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Repositorio: Actualidad fiscal

Les informamos que tienen a su disposición todas las circulares fiscales remitidas desde el departamento fiscal con las últimas novedades en materia tributaria ordenadas por orden cronológico por si pudieran ser de su interés:
 
Asimismo, les recordamos que desde el departamento fiscal, quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario que deseen plantearnos.
 
 

JUNIO 2021

 

MAYO 2021

ABRIL 2021

 
 

MARZO 2021

 
 
 

FEBRERO 2021

 

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ENERO 2021

 

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DICIEMBRE 2020

 

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NOVIEMBRE 2020

 

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OCTUBRE 2020

 

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Desde el departamento fiscal, quedamos a su disposición para cualquier duda o comentario que deseen plantearnos.

 

 

Permisos retribuidos: elecciones del 4 de mayo en Madrid

Permisos retribuidos de las personas trabajadoras a fin de que puedan ejercer sus derechos electorales en las elecciones autonómicas convocadas para el día 4 de mayo de 2021 en la Comunidad de Madrid

 

El próximo 4 de mayo de 2021, se celebrarán elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Ayer, día 29 de marzo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regulan, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, los permisos retribuidos de las personas trabajadoras a fin de que puedan ejercer sus derechos electorales en las elecciones autonómicas convocadas para el día 4 de mayo de 2021.

A continuación, se detallan los permisos retribuidos recogidos en la mencionada Resolución:

  1. Permisos retribuidos para personas trabajadoras que tengan la condición de electores:

Consideraciones:

  • Personas contratadas a tiempo parcial: la duración del permiso se reducirá proporcionalmente.
  • La empresa distribuirá, con base en la organización del trabajo, el período en que las personas trabajadoras dispongan del permiso para acudir a votar.
  • En caso de necesitar realizar voto por correo: derecho a permiso retribuido para acudir a Correos a formular personalmente la solicitud de la certificación acreditativa de la su inscripción en el Censo, así como para la remisión del voto por correo. En estos casos, la norma establece que la duración del permiso se calculará en función de los mismos criterios de tiempo de coincidencia entre la jornada laboral y el horario de apertura de las Oficinas de Correos.
  1. Permisos retribuidos para personas trabajadoras que tengan la condición de presidente o vocales de las mesas electorales, interventores y apoderados:

Consideraciones: la Resolución establece que, si alguna de las personas trabajadoras comprendidas en este apartado trabajase en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición de aquellas, deberá cambiar el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

Por último, la Resolución establece que el disfrute de estos permisos, tanto en el caso de electores como miembros de la mesa electoral, apoderados o interventores, no supondrá merma de la retribución de las personas trabajadoras, debiéndose justificar a la empresa certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.

Este año, las elecciones del 4 de mayo se celebrarán en un día laborable en la Comunidad de Madrid por lo que, sin duda, se presentarán numerosas casuísticas en las diferentes empresas, debiendo gestionarse la planificación de tal manera que las personas trabajadoras puedan disfrutar de los permisos retribuidos establecidos en la mencionada Resolución y que, al mismo tiempo, se dé cobertura a las necesidades empresariales.

Desde el Dpto. Laboral de ARPA Abogados Consultores esperamos que esta información les haya resultado de interés y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que deseen plantearnos.

 

Actualidad fiscal: abril 2021 (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

El pasado miércoles 15 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra la ORDEN FORAL 43/2021, de 9 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para quienes hayan percibido durante el año 2020 prestaciones vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo.

Como consecuencia de la crisis económica generada por el coronavirus en 2020 muchas personas trabajadoras han sido incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo percibiendo prestaciones por este concepto. La mayor parte de estas prestaciones han sido satisfechas sin practicar retención a cuenta del IRPF, lo que puede derivar que en la declaración de la renta de 2020 importes a pagar superiores a los que habrían resultado si hubiesen percibido su sueldo de la empresa con la correspondiente retención. Para facilitar el pago de la deuda derivada de la autoliquidación del IRPF del ejercicio 2020 de quienes hayan percibido prestaciones por expedientes de regulación temporal de empleo durante este año, esta orden foral establece la posibilidad de solicitar un fraccionamiento extraordinario en cinco plazos, sin devengo de interés de demora y sin necesidad de aportar garantías. El vencimiento será los días 5 de cada mes, siendo el primero el día 5 de agosto de 2021.

La solicitud del fraccionamiento debe de reunir los siguientes requisitos:

  • Presentación de la autoliquidación del IRPF en plazo.
  • Deudas con cuantía igual o superior a 100 euros.
  • La solicitud de fraccionamiento se realizará mediante el modelo oficial que se presentará por vía electrónica a través de internet y se resolverá por la persona titular del Servicio de Recaudación. El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 23 de junio de 2021.
  • En caso de tributación conjunta, la solicitud de fraccionamiento la realizará quien figure como declarante en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con independencia de quien sea el miembro de la unidad familiar que haya percibido la prestación por el expediente de regulación temporal de empleo.
  • En caso de incumplimiento del fraccionamiento concedido, se liquidarán intereses de demora desde el día 3 de julio de 2021.

 

Si quiere acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 43/2021, pulse en el siguiente enlace.

Debido a la necesidad de los Estados miembros de proteger sus bases imponibles nacionales de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal han evolucionado hasta adquirir una especial complejidad y a menudo aprovechan el incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior europeo, han surgido nuevas obligaciones de información. En este sentido nació la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, y establece la obligación de comunicación de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva. Dicha Directiva fue transpuesta por la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, introduciendo dos nuevas disposiciones adicionales en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

 

Si quiere acceder al contenido completo de la Orden HAC/342/2021, pulse en los siguientes enlaces:

El Tribunal Supremo ha publicado su sentencia 1233/2021, de 30 de marzo de 2021, y en ella fija como doctrina la interpretación que debe hacerse del art. 14.1.e) del Real Decreto Legislativo 4/2004 -precepto similar al actual vigente artículo 15.e) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que regula los gastos no deducibles – en el sentido de que los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales aquellas realizados a título gratuito.

Sin embargo, sí serán deducibles aquellos gastos derivados de relaciones públicas con clientes o proveedores, los que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y los realizados para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios.  Asimismo, serán deducibles todos aquellos que, de la misma manera, estén correlacionados con la actividad empresarial, y dirigidos a mejorar su resultado, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.

Si desea acceder al contenido completo de la sentencia, puede acceder haciendo clic en el siguiente enlace

En la sentencia de 22 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo se ha pronunciado acerca de la interpretación que debe hacerse del precepto mencionado en relación con las actividades propias de la participación en los consejos de administración. 

Por una parte, establece que el artículo 7.p) exige como requisito que la prestación de trabajo de que se trate produzca o pueda producir una ventaja o utilidad a la entidad destinataria;  la Sala de instancia consideraba que no existe prueba de que mediante la actuación del recurrente se haya beneficiado a la entidad no residente, al margen de la actividad de dirección y control propia de toda entidad matriz, y conforme a ello, concluye que no resulta acreditado el requisito mencionado para el reconocimiento de la exención, que es que los trabajos beneficien a la entidad que los recibe, con independencia de que también puedan beneficiar a la entidad a que se vincula el prestador de dichos servicios o trabajos.

