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Actualidad laboral nº 2

Desde el Departamento laboral, les remitimos esta newsletter a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que, a pesar de que la empresa incluye todos los meses en nómina una cantidad como paga extraordinaria, ello no es suficiente para determinar la naturaleza como tal de este concepto retributivo cuando el convenio colectivo establece la obligación de pago en las fechas del 1 al 30 de junio (la de verano) y del 1 al 20 de diciembre (la de Navidad) determinando, además, que no pueden abonarse de forma prorrateada. Como consecuencia, y a pesar de que el convenio colectivo no prevé las consecuencias del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, el Tribunal Supremo concluye que el importe abonado mes a mes por la empresa, independientemente de su denominación, no tiene naturaleza de paga extraordinaria.

El Tribunal Supremo concluye que no es posible. En el caso enjuiciado, la empresa, voluntariamente, durante años entregó a sus trabajadores obsequios de escasa cuantía (tazas con mensajes, cargadores, imanes…) con motivo de las fiestas navideñas. El Tribunal Supremo indica que se trata de una condición más beneficiosa que se ha repetido durante los últimos quince años y que debe entenderse incorporado al nexo contractual, no pudiendo la empresa, unilateralmente, sustituirlo por una donación de importe similar a una ONG.

El Tribunal Supremo recuerda que la labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal y convencional está al servicio de las competencias y facultades del órgano de representación de los trabajadores. Por tanto, dictamina que, entre otros, para ejercer esta labor de vigilancia, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer el contenido del pacto de horas complementarias, con independencia del momento en el que se suscriba (en el momento de la firma del contrato o en cualquier momento durante la vigencia de la relación laboral). De lo contrario, para eludir esta facultad de control a la que los representantes tienen derecho, bastaría con disociar el momento temporal de suscripción del contrato y del pacto de horas complementarias.

El Tribunal Supremo analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para que una persona trabajadora tenga derecho a solicitar una excedencia por cuidado de familiar que ““por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida”. De esta forma, reflexiona que los/as hijos/as menores de edad y mayores de tres años (a los menores de esta edad les resulta de aplicación la excedencia por cuidado de hijo), sin excepción, no pueden valerse por sí mismos ya que necesitan de unos determinados cuidados de sus progenitores y, obviamente, no desarrollarán actividad retribuida (ya que la legislación prohíbe el trabajo a los menores de dieciséis años). Tras este análisis, el Tribunal Supremo concluye que no es razonable interpretar que la excedencia por cuidado de familiar puede solicitarse para el cuidado de cualquier menor ya que no es el objetivo de la norma, que limita la excedencia por cuidado de hijos/as al momento en que cumplen tres años desde su nacimiento.

El Tribunal Supremo analiza si la actuación empresarial es lícita o si, por el contrario, implica una intimidación, amenazas o coacción que viciaron el consentimiento de la persona trabajadora, concluyendo que es posible al entender que la empresa se está limitando a advertir sobre las consecuencias que podrían llegar a derivarse como consecuencia de los incumplimientos realizados por las personas trabajadoras indicando que, si bien se creó una situación de tensión que la empresa pudo evitar, no puede entendedores que se trata de una acción cercenadora de la libre voluntad de la otra parte, la cual puede comprender los hechos y negar o aceptar sus consecuencias.

El Tribunal Supremo dictamina que esta opción debe admitirse ya que, con esta medida, se facilita el voto por correo, sin merma de garantías. Para ello, será necesario que el elector se identifique ante la mesa electoral mediante su documento nacional de identidad, evitando la suplantación del votante. Por tanto, y siendo que en el caso enjuiciado el resto del proceso de votación por correo no varía, el Tribunal Supremo entiende que esta previsión contenida en el convenio colectivo es válida. Debe tenerse en cuenta que, en el caso enjuiciado, el convenio colectivo preveía expresamente esta posibilidad de voto “por correo” ante la mesa, no aclarando el Tribunal Supremo si esta conclusión aplica en todos los procesos electorales, con independencia de que exista o no previsión en el convenio colectivo.

El Tribunal Supremo concluye que, el mencionado permiso, está vinculado a atender un deber que sea inexcusable y de carácter público y personal. Por tanto, y siendo que los deberes surgidos de las obligaciones familiares y de cuidados de menores son de carácter privado y familiar, el acompañamiento a los servicios sanitarios a hijos menores y familiares dependientes no puede considerarse como un permiso retribuido salvo que el convenio colectivo lo prevea expresamente.

 

RECORDATORIOS

 

Desde el pasado 7 de marzo de 2021, las empresas de más de 100 personas trabajadoras están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad.

El miércoles 14 de abril de 2021 entra en vigor la obligación de todas las empresas de disponer de registro salarial y valoración de puesto de acuerdo con lo establecido en el RD 902/2020 de 13 de octubre.

 

 

Especial IRPF Navarra

Con motivo del inicio de la Campaña de la Renta 2020, desde el Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores les invitamos a leer la presente Newsletter especial IRPF destacando cuestiones relevantes del impuesto, así como novedades y fechas a tener en cuenta.

El pasado viernes 9 de abril se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) Nº.79, la ORDEN FORAL 41/2021, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos, cuyo contenido esencial y otros aspectos prácticos pasamos a exponerles a continuación.

 

  • Modelo de autoliquidación F-93, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 2020.

  • Modelo de autoliquidación F-83, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2020.

Además de la presentación telemática y la presencial, continúa la modalidad telefónica, reforzando esta última con más medios con el fin de evitar colapsos. Respecto a la modalidad presencial se podrá hacer en Sala de Exposiciones de Baluarte de Pamplona (Plaza del Baluarte, 31002) desde el día 19 de abril y en las oficinas de Hacienda en Tudela, Estella, y Tafalla, habiendo solicitado cita previa.

Este año tiene gran relevancia el portal de renta dentro de la web donde los navarros podrán consultar los datos fiscales, videos de ayuda, formulario o buzón web[1] para realizar consultas, etc. Para acceder, los sistemas de identificación son los siguientes:

  • Certificado digital o DNI electrónico.
  • Cl@ve.
  • DNI/PIN: a este respecto, no se puede obtener con el CIPNA, sólo cabe la solicitud para su envío a domicilio, por lo que no se obtendrá de forma automática, sino que la recepción del mismo será al cabo de unos días.

Respecto a los sistemas de identificación, es importante recordar que a partir del 1 de julio de 2021 se eliminará la utilización del PIN para la presentación de las declaraciones de empresarios y profesionales en el ámbito de su actividad.

Gradualmente y sin fecha, se va a instalar el sistema de representación, vía web o en papel, y finalmente se eliminará también (cuando esté implantado el sistema de representación) el PIN para otros servicios y para el canal telefónico.

 

[1] Este formulario o buzón web sustituye al antiguo email hacienda.navarra@navarra.es.

Los trabajadores que estuvieron en ERTE en 2020 no tienen obligación de presentar la Declaración de la Renta si no se alcanza el umbral mínimo, a diferencia de lo que ocurre en Territorio Común. En Navarra, la normativa establece un único límite de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta, mientras que en Territorio Común se tiene en cuenta el número de pagadores. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto, aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE –).

En este sentido, el día de ayer, 12 de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña por vía telemática, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el DECRETO-LEY FORAL 3/2021, de 31 de marzo, por el que se determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la regularización de las prestaciones percibidas por expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y entra en vigor el mismo día de su publicación.

En este decreto-Ley se establecen pautas para aquellos contribuyentes que hubieran percibido prestaciones del SEPE en 2020 superiores a las que les correspondían, y que, en algunos casos, su devolución se ha realizado en el año 2020, y en otros, ésta tendrá lugar durante el año 2021.

Así, y de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 78.5 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el supuesto de que el sujeto pasivo haya de efectuar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) devoluciones de rendimientos del trabajo derivados de expedientes de regulación temporal de empleo percibidos en 2020, esas devoluciones se imputarán al periodo impositivo en el que se efectúe la devolución, salvo que se opte por imputarlas al periodo impositivo 2020. En ambos casos, las citadas devoluciones disminuirán los rendimientos del trabajo.

