de Negocios en Tudela.
La sesión que tiene como objetivo informar a los profesionales sobre las cuestiones más relevantes en materia fiscal. Se comentarán las novedades legislativas recientes y futuras y también se hablará más a nivel práctico de las resoluciones y sentencias relevantes más recientes, que puedan tener incidencia en materia personal y societaria
Expertos en la materia en lo referente a la Comunidad Foral de Navarra nos aclararán temas como las novedades en materia del IRPF, Patrimonio y Sucesiones; incentivos fiscales para la producción audiovisual y las novedades en Materia del Impuesto de Sociedades, así como otras modificaciones tributarias para 2020. Por parte de ARPA Abogados Consultores, intervendrán Irene Francés, asociada y David Asín, abogado, ambos miembros del Departamento fiscal.
Los asistentes podrán actualizar toda la información que necesitan para afrontar fiscalmente el nuevo año. No pierdas la oportunidad e inscríbete. Además, tras la jornada habrá tiempo de coloquio con los propios ponentes para poder aclarar todas las dudas que pudieran surgir.
Programa
16:30 h. Recepción de los asistentes.
16:45 h. Presentación.
17:00 h. Novedades Tributarias (Ley Foral 29/2019, de Modificación de diversos impuestos, Ley Foral 30/2019, Modificación parcial del texto refundido del IRPF y Ley Foral 31/2019, de Modificación Parcial del IP)
17:45 h. Actualización en Materia Tributaria.
18:30 h. Coloquio
19:00 h. Fin de la sesión.
La asistencia es gratuita para socios de APD e invitados de ARPA. El aforo es limitado, por lo que es imprescindible confirmar asistencia.
Si deseas más información o inscribirte ahora, puedes hacer clic aquí.
Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación, nuestros compañeros Leire Diez de Ulzurrun y Javier Vidán, mediadores de ARPA, han escrito el siguiente artículo publicado el pasado día 22 de enero en el Diario de Navarra defendiendo el papel de la Mediación como herramienta eficaz en la resolución de conflictos.
Esta semana se ha celebrado el Día Europeo de la Mediación. El 21 de enero del año 1998, el Consejo de Europa aprobaba la Recomendación número R (98)1, sobre la mediación familiar. Desde entonces, la Unión Europea ha apostado firmemente por este método de gestión de conflictos, que ha ido calando en los diferentes países miembros.
España, por su parte, ha ido avanzando en esta materia. Ya en el año 2012 impulsó la regulación marco de la mediación, aprobando la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y un año más tarde, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de esta Ley.
El último hito de la mediación en España fue, el 11 de enero del 2019, la aprobación del anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. Si bien, el propio anteproyecto establece un periodo de vacatio legis, de tres años, con el objetivo de “permitir la máxima difusión de las reformas que se introducen, dejar margen temporal para la adaptación reglamentaria necesaria y, sobre todo, fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales”.
Este anteproyecto va a poner en marcha una serie de medidas de profunda importancia, especialmente en el ámbito procesal. Entre las que se plantean, destaca la “obligatoriedad mitigada” que tienen las partes de intentar la mediación previamente a la interposición de determinadas demandas en casos como separaciones y divorcios, sucesiones, conflictos entre socios, propiedad horizontal o algunos contratos mercantiles, entre otros. También será exigible acudir a un mediador cuando el tribunal, en el desarrollo de un proceso judicial, considere más eficaz este procedimiento para la solución de la controversia entre las partes.
Cuando el anteproyecto se refiere a la “obligación” de las partes de intentar la mediación, no quiere decir que estas deban someterse obligatoriamente a un proceso de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al conflicto. La obligatoriedad únicamente comprende la exigencia de acudir a una sesión informativa y a una sesión exploratoria del conflicto, tras las cuales, las partes serán libres para decidir si quieren o no continuar con el proceso o acudir a los tribunales. Esta precisión es de suma importancia, pues esa libertad entronca con uno de los principios esenciales de la mediación: la voluntariedad.
El Estado espera que, con la entrada en vigor de esta Ley, se reduzca la ingente cantidad de asuntos judiciales que actualmente hay en España, concibiéndose el acceso a los tribunales como el último recurso para la resolución de aquellos conflictos en los que el proceso de mediación no haya dado resultado.
