Medidas Covid 19

Entradas de la etiqueta: #AEAT

Actualidad fiscal: febrero (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

 

Tribunal Supremo: Deducibilidad fiscal de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades       

 STS de 8 de febrero de 2021

Sentencia nº 150/2021

En esta reciente sentencia, el Tribunal Supremo considera que los intereses de demora exigidos en una liquidación practicada en un procedimiento de comprobación serán considerados como gasto fiscalmente deducible, ya que guardan relación con los ingresos obtenidos por la entidad, y, por tanto, con la actividad económica que realiza.

Asimismo, establece que dichos intereses de demora “tienen por objeto compensar por el incumplimiento de una obligación de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento. Tienen, pues, carácter indemnizatorio”, y no tienen el carácter de donativo o liberalidad, lo que les haría tener la consideración de gasto no deducible en el IS.  También se hace más fuerte la posición del TS al hacer referencia al carácter financiero de los intereses, que están también regulados en las normas de valoración del Plan General Contable.

Con esta sentencia se pone fin a los diferentes pronunciamientos dictados en esta materia y al diferente criterio que mantenían tanto el TEAC como la DGT, en ocasiones contradictorio, unificando así el criterio que ha de mantenerse en el futuro.

Para consultar la sentencia completa, pulse aquí.

 

Subir ↑

 

Criterio AEAT sobre el principio de regularización íntegra en el IVA.     

 

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición en su página web una nota sobre el principio de regularización íntegra en el IVA. Ha considerado oportuno resumir los criterios interpretativos fijados por la jurisprudencia en esta materia en las últimas Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019, 10 y 17 de octubre de 2019 y de 2 de octubre de 2020.

El principio de regularización íntegra viene a defender que, si en una comprobación inspectora se constata que el obligado tributario ha soportado indebidamente unas repercusiones de cuotas del IVA, la Inspección no debe limitarse a denegar la deducción de dichas cuotas, sino que también debe considerar la devolución de ingresos indebidos que pudiera corresponder, efectuando una regularización íntegra, de acuerdo con lo exigido por la jurisprudencia y la doctrina del TEAC.

La nota termina concluyendo los siguientes puntos:

  1. La Inspección debe procurar, de acuerdo con sus facultades, efectuar una regularización íntegra o completa de la situación del obligado tributario, con el fin de evitar que se produzca una doble imposición económica en el obligado tributario y que suponga un enriquecimiento injusto para la Administración.

  2. Procede incluso en situación de fraude o abuso.

  3. Únicamente procederá si el proveedor de los bienes o servicios que indebidamente repercutió el Impuesto, hubiese procedido previamente a su ingreso en el Tesoro Público.

  4. Será la Inspección la encargada de cuantificar el ingreso efectuado.

  5. Procederá tramitar las devoluciones en “unidad de acto” dentro del procedimiento de inspección siempre que no se produzca indefensión a la otra parte de la relación.

  6. La sanción correspondiente no será objeto de neteo.

Para consultar la sentencia completa, pulse aquí.

 

Subir ↑

Novedades tributarias en Navarra

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en Navarra en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

 

 

 

LEY FORAL 21/2020, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSOS IMPUESTOS Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

Hoy se ha publicado en el BON la Ley Foral 21/2019, de 29 de diciembre, que modifica diversos impuestos y otras medidas tributarias, cuya entrada en vigor se producirá mañana.

A continuación, les resumimos las principales medidas contenidas en la citada norma y quedamos a su disposición para profundizar en cualquiera de las mismas que pudiera resultar de su interés.

IRPF

  • Se declara la exención de las siguientes rentas con efectos 1-1-2021:

    • Prestaciones percibidas de entidades de previsión social voluntaria por las personas socias trabajadoras de las cooperativas (se equipara el tratamiento fiscal al de las prestaciones de la Seguridad Social o de las mutualidades de previsión social por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez).

    • Mínimo vital, para que tenga el mismo tratamiento que la renta garantizada.

    • Becas, ayudas al transporte, manutención y alojamiento y ayudas a la conciliación.

  • Rendimientos de trabajo:

    • Se especifica que determinadas retribuciones en especie lo son, pero se declaran exentas. No supone cambio en la tributación, únicamente en la calificación.

  • Rendimientos de actividades económicas: con efectos desde 1-1-2021

    • Se suprime el régimen de estimación objetiva en la determinación del rendimiento de las actividades empresariales y profesionales, sustituyéndose por un régimen de estimación directa especial.

    • Características del régimen de estimación directa especial:

      1. Se aplicará si el importe de la cifra de negocios no supera:

        • Actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras: 300.000€

        • Resto actividades que apliquen recargo de equivalencia o régimen simplificado del IVA: 150.000€

      2. Se minorarán los ingresos con los gastos, pero no serán deducibles provisiones, amortizaciones, gastos de arrendamiento y cesión de elementos de transporte y maquinaria agrícola.

      3. Podrán deducir el rendimiento neto en:

        • 10% con carácter general

        • 35% en actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras

        • 45% en actividades de transporte de mercancías por carretera

      4. Será obligatorio llevar un libro de registro de ventas e ingresos y de compras y gastos.

      5. El régimen de renuncias y revocaciones será el mismo que para la estimación directa simplificada.

      6. No podrán aplicarlo los sujetos pasivos que queden excluidos o renuncien al régimen simplificado o al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, del IVA.

      7. Cuando el rendimiento neto se determine con arreglo a este régimen, se aplicará un tipo de retención del 1% sobre los ingresos íntegros satisfechos como contraprestación en el caso de servicios de transporte y de mudanzas.

  • Cuotas satisfechas en 2021 a la Seguridad Social por cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas, serán deducibles al 100% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de contratos formalizados con personas que trabajen en el hogar familiar.

  • Transmisión de empresa familiarcon efectos 1-1-2020, el requisito del mantenimiento del plazo de 5 años por parte del adquirente no se va a considerar incumplido, además de en el caso de fallecimiento (ya previsto actualmente), en el caso de que al adquirente se le reconozca una situación de invalidez absoluta o gran invalidez.

  • Transparencia Fiscal internacional: imputación al socio de una serie de categorías de rentas obtenidas y no distribuidas por la filial extranjera controlada: rentas obtenidas por establecimientos permanentes en el extranjero, rentas derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras.

  • Límites máximos de reducciones de la base imponible por aportaciones y contribuciones empresariales a planes de previsión social: con efectos 1-1-2021 se reduce a 2.000€ el límite general y a 5.000€ el límite para mayores de 50 años. Se eleva a 5.000€ el límite propio e independiente establecido para las contribuciones empresariales que hayan sido imputadas a partícipes.

  • Cooperativas: obligación de que informen sobre las rentas derivadas de la transmisión o reembolso de las aportaciones sociales.

  • Nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales:

    • Obligación de suministro de información sobre los saldos (tenencia) que mantienen los titulares de monedas virtuales: declaración de las entidades que prestan un servicio de custodia de dichas monedas virtuales a sus propietarios:

      1. La obligación recaerá sobre personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero, que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombres de terceros, así como mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

      2. La información que deba ser objeto de suministro se referirá a la totalidad de las monedas virtuales, comprendiendo los saldos en cada moneda virtual diferente y en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

    • Obligación de suministrar información acerca de las operaciones con monedas virtuales: adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.

      • Además de los sujetos obligados a la anterior obligación, afectará también a quienes proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones.

      • También a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales (ICO), respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

  • Porcentajes de reducción del rendimiento neto en estimación directa especial superiores para el año 2021:

      • 50% (en lugar del 45%) para las actividades de transporte de mercancías por carretera.

      • 20% (en lugar del 10%) para las actividades de hostelería y restauración.

  • Plazo extraordinario de renuncia al régimen de estimación directa especial: 31-3-2021.