Asimismo, ratifica la decisión de la Sala de instancia, en la que establece que la expresión “trabajos” del art.7 p) debe limitarse a las retribuciones derivadas del trabajo personal en el marco de una relación de carácter laboral o estatutaria y no debe de extenderse a las actividades propias de la participación en los consejos de administración. Por tanto, para poder aplicar la exención deberá tratarse de una persona que trabaje por cuenta ajena en una empresa o establecimiento permanente situado en el extranjero, característica propia de la relación laboral o estatutaria y que no se aprecia en los servicios consistentes en asistir al Consejo de Administración en representación de la sociedad matriz. El Tribunal hace referencia a su interpretación realizada en su sentencia de 28 de marzo de 2019, recurso nº. 3774/2017, en la cual, aunque "no prohíbe que los trabajos efectivamente realizados fuera de España consistan en labores de supervisión o coordinación", esas tareas de supervisión y coordinación con los representantes de otros Estados miembros que valoraba la sentencia, no resultan comparables con las propias de la dirección y control que se ejercen por un consejero que representa a la matriz en la entidad no residente, pues no se trata de una prestación personal del miembro del Consejo de Administración, sino del ejercicio de los poderes de dirección y supervisión propios de la entidad matriz”.

Como conclusión, establece que "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero, por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto indicado.

Si desea acceder al contenido completo de la sentencia, puede acceder haciendo clic en el siguiente enlace.

 

 

 

Actualidad laboral nº 2

Desde el Departamento laboral, les remitimos esta newsletter a efectos de informarle de las principales novedades en el ámbito laboral.

 

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

 

El Tribunal Supremo ha dictaminado que, a pesar de que la empresa incluye todos los meses en nómina una cantidad como paga extraordinaria, ello no es suficiente para determinar la naturaleza como tal de este concepto retributivo cuando el convenio colectivo establece la obligación de pago en las fechas del 1 al 30 de junio (la de verano) y del 1 al 20 de diciembre (la de Navidad) determinando, además, que no pueden abonarse de forma prorrateada. Como consecuencia, y a pesar de que el convenio colectivo no prevé las consecuencias del incumplimiento de la prohibición de prorrateo, el Tribunal Supremo concluye que el importe abonado mes a mes por la empresa, independientemente de su denominación, no tiene naturaleza de paga extraordinaria.

El Tribunal Supremo concluye que no es posible. En el caso enjuiciado, la empresa, voluntariamente, durante años entregó a sus trabajadores obsequios de escasa cuantía (tazas con mensajes, cargadores, imanes…) con motivo de las fiestas navideñas. El Tribunal Supremo indica que se trata de una condición más beneficiosa que se ha repetido durante los últimos quince años y que debe entenderse incorporado al nexo contractual, no pudiendo la empresa, unilateralmente, sustituirlo por una donación de importe similar a una ONG.

El Tribunal Supremo recuerda que la labor de vigilancia del cumplimiento de la normativa legal y convencional está al servicio de las competencias y facultades del órgano de representación de los trabajadores. Por tanto, dictamina que, entre otros, para ejercer esta labor de vigilancia, los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer el contenido del pacto de horas complementarias, con independencia del momento en el que se suscriba (en el momento de la firma del contrato o en cualquier momento durante la vigencia de la relación laboral). De lo contrario, para eludir esta facultad de control a la que los representantes tienen derecho, bastaría con disociar el momento temporal de suscripción del contrato y del pacto de horas complementarias.

El Tribunal Supremo analiza cada uno de los requisitos que deben cumplirse para que una persona trabajadora tenga derecho a solicitar una excedencia por cuidado de familiar que ““por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida”. De esta forma, reflexiona que los/as hijos/as menores de edad y mayores de tres años (a los menores de esta edad les resulta de aplicación la excedencia por cuidado de hijo), sin excepción, no pueden valerse por sí mismos ya que necesitan de unos determinados cuidados de sus progenitores y, obviamente, no desarrollarán actividad retribuida (ya que la legislación prohíbe el trabajo a los menores de dieciséis años). Tras este análisis, el Tribunal Supremo concluye que no es razonable interpretar que la excedencia por cuidado de familiar puede solicitarse para el cuidado de cualquier menor ya que no es el objetivo de la norma, que limita la excedencia por cuidado de hijos/as al momento en que cumplen tres años desde su nacimiento.

El Tribunal Supremo analiza si la actuación empresarial es lícita o si, por el contrario, implica una intimidación, amenazas o coacción que viciaron el consentimiento de la persona trabajadora, concluyendo que es posible al entender que la empresa se está limitando a advertir sobre las consecuencias que podrían llegar a derivarse como consecuencia de los incumplimientos realizados por las personas trabajadoras indicando que, si bien se creó una situación de tensión que la empresa pudo evitar, no puede entendedores que se trata de una acción cercenadora de la libre voluntad de la otra parte, la cual puede comprender los hechos y negar o aceptar sus consecuencias.

El Tribunal Supremo dictamina que esta opción debe admitirse ya que, con esta medida, se facilita el voto por correo, sin merma de garantías. Para ello, será necesario que el elector se identifique ante la mesa electoral mediante su documento nacional de identidad, evitando la suplantación del votante. Por tanto, y siendo que en el caso enjuiciado el resto del proceso de votación por correo no varía, el Tribunal Supremo entiende que esta previsión contenida en el convenio colectivo es válida. Debe tenerse en cuenta que, en el caso enjuiciado, el convenio colectivo preveía expresamente esta posibilidad de voto “por correo” ante la mesa, no aclarando el Tribunal Supremo si esta conclusión aplica en todos los procesos electorales, con independencia de que exista o no previsión en el convenio colectivo.

El Tribunal Supremo concluye que, el mencionado permiso, está vinculado a atender un deber que sea inexcusable y de carácter público y personal. Por tanto, y siendo que los deberes surgidos de las obligaciones familiares y de cuidados de menores son de carácter privado y familiar, el acompañamiento a los servicios sanitarios a hijos menores y familiares dependientes no puede considerarse como un permiso retribuido salvo que el convenio colectivo lo prevea expresamente.

 

RECORDATORIOS

 

Desde el pasado 7 de marzo de 2021, las empresas de más de 100 personas trabajadoras están obligadas a disponer de un Plan de Igualdad.

El miércoles 14 de abril de 2021 entra en vigor la obligación de todas las empresas de disponer de registro salarial y valoración de puesto de acuerdo con lo establecido en el RD 902/2020 de 13 de octubre.

 

 

Especial IRPF Navarra

Con motivo del inicio de la Campaña de la Renta 2020, desde el Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores les invitamos a leer la presente Newsletter especial IRPF destacando cuestiones relevantes del impuesto, así como novedades y fechas a tener en cuenta.

El pasado viernes 9 de abril se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) Nº.79, la ORDEN FORAL 41/2021, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020, se dictan las normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios electrónicos, cuyo contenido esencial y otros aspectos prácticos pasamos a exponerles a continuación.

 

  • Modelo de autoliquidación F-93, correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referente al año 2020.

  • Modelo de autoliquidación F-83, correspondiente al Impuesto sobre el Patrimonio referente al año 2020.

Además de la presentación telemática y la presencial, continúa la modalidad telefónica, reforzando esta última con más medios con el fin de evitar colapsos. Respecto a la modalidad presencial se podrá hacer en Sala de Exposiciones de Baluarte de Pamplona (Plaza del Baluarte, 31002) desde el día 19 de abril y en las oficinas de Hacienda en Tudela, Estella, y Tafalla, habiendo solicitado cita previa.

