Medidas Covid 19

Entradas de la etiqueta: #abogado fiscal

Legislación al día COVID-19

A continuación le informamos todo lo que se publique en los Diarios y Boletines Oficiales del Estado, Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León por si pudiera ser de utilidad.

 

Legislación  al día 16/09/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 15/09/2021

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)


 

Legislación al día 20/08/2021

Boletín Oficial Castilla y León (BOCyL)

 


 

Legislación al día 19/08/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 



Boletín Oficial de Navarra (BON)
Legislación al día 13/08/2021

 


Legislación al día 29/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 28/07/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día  23/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  20/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

ORDEN FORAL 24/2021, de 19 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

 


Legislación al día  12/07/2021

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


 

Legislación al día 09/07/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra

 


 

Legislación al día 02/07/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


 

Legislación al día 30/06/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al día 25/06/2021

Boletín oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 18/06/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 16/06/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 



Legislación al día 15/06/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 09/06/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 21/05/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

ORDEN FORAL 17/2021, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

 


Legislación al día 17/05/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 11/05/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 29/04/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día 23/04/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/04/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación  al día del 29/03/21 al 06/04/21

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

 


Legislación al día 26/03/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 24/03/2021

Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/03/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 15/03/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al día 25/02/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 22/01/201

Boletín Oficial de Navarra


 

Legislación al día 21/01/2021

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)


 

Legislación al día 18/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 15/01/2021

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 07/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 04/01/2021

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de castilla y León


 

Legislación al día 23-30/12/ 2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 23/12/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 22/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día 17/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 09/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 02/12/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


 

Legislación al día 26/11/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 19/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


 

Legislación al día 5/11/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


 

Legislación al  día 30/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 28/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)


 

Legislación al día 27/10/2020

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día  23/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 19/10/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 15/10/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día  14/10/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 13/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 09/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 08/10/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  30/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día  24/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco


Legislación al día  21/09/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día  16/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día  07/09/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día  12-14/08/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava

 


Legislación al día 05/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 03/08/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día 30/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)


 

Legislación al día 27/07/2020

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 24/07/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 01/07/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)


Legislación al día 30/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


 

Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado


Legislación al día 25/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 24/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 23/06/2020

 Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 22/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día  19/06/2020

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 18/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 17/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 16/06/2020

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día 14 y 15/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 12/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)


 

Legislación al día 10/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 09/06/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 6-8/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


 

Legislación al día 04/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día  03/06/2020

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 


Legislación al día 02/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 01/06/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

 


Legislación al día 29/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 28/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al 27/05/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 26/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


 

Legislación al día 25/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 22/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 21/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 20/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 19/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día 16, 17 y 18/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día 15/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 14/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 13/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día 12/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)


Legislación al día 9-10-11/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día 08/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día 07/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 


Legislación al día 06/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 



Legislación al día 05/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día 01,02,03 y 04/05/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)


Legislación al día 30/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 29/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


 

Legislación al día: 28/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 27/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

 


Legislación al día: 24/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 23/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

 


Legislación al día: 22/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 

 


Legislación al día: 21/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 18-20/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y Leon (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 17/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 16/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 15/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 11-12-13/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 09/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 


Legislación al día: 08/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 07/04/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 


Legislación al día: 04-05-06/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Bizkaia (BAO)

 


Legislación al día: 03/04/20

 

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 02/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Vizcaya (BOV)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 

 


Legislación al día: 01/04/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Álava (BOTHA)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30-31/03/20

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 30/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)


Legislación al día: 28/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)

 


Legislación al día: 26-27/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial del País Vasco (BOPV)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


Legislación al día: 26/03/20

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Navarra (BON)


Legislación al día: 25/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

 

 


Legislación al día: 24/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 22-23/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 20-21/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 


Legislación al día: 19-20/03/2020

 Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 18/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

 

Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG)

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19.

 


 

Legislación al día: 17/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)

 


 

Legislación al día: 15 y 16/03/2020

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Boletín Oficial de Navarra (BON)

 

 

ARPA asesora a Grupo Apex, en la compra de los activos de Productos Emilio Arias Lizano.

Grupo Apex formalizó este pasado miércoles la compra de los activos de Arias, marca “referente” a nivel nacional en la fabricación y envasado de pipas entre otros frutos secos y cuya fábrica se ubica en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

 

ARPA Abogados Consultores ha asesorado a Grupo APEX en el proceso de la compra de los activos de Productos Emilio Arias Lizano. La marca cuenta con una fábrica especializada en la producción de frutos secos ubicada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que se suma a las otras 5 fábricas que Grupo Apex tiene en España. Con el trabajo de varias generaciones, Productos Emilio Arias Lizano se ha convertido en una de las marcas referentes a nivel nacional, elaborando y comercializando una amplia gama de productos. Destacan, por ejemplo, sus pipas de girasol, “especialmente reconocidas” en la zona centro de la Península Ibérica; sus pipones; cacahuetes; avellanas; almendras; y pipas de calabaza, entre otros.

Esta adquisición responde a la continuada estrategia de crecimiento de Grupo Apex, que suma 7 operaciones de compra en los últimos 10 años. El Grupo también anunció este mismo año, la inversión en todas sus fábricas por más de 6 millones hasta 2023. Santiago Sala, director general del Grupo, reafirma con ello su compromiso con el territorio: hoy Apex cuenta ya con 8 centros de trabajo y con más de 450 empleados y empleadas en España.

ARPA Abogados Consultores es un despacho con más de 30 años de experiencia y sedes en Pamplona, Madrid, San Sebastián y Valladolid. Asimismo, forma parte de las redes Latiam y Eurojuris International para ofrecer cobertura jurídica en más de 60 países. El despacho navarro cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 80 profesionales para acompañar a las empresas en sus proyectos, ofreciendo un asesoramiento integral, jurídico, económico y fiscal, aportando valor, confianza, compromiso y seguridad a sus clientes.

 

 

ARPA participa en la 5ª ed. del evento internacional Conecta Fiction

ARPA participa en la quinta edición del encuentro sobre coproducción de series de ficción para televisión entre América y Europa que se celebrará en Baluarte entre el 13 y 16 de septiembre.

 

El encuentro internacional Conecta FICTION, situará de nuevo a Pamplona como epicentro de la coproducción de series de ficción para televisión entre Europa y América. Su quinta edición tendrá lugar en formato híbrido: presencialmente del 13 al 16 de septiembre en Baluarte, y con actividades online del 13 al 24 de este mes. Se trata de la segunda fase de esta edición, tras el formato exclusivamente virtual celebrado el pasado mes de junio.

El programa de este año ofrecerá toda una serie de actividades orientadas a los profesionales internacionales que visitarán durante esos días Pamplona, así como a quienes seguirán el evento en modo virtual. Paneles, sesiones de pitching, charlas, street meetings para conocer la ciudad o keynotes se sucederán para entender la situación actual de la industria de ficción para televisión y cómo aprovechar las oportunidades que ofrece, al tiempo que se generarán espacios de networking físicos y virtuales.

Al mismo tiempo, esta edición de Conecta Fiction otorgará 11 premios diferentes a los proyectos seleccionados de las seis diferentes categorías de pitching, entre los que cabe destacar el Premio  ARPA Abogados Consultores en el que el ganador podrá beneficiarse de diez horas gratis de consultoría y asesoría legal.

ARPA, además de ser uno de los patrocinadores del Conecta Fiction, formará parte activa del evento de la mano de José Ignacio Pérez de Albéniz David Asín, socio-director general y asociado-director del Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores respectivamente.

 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

José Ignacio Pérez de Albeniz participará el próximo lunes de 16:30h – 18:00h en un cross-talk titulado: “La financiación del contenido audiovisual a través de los diferentes agentes del mercado” en el que participarán expertos del ámbito de la financiación e inversión privada interesados en encontrar proyectos: entidades bancarias, fondos de inversión, capital de riesgo, entidades bancarias, asesores fiscales y abogados. Estará presentado por Thierry Baujard. (Experto en financiación e inversión en las industrias creativas, Cofundador, Just Temptation, CEO Media Deal ) y participarán:

  • María Coronado. Responsable Sector Cultural de Triodos Bank
  • José Ignacio Pérez de Albéniz. Socio-director general de ARPA Abogados Consultores.
  • Patxi Ongay. Director Financiero de Elipsis Capital y director general de Elipsis Entertainment, Elipsis Capital
  • G. Spielmann. Co-Fundador y Socio-Gerente de Screen Capital & 2Be Named Strategic Partners (Online).
  • Fernando de Miguel. Socio director general de Wandermoon. (España).
  • Timo Argillander. Director General, IPR. VC (Finlandia).
  • Andrea Scarso. Director Inversiones, Media Division, The Ingenious Group (Reino Unido).
  • Frank Bonn. Director de Relaciones con Inversores en Servisen Investment Management AB (Suecia).
  • Óscar Arriaga. Director de Administración y Finanzas de SODENA.
  • Juan Salmerón. Socio Media y Propiedad Intelectual de Écija.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

 Por otra parte,  el miércoles 15 de septiembre a las 11:00 h nuestro compañero David Asín moderara el Panel “Incentivos fiscales en Navarra y apoyo de la comunidad foral a las nuevas inversiones del sector patrocinado por ARPA y en el que participarán:

  • Ana Herrera. Jefa de la Sección de Proyectos Estratégicos Audiovisuales y Digitales, Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra.
  • David Asín Martínez. Asociado y director del Departamento Fiscal de ARPA Abogados Consultores
  • Pilar Irigoien Ostiza. Directora Gerente en SODENA.

Puede acceder al programa completo de Conecta FICTION a través de este enlace: https://www.conectafiction.com/programa-general/

 

La quinta edición Conecta FICTION vuelve a contar con el apoyo del Gobierno de Navarra a través de NICDO (Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio) y SODENA (Sociedad de Desarrollo de Navarra) y de la Fundación SGAE, con la colaboración de CLAVNA (Clúster Audiovisual de Navarra) y NAPAR (Asociación de Productoras y Profesionales del Audiovisual de Navarra). El diseño y producción del evento correrán a cargo de Inside Content.​​

Si desea asistir o ampliar la información, puede hacerlo a través del siguiente enlace.

