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Nuevo tratamiento en el ámbito de IVA de las ventas on-line

Miguel Yárnoz, asesor fiscal de ARPA Abogados Consultores

Con la aprobación del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (RDL 7/2021) y su publicación en el BOE de fecha 28 de abril de 2021, se trasponen dos importantes directivas europeas (2017/2455 y 2019/1995) que van a modificar la tributación del IVA del llamado comercio electrónico: las ventas on-line pasan a considerarse localizadas a efectos del IVA en el Estado miembro del consumidor final.

Las directivas establecen nuevas reglas de localización y tributación en las ventas de bienes y prestaciones de servicios contratados ‘on line’ por consumidores finales comunitarios, cuando los bienes y servicios son enviados o prestados por empresarios desde otro Estado miembro o un Estado tercero.

Se han ido publicando noticias referentes a esta nueva normativa y sus efectos en las grandes plataformas de venta, o interfaces electrónicas, que muchos usuarios utilizan para sus compras en la red y que son de todos conocidas. Pero esta reforma también afectará a toda empresa (cada vez más) que realice ventas on-line utilizando en muchos casos las plataformas de venta mencionadas.

Hasta el 1 de julio de 2021 cada Estado miembro ha tenido potestad para legislar e imponer un límite de facturación por debajo del cual se entendía que la compra de bienes por consumidores nacionales no tributaba en su Estado miembro sino en el Estado miembro del vendedor. En España y otros Estados miembros se situaba en 35.000 €. Así, una vez superado dicho importe, el vendedor tenía la obligación de presentar en dicho Estado miembro declaraciones de IVA por las ventas a distancia realizadas a consumidores de dicho Estado miembro de destino. Cabe recordar que, pudiendo ser el límite diferente en cada Estado miembro, el vendedor podía resultar obligado a presentar declaraciones de IVA en aquellos Estados miembros donde las ventas superaran el límite marcado por la legislación interna de cada Estado miembro.

En la búsqueda por parte de la UE de que el IVA se grave en el Estado miembro donde finalmente se consume el bien o servicio por parte de un consumidor final, se ha rebajado y unificado el límite de facturación de las ventas a distancia intracomunitaria de bienes a 10.000 €.  

Este nuevo límite opera teniendo en cuenta todas las ventas a distancia intracomunitarias en su conjunto (no respecto a cada Estado miembro). Por tanto, cualquier empresario o profesional que realice ventas a distancia a particulares (consumidores finales) de cualquier Estado miembro superando dicho umbral conjuntamente, vendrá obligado a presentar declaraciones de IVA en todos aquellos Estados miembros donde estén localizados dichos consumidores finales.

Es importante recalcar que, si el comprador es otro empresario o profesional a efectos de IVA, no se ve afectado por esta modificación (las reglas de localización de las entregas intracomunitarias entre empresarios y profesionales no han variado).

Para evitar que producto de estas ventas “on line” se aumente sobremanera la carga burocrática para estos vendedores, teniendo que presentar en cada Estado miembro la declaración de IVA correspondiente, se podrá utilizar de forma voluntaria el sistema de ventanilla única, conocido por sus siglas en inglés OSS (One Stop Shop) y utilizado hasta ahora para los servicios electrónicos (las famosas descargas y aplicaciones). Para ello, se ha habilitado en la normativa europea el denominado Régimen de la Unión, que desarrolla esta ventanilla única. En este sentido, se declarará en el Estado miembro donde se esté establecido (no en el Estado miembro de consumo) con una única declaración donde se detallarán bases y cuotas a ingresar correspondientes a cada Estado miembro por las ventas a distancia efectuadas (un único ingreso y declaración en la administración tributaria correspondiente al lugar donde esté establecido a efectos de IVA el vendedor).

Como con toda novedad, surgen multitud de dudas y consultas que esperemos que se vayan resolviendo por parte de la AEAT (por ejemplo, cómo afecta este régimen a aquellos sujetos pasivos acogidos al recargo de equivalencia, la aplicación transitoria del límite de facturación en este año 2021, etc.).

Por último, cabe mencionar además que al ser el IVA un impuesto armonizado a nivel comunitario es de esperar que en fechas recientes se apruebe la oportuna modificación normativa tributaria en Navarra idéntica a la introducida por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.

 

 

ARPA en el Ránking de Despachos de Abogados 2020 de Diario Expansión

Gracias a la confianza que, año tras año, siguen depositando en nosotros nuestros clientes y al trabajo, compromiso y dedicación de todo el equipo, ARPA Abogados Consultores vuelve a estar presente entre las principales firmas de Abogados del Ránking de Expansión de este año.

Los bufetes españoles no han sido inmunes a los efectos de la Covid-19. A nivel global, la facturación del sector jurídico en 2020 creció un 1,9%, un porcentaje similar al registrado hace una década durante la anterior crisis económica.  En el caso de ARPA, ha crecido un 2,6 % con respecto a 2019 lo que la sitúa en el puesto 32 en el ranking de los principales despachos nacionales clasificados por volumen de negocio global.