Este año tiene gran relevancia el portal de renta dentro de la web donde los navarros podrán consultar los datos fiscales, videos de ayuda, formulario o buzón web[1] para realizar consultas, etc. Para acceder, los sistemas de identificación son los siguientes:

  • Certificado digital o DNI electrónico.
  • Cl@ve.
  • DNI/PIN: a este respecto, no se puede obtener con el CIPNA, sólo cabe la solicitud para su envío a domicilio, por lo que no se obtendrá de forma automática, sino que la recepción del mismo será al cabo de unos días.

Respecto a los sistemas de identificación, es importante recordar que a partir del 1 de julio de 2021 se eliminará la utilización del PIN para la presentación de las declaraciones de empresarios y profesionales en el ámbito de su actividad.

Gradualmente y sin fecha, se va a instalar el sistema de representación, vía web o en papel, y finalmente se eliminará también (cuando esté implantado el sistema de representación) el PIN para otros servicios y para el canal telefónico.

 

[1] Este formulario o buzón web sustituye al antiguo email hacienda.navarra@navarra.es.

Los trabajadores que estuvieron en ERTE en 2020 no tienen obligación de presentar la Declaración de la Renta si no se alcanza el umbral mínimo, a diferencia de lo que ocurre en Territorio Común. En Navarra, la normativa establece un único límite de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo a efectos de tener que presentar o no la declaración de la renta, mientras que en Territorio Común se tiene en cuenta el número de pagadores. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por un importe inferior a 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración por el impuesto, aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido rentas de un segundo pagador (en este caso, el Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE –).

En este sentido, el día de ayer, 12 de abril, coincidiendo con el inicio de la campaña por vía telemática, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra el DECRETO-LEY FORAL 3/2021, de 31 de marzo, por el que se determina la imputación temporal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la regularización de las prestaciones percibidas por expedientes de regulación temporal de empleo y se modifica el texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y entra en vigor el mismo día de su publicación.

En este decreto-Ley se establecen pautas para aquellos contribuyentes que hubieran percibido prestaciones del SEPE en 2020 superiores a las que les correspondían, y que, en algunos casos, su devolución se ha realizado en el año 2020, y en otros, ésta tendrá lugar durante el año 2021.

Así, y de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 78.5 del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el supuesto de que el sujeto pasivo haya de efectuar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) devoluciones de rendimientos del trabajo derivados de expedientes de regulación temporal de empleo percibidos en 2020, esas devoluciones se imputarán al periodo impositivo en el que se efectúe la devolución, salvo que se opte por imputarlas al periodo impositivo 2020. En ambos casos, las citadas devoluciones disminuirán los rendimientos del trabajo.

La opción a que se refiere el párrafo anterior deberá ponerse de manifiesto a la Administración en el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y la finalización del plazo de presentación de la declaración correspondiente al ejercicio en que se efectúe la devolución.

Cabe destacar que aquellos contribuyentes afectados por ERTE en 2020 tienen la obligación de informar a la Hacienda Foral aportando la documentación que lo justifique. Asimismo, aquellos contribuyentes afectos a las ayudas COVID-19 deben de informar de su situación de cobro en la declaración, a pesar de ser exentas de tributación.

Debido a la disposición adicional vigésima novena de la LFIRPF que, contiene la deducción por prestaciones de maternidad y paternidad percibidas entre 2015 y 2018, aquellos sujetos pasivos afectos a las mismas prestaciones podrán deducir en la declaración del IRPF de este ejercicio 2020 la cuantía que resulte de aplicar al importe de la prestación el porcentaje que les corresponda conforme a los establecido[1]. Para determinar el porcentaje de deducción hay que tener en cuenta todas las rentas del sujeto pasivo incluidas las exentas, correspondientes al periodo impositivo 2020. 

[1] Los porcentajes a aplicar serán: a) Sujetos pasivos con rentas hasta 30.000 euros: el 25 por 100. b) Sujetos pasivos con rentas superiores a 30.000 euros: el 25 por 100 menos el resultado de multiplicar por 10 la proporción que represente el exceso de rentas del sujeto pasivo sobre 30.000 euros respecto de esta última cantidad.

El artículo 82.1 del Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, LFIRPF), aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, establece a cargo de los sujetos pasivos que obtengan rentas sometidas al mismo la obligación de suscribir y presentar la declaración por este Impuesto, posibilitando también dicha presentación a los que no estén obligados a ello y hayan soportado retenciones e ingresos a cuenta o efectuado pagos fraccionados que superen la cuota líquida, con el fin de obtener la devolución de la cantidad resultante. Los sujetos pasivos no tendrán obligación de declarar cuando obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes:

  1. Rendimientos del trabajo inferiores a 12.600 euros íntegros anuales.
  2. Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta que conjuntamente sean inferiores a 1.600 euros íntegros anuales.

No obstante, la presentación de la autoliquidación es requisito imprescindible para los sujetos pasivos que, no teniendo obligación de presentarla, pretendan solicitar la devolución de las retenciones e ingresos a cuenta soportados o de los pagos fraccionados realizados que superen la cuota líquida.

Asimismo, los sujetos pasivos que estén integrados en una unidad familiar podrán optar por tributar conjuntamente en el impuesto y presentar la autoliquidación de forma conjunta, con arreglo a lo dispuesto en el Título VI de la LFIRPF. La opción por la tributación conjunta debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad familiar. Si uno de ellos presenta autoliquidación individual los restantes deberán tributar también individualmente.

Los sujetos pasivos que han de tributar a la Comunidad Foral bien están obligados a presentar autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio por el año 2020 cuando la cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones y bonificaciones procedentes, resulte a ingresar o cuando, no dándose esa circunstancia, el valor de sus bienes o derechos determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto resulte superior a 1.000.000 de euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio.

 

Desde ARPA Abogados Consultores quedamos a su disposición para solventar cualquier duda que se les pueda suscitar al respecto, así como a ayudarles en la confección y presentación de las declaraciones.

Si desea acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 41/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea descargar los datos fiscales para la declaración de la renta 2020, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea acceder al portal de la Renta de Hacienda Foral, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

 

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital

El pasado día 24 de marzo de 2021, el Pleno del Senado aprobó el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, el cual será publicado en el BOE en las próximas fechas.

Entre las modificaciones que afectan a las Sociedades no cotizadas, cabe destacar las siguientes:

Se amplía la lista de las personas vinculadas al administrador persona física establecida en el artículo 231.1 de la Ley de Sociedades de Capital, incorporando a:

  • Las sociedades o entidades en las que el administrador posee directa o indirectamente, incluso por persona interpuesta, una participación que le otorgue una influencia significativa o desempeñe en ellas o en su sociedad dominante un puesto en el órgano de administración o en la alta dirección.

Se presume que otorga influencia significativa cualquier participación igual o superior al 10% del capital social o de los derechos de voto o en atención a la cual se ha podido obtener, de hecho, o de derecho, una representación en el órgano de administracion de la Sociedad.

  • Los socios representados por el administrador en el órgano de administración.

Es conveniente que los administradores tengan en consideración esta modificación puesto que tienen la obligación de comunicar al resto de administradores y, en su caso, al consejo de administración, o, tratándose de un administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad. Dicha información se hace constar en la Memoria de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Se introduce un nuevo artículo 231 bis en la Ley de Sociedades de Capital relativo a la aprobación de operaciones intragrupo.