La opción a que se refiere el párrafo anterior deberá ponerse de manifiesto a la Administración en el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y la finalización del plazo de presentación de la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectúe la devolución.

Cabe destacar que aquellos contribuyentes afectados por ERTE en 2020 tienen la obligación de informar a la Hacienda Foral aportando la documentación que lo justifique. Asimismo, aquellos contribuyentes afectos a las ayudas COVID-19 deben de informar de su situación de cobro en la declaración, a pesar de ser exentas de tributación.

Debido a la disposición adicional vigésima novena de la LFIRPF que, contiene la deducción por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018, aquellos sujetos pasivos afectos a las mismas prestaciones podrán deducir en la declaración del IRPF de este ejercicio 2020 la cuantía que resulte de aplicar al importe de la prestación el porcentaje que les corresponda conforme a los establecido[1]. Para determinar el porcentaje de deducción hay que tener en cuenta todas las rentas del sujeto pasivo incluidas las exentas, correspondientes al periodo impositivo 2020. 

[1] Los porcentajes a aplicar serán: a) Sujetos pasivos con rentas hasta 30.000 euros: el 25 por 100. b) Sujetos pasivos con rentas superiores a 30.000 euros: el 25 por 100 menos el resultado de multiplicar por 10 la proporción que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 30.000 euros respecto de esta última cantidad.

El artículo 82.1 del Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LFIRPF), aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. Los sujetos pasivos no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

  1. Rendimientos del trabajo inferiores a 12.600 euros íntegros anuales.
  2. Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales.

No obstante, la presentación de la autoliquidación es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de presentarla, pretendan solicitar la devolución de las retenciones e ingresos a cuenta soportados o de los pagos fraccionados realizados que superen la cuota líquida.

Asimismo, los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por tributar conjuntamente en el impuesto y presentar la autoliquidación de forma conjunta, con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de la LFIRPF. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta autoliquidación individual los restantes deberán tributar también individualmente.

Los sujetos pasivos que han de tributar a la Comunidad Foral bien están obligados a presentar autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2020 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones procedentes, resulte a ingresar o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

Desde ARPA Abogados Consultores quedamos a su disposición para solventar cualquier duda que se les pueda suscitar al respecto, así como a ayudarles en la confección y presentación de las declaraciones.

Si desea acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 41/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea descargar los datos fiscales para la declaración de la renta 2020, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea acceder al portal de la Renta de Hacienda Foral, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

 

Actualidad fiscal: Abril 2021

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

 

 

Campaña de la RENTA 2020 en Navarra

El mes de abril da inicio a la Campaña de la Renta cuyo ámbito temporal se extenderá en Navarra desde el 12 de abril hasta el 23 de junio de 2021, a diferencia de las comunidades del régimen común, en las que la campaña empezará desde mañana, 7 de abril.

A partir del 9 de abril Hacienda Foral remitirá unas 150.000 cartas a domicilios de contribuyentes navarros que contendrán las propuestas de declaración e instrucciones para la Renta de 2020, siendo alrededor de 50.000 las dirigidas a personas mayores de 67 años y otras 100.000 para informar a los contribuyentes de que se les ha elaborado la propuesta de declaración y detallarles las instrucciones necesarias para su consulta a través de la web.

Recibirán el Código Seguro de Verificación o individualizado con el que podrán tramitar el alta en el sistema Cl@ve sin necesidad de acudir a oficinas. Además del Sistema Cl@ve está la vía DNI o Certificado Electrónico y la vía del DNI + PIN de Hacienda para consultar las propuestas de declaración y acceder a los trámites por Internet de la Hacienda Foral de Navarra.

El inicio de la campaña telemática de la declaración de la Renta de 2020 en Navarra es el próximo día 12 de abril y estará abierta hasta el 23 de junio. Una semana después, el 19 de abril, comenzará la campaña presencial de la Renta. Por el momento se desconoce en qué espacio se podrá presentar de forma física pero que exista dicha opción ya supone un cambio con respecto a lo ocurrido en la campaña pasada, que se desarrolló a través de Internet o por teléfono debido a la pandemia.  Ésta ha afectado a otros muchos aspectos socioeconómicos y hace que la declaración de la renta de este año (que recoge los ingresos de 2020) tenga una complejidad añadida.

Las cuestiones significativas a tener en cuenta esta campaña de Renta son las siguientes:

  • Los trabajadores que estuvieron en ERTE en 2020 no tienen obligación de presentar la Declaración de la Renta si no se alcanza el umbral mínimo, a diferencia de lo que ocurre en Territorio Común. En Navarra, la normativa establece un único límite (de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo) a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta, mientras que en Territorio Común se tiene en cuenta el número de pagadores. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto, aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE –).

El impacto de los pagos recibidos por el SEPE en la declaración es importante, ya que estos ingresos se suman a los rendimientos del trabajo ordinarios percibidos antes del ERTE, y el porcentaje de retención que se les aplica suele ser el mínimo o no aplicarse, influyendo en la cuota, ya que, al haberse ingresado menos retenciones, la cuota puede resultar positiva y, por tanto, la declaración resulte a pagar.

Asimismo, para declarar devoluciones al SEPE por cobros indebidos de ERTE, el Gobierno de Navarra acaba de aprobar un decreto de ley foral para evitar que los trabajadores que el año pasado cobraron más prestaciones o pagos del SEPE de los que les correspondían y no pudieron devolver el dinero en 2020 deban tributar ahora por el total de los ingresos que recibieron.

  • Contribuyentes afectos a las ayudas COVID deben de informar de su cobro en la declaración, a pesar de ser exentas de tributación.
  • Deducción sobre la cuota diferencial del impuesto correspondiente a 2020 a quienes cobraron la prestación por maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018. La deducción variará en función de la renta y beneficiará a unas 26.000 familias con hijos entre 3 y 6 años.

 

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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: Nota informativa de Hacienda Foral de Navarra para el cómputo de la plantilla media a efectos de la deducción por creación de empleo regulada en el artículo 66 de la Ley Foral 26/2016, del Impuesto sobre Sociedades, en el caso de trabajadores en ERTE (Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor).

Se publica esta nota para aclarar que los trabajadores en situación de ERTE siguen dados de alta en la empresa y siguen cotizando a la seguridad social, pero su contrato se encuentra suspendido, o en su caso con una reducción de jornada.  Si estas suspensiones o reducciones derivan de la situación ocasionada por el COVID-19, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, en base a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020.  Por lo tanto, a efectos de la aplicación de la deducción por creación de empleo los trabajadores que se encuentren en estas circunstancias, dado que siguen dados de alta en la Seguridad Social como trabadores de la empresa, deberán computarse para la determinación de la plantilla total y media de la empresa.

Si desea acceder a la nota completa, pulse en el siguiente enlace.

 

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Campaña de la RENTA 2020 en Territorio Común – AEAT

La Campaña de la Renta en Territorio Común será del 7 de abril hasta el 30 de junio de 2021. La AEAT con el objetivo de ayudar a los contribuyentes a preparar con tiempo la presentación de la declaración, al igual que otros años pone a disposición de los contribuyentes los servicios de asistencia en la web. Entre ellos está la posibilidad de consultar los datos fiscales de manera anticipada, la posibilidad de obtener anticipadamente el numero de referencia para la presentación de la declaración y la posibilidad de consultar los primeros contenidos informativos de la campaña.

Con el mismo objetivo de ayudar a los contribuyentes, la AEAT publicó el pasado día 23 de marzo dos documentos informativos para unos colectivos concretos: por un lado, contribuyentes afectados por ERTE y, por otro lado, para perceptores del ingreso mínimo vital. A continuación, se exponen las notas a destacar sobre ambos.