La cifra es positiva para un sector que se encuentra ahora con el difícil reto de adaptar sus modelos de negocio y la definición de nuevas formas de trabajo

 

En cuanto a la facturación por profesional, ARPA presenta una media de 80.372 euros, situándose en el puesto 84.

 

 

Por último, durante el año 2020, aunque varios despachos se vieron obligados a realizar ERTE en sus plantillas en los meses más duros de la crisis sanitaria, el 54 % de las firmas han sido capaz de generar empleo y aumentar el número de profesionales con respecto a 2019. En esta clasificación por incremento de profesionales, ARPA aparece en el puesto 44.  Durante 2020, ARPA incrementó su plantilla de letrados en un 1.3 % y un 2.2% si tomamos como referencia el número total de empleados.

 

 

ARPA Abogados Consultores tiene como misión ayudar a sus clientes a alcanzar su éxito empresarial aportando valor, confianza y seguridad mediante un asesoramiento integral; jurídico, económico y fiscal y fomentando la creación de valor y relaciones; y estas cifras son muestra de ese compromiso que nos obliga a seguir creciendo y mejorando para ofrecer siempre un servicio de la mejor calidad posible a nuestros clientes.

 

 

 

 

Webinar: La certificación en compliance penal

Las organizaciones certificadas conforme a UNE 19601:2017 trasladan a sus grupos de interés la plena confianza respecto a la implementación y aplicación de su sistema de gestión de prevención de delitos.

Para tratar estos temas con el máximo rigor técnico, el miércoles 12 de mayo de 9:30 a 11:00 h, ARPA Abogados Consultores organiza con la colaboración de Bureau Veritas,  un webinar gratuito titulado «Implantación y certificación de sistemas de gestión en compliance penal» en el que nuestro compañero Jorge Arellano (Responsable del Área de Corporate Compliance) y  Rafael Olaso (Responsable Técnico y Auditor Jefe de Compliance en Bureau Veritas) abordarán durante una sesión de hora y media los siguientes puntos:

                

PROGRAMA

  • Presentación.
  • Delitos más significativos para la empresa.
  • Estándares de Compliance y su implantación: UNE 19601:2017 e ISO 37001.
  • Procesos de certificación.
  • La certificación acreditada de ENAC, para marcar la diferencia en los procesos de licitación.
  • Turno de preguntas.

 

Si está interesado en inscribirse, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

Permisos retribuidos: elecciones del 4 de mayo en Madrid

Permisos retribuidos de las personas trabajadoras a fin de que puedan ejercer sus derechos electorales en las elecciones autonómicas convocadas para el día 4 de mayo de 2021 en la Comunidad de Madrid

 

El próximo 4 de mayo de 2021, se celebrarán elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Ayer, día 29 de marzo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regulan, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, los permisos retribuidos de las personas trabajadoras a fin de que puedan ejercer sus derechos electorales en las elecciones autonómicas convocadas para el día 4 de mayo de 2021.

A continuación, se detallan los permisos retribuidos recogidos en la mencionada Resolución:

  1. Permisos retribuidos para personas trabajadoras que tengan la condición de electores:

Consideraciones:

  • Personas contratadas a tiempo parcial: la duración del permiso se reducirá proporcionalmente.
  • La empresa distribuirá, con base en la organización del trabajo, el período en que las personas trabajadoras dispongan del permiso para acudir a votar.
  • En caso de necesitar realizar voto por correo: derecho a permiso retribuido para acudir a Correos a formular personalmente la solicitud de la certificación acreditativa de la su inscripción en el Censo, así como para la remisión del voto por correo. En estos casos, la norma establece que la duración del permiso se calculará en función de los mismos criterios de tiempo de coincidencia entre la jornada laboral y el horario de apertura de las Oficinas de Correos.
  1. Permisos retribuidos para personas trabajadoras que tengan la condición de presidente o vocales de las mesas electorales, interventores y apoderados:

Consideraciones: la Resolución establece que, si alguna de las personas trabajadoras comprendidas en este apartado trabajase en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición de aquellas, deberá cambiar el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

Por último, la Resolución establece que el disfrute de estos permisos, tanto en el caso de electores como miembros de la mesa electoral, apoderados o interventores, no supondrá merma de la retribución de las personas trabajadoras, debiéndose justificar a la empresa certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.

Este año, las elecciones del 4 de mayo se celebrarán en un día laborable en la Comunidad de Madrid por lo que, sin duda, se presentarán numerosas casuísticas en las diferentes empresas, debiendo gestionarse la planificación de tal manera que las personas trabajadoras puedan disfrutar de los permisos retribuidos establecidos en la mencionada Resolución y que, al mismo tiempo, se dé cobertura a las necesidades empresariales.

Desde el Dpto. Laboral de ARPA Abogados Consultores esperamos que esta información les haya resultado de interés y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que deseen plantearnos.

 

Modificaciones a la Ley 10/2010 de 28 de abril en el ámbito societario.

En el día de ayer se produjo la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, que modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para establecer un nuevo requisito legal para las sociedades mercantiles, consistente en la obligación de obtener, conservar y actualizar toda la información relativa al titular o los titulares reales de la Sociedad por un plazo de diez años a contar desde el cese de la condición del Titular Real.