Con carácter previo, es necesario aclarar que dicha regulación no se aplica a las operaciones que realice una sociedad: (i) con su sociedad matriz propietaria del 100% de su capital social, o (ii) con una sociedad filial íntegramente participada de forma directa o indirecta, o (iii) con una sociedad íntegramente participada por la sociedad matriz de forma directa o indirecta, puesto que, dichas operaciones no están sujetas, por definición, a conflicto de interés.

A modo de resumen, el nuevo artículo 231 bis establece lo siguiente:

  • Ámbito de aplicación:

Se aplica a las operaciones que realice una sociedad:

    • Con su sociedad dominante o
    • Con otras sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés.

Excepción: no se consideran sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés, las sociedades dependientes, salvo que en dichas sociedades fuese accionista significativo una persona vinculada a la Sociedad. No obstante, lo anterior, el régimen de aprobación le resultará de aplicación a la sociedad dependiente por tratarse de operaciones celebradas con la sociedad dominante.

  • Órgano competente para aprobar la operación:

    • Junta General: (i) cuando la operación esté reservada por Ley a su competencia, y (ii) en todo caso, cuando el valor de la operación o el importe total del conjunto de operaciones previstas en un acuerdo o contrato marco sea igual o superior al 10% del activo total de la sociedad.

    • Órgano de Administración: el resto de operaciones.

La aprobación podrá hacerse con la participación de los administradores que estén vinculados y representen a la sociedad dominante. Ahora bien, si el voto de tales administradores fuese decisivo para la aprobación de la operación, impugnado el acuerdo en sede judicial, corresponderá a la sociedad y, en su caso, a los administradores afectados por el conflicto de interés, probar que el acuerdo es conforme con el interés social y que emplearon la diligencia y lealtad debidas, en caso de que se exija su responsabilidad.

    • Órganos delegados o miembros de la alta dirección: aquellas operaciones celebradas en el curso ordinario de la actividad empresarial (entre las que se incluyen las que resultan de la ejecución de un acuerdo o contrato marco), y siempre que sean realizadas en condiciones de mercado.

Será preciso que el órgano de administracion delegue dicha facultad, e implante un procedimiento interno para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos señalados.

Se modifica el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de extender a las Sociedades de Responsabilidad Limitada, la posibilidad de prever en los Estatutos Sociales la asistencia a la Junta por medios telemáticos. Dicha posibilidad se establecía en el artículo 182, hasta el momento, únicamente para las Sociedades Anónimas. No obstante, la Dirección General de Registros y Notariado, ya desde 2012, mantenido una doctrina acorde con los tiempos actuales y con la evolución tecnológica, equiparaba para esta cuestión ambos tipos societarios, y permitía la asistencia de los socios de una Sociedad de Responsabilidad Limitada a la Junta por medios telemáticos, siempre y cuando así se estableciera en sus Estatutos Sociales.

Si bien durante el año 2021, aunque no esté previsto en los Estatutos Sociales, se permite esta forma de asistencia a las Juntas Generales de las sociedades de capital, (por aplicación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria), se recomienda modificar los Estatutos Sociales para seguir disfrutando de esta posibilidad de asistir de forma telemática a las Juntas Generales a partir del año 2022.

Se introduce un nuevo artículo 182 bis en la Ley de Sociedades de Capital permitiendo, tanto a Sociedades Anónimas como a Sociedades de Responsabilidad Limitada, la posibilidad de regular en los Estatutos Sociales la celebración de Juntas Generales exclusivamente de forma telemática (sin asistencia física de los socios o sus representantes).

La modificación estatutaria deberá ser aprobada por socios que representen al menos dos tercios del capital presente o representado en la reunión.

La celebración de la junta exclusivamente telemática estará supeditada en todo caso a que la identidad y legitimación de los socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o vídeo, complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. A tal fin, los administradores deberán implementar las medidas necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias de la sociedad, especialmente el número de sus socios.

Si bien durante el año 2021, aunque no esté previsto en los Estatutos Sociales, se permite la celebración de Juntas Generales de las sociedades de capital exclusivamente de forma telemática, (por aplicación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria modificado por el  Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID- 19), se recomienda modificar los Estatutos Sociales para seguir disfrutando de esta posibilidad de celebración de Juntas Generales exclusivamente de forma telemática a partir del año 2022.

Se refuerza el deber de diligencia de los administradores, en consonancia con las exigencias del buen gobierno corporativo, añadiendo a la redacción actual del artículo 225.1 de la Ley de Sociedades de Capital que los administradores deben subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa.

 

 

Una multa histórica y la importancia de tener una actitud proactiva

Hace unos días la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), imponía la sanción más alta a una Organización desde la entrada en vigor del Reglamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), un total de 8.150.000€ por el incumplimiento por parte de Vodafone España, S.A.U. de hasta 3 normas distintas relacionadas con la protección de los datos de carácter personal. Una sentencia de 97 páginas que recoge las siguientes multas:

  • 4 millones de euros. Infracción del artículo 28 del RGPD en relación con el artículo 24, que regulan las obligaciones como Responsable del Tratamiento de los datos.
  • 2 millones de euros. Infracción del artículo 44 del RGPD, que regula las transferencias internacionales de datos de carácter personal.
  • 2 millones de euros. Infracción del artículo 48.1.b) de la Ley General Tributaria (LGT) en relación al artículo 21 del RGPD y al artículo 23 de la LOPDGDD, que regula el derecho de oposición de los particulares a que sus datos sean tratados.
  • 150.000 euros. Infracción del artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y de comercio electrónico, que regula la prohibición de realizar comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medios electrónicos equivalentes.

Destaca entre estas multas tan elevadas la imposición de una multa de 4 millones de euros, no porque Vodafone no contara con protocolos, políticas o procedimientos para cumplir con las obligaciones establecidas en el RGPD, la AEPD no pone en duda su existencia, sino por la falta de controles por parte de Vodafone para que las medidas adoptadas sean realmente efectivas, es decir, que exista un efectivo cumplimiento de las distintas normativas.

Esta es una cuestión que hasta ahora parecía una cuestión secundaría para las empresas, el mantenimiento de una actitud proactiva del Responsable en relación al cumplimiento normativo.

Esta sentencia, aunque sea posteriormente recurrida, debe marcar un cambio en la forma de pensar y actuar de las empresas, desde la más pequeña a la más grande, que deben demostrar esa capacidad de cumplir y hacer cumplir la normativa. La actividad desarrollada por el proveedor se entenderá como una extensión de la actividad del Responsable y, como tal, éste tendrá la obligación de supervisar el tratamiento y actuar cuando sea necesario.

Lo que refleja esta sentencia es que la firma del contrato es insuficiente para la AEPD a la hora de demostrar un efectivo cumplimiento de nuestras obligaciones como Responsables del tratamiento, siendo necesario mantener esa actitud proactiva desde la correcta selección del proveedor, hasta la continua supervisión y control de la actividad. 

Esta sentencia, además, plantea una doble sanción, a las ya mencionadas multas, se suma la obligación de acreditar ante la AEPD en un plazo de 6 meses que la Organización ha ajustado sus acciones y actuaciones a la normativa de protección de datos.