ARPA Abogados Consultores es un despacho con más de 30 años de experiencia y sedes en Pamplona, Madrid, San Sebastián y Valladolid. Asimismo, forma parte de las redes Latiam y Eurojuris International para ofrecer cobertura jurídica en más de 60 países. El despacho navarro cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 80 profesionales para acompañar a las empresas en sus proyectos, ofreciendo un asesoramiento integral, jurídico, económico y fiscal, aportando valor, confianza, compromiso y seguridad a sus clientes.

 

Actualidad fiscal: Junio 2021 (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

NOVEDADES NORMATIVAS

 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

 

 

NOVEDADES NORMATIVAS

Decreto- Ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). Boletín Oficial de Navarra Nº138

Hoy, 15 de junio, se ha publicado en el BON Nº138, el Decreto- Ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus. En virtud de las competencias tributarias de Navarra por el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral, se han establecido las siguientes medidas extraordinarias respecto a:

    • Tributos sobre el juego. Las cuotas de las máquinas “tipo B” o recreativas con premio a que se refiere el artículo 9.2 de la Ley Foral 27/2016 correspondientes al tercer y cuarto trimestre del 2021 se reducirán al 50%.

    • IRPF. IS.  Exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades de las ayudas concedidas con arreglo a lo establecido en la Resolución 18/2021, de 8 de marzo, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas a los sectores del turismo y la hostelería, ocio nocturno, comercio al por mayor vinculado a las anteriores actividades y la de servicios de organización de congresos y asambleas para compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19.

    • Concesión de convocatoria de subvenciones a Federaciones Deportivas de Navarra. El Departamento de Cultura y Deporte podrá modificar las condiciones de concesión de la convocatoria de subvenciones para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 cuando la ejecución de las actividades objeto de subvención devengan total o parcialmente imposibles como consecuencia de la COVID-19.

Si quiere acceder al contenido completo del Decreto- Ley Foral 5/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

 

Decreto Foral 39/2021, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. Boletín Oficial de Navarra Nº129

 El pasado día 3 de junio se publicó en el BON Nº129, el Decreto Foral 39/2021, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral 177/2001, de 2 de julio. El principal objetivo del presente Decreto Foral, es modificar el régimen jurídico de enajenación de los bienes embargados, en particular, el procedimiento de subasta, buscando su agilización y simplificación, así como la potenciación de los medios electrónicos. La situación de pandemia actual hace aún más necesario si cabe la utilización de medios que no requieran la presencia física de personas en un mismo lugar cerrado. Además, se introducen otras modificaciones, actualizaciones, y precisiones técnicas de diversa índole.

Si quiere acceder al contenido completo del Boletín Oficial de Navarra Nº129, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

Subir ↑

 

Orden HAC/510/2021. Aprobación del modelo 604 “Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación”

En relación con la aprobación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras regulado por la Ley 5/2020, de 15 de octubre y cuyo procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones se desarrolla en el RD 366/2021, de 25 de mayo, se ha aprobado el modelo 604 de autoliquidación.

El pasado día 28 de mayo se publicó la Orden HAC/510/2021 que aprueba el modelo 604 “Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación”. En el Anexo I determina la forma y procedimiento para su presentación e ingreso. Además, se incluye un anexo informativo para cumplimentar de forma previa, en el que se recogerá la información detallada de las operaciones que se declaran.

Las cuestiones a tener en cuenta en la cumplimentación del modelo son las siguientes:

    • Obligados a presentar el modelo: serán sujetos pasivos del impuesto la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición por cuenta propia, y, en el caso de que la adquisición no se realice por una empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que actúe por cuenta propia, serán sujetos pasivos, como sustitutos del contribuyente, quienes realicen las adquisiciones en diferentes supuestos.
    • Plazo de presentación del modelo 604. Coincide con el mes natural y debe presentarse e ingresarse por el depositario central de valores o por el sujeto pasivo, entre los días 10 y 20 del mes siguiente al correspondiente periodo de liquidación mensual.
    • Forma de presentación. Forma obligatoria por vía electrónica a través de la sede electrónica de la AEAT. Posibilidades:
      • Sistema de identificación, autenticación y firma electrónica a través de un certificado electrónico.
      • En los casos de sujetos pasivos que sean personas físicas en los que no proceda la presentación a través de un depositario central de valores establecido en territorio español, se puede realizar la presentación mediante el sistema Cl@ve.

Si quiere acceder al contenido completo de la Orden HAC/510/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

Si quiere acceder a la página web de la AEAT modelo 604 “Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

Subir ↑

 

Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo. Modificaciones en el Reglamento del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos

El Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, además de desarrollar el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, contiene en sus disposiciones finales modificaciones en el Reglamento del IVA y en las declaraciones informativas sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos y en la de la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua.

    • Modificaciones en el Reglamento del IVA. Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre:

Con el fin de que los sujetos pasivos que suscriben acuerdos de ventas de bienes en consigna acogidos al Suministro Inmediato de Información puedan cumplir con la obligación de la llevanza del nuevo apartado del libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias:

      • Artículo 66, relativo al Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias y a los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación.

      • Artículo 69 bis, relativo a los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación.

    • Modificaciones en declaraciones informativas. Reales Decretos 1065/2007, de 27 de julio (Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos) y 1021/2015, de 13 de noviembre.
      • Artículo 54 ter del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio; relativo a la obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Se incorpora una obligación específica de información para las personas o entidades de “plataformas colaborativas” que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos.

      • Artículo 4 del Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, relativo a la obligación de las instituciones financieras.

Si quiere acceder al contenido completo del Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

Subir ↑

 

Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales

El pasado día 9 de junio se publicó en el BOE el Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. La Ley 4/2020, de 15 de octubre del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprueba un nuevo impuesto cuyo objeto son las prestaciones de determinados servicios digitales.

El RD 400/2021 desarrolla las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD). Las cuestiones más significativas son la concreción del lugar de realización del hecho imponible y las obligaciones formales, como son el registro de operaciones sujetas al Impuesto y llevar a cabo una memoria descriptiva de los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleadas para analizar la sujeción al propio impuesto.

Si quiere acceder al contenido completo del Real Decreto 400/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.  

 

Subir ↑

 

Decreto Foral 7/2021, de 8 de junio, por el que se declaran las actividades prioritarias de mecenazgo para 2021 en el ámbito de los fines de interés general. Boletín Oficial de Gipuzkoa Nº107

 En este sentido, la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, recoge en su título III los incentivos fiscales aplicables al mecenazgo. Concretamente, el capítulo IV de dicho título determina los beneficios fiscales aplicables a las actividades declaradas prioritarias y a los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. En virtud de ello, cada año se aprueban las actividades que se consideran prioritarias a efectos de mecenazgo y que tienen los siguientes beneficios fiscales:

    1. Las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y profesionales en régimen de estimación directa, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

    2. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida el 18 % de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias, incluso en virtud de contratos de patrocinio publicitario.

    3. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas en régimen de estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 % de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias, incluyéndose, las cantidades satisfechas en virtud de contratos de patrocinio publicitario.

    4. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no incluidos en la letra anterior podrán deducir de la cuota íntegra el 30 % de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias.

Si quiere acceder al contenido completo del Decreto Foral 7/2021, de 8 de junio, puede hacer clic en el siguiente enlace.  

Subir ↑

 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

 

TJUE-Responsabilidad solidaria del destinatario de una entrega sujeta al IVA que ha ejercido su derecho a deducir el impuesto sabiendo que el deudor de este no lo abonaría

El Tribunal interpreta el artículo 205 de la Directiva 2006/112 considerando que una norma de Derecho nacional puede obligar al deudor solidario a abonar los intereses de demora correspondientes a la deuda principal para combatir los abusos en materia de IVA, en consecución del objetivo de garantizar la Hacienda Pública una recaudación eficaz, perseguido en última instancia por dicho precepto.

El precepto no precisa las personas que los Estados miembros pueden designar como deudoras solidarias ni las situaciones en las que puede efectuarse, y en base a ello, faculta a los Estados miembros a hacer responsable al deudor solidario de todas las obligaciones correspondientes al impuesto, como son los intereses de demora adeudados por la falta de pago del mismo. No obstante, siempre debe justificarse por parte de los Estados miembros los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad.

En definitiva, el TJUE interpreta el art. 205 de la Directiva 2006/112 a la luz del principio de proporcionalidad, en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la persona considerada solidariamente responsable debe pagar, además del importe del IVA no liquidado por el deudor de este impuesto, los intereses de demora adeudados por tal deudor sobre ese importe, si se acredita que, en el momento en que ejerció su propio derecho a la deducción, esa persona sabía o debería haber sabido que el citado deudor no liquidaría el referido impuesto.

Si quiere acceder al contenido completo de la sentencia TJUE, Sala Primera, S, 20 May. 2021, C-4/2020, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

 

Consulta DGT V0518/2021. La repatriación de los beneficios de los establecimientos permanentes situados en España a su casa matriz en la República Dominicana no tributa

La consulta aborda las reglas de tributación de los beneficios empresariales de los establecimientos permanentes situados en España a su casa matriz en la República Dominicana. La repatriación de los beneficios de establecimientos permanentes debe de tributar conforme a lo previsto en los Convenio suscritos, así como en la normativa interna.

La normativa española, en concreto el artículo 19 de la LIRNR, establece en el apartado segundo un gravamen adicional del 19 por ciento “cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero”. Sin embargo, el apartado tercero, letra b) de este mismo artículo dispone que esta imposición complementaria no será aplicable a las rentas obtenidas en el territorio español a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan su residencia fiscal en otro Estado que haya suscrito con España un Convenio. Remitiéndonos al Convenio suscrito entre España y la República Dominicana, no establece ningún gravamen ni retención a las rentas que transfiera un establecimiento permanente a su casa matriz. Tampoco se necesita declarar, puesto que la repatriación de beneficios no es una renta del establecimiento permanente, sino que es un rendimiento de la casa matriz y por ello solo puede someterse a imposición en el país de residencia de la casa matriz.

Si quiere acceder al contenido completo de la Consulta DGT V0518/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

Subir ↑

 

TSJ Galicia nº 113/2021, de 24 de febrero. Renuncia a la exención de IVA en compraventa de local entre sujetos pasivos de IVA

En esta sentencia, el TSJ de Galicia evalúa el real cumplimiento de los requisitos para poder optar por la renuncia a la exención de IVA en una transmisión y que ésta sea válida, más allá de la mera mención que se haga a ella en la escritura.