 

  • Información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020

El documento ofrece una serie de recomendaciones e información explicativa para el colectivo específico (cerca de 3.500.000 contribuyentes) que el año pasado fueron perceptores de prestaciones del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) por haber estado inmersos en procedimientos de regulación temporal de empleo (ERTE). Las prestaciones por ERTE son rendimientos de trabajo sujetos a IRPF y no exentos. La información explicativa del documento se corresponde con dos situaciones problemáticas:

    • Efectos de un segundo pagador en la declaración de Renta (empleador + SEPE)

    • Percepción de abonos no procedentes por haber recibido abonos del SEPE

La AEAT va a enviar cartas informativas a aquellos perceptores de ERTE que no presentaran declaración en la Campaña de la Renta de anterior y reforzara la asistencia personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas a todos los perceptores de estas prestaciones del SEPE que lo necesiten.

 

  • Información para perceptores del ingreso mínimo vital (IMV)

El colectivo especifico al que va dirigido el documento son los más de 460.000 beneficiarios del IMV, de los cuales 226.000 son menores de edad. Las cuestiones relevantes del colectivo especifico en relación con el contexto normativo son:

    • Los beneficiarios del IMV deben presentar la declaración del IRPF con independencia de sus ingresos.

    • El IMV en sí mismo es una renta exenta y la gran mayoría de los beneficiarios no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración.

    • Sí que deberán declararse, como rendimientos del trabajo, las cuantías que superen los 11.279,39 euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM –) en el caso de que, junto al IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CCAA y ayuntamientos. Sólo se debe declarar, y tributar, por ese exceso.

    • En la gran mayoría de supuestos, la declaración será muy sencilla, sin ingresos que incorporar y con cuota cero (ni a ingresar, ni a devolver).

De cualquier forma, la AEAT va a realizar un envío de cartas informativas a aquellos titulares del IMV para facilitarles las instrucciones para obtener el número de referencia para presentar la declaración y, en su caso, solicitar asistencia personalizada para la confección de la declaración.

Si desea acceder al contenido completo de los documentos, puede hacer clic en el siguiente enlace. (Información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020 e Información para perceptores del ingreso mínimo vital (IMV))

Si desea tener información completa acerca de la Campaña de la Renta en Territorio Común, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

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El Tribunal Supremo considera los bienes inmuebles no arrendados con expectativas de alquiler como rentas imputadas en el IRPF y sin gastos deducibles

El Tribunal Supremo publica una nueva sentencia de fecha 25 de febrero de 2021 en la que establece su criterio en relación con los rendimientos de capital inmobiliario, haciendo la siguiente interpretación: conforme al art.85 Ley IRPF las rentas procedentes de bienes inmuebles, que no se encuentran arrendados ni subarrendados, pero que están destinados a serlo, tributan como rentas imputadas y según el art.23.1 Ley IRPF, los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse como deducibles única y exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en la proporción que corresponda.

El argumento empleado es que, si no hay renta en el ejercicio o parte de él, no cabe deducir gastos imputables a ese periodo. Para el supuesto y el tiempo en que el inmueble no está arrendado, lo que la Ley IRPF contempla es la imputación de rentas inmobiliarias con un mínimo equivalente al 2% o 1,1% del valor catastral sin que el art. 85 Ley IRPF contemple la deducción de gasto alguno. El art. 23.2 Ley IRPF, reduce los rendimientos netos que tributarán por el Impuesto, cuando proceden de arrendamientos de inmuebles para vivienda, cuando los rendimientos netos positivos hayan sido «declarados por el contribuyente», por lo que la reducción no procede si el contribuyente no declara rendimiento alguno pero tampoco si no declara un rendimiento positivo sino negativo, de manera que solo después, como consecuencia del procedimiento de comprobación realizado por la Administración tributaria, el rendimiento resulta ser positivo.

Si desea acceder al contenido completo, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

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Nuevo aviso sobre los plazos de presentación e ingreso del Impuesto sobre Transacciones Financieras

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras fue aprobado por la Ley 5/2020, de 15 de octubre (BOE 16 de octubre) y entró en vigor el 16 de enero de 2021. El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza indirecta que grava las adquisiciones de acciones y su periodo de liquidación es mensual, siendo el plazo de presentación ordinario del 10 al 20 del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual. No obstante, para este primer ejercicio de aplicación, 2021, la presentación e ingreso de las autoliquidaciones correspondientes a los cuatro primeros meses de 2021, se efectuará en el plazo previsto para la presentación e ingreso de la autoliquidación correspondiente al mes de mayo de 2021, es decir, del 10 al 20 de junio de 2021.

Por lo tanto, las primeras autoliquidaciones del impuesto no se presentarán hasta el 10 de junio de 2021.

Si desea acceder a la noticia, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

 

 

Tengo intención de jubilarme, ¿qué tendría que tener en cuenta?

Cuando la fecha de jubilación se acerca, la mayoría de nosotros nos empezamos a hacer preguntas sobre diferentes cuestiones que pueden afectar a nuestra vida como jubilados, así como a la empresa de la que formamos parte.

Por ello, el próximo 15 abril de 09:30 a 11:00 h, nuestros compañeros del equipo de Empresa Familiar de ARPA, impartirán en la sede de ADEFAN,  un seminario titulado “Tengo intención de jubilarme, ¿qué tendría que tener en cuenta?” donde irán explicando todos aquellos aspectos que tenemos que considerar a la hora de jubilarnos tales como la sucesión, el tipo e jubilación o la planificación fiscal y cómo planificarla correctamente.

El programa de la jornada es el siguiente:

  • Mapa de riesgos de la empresa familiar.
    • Sucesión en la propiedad.
    • Sucesión en la gestión empresarial.
    • Plan de contingencia.
  • La jubilación del empresario.
    • Modalidades: jubilación ordinaria, anticipada, activa…
    • Entrada en el capital de familia y trabajadores.
  • Seguridad económica del empresario jubilado.
    • Premio de jubilación.
    • Presidencia de honor.
    • Compatibilidad de la pensión del empresario con otras prestaciones.
    • Planificación fiscal de otras percepciones.

Presenta: Marisa Sáinz, directora de ADEFAN

Ponentes:

  • Sonia Olóriz, coordinadora del equipo de Empresa Familiar y asesora fiscal del dpto. fiscal de ARPA Abogados Consultores.
  • Marta Hernández, abogada del departamento laboral y miembro del equipo de Empresa Familiar de ARPA Abogados Consultores.
  • Jorge Arellano, responsable de Corporate Compliance y miembro del equipo de empresa familiar de ARPA Abogados Consultores.

 

La asistencia podrá ser presencial o telemática. Si está interesado en inscribirse, debe rellenar el siguiente formulario.

Consideraciones fiscales sobre la retribución de administradores y directivos

Teresa Zumaquero- Asesor fiscal de ARPA Abogados Consultores.

 El 1 de enero de 2017 entró en vigor en Navarra la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), recogiendo esta Ley, en su artículo 23.1 e), de forma expresa, que no tendrán la consideración de liberalidades las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.

La introducción de esta novedad suponía -al menos así lo pensábamos entonces- un punto y final en la polémica que había existido hasta el momento al venir considerando la Administración como gasto fiscalmente no deducible la retribución abonada a los administradores en aquellos casos en que los estatutos recogían que el cargo de administrador era gratuito y el administrador, que también llevaba a cabo funciones ejecutivas o de dirección, percibía una retribución por dichas funciones de dirección. En estos casos se venía entendiendo, en aplicación de la teoría del vínculo, que las funciones de dirección quedaban absorbidas por las propias del cargo de administrador, por lo que, si los estatutos establecían que dicho cargo era gratuito, la retribución percibida no tenía la consideración de fiscalmente deducible siendo considerada una liberalidad.

Sin embargo, la tranquilidad ha durado poco. El Tribunal Económico – Administrativo Central ha vuelto a cuestionar, en su Resolución de fecha 17 de julio de 2020, la deducibilidad de estas retribuciones insistiendo en que la retribución abonada a un administrador por las funciones de dirección en aquellos casos en que los estatutos contemplan la gratuidad del cargo, es un gasto contrario al ordenamiento jurídico, esto es, un gasto contrario a la normativa mercantil y, por tanto, no puede tener la consideración de fiscalmente deducible.