Comentarios sobre la limitación a la exención de dividendos y plusvalías de entidades.

El pasado 30 de diciembre, con un pie puesto ya casi en este ansiado 2021, despedimos el año con la aprobación de una batería de importantes – y controvertidas – novedades normativas en el ámbito tributario, tanto a nivel foral como de territorio de común. Destaca por su trascendencia la relativa al régimen de exención previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades para las rentas derivadas de dividendos y de transmisiones de participaciones en entidades residentes y no residentes.

En el tintero desde hacía tiempo, pasa a limitarse definitivamente al 95% la aplicación de la exención sobre el importe de la renta obtenida por dividendos y plusvalías de entidades residentes y no residentes. No obstante, de forma excepcional, se mantendrá la exención plena cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. Que la entidad que recibe los dividendos o beneficios tenga un importe neto de cifra de negocios inferior a 40 millones de euros en el período impositivo anterior. Se exige, además, que dicha sociedad no tenga la consideración de entidad patrimonial; no forme parte, con carácter previo a la constitución de la sociedad en la que participa, de un grupo mercantil en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio; y, que antes de dicha constitución, no tuviera un porcentaje de participación directo o indirecto en otras entidades de, al menos un 5%.

  2. Que los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad constituida con posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de forma directa y desde su constitución, la totalidad del capital.

  3. Que los dividendos o beneficios se distribuyan durante los 3 años siguientes y sucesivos a la constitución de la entidad.

Esta excepción se establece “con la finalidad de permitir el crecimiento de las empresas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 40 millones de euros”. Ahora bien, la necesidad de cumplir con un estándar de requisitos tan riguroso, como lo es limitar temporalmente la exención a sociedades que se constituyan a partir de 2021, no parece que sea congruente con esta finalidad.

Por tanto, parece evidente que su aplicación práctica va a quedar reducida considerablemente, de forma que, con carácter general, la limitación al 95% de la exención va a suponer gravar el importe íntegro de dividendos y plusvalías a un tipo efectivo del 1,40% en Navarra (el 5% de la renta al tipo general de gravamen del 28%) y de un 1,25% en territorio común (el 5% de la renta al tipo de gravamen general del 25%)

Esta limitación a la exención encuentra su fundamento en la consideración como no deducibles de los gastos de gestión asociados a las participaciones que las entidades matrices tienen en sus filiales. Se busca, por tanto, neutralizar su impacto respecto del beneficio imputable de la sociedad matriz. Para ello, la propia Directiva Europea matriz-filial otorga a los estados miembros facultades para fijar a tanto alzado la cuantía de dichos gastos sin que pueda exceder del 5% de los beneficios distribuidos por la sociedad filial. Ahora bien, ¿es realista asumir este porcentaje, más aún para todos aquellos supuestos en los que dichos gastos de gestión son prácticamente inexistentes?  

Además, entre las novedades introducidas, se excluye de la aplicación de la exención a todas aquellas participaciones cuyo valor de adquisición supera los 20 millones de Euros, pero no alcanzan el 5% de participación en el capital social de la entidad participada (se ha previsto un régimen transitorio hasta 2025 para las participaciones adquiridas con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley).

Por otra parte, en consonancia con la reducción a la exención, se ha introducido también una limitación en la aplicación de la deducción por doble imposición internacional sobre dividendos procedentes de entidades no residentes en territorio español (95% sobre la cuota íntegra que correspondería pagar en España).

¿Qué ocurre en el seno de grupos empresariales? ¿Cómo opera esta limitación a la exención en los mismos?

En cuanto a la aplicación de la exención en los supuestos de grupos de empresas, la Ley no contempla la posibilidad de mitigar el efecto de la limitación de la exención cuando los dividendos o plusvalías son distribuidos a través de sociedades con distintos niveles de participaciones (cadenas de sociedades). Esto puede suponer que, si existe una cascada de sociedades desde la matriz, se tenga que pagar el tipo efectivo del 1,40% en Navarra sobre la renta en cada distribución de dividendos interna, amplificando la factura fiscal.

Nos encontramos, por tanto, ante un supuesto claro de doble imposición por cuanto que se está haciendo tributar rentas por dividendos y plusvalías en sede de la sociedad que obtiene el beneficio, rentas que ya han sido objeto de gravamen con anterioridad en cada uno de los niveles y cuyo reparto no supone ninguna riqueza adicional para el grupo. Es evidente que estas situaciones desincentivan la creación de estructuras con más de un nivel de sociedades por el efecto multiplicador de tributación que se genera.

Este impacto resulta más sangrante en el seno de grupos empresariales que tributan en régimen de consolidación fiscal, donde existe un único sujeto pasivo a efectos del Impuesto sobre Sociedades gravándose una única base imponible que descansa en la agregación de las bases imponibles individuales correspondientes a todas las entidades del grupo fiscal, teniendo en cuenta las eliminaciones e incorporaciones por transacciones intragrupo.

Así, se modifican expresamente los artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades relativos al régimen de consolidación fiscal, de forma que no son objeto de eliminación las rentas intra-grupo que deban integrarse en las bases imponibles individuales por la limitación del 95% en la exención por dividendos y ganancias de capital. No obstante, la no eliminación de estas rentas intra-grupo es contraria a la coherencia y los principios del régimen de consolidación fiscal.

En función del tratamiento más o menos competitivo que los países de nuestro entorno otorguen al régimen de exención de dividendos y plusvalías sobre participaciones en fondos propios, la reducción de la exención puede conllevar que nuestro país pierda su atractivo como plataforma para la implantación de inversiones internacionales. En un mundo globalizado como el que vivimos, parece obligado que nuestro legislador contemple el contexto económico de nuestro entorno a la hora de introducir modificaciones normativas de calado como las aquí expuestas, así como las consecuencias que de su implementación puedan derivarse.  

En definitiva, a la vista de la introducción de esta limitación al 95% de la exención sobre el importe de la renta obtenida por dividendos y plusvalías de entidades y, teniendo en cuenta los posibles efectos negativos que esta conlleve, van a ser muchas las entidades y grupos de sociedades que deban detenerse a analizar y repensar la adecuación de sus estructuras organizativas. En este contexto, puede resultar recomendable  acometer cambios para simplificar la misma, evitando, por ejemplo, entidades intermedias superfluas o trasladando sociedades holding tenedoras de participaciones extranjeras a países de nuestro entorno que cuenten regímenes de participation exemption más ventajosos, a los efectos de reducir costes y duplicidades, racionalizar la estructura, centralizar la toma de decisiones y evitar, al mismo tiempo, el impacto fiscal derivado de esta nueva realidad.

 

Asesor fiscal de ARPA Abogados Consultores

Sentencia de interés sobre el permiso retribuido por nacimiento de hijo.

STS 326/2021 de 27/01/20201. La supresión del permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, que reconocía el artículo 37.3 b) ET, y la equiparación de la duración de la suspensión de contrato de trabajo de ambos progenitores, hacen inaplicable el precepto del convenio colectivo de empresa que mejoraba la previsión legal sobre aquel permiso.