Como establece el artículo 20. Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el IVA, en cuanto a las operaciones exentas de este Impuesto, las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación, podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y, en función de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las correspondientes adquisiciones.  Por su parte, el Reglamento de IVA establece que dicha renuncia se practicará debiendo justificarse con una declaración suscrita por el adquirente, en la que éste haga constar su condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las adquisiciones de los correspondientes bienes inmuebles.

El Tribunal cita la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2011, en la que se establece, siendo un poco laxo en el cumplimiento de los requisitos para la renuncia a la exención de IVA, que “la renuncia es un acto inter partes, que no requiere comunicación a la Administración, ni constancia en documento público”; y, en sentencias posteriores, unificando los criterios emitidos, se ha establecido que “lo que verdaderamente interesa no es la constancia en la escritura del término renuncia sino el dato real del cumplimiento del fin perseguido en la norma, que no es otro que el de garantizar la posición del adquirente, frente a repercusiones no queridas, y este fin puede alcanzarse buen mediante la utilización del término «renuncia» en la escritura o a través de cualquier otro del que pueda derivarse que el transmitente renuncia a la exención».  Es decir, la renuncia a la exención no es un simple requisito formal en la transmisión de un bien, sino que debe ser una realidad.  En el caso de la sentencia, este extremo puede entenderse demostrado “al existir una relación contractual de arrendamiento del local transmitido entre las partes, previa al otorgamiento de la escritura de compraventa, determinando el conocimiento por los transmitentes de la condición de sujeto pasivo del IVA, con derecho a la deducción total del soportado, de la recurrente”.  Y, además, “al haberse otorgado una escritura rectificativa para la operación – en la que se renuncia a la exención – en la que consta el pago de la cuota de IVA y recepción e ingreso del importe por los vendedores, supone el conocimiento de los presupuestos de la renuncia y el respectivo conocimiento de todos los requisitos cuestionados.”

Si quiere acceder al contenido completo de la sentencia TSJ Galicia nº 113/2021, de 24 de febrero, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

Subir ↑

 

Consulta DGT V0543/2021. Retenciones no practicadas reclamadas por la Agencia Tributaria a una empresa no serán repercutidas a los trabajadores

La Dirección General de Tributos, en la consulta de 9 de marzo de 2021 rechaza la posibilidad de repercutir a dos trabajadores las retenciones no practicadas en el ejercicio 2019 sobre sus rendimientos del trabajo y que fueron reclamadas a la empresa por la Agencia Tributaria. El artículo 99. 4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, contiene la obligación de practicar retenciones en los siguientes términos: “en todo caso, los sujetos obligados a retener o ingresar a cuenta asumirán la obligación de efectuar el ingreso en el Tesoro, sin que el incumplimiento de aquella obligación pueda excusarles de ésta”.

A pesar de la obligación de retener, el incumplimiento en el ámbito estrictamente tributario no permite efectuar ninguna deducción de ingresos de los trabajadores ni reclamar cantidades que se deban a retenciones no practicadas en su momento dada la inexistencia de norma legal. En definitiva, no será posible repercutir a los trabajadores las retenciones no practicadas, sin embargo, esta imposibilidad no excluye de otras posibles vías de resarcimiento del retenedor respecto al “retenido”.

Si quiere acceder al contenido completo de la sentencia Consulta DGT V0543/2021, de 24 de febrero, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

Actualidad fiscal: Junio 2021 (I)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

NOVEDADES NORMATIVAS

 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

GIPUZKOA

ESTATAL

 


NOVEDADES NORMATIVAS

 

  • Fiscalidad verde: Nuevos impuestos en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

El pasado día 18 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que será remitido al Congreso para su tramitación y que incorpora una nueva tasa a los residuos en vertedero y otra a los envases de plástico de un solo uso. En línea con la Estrategia Española de Economía Circular (España Circular 2030), la propuesta normativa persigue establecer medidas que protejan el medio ambiente y la salud humana, permitan reducir el impacto global del uso de los recursos e impulsen una economía baja en carbono en España, que aspira a ser un país neutro en emisiones en 2050. Con este avance en la fiscalidad verde se prevé recaudar 1.300 millones al año con las nuevas tasas: 861 por vertederos y otros 491 por envases plásticos.

Las medidas más destacadas de la propuesta normativa de protección del medio ambiente y la salud humana son las que se detallan a continuación:

  • La nueva tasa a envases quedará fijada en 0,45 euros por kilogramo. Quedarán sujetos productos como los vasos de plástico, tapones, recipientes destinados al consumo inmediato, etc.

  • Restricciones a los plásticos de un solo uso. Quedará prohibida la introducción en el mercado de otra serie de productos de plástico como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, vasos, todos los productos de plástico oxodegradable y microesferas de plástico de menos de 5 mm.

  • Prevención en la generación de residuos. Actuaciones contra el despilfarro de alimentos, destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos.

  • Recogida separada y reciclado. Establecimiento de un calendario de implantación de nuevas recogidas separadas de residuos para su valorización.

  • Preferencia por el agua no envasada. El sector de hostelería y restauración tendrá la obligación de ofrecer a los consumidores, clientes o usuarios la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento siempre que sea apta para el consumo humano.

  • Instrumentos económicos e incentivos. Impuesto a la incineración, coincineración y eliminación de residuos en vertedero.

  • Responsabilidad ampliada del productor (RAP). Obligaciones como el sistema de depósito, devolución y retorno; partidas de gestión de residuos que deben financiar los productores y los mecanismos de control para los sistemas individuales y colectivos que se creen.

  • Regulación de suelos contaminados. Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados formado por registros autonómicos, procedimiento de declaración a actividades potencialmente contaminantes, así como la determinación de los sujetos responsables de contaminación.

 

Si quiere acceder al contenido completo, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

Subir ↑

 

  • Boletín Oficial del Estado: Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias.

 El día 16 de enero de 2021 entró en vigor la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras; un impuesto indirecto que grava las adquisiciones de acciones. Así, el hecho imponible del impuesto está constituido por la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.

En relación con la declaración e ingreso del impuesto, en este Real Decreto se concreta el citado procedimiento de presentación e ingreso de autoliquidaciones a través de un depositario central de valores establecido en territorio español.  Se trata de un procedimiento novedoso en nuestro ordenamiento tributario, mediante el cual el depositario central de valores presentará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo una autoliquidación por cada sujeto pasivo e ingresará el importe de la deuda tributaria correspondiente.  De esta manera la gestión del impuesto por parte de la Administración tributaria será más eficaz, por cuanto que le permitirá relacionarse con un único interlocutor en lugar de con múltiples sujetos pasivos, sin perjuicio de las obligaciones tributarias de estos y del ejercicio de las facultades de comprobación que corresponden a la Administración tributaria.

Si desea acceder al contenido completo el RD 366/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si desea información acerca del Impuesto sobre las Transacciones financieras, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 


 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

 

  • Hacienda de Gipuzkoa: documento de preguntas frecuentes (FAQ) a cerca de TicketBAI

La Hacienda de Gipuzkoa recientemente ha publicado un documento de preguntas frecuentes a cerca de la implantación y envío de ficheros de TicketBAI (en adelante TBAI). TBAI es un proyecto compartido entre las tres Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco que tiene como objetivo establecer una serie de obligaciones legales y técnicas, de modo que, a partir de la entrada en vigor de TBAI, todas las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica deberán utilizar un software de facturación que cumpla los requisitos técnicos que se publiquen. El nuevo sistema permitirá a las haciendas forales controlar los ingresos de las actividades económicas de las personas contribuyentes y, en particular, de aquellas actividades enmarcadas en sectores que realizan entregas de bienes o prestaciones de servicios a las y los consumidores finales, cobrados en gran medida en efectivo. Asimismo, dicha información se utilizará para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Si bien el sistema TBAI es en sus fundamentos común a las tres Haciendas Forales, está regulado a través de disposiciones normativas propias de cada institución foral y presenta además algunas singularidades territoriales.  Cada Administración tributaria vasca establecerá la fecha a partir de la cual será exigible TBAI. En particular, en Gipuzkoa, el sistema TBAI puede cumplirse de forma voluntaria a partir del 1 de enero de 2021, y de forma obligatoria deberá cumplirse a partir del 1 de enero de 2022, por todas las personas físicas que desarrollen una actividad económica, así como por todas las personas contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

Si quiere acceder al documento FAQ TicketBAI, puede hacer clic en el siguiente enlace.

Si quiere acceder al contenido completo de la Normativa del TicketBAI en Gipuzkoa, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

Subir ↑

 

  • Agencia Tributaria: Informe del conflicto nº 2. Impuestos sobre Sociedades. No deducibilidad de pérdidas derivadas de ampliación de capital de una filial

La Agencia Tributaria ha publicado el 25 de mayo de 2021 una copia del informe de la Comisión Consultiva sobre el conflicto en la aplicación de la norma en relación con la “Recapitalización de filial e inmediata dilución de la participación a favor de su matriz”.

El conflicto en la aplicación de la norma tributaria se regula en el artículo 15.1 de la LGT, en su redacción vigente en el periodo afectado, en los siguientes términos:

“1. Se entenderá que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:

    1. que, individualmente o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido;
    2. que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.

Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto es necesario el previo informe favorable de la Comisión consultiva que establece el artículo 159 de la LGT.»

En este caso, el informe publicado en la AEAT declara que concurren las circunstancias establecidas en el mencionado artículo 15.1 de la LGT en relación con las pérdidas afloradas como consecuencia de determinadas operaciones de ampliación de capital, reducción de capital y nueva ampliación de capital sucesivas en una filial, ya que considera que las operaciones, consideradas en su conjunto, son artificiosas, y que no concurren efectos jurídicos o económicos relevantes al margen del ahorro fiscal derivado de las operaciones analizadas.

Si quiere acceder al contenido completo del Informe del conflicto nº 2, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

 

  • TEAC cambia el criterio del concepto de “requerimiento previo”. Resolución de 20 de abril de 2021

Con base a un procedimiento inspector se incrementaron las bases imponibles de IVA declaradas por el contribuyente puesto que incluían los gastos financieros en la base imponible de las operaciones de arrendamiento de vehículos y se aplica por la AEAT los recargos que regula el artículo 27 de la LGT 58/2003 de la LGT al presentar autoliquidaciones complementarias extemporáneas por ejercicios posteriores.