Sin lugar a dudas, la consecución de este objetivo es muy exigente, porque para conseguirlo se hace preciso que la sociedad considere que la mediación es una herramienta eficaz para resolver sus problemas, y esto entraña un cambio de cultura que afecta a todos los estratos sociales, culturales y relacionales. No podemos admitir que esta Ley pase desapercibida o que su cumplimiento se convierta en un mero trámite burocrático que no sirva más que para enlentecer aún más la justicia. Supondría un duro golpe para el futuro y desarrollo leal de la mediación.
La premisa fundamental para el éxito del impulso de la mediación pasa por la responsabilidad que deben asumir todos los profesionales que trabajan en torno a la solución y gestión de los conflictos. Desde los jueces que deciden qué casos son mediables y cuáles no, pasando por los abogados que asesoran a las partes, y por supuesto, los propios mediadores. El ejercicio de la profesión de mediador no es baladí, requiere de una alta cualificación adaptada a cada caso (derecho, psicología, educación social… además de la propia metodología de la mediación); de una gran motivación por parte del mediador que responda a una fuerte convicción personal de que la mediación es útil, y de una serie de habilidades personales tales como la empatía o la capacidad para generar una atmósfera positiva entre las partes. En definitiva, los mediadores deben ser conscientes de la importancia de su labor, y la sociedad debe poner en valor el trabajo que desempeñan los mediadores.
La Junta de Gobierno del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, consciente de la importancia de la labor de los despachos e instituciones que colaboran en la formación práctica de los alumnos del Máster, ha acordado reconocer ese esfuerzo tan útil y necesario con la entrega de un certificado acreditativo de la labor realizada a nuestros compañeros Fermin Armendáriz y Fernando Armendáriz como tutores de alumnos del Máster.
En su voluntad de ser un referente en el asesoramiento de Empresas Familiares tanto navarras como del resto del Estado, hemos colaborado, junto a ADEFAN, Caja Rural de Navarra y la Universidad Pública de Navarra en la creación y puesta en marcha de la Cátedra de Empresa Familiar.
La Cátedra de Empresa Familiar pretende contribuir a la generación de conocimiento teórico y práctico en materia de Empresa Familiar, favoreciendo la sinergia entre las distintas instituciones que la componen, visibilizando y dando valor a la actividad que desarrollan los empresarios familiares, y acercando a la comunidad educativa la realidad de estas empresas.
Desde ARPA, nos complace poder invitarles a la presentación de la Cátedra de Empresa Familiar, que tendrá lugar en el Aula Fernando Remacha de la Universidad Pública de Navarra, edificio El Sario (campus de Arrosadia) el próximo martes 24 de septiembre a las 18:30 horas.
En dicha presentación tendremos la oportunidad de asistir a la conferencia de Toni Nadal, Head of Rafa Nadal Academy y entrenador de tenis, sobre “El valor del esfuerzo”.
Esperamos que sea de vuestro interés, y rogamos que, en caso de que quieran acudir, confirme su asistencia lo antes posible pinchando aquí.
ARPA Abogados Consultores ha asesorado a Atalaya Superficies Comerciales, del Grupo Mazabi, en el proceso de adquisición de una parcela comercial en Olaz (Valle de Egüés, Navarra). La parcela cuenta con una superficie de 22.728 m2 y más de 12.000 m2 alquilables en la Comarca de Pamplona, más de la mitad de ellos ocupados por firmas como McDonald’s y Grupo AN Energéticos, la división de gasolineras de la mayor cooperativa agraria de España. El parque contará próximamente con nuevas aperturas como La Tagliatella y un operador de supermercados.
La operación de adquisición incluye un acuerdo de desarrollo conjunto con Velacapital Inversiones, anterior propietario del activo. Con esta operación, la compañía ha alcanzado los 30 millones de euros de inversión desde su nacimiento en 2018. Atalaya Superficies Comerciales fue fundada con el propósito de promocionar y desarrollar locales y medianas superficies comerciales. Pertenece al grupo Mazabi, firma de gestión de patrimonios inmobiliarios familiares, que gestiona un patrimonio de más de 1.300 millones de euros con presencia en 14 países.