Así, teniendo en consideración la nueva normativa, cuando un Titular Real de una compañía deje de ostentar dicha condición, la sociedad tendrá que custodiar durante el referido plazo de diez años sus datos personales y la documentación que los acredite.

A estos efectos, recordamos que tienen la consideración de Titular Real de una sociedad mercantil las siguientes personas:

  • La\s persona\s físicas que en último término posean o controlen directa o indirectamente, a través de cadena de control, un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25,00%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica.

  • Cuando no exista una persona física que posea o controle directamente o indirectamente dicho porcentaje del veinticinco por ciento (25,00%), se considerará que ejerce este control el administrador o administradores de la sociedad. En el supuesto de que el administrador fuere una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física representante que haya sido designada por esta.

Por otro lado, el legislador ha previsto en la disposición adicional tercera en la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo la creación por el Ministerio de Justicia de un Registro de Titularidad Real, que será de acceso público.

En este sentido, conviene tener presente que desde el ejercicio 2017 las sociedades están obligadas a declarar y hacer constar en el depósito de sus cuentas anuales cualquier modificación en la Titularidad Real de la sociedad que se haya producido.

 

 

Modificación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

En fecha 28 de abril se ha publicado el Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, a través del cual se modifica, entre otras normas, la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con la finalidad de transponer la quinta directiva europea en esta materia (Directiva UE 2018/843).

El Real Decreto ha introducido importantes modificaciones en la Ley 10/2010 de 28 de abril, entre las que podemos destacar las siguientes:

  • El artículo primero de la Ley incluye ahora la definición de moneda virtual, cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y proveedores de servicios de custodia de monederos electrónico.
  • Se modifican varios sujetos obligados previstos por el artículo 2.1 de la norma y se crea como nueva categoría de sujeto obligado a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos.
  • Se introduce a través del nuevo artículo 4 bis la obligación de recabación, conservación y actualización de documentación sobre titulares reales para las personas jurídicas obligadas a declaración de titularidad real. Se deberá conservar la documentación durante un periodo de 10 años desde que se pierda la condición de titular real.
  • Se incluyen dentro de la definición de Personas de Responsabilidad Pública (art. 14) a los cargos de dirección de partidos políticos y a personas que desempeñen funciones públicas importantes en organizaciones internacionales acreditadas.
  • Los sujetos obligados de la Ley deberán realizar un análisis de impacto en materia de protección de datos sobre el tratamiento de estos datos realizado en cumplimiento de las obligaciones de diligencia con la finalidad de adoptar medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales (art. 32 bis).
  • Se modifica parte de la regulación sobre declaración y control de medios de pago (arts. 34 y 35), incluyendo la obligación declaración con una antelación de 30 días de medios de pago no acompañados por persona física que formen parte de un envío sin portador.
  • Se introduce la disposición adicional segunda a través de la cual se crea el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y custodia de monederos electrónicos.
  • Se crea la disposición adicional tercera de la Ley, la cual establece la creación por el Ministerio de Justicia de un Registro de Titularidad Real, el cual será de acceso público.

Puede acceder al contenido completo del Real Decreto 7/2021 a través del siguiente enlace

 

 

 

Actualidad fiscal: abril 2021 (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

El pasado miércoles 15 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la ORDEN FORAL 43/2021, de 9 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para quienes hayan percibido durante el año 2020 prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo.

Como consecuencia de la crisis económica generada por el coronavirus en 2020 muchas personas trabajadoras han sido incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo percibiendo prestaciones por este concepto. La mayor parte de estas prestaciones han sido satisfechas sin practicar retención a cuenta del IRPF, lo que puede derivar que en la declaración de la renta de 2020 importes a pagar superiores a los que habrían resultado si hubiesen percibido su sueldo de la empresa con la correspondiente retención. Para facilitar el pago de la deuda derivada de la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2020 de quienes hayan percibido prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo durante este año, esta orden foral establece la posibilidad de solicitar un fraccionamiento extraordinario en cinco plazos, sin devengo de interés de demora y sin necesidad de aportar garantías. El vencimiento será los días 5 de cada mes, siendo el primero el día 5 de agosto de 2021.

La solicitud del fraccionamiento debe de reunir los siguientes requisitos:

  • Presentación de la autoliquidación del IRPF en plazo.
  • Deudas con cuantía igual o superior a 100 euros.
  • La solicitud de fraccionamiento se realizará mediante el modelo oficial que se presentará por vía electrónica a través de internet y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación. El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 23 de junio de 2021.
  • En caso de tributación conjunta, la solicitud de fraccionamiento la realizará quien figure como declarante en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia de quien sea el miembro de la unidad familiar que haya percibido la prestación por el expediente de regulación temporal de empleo.
  • En caso de incumplimiento del fraccionamiento concedido, se liquidarán intereses de demora desde el día 3 de julio de 2021.

 

Si quiere acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 43/2021, pulse en el siguiente enlace.