La doctrina en la STS, de 23 de noviembre de 2020 pretende la matización del concepto estricto de “requerimiento previo”. En el recurso de casación se acepta que hay un requerimiento previo cuando se han desarrollado actuaciones de comprobación respecto de periodos previos, pero siempre que se cumplan los requisitos. El criterio de “requerimiento previo” no es estricto, sino que se trata más bien de un criterio amplio pero sujeto a determinados límites.

La presentación de autoliquidaciones complementarias extemporáneas fue previa a la fecha de suscripción del Acta de inspección, pero pese a que falte el requerimiento previo, dicha presentación de autoliquidación complementaria extemporánea puede haber sido inducida por la propia Administración con su actuar previo, al haber puesto de manifiesto con él la interpretación que entiende predicable de la norma que corresponda a la actuación del contribuyente. Con el argumento anterior, la inaplicabilidad de los recargos que regula el artículo 27 de la LGT se extiende a supuestos inducidos o impulsados por el concomimiento por parte de los obligados tributarios de datos relevantes para el establecimiento de la deuda tributaria dados a conocer en un procedimiento cuyo objeto era la regularización de un periodo anterior, con hechos sustancialmente coincidentes.

Si quiere acceder al contenido completo de la Resolución del TEAC, de 20 de abril de 2021, RG 3281/2018, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

  • Consulta Vinculante V0694-21, exención del artículo 7 .p) de la LIRPF para rendimientos percibidos en el extranjero durante la pandemia

En esta consulta se analiza la aplicación de la exención a un trabajador que no ha podido desplazarse al extranjero como consecuencia de la pandemia, pero ha realizado su trabajo para empresas extranjeras mediante teletrabajo, sin desplazarse al extranjero.

En este sentido, la norma exige para la aplicación de la exención el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7 p) de la Ley de IRPF y en el artículo 6 del Reglamento de IRPF (artículo 7 n) y artículo 5, respectivamente, en la normativa navarra), es decir, debe tratarse de un rendimiento derivado de un trabajo realizado para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero, y por ello, se requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territorio español, como que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma temporal, fuera de España.

A pesar de la pandemia, en este supuesto no sería de aplicación la exención al no cumplirse parte de los requisitos establecidos en la norma.

Si desea acceder al contenido completo de la consulta, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

Subir ↑

  • Sentencia nº154/2020 TSJ Navarra. La indemnización por ERE está exenta, aunque el empleado se adhiera voluntariamente

La existencia de un acuerdo entre empresario y trabajador para que éste se adscriba al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) no cambia el origen de la extinción laboral, que sigue siendo la causa económica, organizativa o productiva en la que se basa el despido colectivo. Por ello, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido que la indemnización percibida por el empleado incluido en el ERE, aunque sea de forma voluntaria, quede exenta en el IRPF, al igual que cualquier otra indemnización en casos de despido colectivo. La exención objeto de debate está contemplada en el artículo 7 c) de la LF del IRPF.

La prejubilación del trabajador, tal y como se argumenta en la resolución, es fruto de un ERE con causa económica, organizativa o productiva y, por tanto, involuntario, con independencia de que hubiera pactado con el empresario unas condiciones particulares para formar parte del ERE. Resuelto el fondo del asunto, será aplicable la exención en los mismos términos a los compañeros del recurrente en base a lo expuesto en la Consulta Vinculante V1357/2014, de 21 de mayo, en la que se admite la aplicación de la exención a la indemnización percibida por otro trabajador en la misma situación que el demandante. Con todo lo expuesto, en adelante los magistrados deberán admitir la aplicación de la exención contemplada en el IRPF para las indemnizaciones percibidas por ERE aunque el empleado se adhiera por un pacto, ya que responde a una extinción involuntaria del contrato de trabajo. Si desea acceder al contenido completo de la sentencia STSJ NA 536/2020, puede hacer clic en el siguiente enlace

 

Subir ↑

 

Implicaciones fiscales de un confinamiento obligado para el expatriado

Tania Sesma, asesora fiscal de ARPA Abogados Consultores

En un mundo globalizado, donde las relaciones comerciales internacionales son cada vez más frecuentes y la actividad económica de las sociedades sobrepasa las fronteras nacionales, la movilidad transfronteriza de trabajadores se convierte en una apuesta fundamental para el crecimiento empresarial.

Las empresas buscan ampliar sus horizontes de actuación y desarrollar nuevas vías de negocio en el exterior y, para ello, se ven en la necesidad de tener que desplazar por un tiempo determinado a sus trabajadores para realizar tareas específicas en el extranjero.

No obstante, durante los últimos meses, hemos sido testigos de cómo la inesperada pandemia del coronavirus, que nos ha pillado a todos de improviso, dejando más de tres millones de fallecidos en todo el mundo,  ha tenido un enorme impacto económico, paralizando la actividad industrial y comercial en gran parte del mundo y suscitando una profunda preocupación entre los trabajadores desplazados y sus compañías, ante el temor del impacto que un confinamiento obligatorio en el país de destino, como medida impuesta por el gobierno, podría tener sobre su residencia fiscal.

Preocupación que no es baladí, ya que como sabemos la residencia fiscal es una cuestión clave, que determina que una persona, física o jurídica, sea gravada en el Estado de residencia por su renta y patrimonio mundial. En otras palabras, determina el lugar de tributación y, por ende, las implicaciones fiscales en el contribuyente. 

La cuestión resulta crucial, más ahora que estamos en plena campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y necesitamos determinar nuestra residencia fiscal en el año 2020 a efectos de conocer, en definitiva, dónde debemos presentar la declaración.

Si bien cada país tiene sus criterios para determinar la residencia fiscal y su propia normativa de tributación, en definitiva, sus reglas del juego, uno de los principales criterios utilizados por los países a la hora de determinar la residencia fiscal, se basa en los días de presencia física en el país. Este es el caso de España, cuya legislación interna establece, entre otros criterios, como son el centro de intereses económicos o vitales y la presunción familiar, que será contribuyente español quien permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español.

Por otra parte, en la legislación interna española, la residencia fiscal resulta crucial para el trabajador desplazado a efectos de poder aplicar la exención por trabajos efectivamente desarrollados en el extranjero (prevista en el artículo 7p) de la Ley del IRPF estatal y 7 n) de la Ley Foral del IRPF de Navarra), en tanto en cuanto exige como condición ineludible que el trabajador desplazado al extranjero sea residente fiscal en España, de forma que el desplazamiento no implique de ningún modo la pérdida de la condición de residente para ese sujeto.

Ante este escenario y, partiendo de la residencia fiscal del expatriado en España como premisa, surge la siguiente cuestión a los efectos de calcular la retribución exenta que prevé el artículo 7p) de la LIRPF y artículo 7n) de la normativa navarra.

 

¿Computa el tiempo que el trabajador permanece en el país de destino cumpliendo la cuarentena impuesta por las autoridades de dicho país como días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el extranjero?

La respuesta a esta cuestión nos la ofrece la Dirección General de Tributos (DGT) en consulta vinculante V0767-21, de 31 de marzo de 2021, donde se concluye que los días de cuarentena (confinamiento) en el país extranjero permiten a un trabajador beneficiarse de la exención contemplada en el artículo 7p) de la LIRPF.

Para ello trae a colación la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2021, la cual establece que en la expresión «rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero» contenida en el artículo 7p) de la LIRPF deben entenderse comprendidos “los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España”.

La DGT utiliza el razonamiento del Tribunal Supremo, para concluir, a efectos de la aplicación de la exención en el IRPF prevista en el artículo 7.p) que:

  • Los días de desplazamiento al país de destino deben computarse para calcular los rendimientos exentos.
  • El tiempo que el trabajador permanece en el país de destino cumpliendo la cuarentena impuesta computará igualmente a efectos de determinar los días de desplazamiento en el extranjero para calcular los rendimientos que estarán exentos.

Por lo tanto, parece desprenderse, por lo menos hasta el momento, que el tiempo de permanencia en el país de destino impuesto como “fuerza mayor”, computa como tiempo de permanencia en dicho país, con las consecuencias fiscales que ello podría implicar a efectos de determinación de la residencia fiscal o de aplicación de la exención del artículo 7.p) o 7 n) en el caso de España.

En definitiva, ante este escenario, las decisiones adoptadas en el seno de un procedimiento de movilidad internacional, por quienes deciden desplazar a sus trabajadores al extranjero, juegan un papel muy importante, pues se enfrentan al reto de tener que analizar a fondo las implicaciones fiscales para sus expatriados dentro de la actual crisis económica y, fundamentalmente, sanitaria, que estamos atravesando.

 

 

 

Actualidad fiscal: mayo 2021 (II)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

NOVEDADES NORMATIVAS

NAVARRA

CASTILLA Y LEÓN

 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

 


 

NOVEDADES NORMATIVAS

NAVARRA

  • Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en Navarra.

Aunque aún se encuentra pendiente de publicación en el BON, se ha puesto a disposición de los contribuyentes en la web de Hacienda Foral de Navarra la ORDEN FORAL 69 /2021, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se desarrollan las condiciones y requisitos para aplicar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales regulada en el artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 65.1 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula la deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada.

Esta Orden Foral tiene por objeto desarrollar las condiciones y requisitos para aplicar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales en Navarra. En este sentido:

  • Se determinan los gastos que pueden formar parte de la base de deducción.
  • Se establecen los criterios en virtud de los cuales los gastos se entienden realizados en territorio navarro.
  • Se regula la documentación a aportar para solicitar el informe previo a la aplicación de la deducción, así como el procedimiento para que la Dirección General de Cultura emita la correspondiente Resolución en la que se determine la base de la deducción.

Si desea acceder al contenido completo de la ORDEN FORAL 69/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

 

CASTILLA Y LEÓN

  • Castilla y León establece una bonificación del 99% en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD)  

El pasado día 8 de mayo de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Ley 3/2021, de 3 de mayo, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un impuesto cedido lo que significa que las Comunidades Autónomas están facultadas para aprobar reducciones en la base imponible, la tarifa del impuesto, las cuantías y los coeficientes del patrimonio preexistente, y las deducciones y bonificaciones en la cuota tributaria.

