Le informamos que el Congreso de los Diputados ha aprobado finalmente la Ley de Protección al Denunciante por la que se transpone a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2019/1937 de Whistleblowing de la Unión Europea; con la aprobación de la ley, las organizaciones del sector privado con 50 o más trabajadores y entidades del sector público deberán contar con canales de denuncia y sistemas de información que establezcan mecanismos para la protección de personas que informen sobre infracciones y corrupción.
La ley prevé sanciones de hasta 1.000.000 de euros en caso de incumplimiento y ha establecido un plazo reducido para su adaptación. Las organizaciones de más de 249 trabajadores dispondrán 3 meses como máximo para cumplir con los requisitos de la ley, para entidades de menor tamaño, el plazo se extiende al próximo 1 de diciembre de 2023.
Hemos elaborado una Guía Rápida con la finalidad de informar a las entidades del sector público y privado sobre las principales claves y cuestiones a tomar en consideración respecto a la nueva ley.
Quedamos a su disposición para el caso de que necesite ampliar cualquier información sobre el contenido de la Ley.