ARPA Abogados Consultores es un despacho con más de 30 años de experiencia y sedes en Pamplona, Madrid, San Sebastián y Valladolid. Asimismo, forma parte de las redes Latiam y Eurojuris International para ofrecer cobertura jurídica en más de 60 países. El despacho navarro cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 70 profesionales para acompañar a las empresas en sus proyectos, ofreciendo un asesoramiento integral, jurídico, económico y fiscal, aportando valor, confianza, compromiso y seguridad a sus clientes.
ARPA Abogados Consultores y BAUM han establecido una alianza estratégica, principalmente en Guipúzcoa, para ofrecer un servicio de asesoramiento integral a las empresas en todas las áreas y a lo largo de todo su ciclo vital, incluyendo los procesos de sucesión y de venta. Los dos despachos, que mantienen su plena independencia, suman más de 90 profesionales, con equipos multidisciplinares en diferentes sectores económicos.
A través de esta alianza, ARPA y BAUM, con sedes en Pamplona, San Sebastián, Madrid y Valladolid, ofrecen servicios profesionales jurídicos, económico-financieros, fiscales y estratégicos a las empresas, en sus operaciones habituales, e incluso en operaciones que afectan a su propia continuidad. Dichos servicios incluyen, por tanto, el asesoramiento integral en operaciones corporativas y en los procesos de continuidad por medio del diseño y la implantación de protocolos familiares, o de apertura a la participación en la propiedad de todos o algunos de los trabajadores.
La alianza de ARPA y BAUM tiene como objetivo impulsar la actividad legal y de M&A de ambas firmas, ampliando su potencial para asesorar en operaciones y proyectos cada vez más ambiciosos y, en general, con un componente internacional. Ambas firmas ya forman parte de 3 redes internacionales de asesoramiento.
Entre las últimas operaciones relevantes cerradas por ambas firmas en los últimos meses, cabe destacar, entre otras, la venta del fabricante de etiquetas ALBENIZ al grupo belga REINDERS, la toma de participación en IRIZAR FORGE por parte del holding holandés VAN BEEST, entre otras.
Las firmas, con un expertise muy destacable en todas las áreas del asesoramiento corporativo, tienen a su vez un importante track-record y conocimiento transversal en sectores y áreas como la industria agroalimentaria, automoción y bienes de equipo, las energías renovables, las biociencias, las empresas tecnológicas, capital riesgo y empresa familiar.
Si deseas consultar el PDF de presentación de la alianza, puedes hacer clic aquí
Hace unos meses os informábamos de que ARPA Abogados Consultores abría una oficina en Madrid para mejorar los servicios y acompañar a las empresas en sus proyectos, ofreciendo un asesoramiento integral, jurídico, económico y fiscal. Una nueva oficina que está sirviendo para atender de una manera más cercana y eficaz a los clientes allá donde lo necesiten, así como favorecer la creación de valor y de relaciones.
La apertura de esta nueva sede en Madrid ha supuesto un importante hito en los más de treinta años de historia de ARPA, apuntalando la ampliación de profesionales y servicios. Dentro de esa línea de crecimiento, queremos informaros de que ARPA Abogados Consultores se ha adherido a “Madrid Network”; una red formada por más de 700 asociados en la que participan e interaccionan grandes y pequeñas empresas, universidades, clústeres, centros de Investigación y parques tecnológicos de la Comunidad de Madrid.
Pertenecer a la red de Madrid Network dentro del grupo Leading Business nos aporta diversas ventajas competitivas. La más básica, compartir el conocimiento y las oportunidades que surgen de la relación entre los diversos organismos que la forman, y con otros adicionales con los que mantiene acuerdos de colaboración a nivel nacional y global. El objetivo de Madrid Network es atender a las empresas y entidades asociadas en sus necesidades de innovación, financiación e internacionalización.
La adhesión a Madrid Network se suma a las redes ya existentes a las que pertenece ARPA; Eurojuris International, una de las mayores redes internacionales de despachos, y LATIAM, de la que es cofundador, una red de profesionales enfocada a empresas que ven en Latinoamérica, España y EEUU un nuevo mercado para sus productos o servicios.
He aquí alguna de las empresas que conforman esta Red:
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