En la modalidad de sucesiones, se añade un nuevo artículo 17.bis en el texto refundido para recoger una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes. Se mantiene la actual reducción variable por parentesco de 400.000 euros en la base imponible para no perjudicar las adquisiciones de familiares directos hasta esa cuantía, pues si se suprimiera pasarían de no tributar a hacerlo al 1 por 100. En la modalidad de donaciones, se añade un nuevo artículo 20.bis en el texto refundido para recoger una bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del impuesto en las adquisiciones efectuadas por el cónyuge, descendientes o adoptados, o ascendientes o adoptantes.

Estas bonificaciones se aplicarán a los hechos imponibles acontecidos desde el 9 de mayo de 2021, fecha de entrada en vigor de la ley.

Si desea acceder al contenido completo de la Ley 3/2021 del Boletín Oficial de Castilla y León, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

 


 

DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA 

  • Consulta Vinculante V0767-21, de 31 de marzo de 2021. Los rendimientos percibidos por los trabajadores en el extranjero durante la cuarentena obligatoria están exentos.

La cuestión objeto de consulta del pasado día 31 de marzo de 2021 fue la aplicación de la exención regulada en el artículo 7 p) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para conocer si el tiempo que el trabajador permanece en el país de destino cumpliendo la cuarentena impuesta por las autoridades de dicho país computa como días que efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el extranjero a los efectos de calcular la retribución exenta.

El Tribunal Supremo, en la sentencia 274/2021, de 25 de febrero de 2021 (recurso de casación núm.1990/2019), se pronunció en el fundamento tercero sobre los criterios interpretativos: «Por tanto, el criterio que fijamos es que en la expresión «rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero» contenida en el artículo 7.p) LIRPF deben entenderse comprendidos los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España.» Empleando el razonamiento del Tribunal Supremo por el que resuelve que los días de desplazamiento al país de destino deben computarse para calcular los rendimientos exentos, el tiempo que el trabajador permanece en el país de destino cumpliendo la cuarentena impuesta computará igualmente a efectos de determinar los días de desplazamiento en el extranjero para calcular los rendimientos que estarán exentos.

 

Subir ↑

 

  • Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 2021: Derecho a compensar una mayor base imponible negativa en el Impuesto sobre Sociedades siempre dentro de los límites legales cuantitativos de aplicación

 En esta sentencia se evalúa un supuesto en el que un contribuyente, en el marco de una regularización tributaria, pretende aplicar bases imponibles negativas pendientes en el ejercicio que le regularizan, a lo que la Agencia Tributaria se opone, ya que considera que dichas BINS ya fueron objeto de compensación en ejercicios posteriores, y en el momento de la regularización la base efectiva pendiente de compensar es inferior.

El tribunal da la razón al contribuyente, permitiendo la compensación ante su nueva situación tributaria,  citando la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 1786/2017, de 22 noviembre de 2017, en la que se afirma lo siguiente: “Este Tribunal ha acogido el principio de la íntegra regularización de la situación tributaria, (…) «la regularización ha de ser íntegra, alcanzando tanto a los aspectos positivos como a los negativos para el obligado tributario (F. de D. Segundo)»; se ha considerado que cuando un contribuyente se ve sometido a una comprobación y se procede a la regularización mediante la oportuna liquidación procede atender a todos los componentes, y ello por elementales principios que inspiran un sistema tributario que aspira a responder al principio de justicia. Principio de íntegra regularización que no encuentra limitación según estemos ante actuaciones generales o parciales, pero que, claro está, debe aplicarse dentro de cada marco concreto en el que debe ponderarse, y no puede obviarse que estamos en este caso ante una comprobación de carácter parcial.

Por lo tanto, habrá de atenderse a todos los componentes que conforman el ámbito material sobre el que se desarrolla la actuación inspectora de carácter parcial».

Y lo segundo a señalar es que lo anterior, trasladado al actual caso litigioso, impone que la regularización plasmada en la liquidación litigiosa debe conllevar para el contribuyente al que va dirigida (la entidad recurrente) todos los derechos que son inherentes a la nueva situación tributaria que para él resulta de dicha liquidación practicada como consecuencia de una actividad inspectora».

 

Subir ↑

 

  • Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de febrero de 2021: Donación a efectos del Impuesto sobre Sociedades en el supuesto de no existir precio cierto en una operación de compraventa.

En esta sentencia, se evalúa un supuesto en el que una sociedad adquiere un inmueble de uno de sus socios e Inspección considera que se trata de una entrega a título lucrativo, es decir, una donación, ya que no se tiene constancia del pago del precio – la operación se realizó en efectivo en oficina bancaria –, además de ser una operación realizada por una persona que tiene relación con la sociedad que, casualmente, sólo ha generado pérdidas desde su constitución.

Se demostró que el valor de mercado del inmueble era superior al de la transmisión, por lo que la entidad debería tributar en el Impuesto sobre Sociedades realizando un ajuste positivo al resultado contable dado que “fiscalmente el ingreso por donación es ingreso del ejercicio, y contablemente este beneficio se va imputando al resultado a lo largo de la vida útil del bien”.

Según el criterio de la Inspección, que emite acuerdo sancionador por el que regulariza la transmisión del inmueble en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, al no haber constancia fehaciente de la transmisión del dinero, ya que al entregarse en efectivo “no se acredita que el dinero fuese efectivamente recibido por el vendedor” y a su vez, este importe no aparece ni en sus cuentas bancarias ni en su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, entiende que se trata de una donación de inmueble a la sociedad, ya que “la donación es un acto de liberalidad por el que cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta”.

 

Subir ↑

 

  • Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de enero de 2021: liquidación del IIVTNU (plusvalía) respecto a una finca rústica como acto arbitrario y contrario a los principios de buena Administración y justa tributación .

La cuestión planteada es sobre una finca cuya transmisión se sujetó a gravamen en concepto de IIVTNU como urbana y no como rústica, tal y como defiende el recurrente. Actualmente la jurisprudencia sostiene que los suelos urbanizables carentes de ordenación detallada no merecen la conceptualización de urbanos.

El escenario parte de una radicalmente incorrecta clasificación catastral del suelo. Sin aprobarse figura alguna de planeamiento derivado, se sujetó a liquidación por IIVTNU la transmisión de la finca que nos ocupa, con una cuota tributaria que supera el valor mismo asignado al suelo por el propio Catastro tres años después de la transmisión. Catastro que, en esta última fecha (2017), asigna a la finca la condición de rústica, y la valora en una cifra más de diez veces inferior al valor catastral en base al cual se practicó la liquidación aquí cuestionada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la liquidación del IIVTNU respecto a una finca rústica que carece de toda actuación urbanística es un acto contrario a los principios de buena Administración y justa tributación. Es por eso que no ha habido ninguna plusvalía en la transmisión del terreno de naturaleza urbana, ni siquiera el mismo reunía tal condición, ni se conoce actuación urbanística alguna.

 

Subir ↑

 

 

Fiscalidad directa de las criptomonedas

   Ignacio Estomba, abogado fiscalista de ARPA Abogados Consultores

Las criptomonedas se han manifestado en los últimos años como un gran acontecimiento económico y social adquiriendo un creciente protagonismo en el tráfico comercial y mercantil.

Su aparición en el mercado cabe determinarla en el año 2009 (con la creación del bitcoin, primera moneda virtual) y desde entonces han aparecido más de 2.500 monedas virtuales. El desarrollo de las criptomonedas se debe al progreso de la tecnología blockchain, que es común a todas ellas.

Desde su creación y como consecuencia de su propia naturaleza, las criptomonedas no han estado dentro del radar o control legal de los Estados y por tanto de sus Administraciones Tributarias. En España no existe una definición legal pero podríamos encontrar una aproximación en la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, que define las monedas virtuales como una «representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero es aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos».

Durante los últimos años, de forma paulatina y progresiva, la adquisición de criptomonedas ha irrumpido como una alternativa de inversión en auge. Sin perjuicio de los riesgos derivados de su alta volatilidad, la rentabilidad de la inversión ha aumentado significativamente provocando una gran revalorización de las criptomonedas.

La conjunción de ambas circunstancias, aumento de la popularidad de las criptomonedas y gran revalorización de las mismas en muy poco tiempo, ha provocado que los Estados y sus Administraciones Tributarias hayan puesto el foco sobre estos “activos escondidos”.

En este sentido, en el ámbito del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio, no existe una regulación tributaria específica de las criptomonedas. El régimen fiscal aplicable se ha ido conformando a través de la doctrina que ha ido generando la Dirección General de Tributos mediante sus consultas vinculantes.

Desde el punto de vista del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la compraventa de criptomonedas, genera una ganancia o pérdida patrimonial que se determinará por la diferencia entre el valor de transmisión y de adquisición. En ambos casos se tendrán en cuenta las comisiones abonadas tanto en la compra (adicionará al importe satisfecho en la adquisición) como en la venta (se restará del importe real satisfecho en la transmisión). Las ganancias o pérdidas generadas se integran en la base imponible del ahorro y se imputarán en el ejercicio en el que tenga lugar la alteración patrimonial, la cual se entenderá producida con la entrega de las monedas virtuales o la orden de venta.

En cuanto al Impuesto sobre Patrimonio, deberán declararse junto con el resto de bienes del contribuyente, valorándose su importe equivalente en euros a 31 de diciembre del ejercicio.

Otra cuestión relevante, desde la perspectiva de las obligaciones tributarias, que afecta a las criptomonedas, es si tienen la consideración de bienes o derechos situados en el extranjero y, por tanto, sujetos a ser informados en la Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720).

En este sentido, a nivel estatal, hasta este año 2021 las criptomonedas no encajaban en ninguno de los apartados que regulan la obligación de información prevista en el Modelo 720, por lo que no debían ser informadas. Esta circunstancia va a cambiar ya que durante este año se prevé la introducción de una modificación en la regulación de dicho modelo que contemple su inclusión.

A nivel de las Haciendas Forales (Navarra, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) la situación es diferente en tanto en cuanto vienen recogiendo en sus normativas una obligación adicional que afecta a bienes y derechos sobre bienes muebles.

En relación a este tipo de bienes, tan solo ha sido la Hacienda de Gipuzkoa la que se ha pronunciado por escrito sobre la procedencia de incluir las monedas virtuales en este último apartado (en una única consulta de fecha 29 de marzo de 2019). En el resto de Haciendas Forales sigue existiendo un punto de incertidumbre. Hacienda Foral de Navarra, por ejemplo, si es partidaria de su inclusión en el modelo 720, si bien no existe una doctrina sólida en cuanto a la categoría en la cual debieran ser incluidas.