Esta sentencia, tras analizar la evolución normativa del permiso por nacimiento de hijo, razona que “si adicionalmente se mantuviera el permiso retribuido de dos días por nacimiento de hijo, tan vinculado a la menor duración de la anterior suspensión del contrato por paternidad, y que nació y fue siempre una alternativa a la suspensión del contrato por maternidad (o a su menor duración), se daría la paradoja de que el progenitor distinto de la madre biológica podría llegar a tener un periodo de tiempo de exoneración de la obligación de trabajar superior al de la propia madre biológica»

Ha de advertirse que el supuesto analizado es el permiso por nacimiento previsto en convenio colectivo anterior a la entrada R.D.L. 6/2019.

Si desea consultar la sentencia, puede hacer clic aquí.

 

 

 

Actualidad fiscal: febrero

Desde el  Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés:

 

 

 

MODELO 184: DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL A PRESENTAR POR LAS ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS Y MODELO F50: DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS

Durante los primeros 20 días del mes de febrero se presenta el Modelo 184: DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL A PRESENTAR POR LAS ENTIDADES EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS, cuyo plazo este año finaliza el lunes 22 de febrero.

Este modelo deberá ser presentado por aquellas entidades en régimen de atribución de rentas, debiendo incluir las rentas obtenidas por la entidad, así como la renta atribuible a cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes de la entidad que estén domiciliados fiscalmente en Navarra.

No obstante lo anterior, no estarán obligadas a presentar la citada declaración anual:

    1. las entidades en régimen de atribución de rentas mediante las que no se ejerzan actividades empresariales o profesionales y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales.

    2. las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero que obtengan rentas en territorio español sin desarrollar en el mismo una actividad económica, a que se refiere el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

La presentación del modelo 184 podrá realizarse por vía telemática a través de Internet o en soporte directamente legible por ordenador.

En cuanto al Modelo F50: DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS, se trata de una declaración informativa en la que se relacionan las personas o entidades con las que se hayan realizado operaciones cuyo importe global anual supere la cifra de 3.005,06 euros con cada una de ellas, entendiéndose por operaciones tanto las entregas de bienes como las prestaciones de servicios o las adquisiciones de ambos. Deberán incluirse tanto las operaciones típicas y habituales como las ocasionales, las operaciones inmobiliarias y las subvenciones, auxilios o ayudas no reintegrables que puedan otorgar o recibir.

 Asimismo, se incluirán las operaciones sujetas y no exentas, así como las no sujetas o exentas.

Entre los sujetos pasivos obligados a presentar este modelo se encuentran las personas físicas y jurídicas, de naturaleza privada o pública, las entidades que, sin personalidad jurídica constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que desarrollen actividades empresariales o profesionales, las comunidades de propietarios, las sociedades, asociaciones, colegios profesionales entre otros.

El plazo de presentación es durante el mes de febrero de cada año, en relación con las operaciones realizadas en el año natural anterior, siendo el último día para presentar el lunes 1 de marzo. La forma de presentación es igual que el modelo 184, pero además podrá presentarse en papel impreso, en los supuestos en los que no sea obligatoria la presentación por vía telemática ni en soporte directamente legible por ordenador.

 

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MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL CONTABLE PARA PYMES, NORMAS PARA FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS.  ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL CONTABLE A LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

 Se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

En cuanto a las modificaciones en el Plan General Contable, reguladas en su artículo primero, destacan los cambios realizados en la norma de registro y valoración nº 9 sobre “instrumentos financieros”, la norma nº 10 sobre “existencias”, y la norma nº 14 sobre “Ingresos por ventas y prestación de servicios” para adaptar el Derecho contable español a las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE).

Así, por ejemplo, todos los activos financieros deben valorarse a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y los activos financieros que tengan las características o rasgos económicos de un préstamo ordinario o común, siempre y cuando se gestionen con un determinado propósito o modelo de negocio.  También se ha estimado pertinente incluir una cuarta cartera de activos financieros a coste para contabilizar en las cuentas anuales individuales las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, que ya figura en el actual Plan General de Contabilidad y que está implícita en la normativa internacional. 

El artículo segundo modifica el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas para introducir una mejora técnica relacionada con la regulación sobre el valor razonable, el criterio para contabilizar la aplicación del resultado en el socio, con el adecuado criterio de presentación de las emisiones de capital y la norma de elaboración de la memoria.

El artículo tercero recoge las modificaciones en cuanto a la formulación de Cuentas Anuales Consolidadas para adaptarlas a los cambios realizados en las cuentas anuales individuales, por ejemplo, en base a las modificaciones en la denominación de los “Activos financieros disponibles para la venta”.

Finalmente, se busca adaptar el Plan General Contable para entidades sin fines lucrativos a las modificaciones respecto de los modelos de cuentas anuales y valoración. 

Para consultar el texto íntegro, pulse aquí.

 

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NUEVO REGLAMENTO DE AUDITORÍA DE CUENTAS 

Se aprueba un nuevo Reglamento de Auditoría de Cuentas en el Boletín Oficial del Estado mediante la publicación del Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Entre las principales modificaciones se encuentran medidas para incrementar la transparencia en la actuación de los auditores “clarificando la función que desempeña la auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, al objeto de reducir la denominada brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de una auditoría y lo que realmente es”.

El principal cambio incorporado es el nuevo modelo de informe de auditoría, junto con mayores obligaciones de comunicación e información que se exigen a quienes auditan entidades de interés público, mejorando la información que debe proporcionarse a la entidad auditada, a los inversores y demás interesados.

En segundo lugar, persigue reforzar la independencia de los auditores en el ejercicio de su actividad, pilar básico y fundamental en que reside la confianza que se deposita en el informe de auditoría, incorporándose requisitos más restrictivos, potenciándose la actitud de escepticismo profesional y la atención especial que debe prestarse para evitar conflictos de interés o la presencia de determinados intereses.

Igualmente, se exigen requisitos mayores para quienes auditan entidades de interés público, mediante una lista de servicios distintos de auditoría prohibidos, que no pueden prestarse a aquellas entidades, su matriz y sus controladas; determinadas normas por las que se limitan los honorarios que pueden percibir por los servicios distintos de los de auditoría permitidos o en relación con una determinada entidad de interés público, la obligación de rotación externa, y determinadas obligaciones en relación con la Comisión de Auditoría de estas entidades.

En tercer lugar, la nueva normativa pretende dinamizar el mercado de auditoría mediante un conjunto de medidas que pretenden resolver los problemas detectados en relación con la estructura del mercado y las dificultades de crecimiento de auditores.

Y, en cuarto lugar, al objeto de evitar una fragmentación en el mercado de auditoría en el ámbito de la Unión Europea, la nueva normativa pretende un mayor grado de armonización, también en las normas que vigilan la actividad, exigiendo mayor transparencia e independencia en la actividad supervisora e introduciéndose el criterio de riesgo como rector en las revisiones de control de calidad que ha de realizar dicha autoridad.

Para consultar el texto íntegro, pulse aquí.

  

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 CONSULTA Nº 1, BOICAC 124, ENERO 2021 

En esta consulta, se trata la determinación del número medio de trabajadores en empresas que hayan adoptado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo – ERTEs – derivados del Covid-19.

En este sentido, se remite a las normas aprobadas durante la declaración del estado de alarma, como el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en concreto en sus artículos 22 y 23, que regulan medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, y además remite a lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores – Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores – en el que se regula este tipo de circunstancias. 