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

  • Impuesto de salida: cuando una entidad residente en territorio español cambia de residencia, debe integrar la renta asociada a las plusvalías tácitas incorporadas a los elementos de los que sea titular, para ser gravadas en territorio español. Hasta ahora se preveía la posibilidad de que, si el cambio de residencia se efectuaba a otro Estado miembro o un país que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el contribuyente podía solicitar aplazamiento del pago del impuesto de salida hasta la fecha de transmisión a terceros de los elementos patrimoniales aceptados.

Para acomodar el tratamiento a lo que prevé la normativa comunitaria, con efectos 1-1-2020 se sustituye el aplazamiento por un fraccionamiento del impuesto en cinco años.

Además, se prevé que cuando el traslado de activos haya sido objeto de imposición de salida en un Estado Miembro de la Unión Europea, el valor determinado por ese Estado sea aceptado como valor fiscal en España, salvo que no refleje el valor de mercado.

  • Beneficio operativo: Con efectos de 1-1-2021, se determinará a partir del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, eliminando la amortización del inmovilizado, la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. Se adicionarán los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio, siempre que se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades en las que el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos el 5%, excepto que dichas participaciones hayan sido adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles.

  • Exención de dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos en los fondos propios de entidades residentes y no residentes: Se introducen dos limitaciones:

    1. Ya no resulta de aplicación la exención en ningún caso cuando el porcentaje de participación sea inferior al 5%, es decir, aunque el valor de la participación sea superior a 20 millones de euros se va a exigir también que represente una participación de al menos el 5%.

    2. El importe exento de los dividendos y de la renta positiva obtenida en la transmisión de las participaciones pasa a ser del 95%. Esta reducción no se aplicará, de forma temporal y solo respecto a los dividendos, cuando la entidad perceptora no tenga la consideración de entidad patrimonial, tenga una cifra de negocios inferior a 40 millones de euros y los dividendos procedan de una entidad constituida a partir del 1 de enero de 2021 y en la que la perceptora participe al 100%.

Se regula un régimen transitorio para las participaciones con valor de adquisición superior a 20 millones de euros adquiridas antes de 1 de enero de 2021, que podrán seguir aplicando el régimen fiscal establecido en los artículos 35 o 57 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades hasta el periodo impositivo 2025 incluido.

  • Doble imposición económica internacional: para poder aplicar la deducción, la participación debe ser siempre al menos del 5% y para determinar el importe de la cuota que correspondería pagar en España hay que reducir el importe de los dividendos en un 5% en concepto de gastos de gestión.

  • Producciones cinematográficas y series audiovisuales que se inicien a partir de 1-1-2021:

    • Se modifica la base de la deducción: se determinará mediante resolución del órgano del Gobierno de Navarra competente en materia de cultura y estará constituida por la inversión de la productora si los gastos realizados en territorio navarro alcanzan el 40%. En otro caso, la base de deducción será el resultado de dividir entre 0,4 los gastos realizados en territorio navarro.

    • Los gastos que puedan formar parte de la base de deducción se determinarán mediante orden foral, así como los criterios en virtud de los cuales los gastos se entiendan realizados en territorio navarro.

    • Incentivo adicional: de 5 puntos porcentuales más respecto del primer millón de base de deducción, para determinadas producciones: obras cuya única versión original sea en euskera, obras realizadas exclusivamente por directoras, documentales, producciones de animación y producciones de directores nóveles.

    • Se aumenta el límite de la deducción a 5 millones de euros.

    • Se establecen dos procedimientos que se desarrollarán por la persona titular del departamento competente en materia tributaria:

        1. De validación previa para aplicar la deducción

        2. De justificación posterior de los costes incurridos a efectos de determinar la base de la deducción.

    • La base de la deducción será determinada por la Dirección General de Cultura, en el plazo de 6 meses desde la presentación de la documentación que justifique la deducción, mediante resolución en la que tendrá en cuenta la inversión de la productora y los gastos relacionados en territorio navarro.

    • Si la deducción aplicada es superior a la que hubiera correspondido de acuerdo con la base de deducción reconocida en la Resolución, el contribuyente deberá regularizar la deducción en la autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que reciba la notificación de la Resolución de cultura.

  • Deducción por creación de empleo: con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1-1-2020, se elimina el requisito del mantenimiento de las plantillas para consolidar la deducción, con la finalidad de simplificar la deducción. 

En la disposición adicional vigésima se elimina también este requisito durante los doce meses de 2021, para las deducciones generadas en 2019.

  • Deducción cuotas IAE: se suprime a partir de 1-1- 2021 la consideración de pago a cuenta de las cuotas satisfechas por el Impuesto sobre Actividades Económicas por los contribuyentes que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros, dado que ha sido declarada su exención.

  • Transparencia fiscal internacional: se modifica el régimen con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1-1-2020para incluir como susceptibles de transparencia fiscal internacional las rentas obtenidas por establecimientos permanentes en el extranjero, así como las rentas derivadas de operaciones de arrendamiento financiero o de actividades de seguros, bancarias y otras actividades financieras, lo que permitirá adaptar plenamente la normativa específica foral navarra a la Directiva (UE) 2016/1164, en relación con el método de imputación de determinadas rentas.

Se aclara que, para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido imputadas a los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el periodo de tiempo comprendido entre su adquisición y su transmisión. A estos efectos, el importe de los beneficios sociales a que se refiere este párrafo se reducirá en un 5% en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones.

  • Entidades parcialmente exentas: se aclara que las inversiones que realicen estas entidades solamente darán derecho a deducción en la cuota en la medida en que estén vinculadas con actividades sujetas y no exentas.

  • Industria automoción: con el fin de incentivar la innovación en los procesos de producción de la industria de la automoción, la deducción por innovación tecnológica en los periodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021 será del 25% en lugar del 15%. Será aplicable a los contribuyentes que tengan la consideración de pequeñas y medianas empresas de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 y se establece un límite de 7,5 millones de euros por cada proyecto desarrollado por el contribuyente. Adicionalmente el importe de la citada deducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas por el contribuyente, no podrá superar el 50 por 100 del coste del proyecto que haya sido objeto de subvención.

  • Transformación digital: se prorroga, para los gastos e inversiones realizados en 2021 la deducción del 30 por 100 para la transformación digital de las empresas regulada en el Decreto Ley Foral 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 

LEY GENERAL TRIBUTARIA.

  • Se prorrogan para el año 2021 las medidas específicas aplicables a las solicitudes de concesión de aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria que estuvieron en vigor en los años 2017 a 2020.

  • Recaudación en periodo ejecutivo: se establece que los recargos ejecutivos se aplicarán cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario.

  • Aplazamientos o fraccionamientos durante el año 2021

    1. Siempre que el importe a aplazar o fraccionar sea inferior a 6.000 euros, con un periodo de aplazamiento o fraccionamiento de hasta doce meses y periodicidad mensual, no se exigirán garantías ni tampoco el ingreso anterior a su tramitación.

    2. Cuando entre las deudas a aplazar o fraccionar en vía de apremio se encuentren deudas previamente aplazadas o fraccionadas en dicha vía y que hayan sido canceladas, junto con el pago del 30%, se exigirá el pago del importe íntegro de los recargos e intereses del periodo ejecutivo correspondientes a las deudas que se consideraron en el aplazamiento o fraccionamiento incumplido

    3. En el caso de deuda en periodo voluntario, será causa de denegación automática de la solicitud de aplazamiento o de fraccionamiento la existencia de cuatro o más aplazamientos de deudas tributarias o de ingresos de otros derechos económicos de la Hacienda Pública de Navarra pendientes de cancelación total, salvo que las deudas cuyo aplazamiento se solicita se garanticen o estén garantizadas las anteriores, exclusivamente, por los tipos de garantía indicados en los artículos 50.1 y 50.2.a) del mencionado Reglamento de Recaudación.

  • Se introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero en el modelo 720 y la correspondiente sanción por su incumplimiento consistente en 5.000€ por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada con un mínimo de 10.000€.