La consulta de 29 de marzo de 2019, dictada por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, estableció la procedencia de incluir la tenencia de criptomonedas en el Modelo 720. Dicha inclusión se debe realizar en el apartado relativo a bienes muebles y derechos sobre los mismos situados en el extranjero siempre que su valor supere los 50.000 euros. Así mismo, en la consulta se establece que, una vez efectuada la declaración en el modelo 720, será obligatoria la presentación de una nueva declaración cuando la moneda virtual experimente, como consecuencia de la incorporación de nuevas unidades, un incremento de valor superior a 20.000 euros respecto al que determinó la presentación de la última declaración. Además, será obligatoria la presentación del modelo 720 a fin de computar aquella la moneda virtual respecto de la que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre.

Para concluir, es importante destacar que las Administraciones Fiscales han incluido el control de las criptomonedas en sus Planes de Comprobación Tributaria, por lo que resulta conveniente una correcta gestión tributaria de estos activos que hasta hace pocas fechas parecían estar ajenos al control administrativo.

 

 

 

Actualidad fiscal: mayo 2021 (I)

Desde el Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés.

 

  1. Aprobación del modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

  2. Normativa Gipuzkoa. Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021.

  3. Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales.

 

 

  1. Aprobación del modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

El pasado día 27 de abril de 2021, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra (BON) las ORDENES FORALES 45/2021 y 46/2021 de la Consejera de Economía y Hacienda, por las que se aprueban los modelos: S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

 

ORDEN FORAL 45/2021, de 12 de abril. Modelo S90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades conforme a los dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley Foral 26/2016, deben de presentar la declaración del Impuesto, determinar e ingresar la deuda tributaria correspondiente en lugar y forma determinados, junto con la presentación de documentos y justificantes. Gracias al Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, se facilita el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra con el objetivo de facilitar a los obligados tributarios el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es por este motivo que la vía electrónica es el único sistema de presentación del modelo S90 conforme al procedimiento previsto en los artículos 4 y 5. El plazo de presentación de la declaración es desde el día 1 de mayo hasta el 25 de julio.

A continuación, se detallan los temas a los que afectan las modificaciones más significativas que afectan a la liquidación del Impuesto:

    • Modificación de los gastos fiscalmente deducibles.
    • Exención por reinversión de beneficios extraordinarios.
    • Determinación del importe de la tributación mínima.
    • Deducciones por incentivos.
    • Régimen de transparencia fiscal internacional.
    • Deducción por creación de empleo.
    • Deducción por la realización de actividades de innovación tecnológica.
    • Transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico.
    • Deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables.

ORDEN FORAL 46/2021, de 12 de abril. Modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal.

El régimen de consolidación fiscal se encuentra regulado en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. Tendrá la consideración de entidad representante del grupo fiscal la entidad dominante cuando sea residente en territorio español, o aquella entidad del grupo fiscal que éste designe cuando no exista ninguna entidad residente en territorio español que cumpla los requisitos para tener la condición de dominante. Los grupos fiscales, cuando opten por este régimen de tributación, tendrán la consideración de contribuyentes del Impuesto y el grupo fiscal estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones tributarias materiales y formales en plazo y forma. Al igual que el modelo descrito anterior, la vía electrónica es el único sistema de presentación del modelo 220. El modelo 220 se presentará dentro del plazo correspondiente a la declaración en régimen de tributación individual de la entidad representante.

 

Subir ↑

 

  1. Normativa Gipuzkoa. Norma Foral 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado, con fecha 15 de abril de 2021 (BOG 21/04/2021), la Norma Foral por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021. La presente Norma Foral tiene un ámbito de aplicación extenso afectando a once normas del sistema tributario de Gipuzkoa:

    1. Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

    2. Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre Sociedades.

    3. Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

    4. Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

    5. Norma Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

    6. Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

    7. Decreto Foral Normativo 1/1993, de 20 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas.

    8. Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

    9. Norma Foral 2/1997, de 22 de mayo, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

    10. Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

    11. Decreto Foral 70/1997, de 21 de octubre, por el que se adapta la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo dispuesto en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en lo referente al Impuesto sobre las Primas de Seguros.

 

A continuación, se destacarán las principales novedades que han afectado a las normativas anteriormente detalladas:

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Con efectos a partir del 01/01/2019:

      • En relación al incentivo fiscal para la participación de los trabajadores en el accionariado de sus empresas, se introducen modificaciones en el caso de que se formalice la entrada a través de una entidad íntegramente participada por los trabajadores. El objetivo es facilitar que personas trabajadoras ya jubiladas puedan participar en estas entidades apoyando su liquidez.

      • En relación al incentivo fiscal para la participación de los trabajadores en el accionariado de sus empresas, se introducen modificaciones en el caso de que se formalice la entrada a través de una entidad íntegramente participada por los trabajadores. El objetivo es facilitar que personas trabajadoras ya jubiladas puedan participar en estas entidades apoyando su liquidez.

      • En el supuesto en que se prevé la no existencia de ganancia o pérdida patrimonial con ocasión de la transmisión de acciones o participaciones a favor de personas trabajadoras, cuando la adquirente sea una entidad se introduce la novedad de permitir la presencia de personas trabajadoras ya jubiladas en el accionariado de la entidad participada por los trabajadores.

      • Se prevé la misma circunstancia para la deducción por participación de las personas trabajadoras en su entidad empleadora.

Con efectos a partir del 01/01/2020:

      • Se introduce una aclaración relacionada con la naturaleza de rendimiento de capital mobiliario de las cantidades percibidas por la materialización de derechos económicos de carácter especial que provengan directa o indirectamente de sociedades o fondos de capital riesgo.
      • Se introduce una modificación respecto ganancias patrimoniales no justificadas reguladas cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero (Mod. 720).

Con efectos a partir del 01/01/2021:

A las entidades innovadoras de nueva creación: la diferencia positiva entre el valor normal de mercado y el valor de adquisición de acciones y participaciones por parte de las personas trabajadoras, que se ponga de manifiesto con ocasión del ejercicio de opciones sobre acciones o participaciones de este tipo de entidades, no tenga la consideración de rendimiento de trabajo en especie. Además, se permite compensar en un plazo de 10 años (siendo 4 el plazo general) las pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión onerosa de acciones o participaciones de entidades innovadoras. Por último, se amplía el plazo para considerar a una entidad «de nueva creación», de manera que este plazo pasa de ser de 5 a 7 años desde su constitución.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Sociedades.

Con efectos a partir del 01/01/2020:

      • En sociedades patrimoniales, en cuanto al cumplimiento del requisito de que la mitad del activo de la sociedad esté constituido por valores para su consideración como sociedad patrimonial. Dentro de los valores excluidos se comprenden los que que articulan la participación indirecta de personas físicas en sociedades y fondos de capital riesgo que cumplen una serie de condiciones. Entre dicho condicionado se encuentra el de que los derechos económicos de carácter especial se perciban, directa o indirectamente, por personas que ostenten o hayan ostentado la condición de trabajadora o alta directiva en una sociedad gestora de entidades de inversión de tipo cerrado o bien en una sociedad de capital riesgo, cuando la misma actúe como sociedad gestora.

      • Regulación de la provisión por insolvencia. Se prevé aplicar esta deducción cuando se reúnan las circunstancias antes del inicio del plazo para la presentación de la autoliquidación.

      • Al igual que en el IRPF, Se introduce una modificación respecto ganancias patrimoniales no justificadas reguladas cuando el contribuyente no haya cumplido con la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero (Mod. 720). 

Con efectos a partir del 01/01/2021:

      • Se extiende a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes lo dispuesto con relación al régimen fiscal del canje de valores, tributación de los socios en operaciones de fusión, absorción y escisión total o parcial y en las aportaciones no dinerarias.

      • En relación con la compensación para fomentar la capitalización empresarial, se ajustan las correcciones que afectan al patrimonio neto a efectos fiscales, con el fin de eliminar obstáculos y facilitar la aplicación de la capitalización de las empresas.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben una bonificación de hasta el 50 % aplicable a inmuebles que tengan instalados sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. También para otros sistemas de energías renovables.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Se incluye la posibilidad de que los ayuntamientos aprueben una bonificación de hasta el 95 % aplicable a construcciones, instalaciones y obras que incorporen la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. También para otros sistemas de energías renovables.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas.

Se establece expresamente la obligatoriedad de comunicar anualmente a Hacienda la cifra neta de negocios, cuando se trate de contribuyentes que no declaren en Gipuzkoa por los impuestos sobre la renta de las personas físicas, por el impuesto de sociedades o por el de la renta de no residentes, a los efectos de la exención referente al importe neto de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

 

    • Modificaciones respecto a la Norma General Tributaria.
      • Se reduce el recargo de apremio reducido, pasando del 15 % al 5%.

      • Se modifica el régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de información de bienes y derechos situados en el extranjero, de tal forma que, por los bienes y derechos situados en territorio comunitario, se les aplique el régimen sancionador común de la Norma Foral General Tributaria.

 

    • Modificaciones respecto al Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Se modifica la exención relativa a los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus matrices residentes en otros Estados integrantes del Espacio Económico Europeo o a los establecimientos permanentes de estos últimos situados en el Espacio Económico Europeo, suprimiéndose la posibilidad de que se acceda a la exención cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de euros, quedando como requisito la exigencia de una participación directa e indirecta, de al menos el 5%.

Si desea acceder al contenido completo, puede hacer clic en el siguiente enlace. 

 

Subir ↑

 

  1. Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales.

El pasado miércoles 28 de abril de 2021, se publicó en el Boletín Oficial el Estado el Real Decreto- Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores (en adelante, RDL 7/2021).A partir del 1 de julio de 2021 entra en vigor un nuevo régimen fiscal aplicable a efectos del IVA en relación con las operaciones ecommerce. El objetivo del nuevo régimen fiscal es adaptar el comercio electrónico a las necesidades comunitarias como consecuencia del crecimiento exponencial manifestado por este sector.

En el siguiente artículo profundizamos más en el análisis de estas modificaciones.

Si desea acceder al texto completo del RDL 7/2021, puede hacer clic en el siguiente enlace.

