Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación en el ámbito estatal, y el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo respecto al ámbito territorial de Navarra, nuestro quehacer diario se ha visto salpicado de infinidad de requerimientos de nuestros clientes que comprueban atónitos cómo, a la hora de conciliar la sana intención de aplicar la nueva normativa con los recursos técnicos e informáticos en manos de sus departamentos de administración y contabilidad, la misión se antoja, simple y llanamente, imposible.

Concretamente, el aluvión de dudas e interrogantes se concentran en la nueva operativa establecida por las normativas aludidas – tanto estatal como foral- a la hora de regular, en su artículo 13, las denominadas facturas y documentos rectificativos y su plasmación en los registros contables.

Desde el primer momento se atisbaban un sinfín de dificultades y concluíamos que el traslado a la realidad del mandato contenido en el referido precepto no dejaba más opciones que dos: o deshacerse de las aplicaciones de software de gestión al uso, o incumplir con la legalidad establecida bajo la premisa de que, en caso de que llegara la hipotética revisión por parte de la autoridad fiscal competente, ésta fuera consciente de las dificultades existentes para cumplir, en todos sus extremos, con las previsiones normativas establecidas.

Sin embargo la situación está próxima a cambiar, dado que el legislador parece que ha tomado consciencia del error cometido y prepara ya, en el ámbito estatal, un nuevo cambio normativo tendente a subsanar todos aquellos defectos que arrastra el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre. Así, recientemente, se ha elaborado y publicado un Proyecto de modificación del anterior texto normativo que, entre otras cuestiones, cambia sustancialmente lo previsto actualmente para las facturas y documentos rectificativos.

Sin ánimo de entrar ahora en un examen exhaustivo del Proyecto, por cuanto no deja de ser eso, un Proyecto susceptible de posteriores modificaciones, sí son destacables los siguientes extremos que habrán de apaciguar los ánimos e, incluso, el sueño de más de un contribuyente.

  • Como excepción a la obligación de emitir facturas rectificativas, se afirma en el Proyecto de modificación que «…No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen de forma simultánea a un posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura, no será necesaria la expedición de una factura rectificativa, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura que se expida por dicho suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o negativo.»

Frente a la situación actualmente contemplada por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, el Proyecto amplía el supuesto de no expedición de la factura rectificativa a las devoluciones de mercancías, eso sí, siempre que se realicen de forma simultánea a un posterior suministro al mismo destinatario. Además, como se refleja en la transcripción literal del precepto que hemos expuesto, se habilita la posibilidad de que el resultado de la rectificación sea, incluso, de carácter negativo.

  • «Se podrá efectuar la rectificación de varias facturas o documentos sustitutivos en un único documento de rectificación cuando las operaciones que se documenten en las facturas o documentos sustitutivos inicialmente expedidos se hayan realizado en un mismo mes natural, siempre que se identifiquen todas las facturas o documentos sustitutivos rectificados. (…).»

Hoy en día, el único presupuesto habilitante para poder emitir una factura rectificativa que modifique varias anteriores es la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones – sin perjuicio de que el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT habilitase otros – Sin embargo, el Proyecto generaliza esta medida, eso sí, con el único requisito de que las operaciones de las que derive la factura rectificativa se hayan realizado en un mismo mes natural. Sin duda, es de aplaudir la pretendida ampliación de presupuestos habilitantes porque permite a un sinfín de sujetos pasivos ahorrar importantes costes de gestión y tiempo que habrán de ser bienvenidos.

  • «No obstante, cuando la modificación de la base imponible tenga su origen en la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones, así como en los demás casos en que así se autorice por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, será válida la expedición de una única factura rectificativa en la que se documenten los mismos, siempre que las operaciones en relación con las cuales se concedan se hayan realizado dentro de un mismo año natural. En este caso, no será necesaria la identificación de las facturas o documentos sustitutivos rectificados, bastando la determinación del periodo al que se refieran.»

La nueva redacción contempla un supuesto concreto de rectificación de varias facturas a través de una única factura, más allá de la norma general prevista en el punto anterior ya analizado. Este supuesto, ya existente a día de hoy, regula las modificaciones derivadas de la concesión de descuentos o bonificaciones por volumen de operaciones para las que el Proyecto, en tanto en cuanto la redacción quede definitivamente aprobada en los mismos términos en los que fue presentado, exige que aquellas operaciones que resultan modificadas se hayan realizado dentro de en un mismo año natural – requisito ahora no existente -.