Debido a la necesidad de los Estados miembros de proteger sus bases imponibles nacionales de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal han evolucionado hasta adquirir una especial complejidad y a menudo aprovechan el incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior europeo, han surgido nuevas obligaciones de información. En este sentido nació la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, y establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva. Dicha Directiva fue transpuesta por la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, introduciendo dos nuevas disposiciones adicionales en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

 

Si quiere acceder al contenido completo de la Orden HAC/342/2021, pulse en los siguientes enlaces:

El Tribunal Supremo ha publicado su sentencia 1233/2021, de 30 de marzo de 2021, y en ella fija como doctrina la interpretación que debe hacerse del art. 14.1.e) del Real Decreto Legislativo 4/2004 -precepto similar al actual vigente artículo 15.e) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que regula los gastos no deducibles – en el sentido de que los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales aquellas realizados a título gratuito.

Sin embargo, sí serán deducibles aquellos gastos derivados de relaciones públicas con clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios.  Asimismo, serán deducibles todos aquellos que, de la misma manera, estén correlacionados con la actividad empresarial, y dirigidos a mejorar su resultado, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Si desea acceder al contenido completo de la sentencia, puede acceder haciendo clic en el siguiente enlace

En la sentencia de 22 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación que debe hacerse del precepto mencionado en relación con las actividades propias de la participación en los consejos de administración. 

Por una parte, establece que el artículo 7.p) exige como requisito que la prestación de trabajo de que se trate produzca o pueda producir una ventaja o utilidad a la entidad destinataria;  la Sala de instancia consideraba que no existe prueba de que mediante la actuación del recurrente se haya beneficiado a la entidad no residente, al margen de la actividad de dirección y control propia de toda entidad matriz, y conforme a ello, concluye que no resulta acreditado el requisito mencionado para el reconocimiento de la exención, que es que los trabajos beneficien a la entidad que los recibe, con independencia de que también puedan beneficiar a la entidad a que se vincula el prestador de dichos servicios o trabajos.

Asimismo, ratifica la decisión de la Sala de instancia, en la que establece que la expresión “trabajos” del art.7 p) debe limitarse a las retribuciones derivadas del trabajo personal en el marco de una relación de carácter laboral o estatutaria y no debe de extenderse a las actividades propias de la participación en los consejos de administración. Por tanto, para poder aplicar la exención deberá tratarse de una persona que trabaje por cuenta ajena en una empresa o establecimiento permanente situado en el extranjero, característica propia de la relación laboral o estatutaria y que no se aprecia en los servicios consistentes en asistir al Consejo de Administración en representación de la sociedad matriz. El Tribunal hace referencia a su interpretación realizada en su sentencia de 28 de marzo de 2019, recurso nº. 3774/2017, en la cual, aunque "no prohíbe que los trabajos efectivamente realizados fuera de España consistan en labores de supervisión o coordinación", esas tareas de supervisión y coordinación con los representantes de otros Estados miembros que valoraba la sentencia, no resultan comparables con las propias de la dirección y control que se ejercen por un consejero que representa a la matriz en la entidad no residente, pues no se trata de una prestación personal del miembro del Consejo de Administración, sino del ejercicio de los poderes de dirección y supervisión propios de la entidad matriz”.

Como conclusión, establece que "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero, por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto indicado.

Si desea acceder al contenido completo de la sentencia, puede acceder haciendo clic en el siguiente enlace.

 

 

 

Actualidad laboral nº 2

Desde el Departamento laboral, les remitimos esta newsletter a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que, a pesar de que la empresa incluye todos los meses en nómina una cantidad como paga extraordinaria, ello no es suficiente para determinar la naturaleza como tal de este concepto retributivo cuando el convenio colectivo establece la obligación de pago en las fechas del 1 al 30 de junio (la de verano) y del 1 al 20 de diciembre (la de Navidad) determinando, además, que no pueden abonarse de forma prorrateada. Como consecuencia, y a pesar de que el convenio colectivo no prevé las consecuencias del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, el Tribunal Supremo concluye que el importe abonado mes a mes por la empresa, independientemente de su denominación, no tiene naturaleza de paga extraordinaria.

El Tribunal Supremo concluye que no es posible. En el caso enjuiciado, la empresa, voluntariamente, durante años entregó a sus trabajadores obsequios de escasa cuantía (tazas con mensajes, cargadores, imanes…) con motivo de las fiestas navideñas. El Tribunal Supremo indica que se trata de una condición más beneficiosa que se ha repetido durante los últimos quince años y que debe entenderse incorporado al nexo contractual, no pudiendo la empresa, unilateralmente, sustituirlo por una donación de importe similar a una ONG.

El Tribunal Supremo recuerda que la labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal y convencional está al servicio de las competencias y facultades del órgano de representación de los trabajadores. Por tanto, dictamina que, entre otros, para ejercer esta labor de vigilancia, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer el contenido del pacto de horas complementarias, con independencia del momento en el que se suscriba (en el momento de la firma del contrato o en cualquier momento durante la vigencia de la relación laboral). De lo contrario, para eludir esta facultad de control a la que los representantes tienen derecho, bastaría con disociar el momento temporal de suscripción del contrato y del pacto de horas complementarias.