 

Subir ↑

ARPA en el Ránking de Despachos de Abogados 2020 de Diario Expansión

Gracias a la confianza que, año tras año, siguen depositando en nosotros nuestros clientes y al trabajo, compromiso y dedicación de todo el equipo, ARPA Abogados Consultores vuelve a estar presente entre las principales firmas de Abogados del Ránking de Expansión de este año.

Los bufetes españoles no han sido inmunes a los efectos de la Covid-19. A nivel global, la facturación del sector jurídico en 2020 creció un 1,9%, un porcentaje similar al registrado hace una década durante la anterior crisis económica.  En el caso de ARPA, ha crecido un 2,6 % con respecto a 2019 lo que la sitúa en el puesto 32 en el ranking de los principales despachos nacionales clasificados por volumen de negocio global.

La cifra es positiva para un sector que se encuentra ahora con el difícil reto de adaptar sus modelos de negocio y la definición de nuevas formas de trabajo

 

En cuanto a la facturación por profesional, ARPA presenta una media de 80.372 euros, situándose en el puesto 84.

 

 

Por último, durante el año 2020, aunque varios despachos se vieron obligados a realizar ERTE en sus plantillas en los meses más duros de la crisis sanitaria, el 54 % de las firmas han sido capaz de generar empleo y aumentar el número de profesionales con respecto a 2019. En esta clasificación por incremento de profesionales, ARPA aparece en el puesto 44.  Durante 2020, ARPA incrementó su plantilla de letrados en un 1.3 % y un 2.2% si tomamos como referencia el número total de empleados.

 

 

ARPA Abogados Consultores tiene como misión ayudar a sus clientes a alcanzar su éxito empresarial aportando valor, confianza y seguridad mediante un asesoramiento integral; jurídico, económico y fiscal y fomentando la creación de valor y relaciones; y estas cifras son muestra de ese compromiso que nos obliga a seguir creciendo y mejorando para ofrecer siempre un servicio de la mejor calidad posible a nuestros clientes.

 

 

 

 

Nuevas medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico

Nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico

 

Con fecha 3 de febrero se ha publicado el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (en adelante RDL 3/2021).

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 4 de febrero de 2021.

A través de las siguientes líneas trataremos de sintetizar el contenido de las nuevas medidas contempladas en el citado RDL 3/2021.

 

  1. Complemento de las pensiones para reducir la brecha salarial de género. 

El RDL 3/2021 ha modificado la redacción del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social (y regulación equivalente de la Ley de clases pasivas del Estado) que establecía un complemento en las pensiones contributivas sólo para las mujeres y a partir del segundo hijo. Esta modificación tiene como objetivo reducir la brecha de género manifestada en las pensiones.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2019, concluyó que el mencionado artículo era contrario a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social por entender que resulta discriminatorio reconocer este complemento a las mujeres con al menos dos hijos “mientras que los hombres que se encuentran en una situación idéntica no tienen derecho a tal complemento”.

De esta forma, y tal y como se menciona en la propia exposición de motivos del RDL 3/2021, la mencionada sentencia puso de manifiesto la defectuosa configuración legal del citado complemento. Como consecuencia, el Gobierno ha determinado que esta necesidad de proceder a su redefinición ofrece la oportunidad de convertirlo en un instrumento eficaz en la reducción de la brecha de género en las pensiones.

A continuación, se detallan los principales aspectos que deben considerarse en relación con este nuevo complemento:

    • ¿Quién puede acceder a este complemento a la pensión? Aquellas personas, padres o madres, que acrediten haber sufrido un perjuicio en la carrera profesional en los periodos posteriores al nacimiento o adopción de un hijo o hija.

    • ¿Qué sucede si los dos progenitores han sufrido un perjuicio en la carrera profesional? El derecho al complemento por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor. Por tanto, en aquellos casos en que los dos progenitores acrediten el perjuicio o si ninguno de ellos lo hace, el derecho se reconocerá a la madre, contribuyendo así a la reducción de la brecha de género.

En caso de que ambos progenitores sean mujeres, el complemento se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberá concurrir alguno de los siguientes requisitos:

      1. Causar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.

      2. Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones:

        1. Hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994 tener más de ciento veinte días sin cotización entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

        2. Hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sea inferior, en más de un 15 por ciento, a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la cuantía de las sumas de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

      3. Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

      4. El requisito, para causar derecho al complemento, de que la suma de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda al otro progenitor, se exigirá en el momento en que ambos progenitores causen derecho a una prestación contributiva en los términos previstos en la norma.

    • ¿Cuál es su cuantía? El complemento será una cuantía fija de 378 euros anuales por cada hijo a partir del primero (hasta un máximo de cuatro) que será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que determine el derecho al mismo y no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones ni a efectos del complemento a mínimos.

La cuantía a percibir será incrementada al comienzo de cada año en el mismo porcentaje previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para las pensiones contributiva.

    • ¿Qué pensiones complementará? El complemento se reconocerá en todas las modalidades de pensión, salvo en la jubilación parcial. Por tanto, complementará las pensiones por jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad.

No obstante, se reconocerá el complemento que proceda cuando desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que en cada caso corresponda.

    • En cualquier caso, ¿hasta cuándo se mantendrá? El derecho al reconocimiento del complemento de pensiones contributivas se mantendrá en tanto la brecha de género de las pensiones de jubilación, causadas en el año anterior, sea superior al 5 por ciento.
    • ¿Qué impacto tiene esta norma en el complemento por maternidad por aportación demográfica que ya se estuviera percibiendo en las pensiones que se hubieran causado desde el 1 de enero de 2016? Aquellas personas que estuvieran percibiendo el complemento por maternidad por aportación demográfica, mantendrán su percibo, siendo el mismo incompatible con el nuevo complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública. Por tanto, llegado el momento las personas interesadas podrán optar entre uno u otro (nueva disposición Transitoria trigésima tercera de la Ley General de la Seguridad Social).

En resumen, este complemento de pensiones supone un cambio respecto a la normativa anterior, ya que se abonará a partir del primer hijo y no del segundo, el padre podrá ser beneficiario del mismo si acredita un perjuicio en la carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo o hija y, por último, se reconocerá también en la jubilación anticipada voluntaria.

 

  1. Prórroga en la solicitud de moratorias financieras

El RDL 3/2021 amplía la cobertura y prorroga el plazo de solicitud de las moratorias financieras para paliar los efectos económicos de la COVID-19.

En este contexto, deben resaltarse los siguientes aspectos:

    • La norma amplía hasta el 30 de marzo de 2021, incluido, la posibilidad de solicitar moratorias por parte de hogares, trabajadores autónomos vulnerables y empresas de los sectores del turismo y el transporte.

    • Dichos deudores podrán solicitar el aplazamiento del pago del principal y los intereses de sus préstamos con y sin garantía hipotecaria hasta un total de nueve meses.

    • Quienes hubieran disfrutado de una o varias moratorias o suspensiones, podrán solicitar una adicional por un periodo máximo acumulado de nueve meses.

 

  1. Flexibilización de la unidad de convivencia para el acceso al ingreso mínimo vital.

Por otra parte, el RDL 3/2021 incluye una serie de reformas imprescindibles en el ámbito de la prestación no contributiva de ingreso mínimo vital con el objetivo de dar cobertura al mayor número de personas y que se puedan incluir algunas situaciones que no estaban contempladas o no podían tener derecho a la prestación considerando la normativa aprobada por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

En concreto, a través de las modificaciones introducidas en el RDL 3/2021, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos al efecto, se facilita el acceso a personas sin hogar o que viven agrupadas en una misma vivienda, a las denominadas unidades de convivencia independiente en el caso de mujeres que sufren violencia de género, divorcio o separación y afectados por desahucio o inhabitabilidad.

Asimismo, se establece la posibilidad de que, en otras situaciones de convivencia complejas, la acreditación de la unidad de convivencia pueda ser certificada por los servicios sociales, entidades colaboradoras del IMV y el tercer sector social.

Por último, se establece la posibilidad de que las entidades del tercer sector puedan ser mediadores sociales del IMV si se inscriben en el registro de mediadores sociales y cumplen una serie de requisitos.

 

  1. Consideración de la COVID-19 como enfermedad profesional en el caso de los sanitarios

Por último, el RDL 3/2021, determina que será considerada como enfermedad profesional la Covid-19 en el caso de personal sanitario y sociosanitario que haya contraído el virus en el ejercicio de sus funciones.

Los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir el correspondiente informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión ha estado expuesto al virus SARS-CoV-2 por la prestación de servicios sanitarios o socio-sanitarios.

 

Si tienen cualquier duda sobre la normativa, no duden en ponerse en contacto con nuestro departamento laboral.

 

 

 

Actualidad fiscal: enero (II)

Desde el  Departamento Fiscal, le informamos de las últimas novedades en materia tributaria por si pudieran ser de su interés:

 

 

 

LOS INTERESES DE DEMORA ABONADOS POR LA ADMINISTRACIÓN POR LA DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NO ESTÁN SUJETOS EN EL IRPF

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó el 3 de diciembre de 2020 la Sentencia 1651/2020 en la que responde a si los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del IRPF, constituyendo una ganancia patrimonial o, por el contrario, debe ser otro su tratamiento fiscal, atendiendo a que, por su carácter indemnizatorio, persiguen compensar o reparar el perjuicio causado como consecuencia del pago de una cantidad que nunca tuvo que ser desembolsada por el contribuyente.

La Sala, tras confirmar la naturaleza indemnizatoria de los intereses de demora, tanto si los abona la Administración como si los abona el contribuyente, acude a la doctrina fijada en su sentencia de 25 de febrero de 2010 en cuanto al carácter deducible o no en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora. En ese supuesto resolvió que no pueden considerarse como gastos los derivados del incumplimiento de la norma, por lo que el mismo tratamiento deben recibir los intereses de demora que debe abonar la Administración, en cuanto a que no deben estar sujetos como ganancia o beneficio del contribuyente.

Como explica el Alto Tribunal “hay que considerar que los intereses de demora constituyen un supuesto de no sujeción, esto es, si estamos como sostiene el artículo 2 de la ley ante una ganancia patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la perdida antes sufrida.” Y concluye que en caso de que los intereses de demora deban considerarse sujetos, la finalidad compensatoria “quedaría frustrada, al menos parcialmente.”

Acceda a la sentencia completa aquí.

