Medidas Covid 19

Dos primeras sentencias en Navarra confirman el régimen sancionador por quebrantar el confinamiento

Autor de la publicación: Arpa Abogados Consultores

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha informado sobre dos sentencias dictadas por los Juzgados nº 1 y nº 2 de lo contencioso-administrativo de Pamplona confirmando el régimen jurídico y el procedimiento aplicado por las autoridades por incumplir el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaraba el estado de alarma e imponía el confinamiento obligatorio de la población mediante la limitación a la libertad de movimientos.

Independientemente de la casuística de cada sentencia, cuyas circunstancias, según constatan los jueces van a estudiarse caso por caso atendiendo a las “particulares circunstancias concurrentes”. De tal modo que, en uno de los supuestos se ha estimado el recurso de un ciudadano que fue multado por pasear a su perro a más de un kilómetro de distancia de su domicilio, extremo que no quedó acreditado, por otro lado, se ha mantenido la sanción a un ciudadano que paseaba sin causa justificada.

Ambos jueces avalan el procedimiento sancionador seguido y la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC). Así, es destacable el precedente judicial que se deja en relación a la aplicación del artículo 36.6 de la LOPSC, ya que ese precepto ha resultado ser el más utilizado por los agentes de policía durante el estado de alarma ante incumplimientos del confinamiento, al regular la “desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

El problema aplicativo del artículo 36.6 de la LOPSC, era determinar quién era la autoridad en el estado de alarma y, sí como afirmaba la doctrina en el orden penal y administrativo sancionador, era necesario e imprescindible un previo requerimiento expreso por la autoridad pertinente para constatar la desobediencia o la resistencia a la misma. Así lo entendió, la Abogacía General del Estado en su Informe de 2 de abril de 2020, el cual señalaba, entre otros términos, que “Así las cosas, el mero incumplimiento de las limitaciones o restricciones impuestas durante el estado de alarma no puede ser calificado automáticamente como infracción de desobediencia del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015. Dicha infracción concurrirá cuando, habiendo incumplido el particular las limitaciones del estado de alarma, sea requerido para su cumplimiento por un agente de la autoridad, y el particular desatienda dicho requerimiento.”

Pues bien, la postura del Juzgado de lo contencioso-administrativo entiende que no es necesario dicho requerimiento, ya que al constituirse el Gobierno como la autoridad competente (art.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) las medidas limitativas de la libertad de circulación contenidas en dicho Real Decreto, constituyen órdenes del Gobierno, directas y expresamente dirigidas a los ciudadanos que son adoptadas por la autoridad competente, esto es, por el Gobierno y aplicadas por los agentes de policía en virtud del artículo 5 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

En este sentido, señala la sentencia que “El argumento de la parte recurrente parte de una premisa errónea al no distinguir entre la autoridad y sus agentes. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, determinó, en el artículo 4, la autoridad competente”.

Por ello, considera que “las conductas contrarias a lo dispuesto en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma suponían desobediencia a la autoridad, sin resultar necesario un previo requerimiento”.

En consecuencia, los juzgados y tribunales se van pronunciando sobre las medidas limitativas excepcionales del estado de alarma con posturas que obligan estar muy atentos a la interpretación y aplicación que los mismos, en ejercicio de su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, realizan sobre las órdenes, actos, acuerdos y medidas de las autoridades administrativas en el estado de alarma.

 

 

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