En este sentido, el mencionado Tribunal establece que, para que las retribuciones abonadas a los administradores tengan la consideración de gasto fiscalmente deducible, es preciso que se cumpla de forma escrupulosa lo dispuesto en la normativa mercantil (previsión estatutaria y aprobación en junta).

Aunque la Resolución del Tribunal gira en torno a la normativa estatal, en la medida en que la Ley Navarra en la materia está redactada en los mismos términos que la de territorio común, las conclusiones vertidas en la misma podrían ser extrapolables al territorio foral. Por ello, aunque estimamos que las mencionadas conclusiones son más que cuestionables, consideramos que, con la finalidad de evitar que Hacienda pueda discutir la deducibilidad de estos gastos, resulta necesario prestar especial atención a la observancia de los requisitos mercantiles a la hora de configurar estas retribuciones.

Además, no es posible pasar por alto la repercusión que la planificación de la retribución de administradores y directivos puede tener en otros Impuestos, además de lo ya mencionado a efectos del IS. En este sentido, resultan especialmente relevantes las implicaciones que estas cuestiones tienen en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en aquellos supuestos en los que se pretende aplicar la exención de participaciones en la empresa familiar. En estos casos, entre los requisitos necesarios para disfrutar de la exención figura el que más de la mitad de la totalidad de los rendimientos del trabajo y actividades económicas y profesionales del sujeto pasivo provengan de la empresa familiar por el ejercicio de funciones de dirección. Por ello, una correcta configuración de la retribución de administradores y directivos, tanto desde un punto de vista formal como material, resulta imprescindible para probar el ejercicio de dichas funciones y, por tanto, para el disfrute de la exención.

Todo lo anterior entronca directamente con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la adecuada aplicación de los porcentajes de retención previstos por un parte, para trabajadores y, por otra, para administradores, así como la información de forma correcta de las retribuciones en el Modelo informativo 190.

En conclusión, la retribución de administradores y directivos en el ámbito fiscal exige un análisis tanto en el IS como en el IP y el IRPF, de forma que dichas retribuciones estén configuradas de forma coherente y cohesionada en los distintos Impuestos, evitando así que en una eventual comprobación Hacienda pueda llegar a discutir no sólo la deducibilidad del gasto en el IS sino también la exención de participaciones en la empresa familiar en el IP o la indebida aplicación de los porcentajes de retención en el IRPF.

                                    

Actualidad fiscal: marzo 2021 (I)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

  1. Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria

  2. Nota de la Agencia Tributaria sobre diversas cuestiones relativas al rango de plena competencia en materia de precios de transferencia

  3. Nota sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la deducción para evitar la Doble Imposición Internacional Jurídica regulada en el artículo 31 del TRLIS y de la LIS.

  4. El TJUE avala el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE)

  5. Tribunal Supremo: El alto tribunal interpreta la cláusula 7p de la Ley del IRPF incorporando la ida y vuelta de los trabajadores en el extranjero

  6. Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio

  7. Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento del IVA.

  8. Calendario del contribuyente

 

 

Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ha publicado en su web que el próximo 16 de marzo de 2021 va a proceder a cambiar los certificados electrónicos que se utilizan para ofrecer servicios a los contribuyentes. Este cambio permitirá seguir accediendo a los servicios de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria sin que exista el riesgo de que se pueda impedir el acceso desde el navegador que utilizan habitualmente.

os nuevos certificados electrónicos serán firmados por el prestador de servicios de certificación GlobalSign, reconocidos por los principales navegadores y la máquina virtual de Java. Así, los dominios afectados por este cambio son:

    • agenciatributaria.gob.es

    • agenciatributaria.es

    • aeat.es

Si quiere acceder a la información completa, pulse en el siguiente enlace: Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria – Agencia Tributaria

 

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Nota de la Agencia Tributaria sobre diversas cuestiones relativas al rango de plena competencia en materia de precios de transferencia

La Agencia Tributaria publicó el pasado 25 de febrero una nota sobre cuestiones acerca del rango de plena competencia en materia de precios de transferencia. Ante las cuestiones problemáticas que se plantean a la hora de utilizar rangos de valores para la determinación de un valor de mercado, la Agencia Tributaria trata de analizar la cuestión y velar por el respeto al principio de plena competencia, tanto por parte del contribuyente como por parte de la Administración.

El procedimiento por el cual se acredita si una operación responde a las condiciones de plena competencia se basa en la utilización de rangos de valores conforme a las Directrices de la OCDE (Sección A.7 del Capítulo III párrafos 3.55 a 3.666).  Tal y como establecen las Directrices en su párrafo 3.55, a la hora de aplicar el principio de plena competencia, en ocasiones, es posible determinar una cifra única como referencia más fiable para establecer si la operación responde a las condiciones de plena competencia; sin embargo, en la mayoría de ocasiones la valoración conduce a un rango de cifras.

Para determinar el rango, aquellas operaciones con menor grado de comparabilidad deben eliminarse; asimismo, en la medida en que se pueda mejorar la comparabilidad y ello sea posible, deberán practicarse ajustes de comparabilidad en aquellos valores que lo precisen. No obstante, es habitual que la falta de información impida la realización de dichos ajustes. Un rango de valores con una amplia dispersión suele ser indicativo de defectos de comparabilidad en los valores que determinan el rango y debe llevar a un análisis más detallado.

Tras las depuraciones realizadas se puede obtener un rango de valores en el que todos los resultados son muy fiables y relativamente iguales. En este caso, cualquier punto del rango cumple el principio de plena competencia y, por tanto, no procederá ningún ajuste si el valor declarado por el contribuyente está dentro del rango. Si está fuera del rango, el ajuste llevará el valor de la operación vinculada al valor que, estando dentro del rango, se encuentre más próximo a aquel.

En la práctica, lo usual será que el rango no comprenda resultados muy fiables y relativamente iguales. En este caso, una vez eliminados los resultados menos comparables, ante la persistencia de defectos de comparabilidad que no puedan identificarse o cuantificarse (y que, por tanto, no pueden ajustarse), se utilizan habitualmente herramientas estadísticas que, si bien no eliminan dichos defectos de comparabilidad, permiten mejorar la fiabilidad del análisis. Ello se consigue mediante el estrechamiento del rango, utilizando sólo aquellos valores comprendidos entre el 1er y 3er cuartil. En este caso, si el valor declarado por el contribuyente se encuentra dentro del rango de plena competencia, no deben practicarse ajustes. Si, por el contrario, el valor declarado por el contribuyente se encuentra fuera del rango, el ajuste, con carácter general, se realizará a la mediana. Salvo que, tal como se señala expresamente en la doctrina de la UE, tras un análisis exhaustivo de los hechos y circunstancias del caso, exista una justificación para elegir otro punto concreto del rango, debiendo recaer la carga de la prueba en aquel que pretende hacer valer ese otro punto.

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Nota sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de la deducción para evitar la Doble Imposición Internacional Jurídica regulada en el artículo 31 del TRLIS y de la LIS.

El objeto de esta nota es poner de manifiesto criterios adoptados en el marco de la comprobación de la deducción para evitar la doble imposición internacional (DDII) jurídica aplicada por los obligados tributarios, que han sido confirmados en diversas instancias administrativas y judiciales (artículo 31 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y artículo 31 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015).

Esta nota solo hace referencia a los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar la DDII en el caso de rentas obtenidas sin establecimiento permanente, y además cita también otra jurisprudencia aplicable.

Por ello, los requisitos analizados son:

    • Necesidad de acreditación del pago efectivo de la retención en el otro Estado.

Atendiendo a lo establecido en el artículo 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, corresponde al obligado tributario la justificación del pago efectivo en el Estado de la fuente, utilizando, a tal fin, los medios de prueba que entienda oportunos.

    • La retención exigida en el otro Estado debe ser la que se derive del CDI suscrito con el mismo.

Solo puede ser objeto de deducción la retención en el Estado de la fuente que proceda legalmente según el Convenio de Doble Imposición (CDI, en adelante) suscrito con el Estado correspondiente (TRLIS art. 31.1.a), LIS art. 31.1.a)).  Además, es importante saber que, en muchas ocasiones, el Estado donde se obtiene la renta retiene por encima de las previsiones contenidas en el CDI, en cuyo caso, la sociedad debe exigir la devolución del exceso en dicho Estado, pero NUNCA se admitirá su deducción en el Impuesto sobre Sociedades en España.

