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Nueva Ley de Arbitraje

Autor de la publicación: Arpa Abogados Consultores

El 26 de marzo de 2004 ha entrado en vigor la Ley 60/2.003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, basada en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1.985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL), así como los sucesivos trabajos de la referida Comisión, adoptada ya por más de 35 países en todo el mundo. La Ley 60/2.003 lleva a cabo una regulación unitaria tanto del arbitraje interno como internacional, siendo sus soluciones aplicables a todo arbitraje en general.

La nueva Ley de Arbitraje supone la puesta al día y modernización de esta vía procesal de resolución de conflictos, teniendo como objetivo principal que los ciudadanos y empresas puedan resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia mediante la utilización de un sistema rápido, ágil y especializado en la materia objeto del litigio. Es decir, la pretensión principal es la creación de una alternativa eficaz a la vía judicial para resolver los litigios entre empresas y entre particulares, que supondrá la disminución de los asuntos a decidir ante la Administración de Justicia, redundando en una mayor agilidad y eficacia también en ésta última.

Los principales objetivos y ventajas que pretende obtener la nueva normativa son las siguientes:

  • Rapidez: La ley de arbitraje busca la rapidez y agilidad en la resolución de los conflictos que se planteen en dicha vía procesal, por lo que prevé que la duración del procedimiento arbitral no podrá ser superior a seis meses desde la presentación de la contestación a la demanda o desde el transcurso del plazo para presentarla, salvo que las partes acuerden un plazo superior.
  • Cualificación de los Arbitros: La nueva normativa concede amplia libertad a las partes para el nombramiento de los árbitros, exigiendo exclusivamente que se trate de personas físicas con capacidad de obrar plena, lo que permitirá que se puedan nombrar como tales a expertos o peritos en la materia que se vaya a someter a arbitraje, así como la delegación de la designación de aquéllos y la Administración del propio arbitraje a Instituciones Arbitrales (Corporaciones de Derecho Público y asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que ejercen sus funciones conforme a sus propios reglamentos).
    Esta posibilidad que ofrece la ley de que los árbitros sean expertos o peritos en una materia, permitirá, en aquellos casos en que la resolución del litigio requiere de conocimientos que exceden del ámbito estrictamente jurídico (y que son desconocidos para el Juez), una mayor celeridad del procedimiento y un ahorro en la elaboración de los informes periciales, en ocasiones muy costosos. Si bien debe señalarse que la ley de arbitraje permite que las partes aporten al Tribunal Arbitral los informes periciales que estimen oportunos.

    En caso de que las partes no hayan designado a los árbitros será el Juzgado de 1ª Instancia quien deberá nombrarlos, si bien se permite a las partes del arbitraje dar criterios al Juez al objeto de nombrar los árbitros más convenientes al supuesto de hecho, articulándose el nombramiento a través del procedimiento del Juicio Verbal (más rápido que el Juicio Ordinario), lo que redundará en la rapidez del nombramiento.

    Cuando se trate de un arbitraje de derecho, no de equidad, de ámbito nacional, si las partes no han acordado otra cosa, se requerirá que el árbitro ostente la condición de abogado en ejercicio.

  • Eficacia del Arbitraje: La nueva ley permite a los árbitros, salvo pacto en contrario de las partes, la adopción de medidas cautelares respecto del objeto del litigio, si bien los árbitros podrán solicitar caución a la parte que las inste.

    Sin embargo, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares resultará necesario recurrir a los tribunales. No obstante, esta norma no impide que las partes sometidas a arbitraje puedan instar directamente del órgano judicial la adopción de las medidas cautelares.

    Asimismo, debe resaltarse el aumento en la eficacia del laudo arbitral (sentencia en el proceso judicial) que prevé la ley. Así, se prevé que el laudo arbitral no firme (es decir, aquél contra el que todavía cabe ejercitar la acción de anulación) resultará ejecutable ante los órganos jurisdiccionales aunque haya sido objeto de impugnación por la parte a la que le sea desfavorable. No obstante, también se prevé que quien haya impugnado el laudo pueda también solicitar la suspensión de la ejecución del mismo mediante la prestación de caución para responder de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la demora en la ejecución.

    La ejecutividad del laudo no firme tiene su fundamento en que el proceso judicial permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias no firmes (es decir, que todavía pueden ser objeto de algún recurso), por lo que, no tendría sentido que al laudo arbitral se le exigiera su firmeza para instar su ejecución.

    Asimismo, la nueva ley suprime la obligatoriedad de la protocolización notarial del laudo, siendo éste válido y eficaz, y en consecuencia ejecutable, sin la necesidad de cumplir este requisito.

  • Libertad de pacto de las partes sometidas a arbitraje: La nueva normativa ofrece una amplísima libertad de pacto a las partes para la regulación del procedimiento de arbitraje. Así, tal y como ya hemos visto en la presente comunicación, las partes pueden nombrar a los árbitros que estimen oportunos y determinar su número (que deberá ser impar), o delegar el nombramiento en una Institución Arbitral, así como regular el procedimiento para su designación; pueden ampliar la duración del arbitraje; pueden prohibir a los árbitros la adopción de medidas cautelares, pueden determinar si el arbitraje se decidirá en derecho o en equidad (en defecto de manifestación expresa resultará aplicable el arbitraje en derecho, a diferencia de la normativa anterior, que preveía el arbitraje de equidad); pueden convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones; podrán determinar el lugar donde haya de celebrarse el arbitraje; el idioma del arbitraje, y, en el arbitraje internacional las partes podrán convenir las normas jurídicas aplicables
  • Ampliación de las competencias de los Árbitros: Se permite a los árbitros, en caso de falta de acuerdo, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado, comprendiendo, en todo caso las facultades de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, su práctica y valoración, así como la adopción de medidas cautelares a instancia de cualquiera de las partes, el nombramiento de peritos, incluso de oficio, asimismo, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del procedimiento; en el arbitraje internacional, si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán las que estimen apropiadas.

    Esta ampliación de las facultades de los árbitros pretende favorecer la rapidez y eficacia del arbitraje, si bien podrán solicitar la asistencia judicial en alguna materia como la práctica de pruebas.

  • Modernización del procedimiento: La nueva ley de arbitraje fomenta la utilización de las nuevas tecnologías.

Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a su disposición para ampliar cuanta información estime necesaria. Además, adjunto le remitimos en formato «pdf» el texto de la Ley 60/2.003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, para que pueda proceder directamente al examen de la misma.

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