El Tribunal Supremo analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para que una persona trabajadora tenga derecho a solicitar una excedencia por cuidado de familiar que ““por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida”. De esta forma, reflexiona que los/as hijos/as menores de edad y mayores de tres años (a los menores de esta edad les resulta de aplicación la excedencia por cuidado de hijo), sin excepción, no pueden valerse por sí mismos ya que necesitan de unos determinados cuidados de sus progenitores y, obviamente, no desarrollarán actividad retribuida (ya que la legislación prohíbe el trabajo a los menores de dieciséis años). Tras este análisis, el Tribunal Supremo concluye que no es razonable interpretar que la excedencia por cuidado de familiar puede solicitarse para el cuidado de cualquier menor ya que no es el objetivo de la norma, que limita la excedencia por cuidado de hijos/as al momento en que cumplen tres años desde su nacimiento.

El Tribunal Supremo analiza si la actuación empresarial es lícita o si, por el contrario, implica una intimidación, amenazas o coacción que viciaron el consentimiento de la persona trabajadora, concluyendo que es posible al entender que la empresa se está limitando a advertir sobre las consecuencias que podrían llegar a derivarse como consecuencia de los incumplimientos realizados por las personas trabajadoras indicando que, si bien se creó una situación de tensión que la empresa pudo evitar, no puede entendedores que se trata de una acción cercenadora de la libre voluntad de la otra parte, la cual puede comprender los hechos y negar o aceptar sus consecuencias.

El Tribunal Supremo dictamina que esta opción debe admitirse ya que, con esta medida, se facilita el voto por correo, sin merma de garantías. Para ello, será necesario que el elector se identifique ante la mesa electoral mediante su documento nacional de identidad, evitando la suplantación del votante. Por tanto, y siendo que en el caso enjuiciado el resto del proceso de votación por correo no varía, el Tribunal Supremo entiende que esta previsión contenida en el convenio colectivo es válida. Debe tenerse en cuenta que, en el caso enjuiciado, el convenio colectivo preveía expresamente esta posibilidad de voto “por correo” ante la mesa, no aclarando el Tribunal Supremo si esta conclusión aplica en todos los procesos electorales, con independencia de que exista o no previsión en el convenio colectivo.

El Tribunal Supremo concluye que, el mencionado permiso, está vinculado a atender un deber que sea inexcusable y de carácter público y personal. Por tanto, y siendo que los deberes surgidos de las obligaciones familiares y de cuidados de menores son de carácter privado y familiar, el acompañamiento a los servicios sanitarios a hijos menores y familiares dependientes no puede considerarse como un permiso retribuido salvo que el convenio colectivo lo prevea expresamente.

 

RECORDATORIOS

 

Desde el pasado 7 de marzo de 2021, las empresas de más de 100 personas trabajadoras están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad.

El miércoles 14 de abril de 2021 entra en vigor la obligación de todas las empresas de disponer de registro salarial y valoración de puesto de acuerdo con lo establecido en el RD 902/2020 de 13 de octubre.

 

 

Especial IRPF Navarra

Con motivo del inicio de la Campaña de la Renta 2020, desde el Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores les invitamos a leer la presente Newsletter especial IRPF destacando cuestiones relevantes del impuesto, así como novedades y fechas a tener en cuenta.

El pasado viernes 9 de abril se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) Nº.79, la ORDEN FORAL 41/2021, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos, cuyo contenido esencial y otros aspectos prácticos pasamos a exponerles a continuación.

 

  • Modelo de autoliquidación F-93, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 2020.

  • Modelo de autoliquidación F-83, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2020.

Además de la presentación telemática y la presencial, continúa la modalidad telefónica, reforzando esta última con más medios con el fin de evitar colapsos. Respecto a la modalidad presencial se podrá hacer en Sala de Exposiciones de Baluarte de Pamplona (Plaza del Baluarte, 31002) desde el día 19 de abril y en las oficinas de Hacienda en Tudela, Estella, y Tafalla, habiendo solicitado cita previa.

Este año tiene gran relevancia el portal de renta dentro de la web donde los navarros podrán consultar los datos fiscales, videos de ayuda, formulario o buzón web[1] para realizar consultas, etc. Para acceder, los sistemas de identificación son los siguientes:

  • Certificado digital o DNI electrónico.
  • Cl@ve.
  • DNI/PIN: a este respecto, no se puede obtener con el CIPNA, sólo cabe la solicitud para su envío a domicilio, por lo que no se obtendrá de forma automática, sino que la recepción del mismo será al cabo de unos días.

Respecto a los sistemas de identificación, es importante recordar que a partir del 1 de julio de 2021 se eliminará la utilización del PIN para la presentación de las declaraciones de empresarios y profesionales en el ámbito de su actividad.

Gradualmente y sin fecha, se va a instalar el sistema de representación, vía web o en papel, y finalmente se eliminará también (cuando esté implantado el sistema de representación) el PIN para otros servicios y para el canal telefónico.

 

[1] Este formulario o buzón web sustituye al antiguo email hacienda.navarra@navarra.es.