    • Aplicación del límite de deducción.

En el Impuesto sobre Sociedades se puede deducir la menor de dos cantidades (TRLIS art. 31.1.b), LIS art. 31.1.b)):

– el impuesto efectivamente satisfecho en el otro Estado y

– “El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar por las mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio español”.

 Para calcular la cuota íntegra que correspondería pagar en España, debe tenerse en cuenta la RENTA NETA obtenida en el otro Estado (es decir, ingresos brutos obtenidos menos TODOS los gastos asociados, incluidos gastos directos e indirectos, en España o en el Estado de la fuente).

    • El impuesto soportado en el otro Estado no es gasto deducible para la determinación de la base imponible.

Si se ha contabilizado el impuesto soportado en el otro Estado como un gasto, debe realizarse un ajuste positivo al resultado contable por idéntico importe, aunque no se admita íntegramente la deducción de dicho impuesto en la cuota (TRLIS art. 31.2, LIS art. 31.2).

 

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El TJUE avala el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) que grava con un 7% la producción de energía eléctrica de las plantas de generación. El impuesto se reguló en 2012 con la finalidad de frenar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

La cuestión prejudicial procede de la Comunidad Valenciana, donde existen más de 1.300 procedimientos acumulados y provisionalmente suspendidos, hasta tener una respuesta del TJUE, cuya posible decisión en contra de este impuesto podría permitir a pequeños y grandes productores presentar las correspondientes reclamaciones para recuperar el impuesto ingresado en los últimos ejercicios no prescritos.

En este sentido, el TJUE se ha pronunciado acerca de esta cuestión controvertida, dando su respaldado el IVPEE y defendiendo su compatibilidad con las Directivas Europeas. Con ello, la Sentencia establece que la Directiva 2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, no se opone a la normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida. En conclusión, la norma permite a los Estados miembros imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos. Asimismo, la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables es compatible con el IVPEE porque la normativa nacional grava la electricidad que se produce también de fuentes renovables y cuyo objeto sea recaudatorio y no proteger el medio ambiente.

Las reclamaciones acumuladas hasta el momento finalizan con la sentencia del TJUE y por todo lo expuesto, no hay motivos discriminatorios entre normativa nacional y Directivas que impidan el Impuesto.

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Tribunal Supremo: El alto tribunal interpreta la cláusula 7p de la Ley del IRPF incorporando la ida y vuelta de los trabajadores en el extranjero

El artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas regula los supuestos de exención, entre los cuales contempla el caso de los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero siempre que se cumplan los requisitos legales contemplados en la normativa; es la conocida “cláusula 7p” (7 n) en la normativa navarra).

En la aplicación del precepto se han derivado interpretaciones distintas respecto al tratamiento de los días de ida y vuelta de los trabajadores en el extranjero. La interpretación sostenida por la AEAT, validada por el TSJ de Madrid, limitaba los días de ida y vuelta, así como los fines de semana u otras horas que no comprendieran el horario laboral del trabajador. Sin embargo, esta interpretación va en contra de la propia finalidad de la exención, que no es otra que fomentar la internacionalización del capital humano con residencia en España.

El fallo del Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de febrero de este año (STS 607/2021, de 25 de febrero, Recurso nº 1990/2019) respalda la finalidad de la exención, y por ello incorpora los días de ida y vuelta del trabajador argumentando que la interpretación que estaba haciendo Hacienda hasta ahora de la cláusula 7p era “contraria a la lógica y a la finalidad de la norma”. Resumidamente, estamos ante un beneficio fiscal que trata de internacionalizar a los trabajadores y el Tribunal Supremo interpreta de manera laxa incorporando los días de viaje del trabajador.

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Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio

La pandemia ha acentuado la necesidad de medios que no requieran la presencia física en procedimientos de la administración, es por eso que se aprueba el presente Decreto Foral para modificar el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral 177/2001, de 2 de julio, en relación del régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en concreto, el procedimiento de subasta. La finalidad es buscar la agilización y simplificación a través del procedimiento electrónico previsto en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, así como la potenciación de dichos medios.

Para la potenciación de la concurrencia se ha reducido el importe del depósito exigido para la participación de la subasta, del 20 al 5% del tipo de subasta del bien. Además, el articulo 139 sobre enajenación mediante adjudicación directa, se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta.

En conclusión, el objetivo es simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia, así como la transparencia y agilidad, que el actual contexto de crisis sanitaria pone de énfasis la necesidad de avanzar en los procedimientos y apostar por la digitalización de los mismos.

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Proyecto de Real Decreto de modificación del Reglamento del IVA.

El Ministerio de Hacienda ha publicado un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento del IVA.  Con su aprobación concluye la incorporación de las Directivas UE) 2017/2455, de 5 de diciembre de 2017 y 2019/1995, de 21 de noviembre de 2019 en materia de regulación del comercio electrónico en el ámbito del IVA y las reglas de tributación de las entregas y prestaciones de empresarios o profesionales contratadas generalmente en internet por consumidores finales comunitarios.

En este sentido, en las operaciones transfronterizas se establece la regla de tributación en destino, estableciendo un umbral de 10.000 euros en virtud del cual se permite que aquellos empresarios o profesionales cuyo importe de ventas a distancia intracomunitarias no exceda dicho umbral puedan optar entre la tributación en el Estado miembro del proveedor y la tributación en el Estado miembro de consumo.

Asimismo, se amplían los regímenes especiales de ventanilla única, que estarán a disposición tanto de los empresarios y profesionales establecidos en la Comunidad como de los establecidos fuera de ella, creando para ello tres regímenes distintos en función de quien presta el servicio y dónde se presta el mismo. (empresario o profesional establecido/no establecido, ventas a distancia, etc.)

    • Régimen exterior de la Unión
    • Régimen de la Unión
    • Régimen de importación

Por otro lado, se establece la posibilidad de aplicar una modalidad especial de declaración, liquidación y pago del IVA en la aduana en el caso de no optar por el Régimen de importación, al haber aumentado las operaciones de menos de 150 euros y se modifica el Reglamento del IVA para ajustar los procedimientos de devolución del Impuesto soportado por empresarios o profesionales establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, y a determinados empresarios o profesionales no establecidos ni en estos territorios ni en el territorio de aplicación del impuesto. Finalmente, se modifica el Reglamento de facturación para ajustar a la nueva regulación los supuestos de obligación de expedir factura.

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Calendario del Contribuyente

A continuación, encontrarán el link directo a los diferentes calendarios fiscales:

 

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Ciber riesgo en las empresas: amenazas, marco legal y prevención

El número de dispositivos conectados en las empresas y sobre todo el teletrabajo ha crecido exponencialmente, y con ello, también los riesgos a los que organizaciones se enfrentan a diario. ¿Somos capaces de identificar y gestionar las amenazas en la red?

Con el fin de dar respuesta a esta cuestión, AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) organiza el próximo 17 de marzo de 10:00 a 11:30 un seminario web que contará con la participación de varios expertos de la materia, entre los que se encuentra nuestro compañero Álvaro Abáigar, asociado y director del Departamento de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial.

A lo largo de la sesión, intervendrán:

  • José Antonio Cruceira (Brigada Jefe Equipo de Delincuencia Económica y Tecnológica UOPJ de la Guardia Civil de Navarra) que nos mostrará las principales amenazas y estafas que se dan en el sector empresarial, profundizando en el Ramsomware.

  • Álvaro Abáigar Domínguez (Asociado y director del Dpto de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial de ARPA Abogados Consultores y delegado de Protección de Datos bajo el Esquema de Certificación Agencia Española de Protección de Datos, Lead Auditor ISO 27001, Auditor Jefe ISO 27001 por AENOR) nos dará a conocer las principales obligaciones legales que tienen las empresas en materia de seguridad, que pautas debemos seguir para gestionar un incidente de seguridad y cuál es nuestra responsabilidad.