  • Cuando lo que se expida sea una factura rectificativa, los datos a los que se refiere el artículo 6.1.f) – Descripción de las operaciones, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario – , g) – Tipo impositivo y h) – cuota tributaria a repercutir – expresarán la rectificación efectuada. En particular, los datos que se regulan en las letras f) y h) del citado artículo 6.1 se podrán consignar bien indicando directamente el importe de la rectificación, con independencia de su signo, bien tal y como queden tras la rectificación efectuada, señalando igualmente en este caso el importe de dicha rectificación.

Esta es, sin duda, la modificación más importante que contiene el Proyecto por cuanto supone, en la práctica, una recuperación de la mecánica establecida para las extintas notas o facturas de abono/cargo. Sin duda alguna esta medida será recibida con los brazos abiertos por los departamentos de gestión y contabilidad por cuanto supondrá la reimplantación, en gran medida, de las prácticas existentes hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre y en función de las cuales se diseñaron todos los soportes informáticos.

  • Como último punto a reseñar, pero no por ello menos importante, destacamos que el Proyecto de modificación contiene una alusión expresa a que los efectos del mismo se retrotraerán a fecha 1 de enero del presente 2004.

Sin duda alguna, de la visión conjunta de todos y cada uno de los puntos señalados con anterioridad, lo que llevará a cabo el legislador, en el caso de aprobación definitiva del Proyecto, será algo más que una mera «aclaración de determinadas cuestiones complejas del actual texto» – tal y como se nos intenta convencer a la vista del preámbulo del Proyecto – sino que el objetivo final es rectificar aspectos sustantivos de la regulación de la obligación de facturar que permitirá trasladar tranquilidad a los contribuyentes al establecer unos requisitos y condiciones perfectamente asumibles desde el punto de vista técnico y, lo que es más importante, totalmente acordes con la legalidad tributaria.

Dicho lo anterior, tampoco se puede obviar un reconocimiento en favor del legislador por el hecho de que, ante el error o, cuando menos, la ausencia de la más mínima ponderación de lo que se estaba exigiendo a los contribuyentes a través de Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, ha sabido rectificar de forma oportuna dándose cuenta de que no puede pasarse por encima de las prácticas asentadas en los Departamentos de Administración y Gestión de las compañías.

 

La última consideración en torno al tema que nos ocupa, tiene que ver con las consecuencias que van a derivarse de la próxima modificación de la normativa estatal para los Territorios Históricos del País Vasco y para la Comunidad Foral de Navarra. Evidentemente, estas jurisdicciones, expectantes ante los términos en que pueda quedar fijada definitivamente la modificación normativa objeto de análisis, se apresurarán a adoptar el cambio normativo en los mismos términos. ¿Pero cuándo? O mejor dicho: ¿cuáles son los efectos retroactivos que incluirá la futura norma foral? Lo que parece suficientemente claro es que la aprobación definitiva del actual Proyecto estatal, quede como quede redactado definitivamente, se llevará a cabo a finales del presente ejercicio 2004 con lo que igualmente seguro es el hecho de que en los Territorios aludidos, la adaptación normative?a no se producirá hasta el próximo año 2005. Cabe concluir, aplicando un criterio lógico, que la fecha a la que se retrotraerá la aplicación de la norma nunca será antes de 1 de enero de 2005. ¿Qué panorama queda entonces en estos territorios? En principio, un tanto preocupante. Nos encontraremos con un buen número de compañías que se habrán visto imposibilitadas técnicamente para adaptarse a los mandatos contenidos en el Decreto Foral 205/2004 y, además ahora, con la perspectiva de un cambio normativo para el próximo año que provocará la ausencia de cualquier esfuerzo económico tendente a la adaptación de los soportes informáticos actualmente existentes. La reflexión es sencilla: ¿para qué intentar poner en práctica lo que tiene ya fecha expiración?

Así las cosas, nos encontramos con un ejercicio, el 2004, respecto del que estaremos expectantes ante la actitud que puedan tomar las autoridades fiscales forales a la hora de revisar las obligaciones de facturación de los contribuyentes, si bien sería deseable la adopción de criterios flexibles a la hora de interpretar la normativa aplicable durante todo este año sin que, a mi juicio, debiera instarse procedimiento alguno contrario a los intereses de los sujetos pasivos porque se les haría culpables de una nefasta regulación normativa en la que nada participaron.

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