  • Se introduce como sujeto infractora la entidad dominante en el régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

  • Se establece como medida de control tributario la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legalidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros y se establece un régimen sancionador específico derivado de la mera producción de estos sistemas o programas o de la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación.

Además de todo lo anterior, se establece la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades las siguientes ayudas extraordinarias concedidas como consecuencia del covid-19:

  1. Las ayudas para trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el título primero del Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

  2. Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Orden Foral 6/2020, de 2 de junio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas a navarros y navarras emigrantes y sus familiares destinadas al retorno definitivo motivado por dificultades económicas o por la pérdida de empleo con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19” en 2020.

  3. Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 625/2020, de 21 de julio, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de una ayuda al ganado de lidia, acogida al marco nacional temporal de medidas de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y aprobar la convocatoria de ayudas para el año 2020.

  4. Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Orden Foral 358/2020, de 22 de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.

  5. Las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 70/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo y la hostelería para compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19.

 

OTRAS MODIFICACIONES.

En relación con el Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales, dada la situación generada por la crisis del coronavirus se establece que, a efectos de determinar la base imponible del impuesto en 2021, se excluirá del cómputo, además de la superficie ocupada por locales de ocio y espectáculos, la superficie ocupada por locales de hostelería. Por otro lado, se realiza una aclaración en relación a la determinación de la base imponible.

Además, se establece una reducción en la cuota de los Tributos sobre el Juego por la explotación de máquinas recreativas. En consecuencia, se reduce el importe de la cuota correspondiente al cuarto trimestre en proporción al tiempo en que, durante el mencionado trimestre, permanezcan cerrados los establecimientos en los que estén instaladas las máquinas recreativas

Las disposiciones adicionales tercera y cuarta recogen sendas medidas en materia de vivienda y la disposición final segunda se ocupa de modificar el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

 

 

OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS.

Asimismo, hoy se han publicado en el BON la Ley Foral 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra. Las modificaciones en materia tributaria contenidas en la citada norma fueron comentadas en la publicación de 17 de noviembre de 2020.

También se ha publicado hoy la Ley de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021, en la que destacamos que el Gobierno de Navarra podrá conceder a las empresas que tengan la consideración de empresas en dificultades, condiciones especiales de fraccionamiento y aplazamiento de las deudas de la empresa para con la Comunidad Foral de Navarra, en cuanto al plazo y sistema de amortización necesarios para hacer posible la viabilidad de la empresa por sus propios medios, aplicándose un tipo de interés no superior al 50% del interés legal vigente.

 

 

 

La empresa y el cierre fiscal de 2020: novedades y aplicación práctica.

Un año más, ARPA Abogados Consultores colabora junto con Caja Rural de Navarra y Deloitte con la jornada organizada por APD “La empresa y el cierre fiscal. Novedades y aplicación práctica” .

Dicha jornada tendrá lugar el próximo 14 de diciembre de 16:30 -18:00 h y podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma APD Suite Mobile y Desktop o presencialmente desde el hotel Tres Reyes de Pamplona.

Durante la sesión, un equipo de expertos de reconocido prestigio entre los que se encuentran, por parte de ARPA; José Ignacio Pérez de Albéniz y David Asín Martínez, analizarán las cuestiones más relevantes en materia fiscal relacionadas con el cierre contable y fiscal de nuestras empresas en un año marcado por las consecuencias de la pandemia.

En esta edición, además de las novedades de jurisprudencia y doctrina, se hablará sobre el análisis general e incidencia en los procedimientos de comprobación del IVA y las decisiones en el cierre contable ante los efectos de la Covid19. Así mismo, se analizarán las novedades y las posibilidades de ahorro fiscal en la tributación en el IRPF y la compensación de bases negativas e impagados.

Asimismo, se abordarán cuestiones como la exención de la doble imposición, transparencia fiscal, exit tax, deducciones en el IS (cine, empleo), LGT-DAC6, tasa google y Tobin, entre otras.

Tras las intervenciones de los ponentes, los asistentes podrán plantear sus consultas en el coloquio que cierra la sesión.

 

El programa de la jornada es el siguiente:

16.15 h. Recepción de  los asistentes.

16.30 h. Presentación.

Miguel García de Eulate: consejero en Navarra APD. Mercado de Capitales CAJA RURAL DE NAVARRA.

16.35 h. Política fiscal y Proyecto de Ley de Medidas: líneas inspiradoras.

Elma Saiz: consejera del Departamento de Economía y Hacienda.

Óscar Martínez de Bujanda: director Gerente de HACIENDA FORAL DE NAVARRA.

16.55 h. Modificaciones en el impuesto sobre sociedades: exención doble imposición, transparencia fiscal y Exit Tax. 

José Miguel Ancín: director de DELOITTE LEGAL .

17.10 h. Modificaciones en el impuesto sobre sociedades: Deducciones (Cine y Empleo)

David Asín: director del Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores.

17.25 h. Modificaciones en la LGT. DAC6. Tasa Google y Tasa Tobin. 

José Miguel Ancín: director de DELOITTE LEGAL.

17.10 h. Modificaciones en IRPF, IVA y Haciendas Locales.

José Ignacio Pérez de Albéniz:  socio-director General de ARPA Abogados Consultores.

17.55 h. Coloquio.

18.00 h. Fin de la jornada.

 

La asistencia es gratuita para socios APD e invitados de las entidades organizadoras y colaboradoras.

Para más información, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

 

 

Real Decreto-Ley 34/2020, 17 de noviembre: Medidas tributarias

En el ámbito de territorio común, el 18 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

 Se destacan las siguientes medidas tributarias:

Impuesto sobre el Valor Añadido

  • Tipo impositivo del 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir la Covid-19. Esta medida se aplica con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021 a las operaciones cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social exentas del Impuesto según dispone el artículo 20.3 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los bienes a los que resulta de aplicación el tipo impositivo del 0% se recogen en el Anexo del Real Decreto-ley.

Las operaciones deberán documentarse en factura como operaciones exentas.

  • Tipo impositivo del 4% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables. Esta medida se aplica desde el día 19 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021.

 

Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Se modifica el apartado 11 del artículo 27 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, relativo a la reserva para inversiones canarias, que las dotaciones habrán de realizarse con cargo a beneficios obtenidos hasta el 31 de diciembre de 2021 (anteriormente se refería a 31 de diciembre de 2020).

También se modifica el apartado 2 del artículo 29 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ampliándose la fecha límite de autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria al 31 de diciembre de 2021.

 

Impuesto sobre Sociedades

  • Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2020, se incorpora la fase de producción para la aplicación del incentivo en las producciones de animación y se mantiene la aplicación de dicho incentivo a la ejecución en España de la parte de las producciones internacionales relacionada con los efectos visuales, siempre que el importe de dicha deducción no supere la cuantía establecida en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. 
  • Incremento de la deducción en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción. Para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, en el caso de las PYMEs el porcentaje de deducción se incrementará en 38 puntos porcentuales, es decir, pasando a ser de un 50%, para los gastos efectuados en proyectos iniciados a partir del 25 de junio de 2020 consistentes en la realización de actividades de innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales de los ya existentes. En el supuesto de contribuyentes que no tengan la consideración de PYMEs, el porcentaje de deducción será del 15%.
  • Libertad de amortización en inversiones realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada. Con efectos para las inversiones realizadas en los períodos impositivos que concluyan entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021, se introduce una nueva disposición adicional decimosexta en la Ley del Impuesto sobre Sociedades que permite la amortización de inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material (salvo inmuebles) que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial de automoción, puestos a disposición del contribuyente y que entren en funcionamiento entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021. Todo ello con la condición de que durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media del año 2019. El importe máximo de inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será como máximo de 000 euros.

Para la aplicación de esta libertad de amortización, los contribuyentes deberán aportar informe motivado, de carácter vinculante, emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para calificar la inversión del contribuyente como apta. El informe deberá solicitarse por el contribuyente dentro de los dos meses siguientes a la entrada en funcionamiento del elemento.