Así, la norma nº 12 de Elaboración de Cuentas Anuales establece que el número medio de trabajadores del Plan General de Contabilidad expresa que: “Para la determinación del número medio de trabajadores se considerarán todas aquellas personas que tengan o hayan tenido alguna relación laboral con la empresa durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios

Es decir, todas aquellas personas trabajadoras, incluidos directivos, que mantengan un contrato laboral con su empresa, computarán como trabajadores a efectos del cómputo de la plantilla media mientras presten sus servicios durante el ejercicio, ya que la situación de ERTE no extingue la relación laboral, sino que la mantiene en suspenso mientras éste continúe.

A modo de ejemplo, si en una empresa de 20 trabajadores se ha incluido en un ERTE al 50% de la plantilla durante un periodo de 6 meses, el número medio de trabajadores del ejercicio será de 15:

 

Para consultar el texto íntegro, pulse aquí

 

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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 11 DE DICIEMBRE DE 2020, REC. 439/2017

Esta sentencia de la Audiencia Nacional trata sobre la compensación de bases imponibles negativas, en adelante BINS. Establece que la compensación de BINS es un derecho y no una opción tributaria, por lo que se permite vía rectificación de una autoliquidación aplicar un mayor importe de BINS.

En este caso en concreto, anula una resolución del TEAC de 2017 que consideraba que la compensación de BINS era una opción tributaria aplicando el artículo 119.3 LGT:

“3. Las opciones que según la normativa tributaria se deban ejercitar, solicitar o renunciar con la presentación de una declaración no podrán rectificarse con posterioridad a ese momento, salvo que la rectificación se presente en el período reglamentario de declaración”

Por tanto, de acuerdo con este artículo, el TEAC decía que no se podía, posteriormente, vía rectificación de la declaración, aplicar las BINS.

Ahora bien, lo que dice la Audiencia Nacional viene a decir es que, en este caso, estamos ante una AUTOLIQUIDACIÓN, no una declaración, por lo que no resulta de aplicación el artículo 119.3, sino el 120.3 de la LGT que establece lo siguiente:  

“3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente”

 Por lo que, admite la compensación de BINS vía rectificación de la autoliquidación.

Para consultar el texto íntegro, pulse aquí.

 

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RESOLUCIÓN DGT V2292/2020 DE 6 JULIO DE 2020 

La Resolución analiza un supuesto de aportación no dineraria del artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, realizada por una persona física.

Este artículo establece, entre otros requisitos, que en aquellos casos en los que se realice una aportación no dineraria de elementos patrimoniales que es realizada por un contribuyente de IRPF, los elementos aportados deben estar afectos a una actividad económica cuya contabilidad se lleve con arreglo al Código de Comercio.

La Dirección General de Tributos viene a decir con esta resolución que, para que se cumpla este requisito, es necesario que la contabilidad esté legalizada y depositada en el Registro Mercantil, por lo que no es suficiente con que se lleve la contabilidad de acuerdo con el Código de Comercio, sino que también deberá estar presentada en el Registro Mercantil del domicilio social de la entidad.

Para consultar el texto íntegro, pulse aquí.

 

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Medidas sociales en defensa del empleo contempladas en el RDL 2/2021

Con fecha 27 de enero se ha publicado el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (en adelante RDL 2/2021). Esta normativa entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 27 de enero de 2021.

A través de las siguientes líneas trataremos de sintetizar el contenido de las medidas sociales en defensa del empleo contempladas en el citado RDL 2/2021.

 

  1. ERTES de fuerza mayor basados vigentes a la entrada en vigor de la norma

En el artículo 1 del RDL 2/2021 se establece la prórroga automática hasta el 31 de mayo de 2021 de los todos los ERTES por fuerza mayor vigentes a la entrada en vigor de la norma, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Asimismo, el mencionado artículo prorroga automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021 todos los ERTES por limitación en el desarrollo de la actividad vigentes a la entrada en vigor de la norma y autorizados con base en lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (en adelante, RDL 30/2020), así como ERTES por impedimento en el desarrollo de la actividad vigentes a la entrada en vigor de la norma y autorizados con base en lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional primera del RD-Ley 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (en adelante, RDL 24/2020) y artículo 2.1 del RD-Ley 30/2020.

 

  1. Exoneración de cuotas en los ERTES por impedimento y limitación de la actividad

El RDL 2/2021 prevé la aplicación de las siguientes exoneraciones en las cuotas de Seguridad social a partir del 1 de febrero de 2021 respecto a las personas afectadas por ERTES por limitación o impedimentos en el desarrollo de la actividad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) A estos efectos, se considerará el número de personas trabajadoras o asimiladas las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

La exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

 

  1. Exoneración de cuotas para empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad

La Disposición Adicional Primera del RDL 2/2021 establece exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social en los siguientes supuestos:

  1. Empresas a las que se les prorrogue automáticamente un ERTE de fuerza mayor conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (RDL 8/2020) vigente en el momento de entrada en vigor del RDL 2/2021 y cuya actividad se clasifique en algunos de los códigos CNAE-09 que se recogen como Anexo 1 en el RDL 2/2021.

  2. Empresas a las que se refiere el punto anterior que transiten entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 desde un ERTE de fuerza mayor a un ERTE ETOP.

  3. Empresas con derecho a las exenciones previstas en la disposición adicional primera del RDL 30/2020 y que hubieran tramitado un ERTE ETOP y queden clasificadas en alguno de los códigos CNAE-09 previstos en el Anexo del RDL 2/2021 en el momento de su entrada en vigor.

  4. Empresas en las que se prorrogue automáticamente el ERTE de fuerza mayor conforme a lo establecido en el artículo 22 del RDL 8/2020y cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría de las empresas a las que se refieren los puntos anteriores, o que formen parte de su cadena de valor, es decir, aquellas a las que se haya reconocido tal consideración, conforme a lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional primera del RDL 30/2020.

Las empresas comprendidas en los apartados anteriores quedarán exoneradas del abono de las cuotas de Seguridad Social respecto de las personas trabajadoras:

  1. Afectadas por ERTE que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 de febrero de 2021, y;

  2. Que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.

Los porcentajes y condiciones que resultarán de aplicación son los siguiente:

  1. El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

  2. El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

 

  1. Nuevos ERTES por impedimento o limitaciones de la actividad

Las empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un nuevo ERTE por impedimento o limitación a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 ante la autoridad laboral.

El RLD 2/2021 prevé una simplificación de trámites, siendo que, cuando se disponga de autorización de la Autoridad Laboral (expresa o por silencio administrativo), el paso de ERTE por impedimento a limitación y viceversa, relacionado con restricciones existentes, no requerirá de la tramitación de un nuevo ERTE. En este contexto, la empresa debería comunicar a la Autoridad Laboral competente únicamente el cambio de situación, la fecha de efectos y los centros y personas afectadas. Asimismo, deberá presentarse una declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social para aplicar los porcentajes de exoneración de cuotas que correspondan en cada momento y comunicar al SEPE los cambios que afecten a las personas afectadas.

 

  1. ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN (“ETOP”)

El artículo 3 del RDL 2/2021 prorroga el procedimiento establecido en el artículo 23 del RDL 8/2020 para la tramitación de ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción iniciados tras la entrada en vigor de este Real Decreto Ley y hasta el 31 de mayo de 2021.

Asimismo, el RDL 2/2021 mantiene la posibilidad de prorrogar de los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculados con la COVID-19 que se mantuvieran vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 2/2021.