  • David Rubio López (Cyber Consulting Practice Leader en AON) e Iñaki Telleria Zameza (Cyber Insurance Specialist también de AON), nos explicarán como podemos gestionar el ciber riesgo, llevar a cabo la evaluación del riesgo y como transferir todo esto al mercado asegurador.

 

 Si está interesado en asistir a la jornada, debe inscribirse rellenando el siguiente formulario (pinche aquí)

 

 

 

Patricia Granados, nueva asociada de ARPA Abogados Consultores

  • Patricia Granados Abardía es la subdirectora del departamento laboral y responsable del área de RR.HH. de ARPA.

  • Siguiendo la línea de reconocimiento del talento que ARPA Abogados Consultores impulsa desde hace años, Patricia se convierte en la octava asociada del despacho.

 

Pamplona, 3 de marzo de 2021. ARPA Abogados Consultores, para el cumplimiento de su misión de acompañar a los clientes en sus proyectos empresariales, prestándoles el mejor servicio posible y de contribuir al desarrollo profesional y personal de las personas que integran su despacho, busca destacar el talento internamente. Para ello, identifica a las personas que, por su valía profesional, habilidades de desempeño, excelencia en la gestión del cliente, trabajo en equipo y especial esfuerzo y compromiso, sean capaces de tomar mayores responsabilidades en el liderazgo e impulso del proyecto.

En esa línea y tras haber demostrado un excelente desempeño profesional, desde principios de 2021, se ha reconocido la condición de asociada de ARPA Abogados Consultores a Patricia Granados Abardía, un nombramiento que se suma a los siete asociados nombrados en años anteriores.

Patricia Granados Abardía, subdirectora del departamento laboral y responsable del área de RR.HH. de ARPA, ha sido nombrada nueva asociada del despacho ARPA Abogados Consultores. Patricia es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y abogada colegiada ejerciente del Real e Ilustre Colegio de la Abogados de Zaragoza. Inició su carrera profesional como abogada especialista en el orden jurisdiccional social en la ciudad de Zaragoza y se incorporó al Departamento laboral de ARPA Abogados Consultores en 2007. En 2013, fue nombrada responsable de RR.HH. de ARPA Abogados Consultores. Cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento laboral en materia del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, asistencia letrada ante organismos públicos y órganos judiciales y gestión de los RR.HH. de la empresa.

 

 

 

 

Actualidad fiscal: febrero (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

 

Tribunal Supremo: Deducibilidad fiscal de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades       

 STS de 8 de febrero de 2021

Sentencia nº 150/2021

En esta reciente sentencia, el Tribunal Supremo considera que los intereses de demora exigidos en una liquidación practicada en un procedimiento de comprobación serán considerados como gasto fiscalmente deducible, ya que guardan relación con los ingresos obtenidos por la entidad, y, por tanto, con la actividad económica que realiza.

Asimismo, establece que dichos intereses de demora “tienen por objeto compensar por el incumplimiento de una obligación de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento. Tienen, pues, carácter indemnizatorio”, y no tienen el carácter de donativo o liberalidad, lo que les haría tener la consideración de gasto no deducible en el IS.  También se hace más fuerte la posición del TS al hacer referencia al carácter financiero de los intereses, que están también regulados en las normas de valoración del Plan General Contable.

Con esta sentencia se pone fin a los diferentes pronunciamientos dictados en esta materia y al diferente criterio que mantenían tanto el TEAC como la DGT, en ocasiones contradictorio, unificando así el criterio que ha de mantenerse en el futuro.

Para consultar la sentencia completa, pulse aquí.

 

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Criterio AEAT sobre el principio de regularización íntegra en el IVA.     

 

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición en su página web una nota sobre el principio de regularización íntegra en el IVA. Ha considerado oportuno resumir los criterios interpretativos fijados por la jurisprudencia en esta materia en las últimas Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019, 10 y 17 de octubre de 2019 y de 2 de octubre de 2020.

El principio de regularización íntegra viene a defender que, si en una comprobación inspectora se constata que el obligado tributario ha soportado indebidamente unas repercusiones de cuotas del IVA, la Inspección no debe limitarse a denegar la deducción de dichas cuotas, sino que también debe considerar la devolución de ingresos indebidos que pudiera corresponder, efectuando una regularización íntegra, de acuerdo con lo exigido por la jurisprudencia y la doctrina del TEAC.

La nota termina concluyendo los siguientes puntos:

  1. La Inspección debe procurar, de acuerdo con sus facultades, efectuar una regularización íntegra o completa de la situación del obligado tributario, con el fin de evitar que se produzca una doble imposición económica en el obligado tributario y que suponga un enriquecimiento injusto para la Administración.

  2. Procede incluso en situación de fraude o abuso.

  3. Únicamente procederá si el proveedor de los bienes o servicios que indebidamente repercutió el Impuesto, hubiese procedido previamente a su ingreso en el Tesoro Público.

  4. Será la Inspección la encargada de cuantificar el ingreso efectuado.

  5. Procederá tramitar las devoluciones en “unidad de acto” dentro del procedimiento de inspección siempre que no se produzca indefensión a la otra parte de la relación.

  6. La sanción correspondiente no será objeto de neteo.

Para consultar la sentencia completa, pulse aquí.

 

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Cuestiones fiscales y legales a tener en cuenta tras el Brexit

La Cámara de Valladolid en colaboración con ARPA Abogados Consultores organiza el próximo 26 de febrero un seminario web en el que varios expertos en la materia analizarán las principales cuestiones fiscales y legales a tener en cuenta tras el Brexit.

La sesión tendrá lugar de 10:00 a 12:00 horas a través de Zoom y contará con la intervención de Carlos González-Cascos (director de la oficina de ARPA en Castilla y León), Irene Francés (asociada-subdirectora del Departamento Fiscal) y Álvaro Abaigar (asociado y director del Departamento de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual e Industrial) de ARPA Abogados Consultores.

 

El programa de la jornada será el siguiente:

BIENVENIDA E INTRODUCCION (CÁMARA DE VALLADOLID) 

REPERCUSIONES FISCALES DEL BREXIT

    1. Incidencias en el IVA:
      1. Entregas de bienes:
        1. Exportaciones.
        2. Importaciones.
        3. Devoluciones a no establecidos
      2. Prestaciones de servicios.
    2. Incidencias en Impuestos especiales.
    3. Incidencias en viajeros y particulares.
    4. Incidencias en los impuestos directos:
      1. IRPF
      2. Impuesto sobre Sociedades.
      3. Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

BREXIT Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

    1. Novedades recientes en materia de venta on-line.
    2. Propiedad Industrial y Brexit: cómo afecta a las Patentes y Marcas.
    3. Protección de datos. Transferencias internacionales de datos.

 

Si desea inscribirse en la jornada, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

 

 

Comentarios sobre la limitación a la exención de dividendos y plusvalías de entidades.

El pasado 30 de diciembre, con un pie puesto ya casi en este ansiado 2021, despedimos el año con la aprobación de una batería de importantes – y controvertidas – novedades normativas en el ámbito tributario, tanto a nivel foral como de territorio de común. Destaca por su trascendencia la relativa al régimen de exención previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para las rentas derivadas de dividendos y de transmisiones de participaciones en entidades residentes y no residentes.

En el tintero desde hacía tiempo, pasa a limitarse definitivamente al 95% la aplicación de la exención sobre el importe de la renta obtenida por dividendos y plusvalías de entidades residentes y no residentes. No obstante, de forma excepcional, se mantendrá la exención plena cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. Que la entidad que recibe los dividendos o beneficios tenga un importe neto de cifra de negocios inferior a 40 millones de euros en el período impositivo anterior. Se exige, además, que dicha sociedad no tenga la consideración de entidad patrimonial; no forme parte, con carácter previo a la constitución de la sociedad en la que participa, de un grupo mercantil en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio; y, que antes de dicha constitución, no tuviera un porcentaje de participación directo o indirecto en otras entidades de, al menos un 5%.