 

LIBROS DE REGISTRO LLEVADOS A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AEAT: MODIFICACIONES

También en el ámbito de territorio común, el 24 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE la Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, que modifica la Orden HPF/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Con la presente Orden, y a partir del 1 de enero de 2021, se hace posible llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para las operaciones de ventas de bienes en consigna.

Lo anterior trae causa del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, que introdujo modificaciones en la normativa reguladora del IVA con la finalidad de proceder a la incorporación al ordenamiento interno de la Directiva (UE) 2018/1910, del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros.

En virtud del citado Real Decreto-ley, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA incorporó a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido de los denominados acuerdos de venta de bienes en consigna.

 Además de esta adaptación de contenidos, se añade en el libro registro de facturas recibidas una marca para identificar, con carácter opcional, las cuotas soportadas por la adquisición o importación de bienes de inversión y se introducen los campos necesarios para que, en caso de que el contribuyente decida deducir el Impuesto sobre el Valor Añadido soportado en un periodo posterior al de registro pueda, con carácter opcional, indicarlo, así como el ejercicio y periodo en que ejercitará el derecho a deducir.

Asimismo se prevé que las entidades a las que sea de aplicación la Ley sobre Propiedad Horizontal y las entidades o establecimientos privados de carácter social a que se refiere el artículo 20.Tres de la Ley 37/1992, que estén incluidas en el suministro inmediato de información, deberán informar de las adquisiciones de bienes o servicios al margen de cualquier actividad empresarial o profesional en los mismos términos que las mismas entidades deben informar en la declaración informativa anual sobre operaciones con terceras personas, modelo 347, cuando no están incluidas en el Suministro Inmediato de Información.

 

BIZKAIA: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

 El 26 de noviembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia del Decreto Foral 100/2020, de 24 de noviembre, de la Diputación de Bizkaia, por el que se modifica el Reglamento de Gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de Administración Electrónica.

Según se explica en la exposición de motivos de la norma, la pretensión de la Hacienda Foral de Bizkaia de avanzar hacia una Administración tributaria eminentemente electrónica se ha visto afectada de forma decisiva por la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, lo que ha originado importantes retrasos en la conclusión de los procesos de adaptación necesarios para hacer efectiva la migración completa, posponiéndose al 1 de agosto de 2021.

La norma se ha configurado en un único artículo, compuesto de tres apartados y cada uno de ellos con una fecha de efectos específica.

 En el apartado primero, y con efectos a partir del 1 de agosto de 2021, se introducen las modificaciones en el Reglamento de Gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia. Así, entre los cambios realizados, cabe destacar, la idea de la Hacienda Foral de Bizkaia de que la asistencia al contribuyente se realice preferentemente utilizando medios telemáticos y será mediante Orden Foral donde se determinará el alcance de la citada asistencia.

Se incluyen también los supuestos en los que será obligatorio relacionarse con la Administración tributaria a través de la sede electrónica, destacando la posibilidad de que, por un lado, la Administración tributaria establezca que el cumplimiento de determinadas obligaciones tributarias deba realizarse por este medio, y por otro, de que las normas propias de cada tributo o aquellas otras en las que se regulan las obligaciones tributarias formales o de suministro de información establezcan supuestos específicos.

En materia de representación, y tras la entrada en vigor del registro electrónico de apoderamientos, se ha procedido a regular de forma exhaustiva para el ámbito tributario las facultades (cuatro grupos) con las que el representante puede actuar en la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, estableciéndose, adicionalmente, supuestos específicos de acreditación de la representación, entre los que se encuentra la entrega de claves facilitadas por la Administración al representante para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, se mantiene la especialidad propia del ámbito tributario relativa a los convenios o acuerdos de colaboración con entidades y asociaciones reconocidas para la utilización de la sede electrónica por parte de profesionales colegiados en nombre de terceras personas.

 En materia de notificaciones, se ha incluido en el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, el contenido del Decreto Foral 50/2012, de 20 de marzo, por el que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos del Departamento de Hacienda y Finanzas, adaptándolo al nuevo marco normativo de la Administración electrónica en cuestiones tributarias y procediéndose, por lo tanto, a la derogación de este último.

 En el apartado segundo, con efectos desde el 28 de febrero de 2021, se recoge la modificación del artículo 70 del Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, que se ocupa de la representación legal. En este sentido, se establecen cuatro supuestos en los que la representación se inscribirá de oficio en el registro electrónico general de apoderamientos por parte de la Administración tributaria. Así, se procederá a la inscripción de oficio de la representación en el caso de fallecimiento del cónyuge o de la pareja de hecho, en el de los menores de edad, en el de las entidades sin personalidad jurídica y en el supuesto de extinción o disolución sin liquidación de sociedades y entidades con personalidad jurídica.

En el apartado tercero, y con efectos a partir del 25 de noviembre de 2020, se establece una precisión técnica y se modifica el apartado que regula el periodo de validez de los certificados tributarios. Finalmente, se incluye en el ámbito de la asistencia tributaria la posibilidad de confeccionar borradores de declaración y/o de autoliquidación al objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y la participación activa del personal adscrito al Departamento de Hacienda.

En la Disposición adicional única se plasma un hito de especial relevancia, la obligatoriedad, cuando esta no estuviera previamente establecida, del cumplimiento por vía telemática de todas las obligaciones tributarias, incluidas las formales, correspondientes a impuestos cuyos periodos impositivos, de declaración o liquidación se inicien a partir del 1 de enero de 2021, o que se devenguen desde esa fecha, incluyéndose en estos supuestos la obligación de relacionarse con el departamento de Hacienda y finanzas por vía telemática. Esta misma obligación de relacionarse por vía telemática se aplicará, asimismo, a las obligaciones generales de suministro de información correspondientes a las operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2021. Adicionalmente, se determina que la relación de obligaciones tributarias que deberán cumplirse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia a las que se refiere esta disposición adicional, así como las condiciones de cumplimiento y las exclusiones que procedan, se establecerán mediante Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas.

Debe destacarse la especial trascendencia que en la presente disposición tiene el derecho transitorio, ya que, en la Disposición transitoria primera se regula la posibilidad para los y las contribuyentes y, también en ciertos supuestos y circunstancias, para sus representantes, de actuar de forma voluntaria a través de la sede electrónica, a partir del 30 de noviembre de 2020 y hasta su introducción obligatoria el 1 de agosto de 2021 en el ámbito tributario, coexistiendo hasta tal fecha con el Servicio Bizkaibai, y se establece el régimen de correspondencias entre las facultades del apoderado reguladas en el presente Reglamento y las integradas en dicho Servicio. En cuanto a la Disposición transitoria segunda, en ella se establecen las condiciones en las que se mantendrá la validez de los poderes de representación otorgados en el marco de los convenios o acuerdos de utilización telemática del Servicio Bizkaibai, para actuar a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia a partir del 1 de agosto de 2021.

 

REGISTRO DE DOMICILIO O EMPRESA: AGENCIA TRIBUTARIA PLANTEA LA MODIFICACIÓN DEL ART. 113 LGT

 Tras la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comentada en el Boletín Fiscal de la segunda quincena de octubre, la A.E.A.T plantea reformar el artículo 113 LGT de forma que sea posible la entrada al domicilio o empresa en las labores preparatorias del plan de inspección sin previo aviso.

Recordamos que el TS advirtió que “la corazonada o presentimiento de la Administración” no justifica la entrada al domicilio, sino que debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos que afectan las pesquisas, como exige actualmente el artículo 113 y 142 LGT. 

 

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL: NUEVO PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 1239/2020 de 1 de octubre en la que establece como criterio interpretativo que “por reinversión debe entenderse un acto negocial jurídico económico, dándose la realidad del mismo y cumpliéndose con los períodos establecidos por ley y siempre con independencia de los pagos monetarios del crédito/préstamos/deuda hipotecaria asumida en la nueva adquisición”.