 

Subir ↑

 

CARÁCTER CONFISCATORIO DEL IIVTNU CUANDO ABSORBE LA TOTALIDAD DE LA RIQUEZA OBTENIDA POR LA TRANSMISIÓN

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó el 9 de diciembre de 2020 la Sentencia 1689/2020 en la que analiza otro de los problemas que plantea la conocida plusvalía municipal. En esta ocasión fija doctrina y se plantea si tendrá carácter confiscatorio la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto.

En el supuesto analizado por el Tribunal Supremo, el contribuyente transmitió el inmueble obteniendo una ganancia de 17.473,71 euros, resultando una cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de 76.847,76 euros.  Según se expone en la Sentencia “la no confiscatoriedad supondría un límite infranqueable del esfuerzo tributario exigible a los contribuyentes” en la medida en que los obligados tributaros no deben acabar viendo seriamente comprometido su patrimonio, o una gran parte del mismo o -en definitiva- su derecho de propiedad para poder hacer frente al pago de esa carga tributaria.

En consecuencia, se concluye que “la concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto tendrá carácter confiscatorio en la medida en que supone – claramente- una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria correspondiente.”

Finalmente, en cuanto a las consecuencias de esta declaración, afirma que no corresponde al Alto Tribunal determinar o fijar, en general, el porcentaje de incremento de valor que podría coincidir con la cuota tributaria para entenderse que no resulta confiscatorio, debiendo hacerlo el legislador, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa. Sin embargo, en el caso analizado, el pronunciamiento resuelve las pretensiones de las partes, estimando el recurso planteado por el contribuyente, rectificando la autoliquidación y acordando la devolución de ingresos indebidos.

Acceda a la sentencia completa aqu

 

Subir ↑

 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2021, DE 13 DE ENERO, DE ARMONIZACIÓN TRIBUTARIA, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 19/1992, DE 30  DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

 Se publica este Decreto Foral con el fin armonizar el contenido de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las modificaciones realizadas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la decisión de mantener la aplicación de un tipo del 0 por 100 del IVA, con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 y vigencia hasta el 30 de abril de 2021, a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios.  Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.           

Debido a esta modificación, los sujetos pasivos efectuarán, en su caso, conforme a la normativa del impuesto, la rectificación del IVA repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, adopta dos medidas de carácter temporal con la finalidad de garantizar la respuesta del sistema sanitario en la segunda fase de control de la pandemia, teniendo en cuenta la obligatoriedad del uso generalizado de las mascarillas quirúrgicas desechables por parte de la población.

Asimismo, se rebaja temporalmente, del 21 al 4 por 100, el tipo impositivo del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables cuyos destinatarios sean distintos de los antes mencionados.

 También será de aplicación el tipo 0 por 100 del impuesto a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de estos productos para rebajar los costes asociados a su utilización y garantizar su difusión.

Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas, con el fin de evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación de los sujetos pasivos. No obstante, la aplicación de un tipo impositivo del 0 por 100 no determina la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación. En paralelo con lo anterior, también se realiza un ajuste en el tipo del recargo de equivalencia aplicable a las mencionadas operaciones, que será el el 0 por 100.

Por último, se modifica el tipo impositivo aplicable a las bebidas que contienen edulcorantes añadidos, tanto naturales como aditivos edulcorantes, que pasan a tributar al tipo impositivo general del 21 por 100, medida que constituye un compromiso social para racionalizar y promover su consumo responsable, en particular entre la población infantil y juvenil, y se adapta el contenido del régimen simplificado a la normativa estatal.

Acceda al BON aquí. 

 

Subir ↑

 

AUDIENCIA NACIONAL: Sentencia de 4 de noviembre de 2020, en relación con los rendimientos exentos del art.7p/7n IRPF de Consejeros que prestan servicios en favor de entidades no residentes:

 En esta sentencia puede apreciarse el criterio a seguir para la aplicación del artículo 7 p) de la Ley del IRPF (normativa estatal, artículo 7 n) de la normativa navarra) en cuanto al cumplimiento de sus requisitos, para poder considerar como exentas las rentas percibidas por trabajos realizados en el extranjero, en el caso de tratarse de Consejeros de una entidad.

En este supuesto, “se regularizan las cantidades satisfechas por la empresa a dos de sus Consejeros, consideradas exentas por corresponderse con trabajos realizados en el extranjero (art. 7. P LIRPF), en tanto que el actuario sostiene que no resulta aplicable la exención por tratarse de contraprestaciones pagadas por desplazamientos realizados por aquellos en su condición de administradores de la empresa, y, por tanto, no concurren los requisitos de dependencia y ajenidad que caracterizan las relaciones laborarles por cuenta ajena”, incurriendo en la correspondiente infracción tributaria al dejar de ingresar parte de la deuda.

La controversia pudo darse por tratarse de servicios prestados por los Consejeros, ya que la ley hace referencia a la expresión «trabajos» del artículo 7 p) entendiéndose referida a los rendimientos del trabajo definidos en el artículo 17.1 de la LIRPF, es decir, a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria, así como a determinados supuestos contemplados en el artículo 17.2 de la LIRPF (como sería el caso de las relaciones laborales de carácter especial).”

En dicho artículo, la exención “no exige de manera expresa que los trabajos que dan derecho la exención se desarrollen en el ámbito de una relación de carácter laboral o estatutaria, ni ello puede deducirse exclusivamente de la expresión «trabajos».

Debemos recordar la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo sobre la norma, dejando sentado que “no exige dos compañías distintas, la empleadora, residente, y la extranjera a cuyo favor se realiza una prestación de servicios; afirmando que lo único que demanda el precepto es que se trate de una persona física residente fiscalmente en el territorio español -para lo que será bastante con que tenga aquí el centro vital de sus intereses- que trabaje por cuenta ajena en una empresa o entidad no residente o en un establecimiento permanente situado en el extranjero” (STS de 20 de octubre de 2016 – rec. 4786/2011).

Asimismo, será también importante que la finalidad del desplazamiento sea la de internacionalizar el capital humano (que no es sólo el personal laboral o estatutario) con residencia en España que se desplaza a trabajar al extranjero.

Por tanto, procede a estimar la exención, dejando claro que la única circunstancia de ser los perceptores de los rendimientos miembros del Consejo de Administración de la entidad recurrente, no es suficiente para negar la aplicación de la exención, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en la norma, y en particular que los trabajos desempeñados en el extranjero, tratándose de operaciones intragrupo, produzcan una utilidad o ventaja para la entidad destinataria. 

Acceda a la sentencia completa aquí.

 

Subir ↑

 

Recordatorio Modelo 720

 La declaración de bienes y derechos en el extranjero – modelo 720 – se presenta cada año, del 1 de enero al 31 de marzo, fecha en que finaliza el plazo para la presentación de la declaración correspondiente al ejercicio 2020 para los contribuyentes navarros que tengan obligación de presentarla.  Cabe destacar respecto de la referida obligación las siguientes cuestiones:

Información a suministrar:

 El modelo 720 tiene por objeto informar sobre los siguientes cuatro tipos de bienes o derechos:

  • Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero de las que sean titulares, beneficiarios, autorizados u ostenten poder de disposición. 

  • Títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades o de la cesión a terceros de capitales propios de los que sean titulares y que se encuentren depositados o situados en el extranjero, así como de seguros de vida o invalidez de los que sean tomadores o rentas vitalicias o temporales de las que sean beneficiarios y hayan sido contratados con entidades establecidas en el extranjero.

  • Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles de su titularidad situados en el extranjero. 

  • Bienes muebles y derechos sobre bienes muebles de su titularidad situados en el extranjero[1]

 Supuestos de exoneración:

 En general, no existe obligación de informar sobre ningún tipo de bien o derecho siempre que, por tipo/bloque de bienes o derechos, los saldos o valores de los mismos no superen, conjuntamente, el umbral de 50.000 €.

Sin embargo, respecto de los bienes muebles, se hace referencia, en relación con el umbral, al valor unitario del bien mueble.

Además, la norma prevé unos supuestos de exoneración subjetiva, entre los que cabe destacar:

  1. Las personas jurídicas y demás entidades que tengan registrados los correspondientes bienes y derechos en el extranjero en su contabilidad de forma individualizada y suficientemente identificados.

  2. Las personas físicas que desarrollen una actividad económica y lleven su contabilidad de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio y tengan registrados los bienes y derechos en el extranjero en dicha documentación contable de forma individualizada y suficientemente identificados.

Declaración correspondiente a 2020:

Se tendrá obligación de presentar la declaración si respecto a aquellos bienes y derechos que dieran lugar a la presentación del modelo 720 en años anteriores, el valor conjunto, por cada tipo/bloque de bienes, hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 € respecto del que determinó la obligación de presentación de la última declaración.

Asimismo, deberá presentarse la declaración respecto a aquellos tipos de bienes o derechos que, aunque no hayan experimentado una variación superior a 20.000 €, hayan superado el umbral de 50.000 € en el ejercicio 2020, determinando la obligación de declaración por primera vez.

De la misma forma, habría que declarar la extinción/baja producida en 2020 de cualquiera de los bienes/derechos declarados en algún otro ejercicio.

Régimen sancionador:

La Ley Foral General Tributaria establece un régimen sancionador específico que prevé sanciones por la no presentación en plazo o la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la declaración, así como por la presentación del modelo 720 por medios distintos a los telemáticos.  De momento, este régimen sancionador sigue vigente, a pesar que este tema ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerarse desproporcionado.

Para el caso de que el contribuyente presente la declaración fuera de plazo, hay que distinguir dos situaciones:

  • Que el contribuyente presente la declaración fuera del plazo voluntario de presentación, pero antes del requerimiento de la Administración Tributaria. 

En este caso, y dentro de cada uno de los bloques de bienes objeto de declaración, la sanción será de 100 € por cada dato con un mínimo de 1.500 €.

  • Que el contribuyente presente la declaración una vez haya sido requerido para ello por la Administración Tributaria. 

En este caso, y dentro de cada uno de los bloques de bienes objeto de declaración, la sanción será de 5.000 € por cada dato con un mínimo de 10.000 €.

 

Subir ↑

 

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE. ENERO

A continuación, encontrarán el link directo a los diferentes calendarios fiscales:

Subir ↑

 

 

[1] La obligación de declarar este tipo de bienes no resulta aplicable a aquellos contribuyentes del IRPF cuya residencia esté en Territorio Común.

X