  2. Que los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de forma directa y desde su constitución, la totalidad del capital.

  3. Que los dividendos o beneficios se distribuyan durante los 3 años siguientes y sucesivos a la constitución de la entidad.

Esta excepción se establece “con la finalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros”. Ahora bien, la necesidad de cumplir con un estándar de requisitos tan riguroso, como lo es limitar temporalmente la exención a sociedades que se constituyan a partir de 2021, no parece que sea congruente con esta finalidad.

Por tanto, parece evidente que su aplicación práctica va a quedar reducida considerablemente, de forma que, con carácter general, la limitación al 95% de la exención va a suponer gravar el importe íntegro de dividendos y plusvalías a un tipo efectivo del 1,40% en Navarra (el 5% de la renta al tipo general de gravamen del 28%) y de un 1,25% en territorio común (el 5% de la renta al tipo de gravamen general del 25%)

Esta limitación a la exención encuentra su fundamento en la consideración como no deducibles de los gastos de gestión asociados a las participaciones que las entidades matrices tienen en sus filiales. Se busca, por tanto, neutralizar su impacto respecto del beneficio imputable de la sociedad matriz. Para ello, la propia Directiva Europea matriz-filial otorga a los estados miembros facultades para fijar a tanto alzado la cuantía de dichos gastos sin que pueda exceder del 5% de los beneficios distribuidos por la sociedad filial. Ahora bien, ¿es realista asumir este porcentaje, más aún para todos aquellos supuestos en los que dichos gastos de gestión son prácticamente inexistentes?  

Además, entre las novedades introducidas, se excluye de la aplicación de la exención a todas aquellas participaciones cuyo valor de adquisición supera los 20 millones de Euros, pero no alcanzan el 5% de participación en el capital social de la entidad participada (se ha previsto un régimen transitorio hasta 2025 para las participaciones adquiridas con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley).

Por otra parte, en consonancia con la reducción a la exención, se ha introducido también una limitación en la aplicación de la deducción por doble imposición internacional sobre dividendos procedentes de entidades no residentes en territorio español (95% sobre la cuota íntegra que correspondería pagar en España).

¿Qué ocurre en el seno de grupos empresariales? ¿Cómo opera esta limitación a la exención en los mismos?

En cuanto a la aplicación de la exención en los supuestos de grupos de empresas, la Ley no contempla la posibilidad de mitigar el efecto de la limitación de la exención cuando los dividendos o plusvalías son distribuidos a través de sociedades con distintos niveles de participaciones (cadenas de sociedades). Esto puede suponer que, si existe una cascada de sociedades desde la matriz, se tenga que pagar el tipo efectivo del 1,40% en Navarra sobre la renta en cada distribución de dividendos interna, amplificando la factura fiscal.

Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto claro de doble imposición por cuanto que se está haciendo tributar rentas por dividendos y plusvalías en sede de la sociedad que obtiene el beneficio, rentas que ya han sido objeto de gravamen con anterioridad en cada uno de los niveles y cuyo reparto no supone ninguna riqueza adicional para el grupo. Es evidente que estas situaciones desincentivan la creación de estructuras con más de un nivel de sociedades por el efecto multiplicador de tributación que se genera.

Este impacto resulta más sangrante en el seno de grupos empresariales que tributan en régimen de consolidación fiscal, donde existe un único sujeto pasivo a efectos del Impuesto sobre Sociedades gravándose una única base imponible que descansa en la agregación de las bases imponibles individuales correspondientes a todas las entidades del grupo fiscal, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones por transacciones intragrupo.

Así, se modifican expresamente los artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades relativos al régimen de consolidación fiscal, de forma que no son objeto de eliminación las rentas intra-grupo que deban integrarse en las bases imponibles individuales por la limitación del 95% en la exención por dividendos y ganancias de capital. No obstante, la no eliminación de estas rentas intra-grupo es contraria a la coherencia y los principios del régimen de consolidación fiscal.

En función del tratamiento más o menos competitivo que los países de nuestro entorno otorguen al régimen de exención de dividendos y plusvalías sobre participaciones en fondos propios, la reducción de la exención puede conllevar que nuestro país pierda su atractivo como plataforma para la implantación de inversiones internacionales. En un mundo globalizado como el que vivimos, parece obligado que nuestro legislador contemple el contexto económico de nuestro entorno a la hora de introducir modificaciones normativas de calado como las aquí expuestas, así como las consecuencias que de su implementación puedan derivarse.  

En definitiva, a la vista de la introducción de esta limitación al 95% de la exención sobre el importe de la renta obtenida por dividendos y plusvalías de entidades y, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos que esta conlleve, van a ser muchas las entidades y grupos de sociedades que deban detenerse a analizar y repensar la adecuación de sus estructuras organizativas. En este contexto, puede resultar recomendable  acometer cambios para simplificar la misma, evitando, por ejemplo, entidades intermedias superfluas o trasladando sociedades holding tenedoras de participaciones extranjeras a países de nuestro entorno que cuenten regímenes de participation exemption más ventajosos, a los efectos de reducir costes y duplicidades, racionalizar la estructura, centralizar la toma de decisiones y evitar, al mismo tiempo, el impacto fiscal derivado de esta nueva realidad.

 

Asesor fiscal de ARPA Abogados Consultores

Actualidad fiscal: enero (II)

Desde el  Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés:

 

 

 

LOS INTERESES DE DEMORA ABONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NO ESTÁN SUJETOS EN EL IRPF

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó el 3 de diciembre de 2020 la Sentencia 1651/2020 en la que responde a si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del IRPF, constituyendo una ganancia patrimonial o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente.

La Sala, tras confirmar la naturaleza indemnizatoria de los intereses de demora, tanto si los abona la Administración como si los abona el contribuyente, acude a la doctrina fijada en su sentencia de 25 de febrero de 2010 en cuanto al carácter deducible o no en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora. En ese supuesto resolvió que no pueden considerarse como gastos los derivados del incumplimiento de la norma, por lo que el mismo tratamiento deben recibir los intereses de demora que debe abonar la Administración, en cuanto a que no deben estar sujetos como ganancia o beneficio del contribuyente.

Como explica el Alto Tribunal “hay que considerar que los intereses de demora constituyen un supuesto de no sujeción, esto es, si estamos como sostiene el artículo 2 de la ley ante una ganancia patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida.” Y concluye que en caso de que los intereses de demora deban considerarse sujetos, la finalidad compensatoria “quedaría frustrada, al menos parcialmente.”

Acceda a la sentencia completa aquí.

 

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CARÁCTER CONFISCATORIO DEL IIVTNU CUANDO ABSORBE LA TOTALIDAD DE LA RIQUEZA OBTENIDA POR LA TRANSMISIÓN

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó el 9 de diciembre de 2020 la Sentencia 1689/2020 en la que analiza otro de los problemas que plantea la conocida plusvalía municipal. En esta ocasión fija doctrina y se plantea si tendrá carácter confiscatorio la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto.

En el supuesto analizado por el Tribunal Supremo, el contribuyente transmitió el inmueble obteniendo una ganancia de 17.473,71 euros, resultando una cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de 76.847,76 euros.  Según se expone en la Sentencia “la no confiscatoriedad supondría un límite infranqueable del esfuerzo tributario exigible a los contribuyentes” en la medida en que los obligados tributaros no deben acabar viendo seriamente comprometido su patrimonio, o una gran parte del mismo o -en definitiva- su derecho de propiedad para poder hacer frente al pago de esa carga tributaria.

En consecuencia, se concluye que “la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto tendrá carácter confiscatorio en la medida en que supone – claramente- una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria correspondiente.”

Finalmente, en cuanto a las consecuencias de esta declaración, afirma que no corresponde al Alto Tribunal determinar o fijar, en general, el porcentaje de incremento de valor que podría coincidir con la cuota tributaria para entenderse que no resulta confiscatorio, debiendo hacerlo el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa. Sin embargo, en el caso analizado, el pronunciamiento resuelve las pretensiones de las partes, estimando el recurso planteado por el contribuyente, rectificando la autoliquidación y acordando la devolución de ingresos indebidos.