En el asunto analizado, la contribuyente abonó en metálico parte del precio de la compraventa del inmueble y se subrogó por el resto de la cuantía en el préstamo hipotecario que tenía suscrito el transmitente. La Administración entendió que únicamente cabía la exención respecto al importe abonado en metálico más los gastos asociados y las amortizaciones del préstamo hipotecario en que se había subrogado durante los dos años siguientes a la adquisición.

El Tribunal Supremo rechaza tal interpretación del concepto de reinversión “de naturaleza prácticamente física” y restrictiva, fijando como doctrina que “no resulta preciso emplear en su totalidad el dinero obtenido de la venta de la anterior vivienda siendo suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble es suficiente con aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un préstamo previamente contratado por el transmitente del inmueble”. 

Para una lectura completa de la sentencia, acceda aquí.

 

RECORDATORIOS

Desde el Departamento Fiscal, queremos realizar los siguientes recordatorios.

Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades

En el ámbito de territorio común, el plazo de presentación del tercer pago fraccionado del Impuesto de Sociedades finaliza el 21 de diciembre. En el caso de sociedades sometidas a normativa foral vasca, el plazo finaliza el día 26 de octubre de 2020.

 

Comunicación de acuerdo de aplicación del régimen de consolidación fiscal y variaciones en la composición del grupo

La entidad representante debe comunicar a Hacienda, la creación de nuevos grupos, identificando las entidades que se han integrado en él, así como las variaciones que se hubieran producido en el grupo:

  • Navarra: antes de la terminación del periodo impositivo;

  • Territorio común: en la declaración del primer pago fraccionado al que afecte la nueva composición;

  • País Vasco: plazo de un mes desde que finalice el período impositivo.

 

Aplicación del Régimen Especial del Grupo de Entidades (REGE)

En el caso de querer aplicarse el REGE en el ejercicio 2021, la entidad dominante del grupo deberá comunicarlo en este mes de diciembre.

 

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. DICIEMBRE

A continuación, encontrarán el link directo a los diferentes calendarios fiscales:

 

 

 

 

Guía práctica para empresas y autónomos sobre la crisis del coronavirus.

En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 desde ARPA Abogados Consultores, hemos considerado útil elaborar una lista de preguntas frecuentes relativas al efecto que las medidas adoptadas pueden tener en los siguiente ámbitos a raíz de la declaración del estado de alarma:

Este artículo se irá actualizando y modificando en función de las medidas que vayan adoptando las diferentes autoridades competentes.

 

 

Asimismo, les recordamos que tienen a su disposición un REPOSITORIO con la información actualizada sobre el COVID en el siguiente enlace y que estamos a su disposición para cualquier duda que se les pudiera plantear.

 

 

R.D-Ley 15/2020: Medidas en materia de plan de pensiones.

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones que inciden en la regulación de los planes de pensiones. En esta materia surgen muchas preguntas que trataremos de resolver a continuación:

 

  • Rescate de Plan de pensiones

Los planes de pensiones son productos ilíquidos que, a priori, solo permiten recuperar el dinero bajo determinadas circunstancias muy concretas. A saber: jubilación, invalidez, fallecimiento o dependencia severa o gran dependencia.

No obstante, a estas circunstancias que condicionan el rescate de cualquier Plan de Pensiones, se han sumado otras que tienen en común el tomar en consideración el evitar que se den situaciones ilógicas cuando, por una necesidad imperante, el partícipe necesite recurrir a sus ahorros, pero no pueda hacerlo por el hecho de que, en principio, los derechos consolidados son generalmente ilíquidos. Así, por ejemplo, el legislador aprobó dos nuevas circunstancias: el desempleo de larga duración y la enfermedad grave. Posteriormente se añadió una tercera circunstancia que permite el rescate de Planes de Pensiones al que se hayan efectuado aportaciones con, al menos, 10 años de antigüedad si bien los primeros rescates por esta última contingencia no podrán realizarse hasta el 1 de enero de 2025, cuando se cumplan diez años desde la entrada en vigor de la norma.

Resulta fácilmente entendible que las circunstancias que estamos viviendo, en el marco de la denominada crisis COVID-19, hayan llevado al legislador a aprobar medidas que permitan, al menos en parte, paliar aquellas situaciones en las que pueden encontrarse determinados colectivos afectados por una minoración de los ingresos. Seguidamente les resumimos cuáles son las medidas establecidas que, en último término, permiten el rescate anticipado de todo o parte de los planes de pensiones, medidas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y en Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

 

  • ¿En qué consiste el rescate del plan de pensiones?

Consiste, como fácilmente se puede deducir, en la posibilidad de rescatar los derechos consolidados de los planes de pensiones, si bien esta medida, por el momento, tiene una vigencia de 6 meses a contar desde el pasado 15 de marzo de 2020. Dado que el rescate del Plan conlleva su correspondiente carga fiscal en el IRPF, resulta conveniente rescatar el mismo solo en el caso de absoluta necesidad.

En cuanto a los importes, no es posible rescatar la totalidad del plan, sino que, genéricamente, baste apuntar ahora que solo se podrán rescatar los salarios dejados de percibir en la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos.

 

  • ¿Quién puede acogerse a esta medida del rescate de planes?

Puede recuperar fondos de su Plan de Pensiones cualquier persona que se encuentre en una de estas 3 situaciones: 

  1. Trabajadores por cuenta ajena o asalariados afectados por un ERTE: Efectivamente, podrá rescatar el Plan de Pensiones cualquier trabajador por cuenta ajena o asalariado que se encuentre en una situación legal de desempleo a consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) derivado de la crisis sanitaria. Es decir, puede acogerse a esta medida tanto quien haya sufrido un ERTE de reducción de jornada como un ERTE de suspensión del contrato de trabajo.
  2. Empresarios titulares de establecimientos no abiertos al público: Puede acogerse a esta medida, todo empresario que sea titular de un establecimiento cuya apertura al público que se haya visto suspendida como consecuencia de la crisis sanitaria, con independencia de la forma jurídica que adopten (impuesto sobre la renta de las personas físicas o impuesto de sociedades).
  3. Trabajadores por cuenta propia o autónomos previamente integrados en la Seguridad Social. Puede rescatar el Plan de Pensiones cualquier trabajador por cuenta propia o autónomo que hubiera estado previamente integrado en el régimen de la Seguridad Social y que haya cesado su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria.

 

  • ¿Qué importe puedo rescatar del plan de pensiones?

1. Para los trabajadores por cuenta ajena o asalariados afectados por un ERTE:

El importe máximo a rescatar será el menor de los dos siguientes:

  • El salario neto que se haya dejado de percibir mientras se mantenga la vigencia del ERTE, con un período de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional justificados con la última nómina previa a esta situación.
  • El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 (6.454,03 €) multiplicado por tres (=19.362,09 €) en la proporción que corresponda al período de duración del ERTE. En todo caso, el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

2. Para los empresarios titulares de establecimientos no abiertos al público:

El importe máximo a rescatar será el menor de los dos siguientes:

  • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir debido a la suspensión de apertura al público, con un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, justificados mediante la presentación de la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre.

  • El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 (6.454,03 €) multiplicado por tres (=19.362,09 €) en la proporción que corresponda al período de duración de la suspensión de la apertura al público del establecimiento o al periodo de cese de la actividad. En todo caso, el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

  • En este caso, el solicitante deberá aportar además una declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos.

3. Para los trabajadores por cuenta propia o autónomos previamente integrados en la Seguridad Social.

El importe máximo a rescatar será el menor de los dos siguientes:

  • Los ingresos netos que se hayan dejado de percibir como consecuencia de la situación de cese de actividad durante un periodo de cómputo máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último trimestre.