 

  1. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

El RDL 2/2021 prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección por desempleo establecidas en el Real Decreto-Ley 30/2020, destacándose las siguientes:

  • Posibilidad de acceder a la prestación de desempleo sin exigencia de periodo mínimo de cotización.
  • Aumento del 50% al 70% del porcentaje de cálculo de la base reguladora para quienes hayan consumido 180 días de prestación
  • Prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas.
  • Protección a los trabajadores que compatibilicen la prestación por desempleo derivada de ERTE con un trabajo a tiempo parcial, al no deducirse de la cuantía de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado.
  • No computarán las prestaciones de desempleo consumidas por ERTE derivado de Covid-19 por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente.
  • No será necesaria la presentación de nueva solicitud colectiva de desempleo para los trabajadores que ya perciban la prestación por desempleo.

 

  1. PRÓRROGA DE OTRAS MEDIDAS

Asimismo, el RDL 2/2021 prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 las siguientes medidas que ya estaban vigentes con anterioridad a su publicación:

  • Se mantiene la previsión legal que establece que no se considerará justificativa del despido la existencia fuerza mayor y las causas objetivas que amparan los ERTE.
  • Interrupción del cómputo de los contratos temporales afectados por un ERTE de suspensión.
  • Salvaguarda de empleo consistente en que las empresas que reciban las nuevas exoneraciones según lo establecido en el RDL 2/2021 quedarán comprometidas a un periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, cuyos requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en el artículo 5 del RDL 30/2020.
  • Prohibición de contratar y de realizar horas extraordinarias durante la aplicación del ERTE.
  • Plan MECUIDA que sustancia el derecho a flexibilizar la jornada laboral para ejercer el cuidado de las personas dependientes.
  • Limitaciones relacionadas con el reparto de dividendos.

 

  1. AYUDAS POR CESE DE ACTIVIDAD PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS

En la línea de lo establecido en el RDL 24/2020 y RDL 30/2020, el RDL 2/2021 prevé una serie de prestaciones extraordinarias por cese de actividad de las que podrán beneficiarse los trabajadores autónomos y trabajadores de temporada que cumplan los requisitos establecidos al efecto.

 

  1. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Por último, interesa destacar una innovación en el sistema de control de las cotizaciones empresariales, el RDL 2/2021 ha adecuado el procedimiento administrativo sancionador, estableciéndose la posibilidad de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social extienda actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario a través de un procedimiento especial. Si bien la normativa no establece en qué casos se utilizará este procedimiento, se prevé que se utilice este tipo de procedimientos para detectar, por ejemplo, altas fuera de plazo o contratos temporales que hayan excedido la duración máxima establecida legalmente.

 

Sin tienen cualquier duda sobre la normativa, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento laboral.

 

Consideraciones laborales de interés ante el temporal Filomena

Este fin de semana el temporal Filomena ha dejado nevadas de tal índole que ha provocado el colapso de varias provincias, ante esta situación recordamos algunas consideraciones laborales de interés.

 

  • ¿Qué ocurre si un trabajador o trabajadora no asiste al trabajo?

La jurisprudencia tiene declarado, de forma generalizada, que siempre que se pueda constatar con certeza que la persona trabajadora no pudo acudir a su trabajo por las circunstancias climatológicas no cabe sancionar la falta de asistencia, dado que se trataría de una ausencia justificada por causa de fuerza mayor no imputable a su persona. 

 

  • ¿El hecho de que se considere justificada su ausencia genera derecho al salario?

Dada la ausencia de regulación expresa de carácter general, cada empresa deberá acudir al convenio colectivo de aplicación ya que puede contemplar estos supuestos. En caso de que el convenio colectivo no lo prevea, consideramos que la persona trabajadora no tiene derecho al salario sin perjuicio de que puedan acordarse otras soluciones como recuperación del tiempo de trabajo o compensación con días de libre disposición etc.

 

  • ¿Y si es la empresa la que no puede dar ocupación efectiva por la situación climatológica?

En este caso al igual que en el supuesto anterior en primer lugar debemos acudir al convenio colectivo de aplicación, no es inhabitual que aquellos sectores en los que las circunstancias climatológicas impiden dar ocupación efectiva (construcción, sector agrario) prevean regulación a este respecto.

De cualquier forma debemos recordar que el  Estatuto de los Trabajadores en su artículo 47.3  prevé la posibilidad de suspender los contratos de trabajo por causa de fuerza mayor entendida como hechos extraordinarios, imprevisibles o inevitables que imposibiliten temporalmente el desarrollo del trabajo y la normal prestación de servicios, por causas ajenas a la voluntad del empresario/a, que deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de los trabajadores afectados. Una vez constatada la fuerza mayor la decisión sobre la suspensión de los contratos corresponde a la empresa, que surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

No obstante lo anterior, es posible recurrir con acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras, comisión ad hoc o con las personas trabajadoras según el caso, a otros mecanismos que puedan suponer una solución más satisfactoria para todas las partes.

 

  • ¿Qué debe hacer la empresa en caso de riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo?

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario estará obligado a:

  1. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia riesgo grave e inminente y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

  2. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.

  3. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

El artículo 13.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del orden social contempla como falta muy grave “ No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización” lo que puede llevar aparejada una sanción de  40.986  a 819.780 euros.

 

  • ¿Se puede exigir por el empresario la realización de horas extraordinarias para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes?

Si, las denominadas horas extraordinarias por fuerza mayor presentan las siguientes características:

  1. Son obligatorias para el trabajador.

  2. Pueden realizarse durante la jornada nocturna.

  3. El exceso de horas trabajadas sobre la jornada ordinaria no se tiene en cuenta a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral ni para el cómputo del número máximo de horas extraordinarias.

  4. Las horas así realizadas deben abonarse en la misma cuantía o compensarse del mismo modo que las horas extraordinarias.

  5. Tipo de cotización reducido del 14% (12% a cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador)

Por parte de inspección de trabajo en el Criterio Técnico 85/2010 se mantiene que:  “El concepto de “fuerza mayor” se ha consolidado por la jurisprudencia. El Tribunal Supremo, en reiteradas sentencias, la última de 8 de marzo de 2002 definió a la fuerza mayor como un acontecimiento externo al círculo de la empresa y del todo independiente de la voluntad del empresario que, a su vez, sea imprevisible o que previsto, sea inevitable. De lo expuesto se deduce que solo en aquellos supuestos, las horas extraordinarias podrán ser consideradas como de fuerza mayor pero no cuando estas tengan su origen en la prestación ordinaria del servicio. Así, por ejemplo, en su Sentencia de 20 de mayo de 1995 rechazó la reparación de embarcaciones como causa integrante del concepto de fuerza mayor…

Como conclusión hay que señalar el carácter excepcional de las horas extraordinarias por fuerza mayor, lo que deriva tanto de la situación extraordinaria que motiva el trabajo como del carácter urgente e inaplazable de la necesidad de realizarlo…

Las horas extras por fuerza mayor deberán ser acreditadas en cada caso por quien lo alegue y por tanto deben ser las propias empresas las que acrediten que las horas extras realizadas corresponden a una situación de fuerza mayor al derivar de un suceso imprevisto y ajeno a la propia naturaleza de la actividad”

 

Desde el Dpto. Laboral de ARPA Abogados Consultores esperamos que esta información les haya resultado de interés y quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que deseen plantearnos.

 

 

 

 

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