Los trabajadores que estuvieron en ERTE en 2020 no tienen obligación de presentar la Declaración de la Renta si no se alcanza el umbral mínimo, a diferencia de lo que ocurre en Territorio Común. En Navarra, la normativa establece un único límite de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta, mientras que en Territorio Común se tiene en cuenta el número de pagadores. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto, aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE –).

En este sentido, el día de ayer, 12 de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña por vía telemática, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el DECRETO-LEY FORAL 3/2021, de 31 de marzo, por el que se determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la regularización de las prestaciones percibidas por expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y entra en vigor el mismo día de su publicación.

En este decreto-Ley se establecen pautas para aquellos contribuyentes que hubieran percibido prestaciones del SEPE en 2020 superiores a las que les correspondían, y que, en algunos casos, su devolución se ha realizado en el año 2020, y en otros, ésta tendrá lugar durante el año 2021.

Así, y de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 78.5 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el supuesto de que el sujeto pasivo haya de efectuar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) devoluciones de rendimientos del trabajo derivados de expedientes de regulación temporal de empleo percibidos en 2020, esas devoluciones se imputarán al periodo impositivo en el que se efectúe la devolución, salvo que se opte por imputarlas al periodo impositivo 2020. En ambos casos, las citadas devoluciones disminuirán los rendimientos del trabajo.

La opción a que se refiere el párrafo anterior deberá ponerse de manifiesto a la Administración en el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y la finalización del plazo de presentación de la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectúe la devolución.

Cabe destacar que aquellos contribuyentes afectados por ERTE en 2020 tienen la obligación de informar a la Hacienda Foral aportando la documentación que lo justifique. Asimismo, aquellos contribuyentes afectos a las ayudas COVID-19 deben de informar de su situación de cobro en la declaración, a pesar de ser exentas de tributación.

Debido a la disposición adicional vigésima novena de la LFIRPF que, contiene la deducción por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018, aquellos sujetos pasivos afectos a las mismas prestaciones podrán deducir en la declaración del IRPF de este ejercicio 2020 la cuantía que resulte de aplicar al importe de la prestación el porcentaje que les corresponda conforme a los establecido[1]. Para determinar el porcentaje de deducción hay que tener en cuenta todas las rentas del sujeto pasivo incluidas las exentas, correspondientes al periodo impositivo 2020. 

[1] Los porcentajes a aplicar serán: a) Sujetos pasivos con rentas hasta 30.000 euros: el 25 por 100. b) Sujetos pasivos con rentas superiores a 30.000 euros: el 25 por 100 menos el resultado de multiplicar por 10 la proporción que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 30.000 euros respecto de esta última cantidad.

El artículo 82.1 del Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LFIRPF), aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. Los sujetos pasivos no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

  1. Rendimientos del trabajo inferiores a 12.600 euros íntegros anuales.
  2. Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales.

No obstante, la presentación de la autoliquidación es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de presentarla, pretendan solicitar la devolución de las retenciones e ingresos a cuenta soportados o de los pagos fraccionados realizados que superen la cuota líquida.

Asimismo, los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por tributar conjuntamente en el impuesto y presentar la autoliquidación de forma conjunta, con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de la LFIRPF. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta autoliquidación individual los restantes deberán tributar también individualmente.

Los sujetos pasivos que han de tributar a la Comunidad Foral bien están obligados a presentar autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2020 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones procedentes, resulte a ingresar o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

Desde ARPA Abogados Consultores quedamos a su disposición para solventar cualquier duda que se les pueda suscitar al respecto, así como a ayudarles en la confección y presentación de las declaraciones.

Si desea acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 41/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea descargar los datos fiscales para la declaración de la renta 2020, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea acceder al portal de la Renta de Hacienda Foral, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

 

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital

El pasado día 24 de marzo de 2021, el Pleno del Senado aprobó el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, el cual será publicado en el BOE en las próximas fechas.

Entre las modificaciones que afectan a las Sociedades no cotizadas, cabe destacar las siguientes:

Se amplía la lista de las personas vinculadas al administrador persona física establecida en el artículo 231.1 de la Ley de Sociedades de Capital, incorporando a:

  • Las sociedades o entidades en las que el administrador posee directa o indirectamente, incluso por persona interpuesta, una participación que le otorgue una influencia significativa o desempeñe en ellas o en su sociedad dominante un puesto en el órgano de administración o en la alta dirección.

Se presume que otorga influencia significativa cualquier participación igual o superior al 10% del capital social o de los derechos de voto o en atención a la cual se ha podido obtener, de hecho, o de derecho, una representación en el órgano de administracion de la Sociedad.

  • Los socios representados por el administrador en el órgano de administración.

Es conveniente que los administradores tengan en consideración esta modificación puesto que tienen la obligación de comunicar al resto de administradores y, en su caso, al consejo de administración, o, tratándose de un administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad. Dicha información se hace constar en la Memoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Se introduce un nuevo artículo 231 bis en la Ley de Sociedades de Capital relativo a la aprobación de operaciones intragrupo.

Con carácter previo, es necesario aclarar que dicha regulación no se aplica a las operaciones que realice una sociedad: (i) con su sociedad matriz propietaria del 100% de su capital social, o (ii) con una sociedad filial íntegramente participada de forma directa o indirecta, o (iii) con una sociedad íntegramente participada por la sociedad matriz de forma directa o indirecta, puesto que, dichas operaciones no están sujetas, por definición, a conflicto de interés.