  • El resultado de prorratear el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2020 (6.454,03 €) multiplicado por tres (=19.362,09 €) en la proporción que corresponda al período de duración de la suspensión de la apertura al público del establecimiento o al periodo de cese de la actividad. En todo caso, el periodo de tiempo máximo a computar es la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

  • En este caso, el solicitante deberá aportar además una declaración responsable en la que se cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos.

 

  • ¿Qué documentación debo presentar?

1. Trabajadores por cuenta ajena o asalariados afectados por un ERTE:

Se presentará un certificado emitido por la empresa en el que se acredite que el partícipe se ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos del mismo en la relación laboral para el partícipe.

2. Empresarios titulares de establecimientos no abiertos al público:

Se presentará una declaración por parte del partícipe en la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos para tener derecho al rescate del Plan de Pensiones.

3. Trabajadores por cuenta propia o autónomos previamente integrados en la Seguridad Social

En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubiera estado previamente integrado en un régimen de la Seguridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a esta y haya cesado en su actividad durante el estado de alarma decretado por el Gobierno por el COVID-19, se presentará el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Respecto de cualquiera de los tres colectivos afectados, si el solicitante no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

 

  • ¿Cómo se puede rescatar el plan de pensiones?

En cualquiera de los colectivos para los que se habilita el rescate, éste se puede producir de alguna de las siguientes maneras:

  • Rescate en Forma de capital
  • Rescate en forma de renta
  • Rescate mixto (combinación de las anteriores)

 

  • ¿Qué coste fiscal se deriva del rescate del Plan de Pensiones?

El rescate del Plan de Pensiones, conlleva la consiguiente carga fiscal en el IRPF del contribuyente. La misma dependerá de la residencia fiscal que éste tenga dado que coexisten en nuestro país varias administraciones tributarias con competencias en el IRPF. Seguidamente, de forma resumida, le trasladamos la fiscalidad vinculada al rescate de los Planes de Pensiones en el ámbito de la AEAT y de la Comunidad Foral de Navarra:

 

I. AEAT

II. C.F. DE NAVARRA

 

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.

R.D.-Ley 15/2020: Modificaciones tributarias en el ámbito de la A.E.A.T.

En el Boletín del día 22 de abril de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (Real Decreto-Ley, en adelante) que aprueba una serie de medidas que inciden en diversos campos normativos.

En particular, se contienen determinadas cuestiones de índole tributario que inciden en el ámbito de la AEAT, que las resumimos y sistematizamos en las siguientes líneas:

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)

Modificación:

  • Para permitir que el suministro de material sanitario se realice de forma rápida y efectiva, se establece hasta el 31 de julio de 2020, un tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido del cero por ciento aplicable a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios

Precisión:

    • Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.
    • La aplicación de un tipo impositivo del cero por ciento no determina la limitación del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

 

  • Dado que la actual situación de confinamiento ha hecho incrementar la demanda de productos culturales y de información de los ciudadanos, para facilitar el acceso a los libros, periódicos y revistas digitales, a través de una disposición final se reduce al 4 por ciento el tipo impositivo aplicable a los mismos, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico.

 

PAGOS FRACCIONADOS EN EL IS, IRPF E IVA

Impuesto sobre Sociedades

Es sabido que, respecto al cálculo de los pagos fraccionados del IS, se reconocen dos modalidades de cálculo. A saber:

Modalidad 1:

A esta modalidad se acogen automáticamente, salvo renuncia, los sujetos pasivos del impuesto cuyo importe neto de la cifra de negocios no hubiera superado la cantidad de 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo al que corresponda el pago fraccionado.

Dentro de los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre  y diciembre, las entidades sujetas a esta Modalidad 1, deben efectuar un pago fraccionado del 18% de la cuota íntegra correspondiente al último período impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día uno de los citados meses sin perjuicio de que puedan ser descontadas las deducciones para evitar la doble imposición; las bonificaciones; las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y las retenciones e ingresos a cuenta correspondientes a ese período impositivo.

Modalidad 2

Según esta segunda modalidad, el importe de los pagos se determina, resumidamente, aplicando un determinado porcentaje a la parte de base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural por lo que es un sistema que, a diferencia de la Modalidad 1, resulta ser más “sensible” a la efectiva marcha, buena o mala, de la actividad del sujeto pasivo en el ejercicio en curso

El ejercicio de la opción por esta Modalidad 2, para aquellos contribuyentes a los que resulte de aplicación automática la Modalidad 1 y pretendan renuncia a la misma, requiere que sea efectuado por la entidad a través de la correspondiente declaración censal (modelo 036), dentro del mes de febrero del año natural en que deba surtir efectos.

Sentado lo anterior, la novedad aprobada en el Real Decreto-Ley radica en que,

  • Se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación, hasta el próximo 20 de mayo, del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada modalidad 2 de forma que:
    • Se establece un sistema más flexible de renuncia a la modalidad 1 y acogimiento a la modalidad 2.
    • Se permite adaptar la cuota derivada del pago fraccionado, mediante el acogimiento a la modalidad 2, al verdadero impacto que la actual crisis pueda provocar en la actividad económica desarrollada por el contribuyente.
  • Para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios en el 2019 se haya situado entre 600.000,01 € y no supere los 6.000.000 € se prevé que la opción pueda realizarse en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base imponible.
  • Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

 

IRPF e IVA

Por otra parte, se adaptan temporalmente las cuantías de los pagos fraccionados e ingresos a cuenta de estos impuestos en cuanto se determinen con arreglo a signos, índices o módulos, al ver su actividad igualmente alterada por la emergencia sanitaria que padecemos.

Para ello se adapta de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, que, al estar calculados sobre signos, índices o módulos, previamente determinados en situación de normalidad, conllevarían unas cuantías no ajustadas a la realidad de sus ingresos actuales si se no se ponderase el período contemplado para el devengo del pago fraccionado con la paralización o minoración de actividad existente durante los días en los que ha estado vigente el estado de alarma.

Además, para flexibilizar el régimen de pymes y autónomos, se elimina la vinculación obligatoria que durante tres años se establece legalmente para la renuncia al método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho método en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación.

 

OTRAS MEDIDAS FISCALES

Extensión de plazos

Se extiende hasta el 30 de mayo la vigencia temporal de determinadas medidas tributarias contenidas en los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 11/2020, que tenían como límite temporal el día 30 de abril de 2020, o, en su caso, el día 20 de mayo de 2020, a fin de garantizar la adaptación de dichas medidas a la evolución de la crisis cuyos efectos pretenden mitigar.

Aplazamientos de deudas tributarias

Como tuvimos la oportunidad de informarle en Boletines anteriores, el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, estableció, como medida de apoyo financiero transitorio, la flexibilización en materia de aplazamiento de deudas tributarias, concediendo durante seis meses esta facilidad de pago de tributos a pymes y autónomos, previa solicitud del sujeto pasivo, limitada a solicitudes de aplazamiento inferiores a 30.000 € y exentas de la obligación de aportar garantía alguna.

Como complemento a dicha posibilidad, se arbitra a través del presente Real Decreto-Ley la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.

De esta forma, el sujeto pasivo no entrará en mora con la administración si cumple con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  • Que el contribuyente haya solicitado la financiación avalada por el Estado, regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para el pago de las deudas tributarias resultantes de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones siempre que éstas se hayan presentado dentro del plazo establecido para la liquidación de cada impuesto.
  • Que el obligado tributario aporte a la Administración Tributaria, hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin del plazo de presentación de la declaración-liquidación o autoliquidación, un certificado expedido por la entidad financiera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de la misma.
  • Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al menos, el importe de las deudas mencionadas.
  • Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación. Se entenderá incumplido este requisito por la falta de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el primer párrafo de este apartado.

 

Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y, en caso de que tenga alguna duda, desde ARPA Abogados Consultores estaremos encantados de atenderle.