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DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2021, DE 13 DE ENERO, DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 19/1992, DE 30  DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

 Se publica este Decreto Foral con el fin armonizar el contenido de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las modificaciones realizadas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la decisión de mantener la aplicación de un tipo del 0 por 100 del IVA, con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 y vigencia hasta el 30 de abril de 2021, a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.  Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.           

Debido a esta modificación, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme a la normativa del impuesto, la rectificación del IVA repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, adopta dos medidas de carácter temporal con la finalidad de garantizar la respuesta del sistema sanitario en la segunda fase de control de la pandemia, teniendo en cuenta la obligatoriedad del uso generalizado de las mascarillas quirúrgicas desechables por parte de la población.

Asimismo, se rebaja temporalmente, del 21 al 4 por 100, el tipo impositivo del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de los antes mencionados.

 También será de aplicación el tipo 0 por 100 del impuesto a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de estos productos para rebajar los costes asociados a su utilización y garantizar su difusión.

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas, con el fin de evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos pasivos. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del 0 por 100 no determina la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación. En paralelo con lo anterior, también se realiza un ajuste en el tipo del recargo de equivalencia aplicable a las mencionadas operaciones, que será el el 0 por 100.

Por último, se modifica el tipo impositivo aplicable a las bebidas que contienen edulcorantes añadidos, tanto naturales como aditivos edulcorantes, que pasan a tributar al tipo impositivo general del 21 por 100, medida que constituye un compromiso social para racionalizar y promover su consumo responsable, en particular entre la población infantil y juvenil, y se adapta el contenido del régimen simplificado a la normativa estatal.

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AUDIENCIA NACIONAL: Sentencia de 4 de noviembre de 2020, en relación con los rendimientos exentos del art.7p/7n IRPF de Consejeros que prestan servicios en favor de entidades no residentes:

 En esta sentencia puede apreciarse el criterio a seguir para la aplicación del artículo 7 p) de la Ley del IRPF (normativa estatal, artículo 7 n) de la normativa navarra) en cuanto al cumplimiento de sus requisitos, para poder considerar como exentas las rentas percibidas por trabajos realizados en el extranjero, en el caso de tratarse de Consejeros de una entidad.

En este supuesto, “se regularizan las cantidades satisfechas por la empresa a dos de sus Consejeros, consideradas exentas por corresponderse con trabajos realizados en el extranjero (art. 7. P LIRPF), en tanto que el actuario sostiene que no resulta aplicable la exención por tratarse de contraprestaciones pagadas por desplazamientos realizados por aquellos en su condición de administradores de la empresa, y, por tanto, no concurren los requisitos de dependencia y ajenidad que caracterizan las relaciones laborarles por cuenta ajena”, incurriendo en la correspondiente infracción tributaria al dejar de ingresar parte de la deuda.

La controversia pudo darse por tratarse de servicios prestados por los Consejeros, ya que la ley hace referencia a la expresión «trabajos» del artículo 7 p) entendiéndose referida a los rendimientos del trabajo definidos en el artículo 17.1 de la LIRPF, es decir, a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria, así como a determinados supuestos contemplados en el artículo 17.2 de la LIRPF (como sería el caso de las relaciones laborales de carácter especial).”

En dicho artículo, la exención “no exige de manera expresa que los trabajos que dan derecho la exención se desarrollen en el ámbito de una relación de carácter laboral o estatutaria, ni ello puede deducirse exclusivamente de la expresión «trabajos».

Debemos recordar la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo sobre la norma, dejando sentado que “no exige dos compañías distintas, la empleadora, residente, y la extranjera a cuyo favor se realiza una prestación de servicios; afirmando que lo único que demanda el precepto es que se trate de una persona física residente fiscalmente en el territorio español -para lo que será bastante con que tenga aquí el centro vital de sus intereses- que trabaje por cuenta ajena en una empresa o entidad no residente o en un establecimiento permanente situado en el extranjero” (STS de 20 de octubre de 2016 – rec. 4786/2011).

Asimismo, será también importante que la finalidad del desplazamiento sea la de internacionalizar el capital humano (que no es sólo el personal laboral o estatutario) con residencia en España que se desplaza a trabajar al extranjero.

Por tanto, procede a estimar la exención, dejando claro que la única circunstancia de ser los perceptores de los rendimientos miembros del Consejo de Administración de la entidad recurrente, no es suficiente para negar la aplicación de la exención, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en la norma, y en particular que los trabajos desempeñados en el extranjero, tratándose de operaciones intragrupo, produzcan una utilidad o ventaja para la entidad destinataria. 

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Recordatorio Modelo 720

 La declaración de bienes y derechos en el extranjero – modelo 720 – se presenta cada año, del 1 de enero al 31 de marzo, fecha en que finaliza el plazo para la presentación de la declaración correspondiente al ejercicio 2020 para los contribuyentes navarros que tengan obligación de presentarla.  Cabe destacar respecto de la referida obligación las siguientes cuestiones:

Información a suministrar:

 El modelo 720 tiene por objeto informar sobre los siguientes cuatro tipos de bienes o derechos:

  • Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero de las que sean titulares, beneficiarios, autorizados u ostenten poder de disposición. 

  • Títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades o de la cesión a terceros de capitales propios de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores o rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios y hayan sido contratados con entidades establecidas en el extranjero.

  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. 

  • Bienes muebles y derechos sobre bienes muebles de su titularidad situados en el extranjero[1]

 Supuestos de exoneración:

 En general, no existe obligación de informar sobre ningún tipo de bien o derecho siempre que, por tipo/bloque de bienes o derechos, los saldos o valores de los mismos no superen, conjuntamente, el umbral de 50.000 €.

Sin embargo, respecto de los bienes muebles, se hace referencia, en relación con el umbral, al valor unitario del bien mueble.

Además, la norma prevé unos supuestos de exoneración subjetiva, entre los que cabe destacar:

  1. Las personas jurídicas y demás entidades que tengan registrados los correspondientes bienes y derechos en el extranjero en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados.

  2. Las personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y tengan registrados los bienes y derechos en el extranjero en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados.

Declaración correspondiente a 2020:

Se tendrá obligación de presentar la declaración si respecto a aquellos bienes y derechos que dieran lugar a la presentación del modelo 720 en años anteriores, el valor conjunto, por cada tipo/bloque de bienes, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto del que determinó la obligación de presentación de la última declaración.

Asimismo, deberá presentarse la declaración respecto a aquellos tipos de bienes o derechos que, aunque no hayan experimentado una variación superior a 20.000 €, hayan superado el umbral de 50.000 € en el ejercicio 2020, determinando la obligación de declaración por primera vez.

De la misma forma, habría que declarar la extinción/baja producida en 2020 de cualquiera de los bienes/derechos declarados en algún otro ejercicio.

Régimen sancionador:

La Ley Foral General Tributaria establece un régimen sancionador específico que prevé sanciones por la no presentación en plazo o la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la declaración, así como por la presentación del modelo 720 por medios distintos a los telemáticos.  De momento, este régimen sancionador sigue vigente, a pesar que este tema ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerarse desproporcionado.

Para el caso de que el contribuyente presente la declaración fuera de plazo, hay que distinguir dos situaciones:

  • Que el contribuyente presente la declaración fuera del plazo voluntario de presentación, pero antes del requerimiento de la Administración Tributaria. 

En este caso, y dentro de cada uno de los bloques de bienes objeto de declaración, la sanción será de 100 € por cada dato con un mínimo de 1.500 €.

  • Que el contribuyente presente la declaración una vez haya sido requerido para ello por la Administración Tributaria. 

En este caso, y dentro de cada uno de los bloques de bienes objeto de declaración, la sanción será de 5.000 € por cada dato con un mínimo de 10.000 €.

 

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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. ENERO

A continuación, encontrarán el link directo a los diferentes calendarios fiscales:

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[1] La obligación de declarar este tipo de bienes no resulta aplicable a aquellos contribuyentes del IRPF cuya residencia esté en Territorio Común.

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