A modo de resumen, el nuevo artículo 231 bis establece lo siguiente:

  • Ámbito de aplicación:

Se aplica a las operaciones que realice una sociedad:

    • Con su sociedad dominante o
    • Con otras sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés.

Excepción: no se consideran sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés, las sociedades dependientes, salvo que en dichas sociedades fuese accionista significativo una persona vinculada a la Sociedad. No obstante, lo anterior, el régimen de aprobación le resultará de aplicación a la sociedad dependiente por tratarse de operaciones celebradas con la sociedad dominante.

  • Órgano competente para aprobar la operación:

    • Junta General: (i) cuando la operación esté reservada por Ley a su competencia, y (ii) en todo caso, cuando el valor de la operación o el importe total del conjunto de operaciones previstas en un acuerdo o contrato marco sea igual o superior al 10% del activo total de la sociedad.

    • Órgano de Administración: el resto de operaciones.

La aprobación podrá hacerse con la participación de los administradores que estén vinculados y representen a la sociedad dominante. Ahora bien, si el voto de tales administradores fuese decisivo para la aprobación de la operación, impugnado el acuerdo en sede judicial, corresponderá a la sociedad y, en su caso, a los administradores afectados por el conflicto de interés, probar que el acuerdo es conforme con el interés social y que emplearon la diligencia y lealtad debidas, en caso de que se exija su responsabilidad.

    • Órganos delegados o miembros de la alta dirección: aquellas operaciones celebradas en el curso ordinario de la actividad empresarial (entre las que se incluyen las que resultan de la ejecución de un acuerdo o contrato marco), y siempre que sean realizadas en condiciones de mercado.

Será preciso que el órgano de administracion delegue dicha facultad, e implante un procedimiento interno para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos señalados.

Se modifica el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de extender a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, la posibilidad de prever en los Estatutos Sociales la asistencia a la Junta por medios telemáticos. Dicha posibilidad se establecía en el artículo 182, hasta el momento, únicamente para las Sociedades Anónimas. No obstante, la Dirección General de Registros y Notariado, ya desde 2012, mantenido una doctrina acorde con los tiempos actuales y con la evolución tecnológica, equiparaba para esta cuestión ambos tipos societarios, y permitía la asistencia de los socios de una Sociedad de Responsabilidad Limitada a la Junta por medios telemáticos, siempre y cuando así se estableciera en sus Estatutos Sociales.

Si bien durante el año 2021, aunque no esté previsto en los Estatutos Sociales, se permite esta forma de asistencia a las Juntas Generales de las sociedades de capital, (por aplicación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria), se recomienda modificar los Estatutos Sociales para seguir disfrutando de esta posibilidad de asistir de forma telemática a las Juntas Generales a partir del año 2022.

Se introduce un nuevo artículo 182 bis en la Ley de Sociedades de Capital permitiendo, tanto a Sociedades Anónimas como a Sociedades de Responsabilidad Limitada, la posibilidad de regular en los Estatutos Sociales la celebración de Juntas Generales exclusivamente de forma telemática (sin asistencia física de los socios o sus representantes).

La modificación estatutaria deberá ser aprobada por socios que representen al menos dos tercios del capital presente o representado en la reunión.

La celebración de la junta exclusivamente telemática estará supeditada en todo caso a que la identidad y legitimación de los socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o vídeo, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. A tal fin, los administradores deberán implementar las medidas necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias de la sociedad, especialmente el número de sus socios.

Si bien durante el año 2021, aunque no esté previsto en los Estatutos Sociales, se permite la celebración de Juntas Generales de las sociedades de capital exclusivamente de forma telemática, (por aplicación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria modificado por el  Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID- 19), se recomienda modificar los Estatutos Sociales para seguir disfrutando de esta posibilidad de celebración de Juntas Generales exclusivamente de forma telemática a partir del año 2022.

Se refuerza el deber de diligencia de los administradores, en consonancia con las exigencias del buen gobierno corporativo, añadiendo a la redacción actual del artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital que los administradores deben subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa.

 

 

Tengo intención de jubilarme, ¿qué tendría que tener en cuenta?

Cuando la fecha de jubilación se acerca, la mayoría de nosotros nos empezamos a hacer preguntas sobre diferentes cuestiones que pueden afectar a nuestra vida como jubilados, así como a la empresa de la que formamos parte.

Por ello, el próximo 15 abril de 09:30 a 11:00 h, nuestros compañeros del equipo de Empresa Familiar de ARPA, impartirán en la sede de ADEFAN,  un seminario titulado “Tengo intención de jubilarme, ¿qué tendría que tener en cuenta?” donde irán explicando todos aquellos aspectos que tenemos que considerar a la hora de jubilarnos tales como la sucesión, el tipo e jubilación o la planificación fiscal y cómo planificarla correctamente.