 

Extensión de determinados plazos para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones (AEAT)

En el día de hoy, 15 de abril de 2020, se ha publicado en el B.O.E. el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Las características de la extensión del plazo referida son las que seguidamente le detallamos:

  • ¿Quién se puede acoger al nuevo plazo? Se podrán acoger aquellos contribuyentes que hayan tenido un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el ejercicio 2019 a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

  • ¿Hay entidades excluidas de la posibilidad de acogerse a esta extensión del plazo de presentación de las declaraciones y los correspondientes ingresos?: Sí. El Real Decreto-Ley establece que esta medida no puede ser de aplicación por parte de

    • o las entidades integrantes de grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios,

    • o los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.

  • Para las entidades que cumplen con los requisitos exigidos, ¿qué declaraciones y, en su caso, ingresos de la cuota tributaria resultante pueden acogerse a la extensión?: se podrá extender el plazo respecto de todas aquellas declaraciones e ingresos cuyo plazo de presentación, en condiciones normales, comprendiera el período transcurrido entre el 15 de abril y el próximo 20 de mayo.

  • ¿Qué plazo se ha establecido para la presentación de las declaraciones y, en su caso, ingreso de la cuota tributaria resultante?: El plazo de la presentación e ingreso de las declaraciones se extiende, precisamente, hasta el próximo 20 de mayo sin perjuicio de que el ingreso se extienda hasta el 15 de mayo si se opta por la domiciliación de la correspondiente autoliquidación.

Aspectos fiscales del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Aspectos fiscales.

 

En el día de hoy, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

El real decreto-ley presenta un nuevo paquete de medidas que pretenden reforzar, complementar y amplía las anteriormente adoptadas. Entre estas medidas, que se dividen en diferentes secciones dependiendo a quién van destinadas, destacamos seguidamente aquellas propias del ámbito fiscal de la AEAT cabe destacar las siguientes:

 

Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo (Artículo 44).

  •  Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad de autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.
  • En este sentido, se exime a las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización de la liquidación del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, correspondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido hasta que el consumidor las haya abonado de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la finalización del estado de alarma.

 

Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras (Artículo 52). 

  • En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras presentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la citada Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 euros.
  • Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se liquiden conforme a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera y su concesión se notificará en la forma prevista para la notificación de la deuda aduanera, de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 58/2003, la garantía aportada para la obtención del levante de la mercancía será válida para la obtención del aplazamiento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria correspondiente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
  • Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el destinatario de la mercancía importada sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
  • Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
    • El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión.
    •  No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

 

Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales (Artículo 53).

  • Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
  • Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (Disposición transitoria quinta).

 

Ampliación del plazo para recurrir (Disposición adicional octava).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Aplicación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 a determinados procedimientos y actos (Disposición adicional novena).

  • Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
  • Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Disposición adicional vigésima).

  • Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
    • Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

    • Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

    • En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

  • El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a:
    • Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b).

    • Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado 1.c).

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

  • En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.
  • Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el punto primero para solicitar el cobro de los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Modificación de la exención del AJD introducida en el Real Decreto-ley 8/2020 (Disposición Final Primera. Diecinueve). 

  • Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 (es decir, 18 de marzo de 2020), se modifica la disposición final primera de dicho Real Decreto- ley, que estableció la exención de la cuota gradual del AJD para las escrituras que formalicen novaciones de préstamos y créditos hipotecarios que se realicen al amparo de ese Rea Decreto-ley, con el siguiente objetivo:
    • Corregir el número del artículo 45.I.B) del TRLITPAJD en el que se introduce dicha exención, debiendo ser el número 28, en lugar del 23 como se estableció inicialmente.
    • Precisar que la exención se limita a los supuestos regulados en los artículos 7 a 16 del citado Real Decreto-ley, referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

 

Hasta aquí el resumen de los elementos más destacados en el ámbito fiscal del real decreto-ley, esperamos que os sea de ayuda y, desde ARPA Abogados Consultores, quedamos a su disposición para resolver cuantas dudas puedan suscitarse.

 

 

 

 

Actualidad tributaria 

Antes de nada, queremos aprovechar la oportunidad para recordarles que tienen a su disposición todas  las circulares remitidas por el Dpto. Fiscal de ARPA Abogados Consultores, con la  normativa tributaria emitida por las distintas administraciones, y relacionada con la crisis del COVID-19 para su mejor comprensión en forma de dietario. Dicho DIETARIO contiene toda la información por orden cronológico y ordenada en función de la administración correspondiente. (Pinchar aquí para descargar)

A continuación, le detallamos las principales novedades tributarias en el ámbito de la A.E.A.T. y la Diputación Foral de Álava: 

A.E.A.T.:

Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del I.R.P.F., ejercicio 2019

  • Lo más destacable de esta Orden es que, a pesar de la crisis provocada por el COVID-19 y de las restricciones para evitar su expansión, la AEAT ha decidido mantener su calendario para la campaña del IRPF y del impuesto de patrimonio, de forma que comenzará el día 1 de abril y debe concluir el 30 de junio.
  • La Agencia Tributaria defiende que, con esta decisión, los contribuyentes –muchos de ellos afectados por el parón de la economía– podrán recibir la devolución del IRPF del ejercicio del 2019 a partir del día 3 de abril.
  • Les informaremos en caso de que, el devenir de los acontecimientos, provoque algún cambio respecto de una posible ampliación de la “campaña IRPF 2019” en el ámbito estatal.

 
D.F. DE ÁLAVA
 
Medidas tributarias del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, Del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo. Aprobar medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOTHA. de 20-III-2020, entrada en vigor el 14-III-2020)

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava ha aprobado, en fecha de 18 de marzo de 2020 pero con carácter retroactivo con efectos al 14 de marzo de 2020, el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal que recoge las medidas tributarias urgentes destinadas a garantizar la liquidez del tejido económico alavés, y a minimizar los perjuicios económicos derivados de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 (el Decreto, en adelante). 

Caben destacar las siguientes medidas tributarias:

  • Suspensión o prórroga del inicio de los plazos en procedimientos tributarios: 
    • Procedimientos de oficio: El inicio de oficio de los procedimientos tributarios se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Procedimientos a instancia de parte: El inicio de los plazos para interponer, por parte del contribuyente, recursos y reclamaciones administrativas, o de cualquier otra actuación que deba comenzar a instancia del contribuyente, se extenderá hasta el 1 de junio de 2020. 
  • Suspensión del plazo de declaración e ingreso de las liquidaciones y de determinadas autoliquidaciones:
    • Respecto de las Autoliquidaciones mensuales del mes de febrero (a presentar en marzo): El plazo se extenderá durante los 12 días naturales siguientes a la finalización del estado de alarma.
    • Respecto de las Autoliquidaciones mensuales del mes de marzo (a presentar en abril): El plazo se extenderá durante los 25 días naturales siguientes al momento en que cese el estado de alarma.
    • Respecto de las Autoliquidaciones del primer trimestre de 2020 (a presentar en abril): El plazo se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Ingreso de liquidaciones: El plazo de ingreso de las liquidaciones con vencimiento a partir del 14 de marzo de 2020 se extenderá hasta el 1 de junio de 2020.   
  • Suspensión de la tramitación de los procedimientos tributarios.
    • La suspensión de los plazos no causa la caducidad de los procedimientos en curso. Los periodos de paralización de los procedimientos tributarios, cuyo inicio se haya producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020 se califican como interrupción justificada o dilación por causa no imputable a la Administración. Ello implica que no se produce la caducidad de los procedimientos por el periodo transcurrido durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
    • Contestación a requerimientos de la Administración: El cómputo del plazo de contestación a los requerimientos de aportación de documentos, antecedentes o información se suspenderá entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio de 2020, cuando dicho plazo finalice entre las citadas fechas.
    • No devengo de intereses de demora en determinados procedimientos: No se devengarán intereses de demora en los procedimientos de comprobación e investigación ni en los de comprobación restringida, durante el periodo transcurrido entre el 14 de marzo de 2020 y el 1 de junio 2020.  
  • Fraccionamiento excepcional de deudas tributarias.
    • Ámbito del fraccionamiento especial: 
      • Las deudas tributarias de las personas físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y pequeñas empresas, cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020. 
      • Las deudas tributarias de los señalados anteriormente procedentes de liquidaciones practicadas por la Administración cuyo período voluntario de pago finalice entre el 14 de marzo y el 1 de junio de 2020.  
    • Características del fraccionamiento: Se fraccionarán sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora. 
    • Regla general para estas deudas: Su ingreso se suspenderá hasta el 1 de junio de 2020.
    • Solicitud de fraccionamiento: Los obligados citados anteriormente podrán, a partir del 1 de junio de 2020, solicitar un fraccionamiento de 6 cuotas mensuales de idéntico importe, siendo el primer vencimiento el mes de julio de 2020
    • Fraccionamiento de las deudas de juego: Podrán ser objeto de este fraccionamiento las deudas tributarias derivadas de los tributos sobre el juego.  
  • Aplazamientos y fraccionamientos vigentes.
    •  Aplazamientos: Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al mes de abril (próximo pago a vencer) de los aplazamientos concedidos retrasándose en consecuencia un mes cada uno de los vencimientos restantes, sin que se devenguen intereses de demora. 
  • Pagos fraccionados.
    • Se anulan los pagos fraccionados de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que ejerzan actividades económicas, es decir:
      • No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primero y segundo trimestre de 2020 (regla general).
      • No estarán obligados a ingresar los pagos fraccionados correspondientes al primer semestre de 2020 contribuyentes pertenecientes al sector agricultor y ganadero. 