El programa de la jornada es el siguiente:

  • Mapa de riesgos de la empresa familiar.
    • Sucesión en la propiedad.
    • Sucesión en la gestión empresarial.
    • Plan de contingencia.
  • La jubilación del empresario.
    • Modalidades: jubilación ordinaria, anticipada, activa…
    • Entrada en el capital de familia y trabajadores.
  • Seguridad económica del empresario jubilado.
    • Premio de jubilación.
    • Presidencia de honor.
    • Compatibilidad de la pensión del empresario con otras prestaciones.
    • Planificación fiscal de otras percepciones.

Presenta: Marisa Sáinz, directora de ADEFAN

Ponentes:

  • Sonia Olóriz, coordinadora del equipo de Empresa Familiar y asesora fiscal del dpto. fiscal de ARPA Abogados Consultores.
  • Marta Hernández, abogada del departamento laboral y miembro del equipo de Empresa Familiar de ARPA Abogados Consultores.
  • Jorge Arellano, responsable de Corporate Compliance y miembro del equipo de empresa familiar de ARPA Abogados Consultores.

 

La asistencia podrá ser presencial o telemática. Si está interesado en inscribirse, debe rellenar el siguiente formulario.

Consideraciones fiscales sobre la retribución de administradores y directivos

Teresa Zumaquero- Asesor fiscal de ARPA Abogados Consultores.

 El 1 de enero de 2017 entró en vigor en Navarra la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS), recogiendo esta Ley, en su artículo 23.1 e), de forma expresa, que no tendrán la consideración de liberalidades las retribuciones de los administradores por el desempeño de funciones de dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.

La introducción de esta novedad suponía -al menos así lo pensábamos entonces- un punto y final en la polémica que había existido hasta el momento al venir considerando la Administración como gasto fiscalmente no deducible la retribución abonada a los administradores en aquellos casos en que los estatutos recogían que el cargo de administrador era gratuito y el administrador, que también llevaba a cabo funciones ejecutivas o de dirección, percibía una retribución por dichas funciones de dirección. En estos casos se venía entendiendo, en aplicación de la teoría del vínculo, que las funciones de dirección quedaban absorbidas por las propias del cargo de administrador, por lo que, si los estatutos establecían que dicho cargo era gratuito, la retribución percibida no tenía la consideración de fiscalmente deducible siendo considerada una liberalidad.

Sin embargo, la tranquilidad ha durado poco. El Tribunal Económico – Administrativo Central ha vuelto a cuestionar, en su Resolución de fecha 17 de julio de 2020, la deducibilidad de estas retribuciones insistiendo en que la retribución abonada a un administrador por las funciones de dirección en aquellos casos en que los estatutos contemplan la gratuidad del cargo, es un gasto contrario al ordenamiento jurídico, esto es, un gasto contrario a la normativa mercantil y, por tanto, no puede tener la consideración de fiscalmente deducible.

En este sentido, el mencionado Tribunal establece que, para que las retribuciones abonadas a los administradores tengan la consideración de gasto fiscalmente deducible, es preciso que se cumpla de forma escrupulosa lo dispuesto en la normativa mercantil (previsión estatutaria y aprobación en junta).

Aunque la Resolución del Tribunal gira en torno a la normativa estatal, en la medida en que la Ley Navarra en la materia está redactada en los mismos términos que la de territorio común, las conclusiones vertidas en la misma podrían ser extrapolables al territorio foral. Por ello, aunque estimamos que las mencionadas conclusiones son más que cuestionables, consideramos que, con la finalidad de evitar que Hacienda pueda discutir la deducibilidad de estos gastos, resulta necesario prestar especial atención a la observancia de los requisitos mercantiles a la hora de configurar estas retribuciones.

Además, no es posible pasar por alto la repercusión que la planificación de la retribución de administradores y directivos puede tener en otros Impuestos, además de lo ya mencionado a efectos del IS. En este sentido, resultan especialmente relevantes las implicaciones que estas cuestiones tienen en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) en aquellos supuestos en los que se pretende aplicar la exención de participaciones en la empresa familiar. En estos casos, entre los requisitos necesarios para disfrutar de la exención figura el que más de la mitad de la totalidad de los rendimientos del trabajo y actividades económicas y profesionales del sujeto pasivo provengan de la empresa familiar por el ejercicio de funciones de dirección. Por ello, una correcta configuración de la retribución de administradores y directivos, tanto desde un punto de vista formal como material, resulta imprescindible para probar el ejercicio de dichas funciones y, por tanto, para el disfrute de la exención.

Todo lo anterior entronca directamente con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la adecuada aplicación de los porcentajes de retención previstos por un parte, para trabajadores y, por otra, para administradores, así como la información de forma correcta de las retribuciones en el Modelo informativo 190.

En conclusión, la retribución de administradores y directivos en el ámbito fiscal exige un análisis tanto en el IS como en el IP y el IRPF, de forma que dichas retribuciones estén configuradas de forma coherente y cohesionada en los distintos Impuestos, evitando así que en una eventual comprobación Hacienda pueda llegar a discutir no sólo la deducibilidad del gasto en el IS sino también la exención de participaciones en la empresa familiar en el IP o la indebida aplicación de los porcentajes de retención en el IRPF.

                                    

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