 

Medidas urgentes para responder al impacto económico negativo del COVID-19.

En el BOE de 13 de marzo de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico negativo del COVID-19 que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES y autónomos.

En concreto, las medidas adoptadas se orientan a reforzar el sistema de salud pública, apoyar a las personas trabajadoras y familias más vulnerables afectadas por la situación excepcional y extraordinaria, garantizar la liquidez de las empresas del sector turístico y apoyar la financiación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Además, el presente Real Decreto-ley establece unas medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas.

Así, cabe destacar la adopción de las siguientes medidas en los ámbitos:

 
LABORAL
 
Consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio del personal encuadrado en los Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos como consecuencia del virus COVID-19.
Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para el subsidio de incapacidad temporal que reconoce el mutualismo administrativo, aquellos periodos de aislamiento o contagio provocados por el COVID-19.
En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.
Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en el correspondiente Régimen Especial de Seguridad Social.
La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.
 
Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva entre febrero y junio de 2020 y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores. Ello será de aplicación desde el 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020.
La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

 

 
FINANCIERO
 
Línea de financiación a determinadas empresas y autónomos que se consideran especialmente afectados por el COVID-19.
El artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, y sus instrumentos de desarrollo, estableció una línea de financiación de 200 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial y con una garantía parcial del 50% del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y de actividades conexas con el mismo.
Con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, se refuerza y extiende la referida línea de financiación prevista inicialmente para los afectados por la insolvencia del Grupo empresarial Thomas Cook, a los afectados por la crisis desencadenada por el COVID-19, por lo que dicha línea de financiación se extiende a todas las empresas y trabajadores autónomos establecidos en España y encuadrados en los sectores económicos definidos en la disposición adicional primera que son los que, por el momento, están siendo especialmente afectados por la misma. Asimismo, la línea de financiación se dota con 200 millones de euros adicionales a los 200 millones de euros inicialmente previstos.
Como los términos y condiciones de esta línea de financiación ampliada son idénticos a los ya establecidos por el artículo 4 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, y por sus instrumentos de desarrollo, su aplicación será automática a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, sin necesidad de desarrollo normativo o convencional, o acto jurídico de aplicación, alguno, que demorarían en exceso la necesaria aplicación de la medida, instruyéndose al ICO para que con carácter inmediato realice las gestiones oportunas con las entidades financieras para que la línea de financiación ampliada esté operativa en el plazo máximo de diez días desde la entrada en vigor.
 
Solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
La irrupción del COVID-19 está afectando a la cadena de valor de amplios sectores industriales, especialmente internacionalizados y está incrementando el coste de la producción debido al mayor coste logístico de importación de piezas y suministros. Por ello se proporciona a los operadores económicos, medidas de apoyo financiero para poder compensar, en lo posible, los descensos de sus ingresos ordinarios y dotarse de liquidez para hacer frente a sus obligaciones.
En este sentido, se considera esencial que las empresas que hayan recibido apoyo financiero a la inversión industrial a través de préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan solicitar el aplazamiento de reembolso. Esta solicitud conllevará, en caso de estimarse, la correspondiente readaptación del calendario de reembolsos.
Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión.

 

 
FISCAL
 
Aplazamiento de deudas tributarias
En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado (AEAT), a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), se flexibilizan en el ámbito de Territorio Común, para PYMES y autónomos (persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 € en 2019), los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de 6 meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés.
Así, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley (13 de marzo de 2020) y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros.
El aplazamiento también se aplica a las siguientes deudas tributarias que en principio no pueden ser objeto de aplazamiento de conformidad con el artículo 65.2 de la LGT:

  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar el ingreso a cuenta.
  • Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos.
  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades.

Las condiciones del aplazamiento para PYMES y autónomos serán las siguientes:

  • El plazo será de seis meses.
  • No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

A continuación, pueden encontrar un enlace a la web de la AEAT donde se detallan las Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

  

ADMINISTRATIVO
 
Contratación

La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
A todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia prevista para situaciones de reacción inmediata.
Esta forma de tramitación de emergencia supone la posibilidad de ordenar la ejecución de lo necesario para paliar el acontecimiento emergente, sin obligación de tramitar expediente de contratación ni sujetarse a los requisitos formales previstos por la Ley, incluso la existencia de crédito suficiente. Se permite la contratación directa sin previa licitación. La ejecución del contrato no podrá ser superior a un mes desde la adopción del acuerdo de contratar.
El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a justificar.
 
Transferencia de recursos entre Secciones Presupuestarias
Dado el contexto presupuestario actual de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, se arbitran mecanismos excepcionales que permitan la transferencia de recursos entre Secciones Presupuestarias con el fin de poder atender todas las necesidades que se presenten, preservando la estabilidad presupuestaria.
 
Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
En el contexto de la situación creada como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19, la disposición final primera modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a fin de establecer la posibilidad de que el Presidente del Gobierno, en situaciones excepcionales y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, decida motivadamente que el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y aprobar actas a distancia por medios electrónicos, con las debidas garantías.

Dicha previsión afecta, exclusivamente, a un aspecto parcial y concreto del régimen de funcionamiento del Gobierno en tanto que órgano colegiado de dirección política, y no a elementos estructurales, esenciales o generales de su organización y funcionamiento.

 

Campaña de Renta 2018 AEAT

La campaña de renta en territorio común, a diferencia de lo que ocurre en Navarra cuyo plazo de campaña es del 4 de abril (presentación telemática, 10 de abril para la declaración presencial) al 24 de junio, abarca del día 2 de abril al 1 de julio.

Entre las novedades que se pueden destacar, podemos mencionar que se pueden presentar a través de una aplicación móvil habilitada al efecto de presentar más fácilmente la declaración, además del servicio de asistencia telefónica “Le llamamos”, que refuerza el plan de asistencia presencial en oficinas de la AEAT y la RENTAWEB.

Fechas a tener en cuenta para la campaña de Renta 2018:

 

 

 

 

 

Le facilitamos el enlace a la página web de la AEAT: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml, en el que podrá tener acceso a información importante a tener en cuenta para la correcta confección y presentación de la declaración. 

No debemos olvidar que, junto con la declaración de la renta, también deberán presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio aquellos contribuyentes que durante el ejercicio 2018 hubieran tenido bienes y derechos valorados, según la normativa del impuesto, en más de 2 millones de euros.

 

 

X